Nazi de 89 años acusado de matar a 29.000 judíos en Treblinka

 Lo detuvieron en Ohio, Estados Unidos, pero se detuvo su deportación por razones de salud

 

 

Washington, 15 (Fax Press/BBCMundo)    Una corte de apelaciones de Estados Unidos detuvo la  deportación de John Demjanjuk, un hombre acusado de haber sido el  guardia de un campo de concentración de la Alemania nazi durante la  Segunda Guerra Mundial y al que los tribunales alemanes le acusan  de la muerte de 29.000 judíos.

El fallo se conoció poco después de que agentes arrestaran al  sospechoso en su casa en el estado de Ohio para enviarlo a  Alemania.

"Debido a que tenemos entendido que el gobierno podría deportar  al demandante en la tarde de hoy, estamos obligados a fallar a  favor de la moción para que se quede, antes de abordar las  preocupaciones respecto a la jurisdicción planteadas por el  gobierno", dice el fallo de dos jueces de la Corte de Apelación.

Los fiscales del caso han sostenido que este tribunal no tenía  jurisdicción para autorizar o denegar la deportación y la familia  del ucraniano, de 88 años, asegura que está demasiado enfermo para  ser trasladado al país europeo.

El hijo de Demjanjuk pidió incluso a la Corte de Apelaciones  del Sexto Circuito de EEUU, en Cincinnati, que considerara si la  deportación de su padre equivalía a tortura, debido a lo que  describió como una salud frágil.

El arresto y el fallo son un capítulo más del tortuoso proceso  judicial contra Demjanjuk, que lleva cerca de 30 años luchando para  quedarse en Estados Unidos.

Demjanjuk, que lleva 30 años luchando por quedarse en EEUU, fue  bajado por los escalones de su casa en una silla de rueda e  introducido en una camioneta con sus ojos cerrados y su cabeza  colgando hacia atrás. Su esposa lloraba mientras se lo llevaban  para ser deportado hacia Munich.

En esa ciudad alemana, Demjanjuk enfrenta cargos por la muerte  de 29.000 judíos en 1943 en el campamento Sobador durante la  ocupación nazi de Polonia.

Demjanjuk emigró a EE.UU. en la década de los 50 y trabajó  durante muchos años como obrero de la industria automotriz en Ohio.   En 1977 fue extraditado a Israel, donde era acusado de ser un  notorio guardia nazi conocido como "Iván el Terrible". Sin embargo,  la justicia israelí confirmó que no se trataba de ese sospechoso y  finalmente fue anulada la sentencia de muerte.

En 1999 Demjanjuk fue acusado en EE.UU. de mentir en su  formulario de inmigración por ocultar que aparentemente trabajó  como guardia nazi. Tres años después un juez de inmigración  estadounidense consideró que existía evidencia suficiente de que  Demjanjuk había sido guardia nazi en varios campos de  concentración. En 2005 fue emitida una orden de deportación y un  año después un tribunal de apelaciones confirmó esta medida  afirmando que no había indicios que indicaran que Demjanjuk podía  ser torturado si regresaba a Ucrania.

El año pasado la Corte Suprema de EE.UU. rechazó una apelación  presentada por el sospechoso en contra la orden de deportación  pendiente.

Caso Bru II: ¿El culpable fue la víctima?

A seis años y medio de cometido el crimen de “Beto” Martínez, la Justicia dejó libre de culpa y cargo a los dos policías imputados. Dijeron que la víctima estaba armada y que forcejeó y disparó a uno de ellos Y que el otro efectivo utilizó su arma reglamentaria en cumplimiento del deber y para defender a su compañero herido

( DIARIO HOY )

Suele ocurrir cuando surge lo inesperado, lo inverosímil. Y la absolución de dos policías acusados por un caso de gatillo fácil lo es. Y lo es también cuando la absolución sobreviene a un pedido acusatorio de entre 20 años de cárcel y prisión perpetua. Y lo es, si la víctima de este juicio fue uno de los testigos claves por el secuestro, torturas, muerte y desaparición del estudiante de periodismo Miguel Bru.

Hasta allí el escenario del acontecimiento posible. Y el que no fue. El derecho y los jueces no pueden responder a un marco de probabilidades, de tendencias. Y anoche, al dictar el veredicto absolutorio concluyeron en que los policías Luján Martínez e Ismael Gauna debían quedar libres de culpa y cargo por el homicidio de Mauro “Beto” Martínez (40).

Pasaron seis años y medio entre el hecho cometido y el veredicto final. Ayer, el fallo desató el descontento de la mitad de la sala de audiencias ocupada por la madre de Miguel, Rosa Bru, autoridades de la Facultad de Periodismo de La Plata y distintas agrupaciones y ONG’s defensoras de los derechos humanos.

Para los jueces, uno de los policías imputados -Gauna- forcejeó con la víctima, que estaba armado, y se le escapó un disparo que hirió al efectivo en la pierna. De modo que “no hubo delito”.
El tribunal también dijo que Luján Martínez disparó dos veces, primero un tiro al aire en forma intimidatoria, y el otro a la víctima. Fue la bala que lo mató. Para los magistrados, Luján Martínez actuó en legítima defensa de terceros (su compañero Gauna) y en cumplimiento del deber.

El fallo fue dictado en forma unánime por los jueces del Tribunal I Patricia de la Serna, Guillermo Labombarda y Samuel Saraví Paz.

El jueves último, el fiscal Gabriel Sagastume entendió que los dos procesados debían ser penados a 20 años por “homicidio simple”, en perjuicio de “Beto” Martínez.

Para el fiscal el crimen se produjo el 21 de junio de 2002, en una casa de calle 84 entre 121 bis y 122. Los policías habrían esposado a la víctima, lo ejecutaron de un tiro en el abdomen, y simularon un enfrentamiento, con una herida de bala en la pierna de uno de los imputados y “plantando” una pistola calibre 32, para intentar hacer creer que la usó Beto.

Los abogados que asisten a la familia de la víctima, Marcelo Ponce Núñez y Ernesto Martín, alegaron que los policías planearon el crimen, colocaron a la víctima en estado de indefensión, la ejecutaron y plantaron pruebas de una legítima defensa. Los letrados pidieron que el caso se encuadre como “homicidio calificado por alevosía”, y que se condene a ambos ex policías a prisión perpetua.

También indicaron que el móvil del crimen pudo ser la denuncia que le hizo la víctima a Gauna por una amenaza por parte de éste último para que no declare o cambie el testimonio en el juicio por el asesinato de Bru, ventilado en 1998.

Ayer, el tribunal adhirió al planteo de las defensoras oficiales Verónica Garganta y María Vigorelli: afirmaron que no se reunió ninguna prueba en contra de los imputados.

En el juicio, el policía Martínez reconoció que le disparó a Mauro Martínez, pero como acto de defensa de su compañero Gauna, que ya había recibido un disparo en la pierna por parte del prófugo de la comisaría de El Dique.

Gauna narró que golpeó en esa casa, que salió “Beto” con un arma y en el medio del forcejeo recibió un tiro en la pierna.

Los jueces concluyeron que los testimonios de los imputados no fueron derribados por ninguna de las pruebas ventiladas en el juicio. Incluso, hubo tres testigos que dieron la versión de la ejecución policial, del gatillo fácil. Y el tribunal los procesó por falso testimonio agravado.

Y más: el tribunal “a la parte acusadora” (la fiscalía y la querella) por “la liviandad y la temeridad de sus afirmaciones” y porque no habían dicho nada sobre la existencia de “dos armas” en el lugar del hecho.

Los jueces fueron categóricos también al enfatizar que este caso “no tiene nada que ver con el caso Bru” y criticaron con severidad a la fiscalía 2 de La Plata por los errores en la instrucción. No obstante, el tribunal indicó que esas irregularidades y omisiones no podían ser computadas en contra de los acusados.

Rosa Bru señaló que “es un fallo vergonzoso. Ellos son dos asesinos. Los jueces no tuvieron en cuenta sus antecedentes, ni que estuvieron prófugos. Y les creyeron”. La querella apelará a Casación.

on todo, el denominado Caso Bru I terminó con los dos policías imputados libres de culpa y cargo, llorando de emoción en el banquillo.

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Dos policías en el banquillo por matar a testigo del caso Bru

Los acusados, detrás de sus defensoras: Ismael Gauna y Luján Martínez

Un Tribunal comenzó un juicio oral pero no público por el crimen de Mauro Martínez, en 2002

(DIARIO HOY)

En un enrarecido escenario, donde se prohibió el ingreso a la prensa y ni siquiera se previó una sala de juicio, el Tribunal I de La Plata comenzó ayer el debate oral a dos oficiales de la Policía bonaerense acusados de haber matado a un testigo clave en la causa por el secuestro y desaparición del estudiante de periodismo Miguel Bru.

Los problemas se desataron desde muy temprano cuando Rosa Schonfeld, la madre de Miguel, arribó al fuero penal de 8, 56 y 57 y le informaron que las salas estaban ocupadas con otros juicios y que no había lugar. El insólito episodio llamó la atención, incluso, de la guardia policial, quienes desligaron responsabilidades en el tribunal.

Según explicaron, las agendas de los juicios y los lugares están programados desde hace mucho tiempo. Ayer, después de más de dos horas de retraso, el Tribunal I se mudó al tercer piso, donde se encuentra una reducida sala, que impide el ingreso del público, de familiares y allegados. Apenas pueden estar las partes y los jueces.

Para colmo, esa oficina, transformada en sala de audiencias, era el despacho personal del juez Amilcar Benigno Vara, cuando se produjo la desaparición de Bru el 17 de agosto de 1993. Este magistrado, por ese hecho fue destituido en un jury de enjuiciamiento.

El juicio se desarrolló a puertas cerradas. Y se vivieron momentos de tensión cuando un custodia del tribunal hizo retirar a un periodista y a uno de los mejores amigos de Miguel Bru. El custodia alegó sólo dos cosas: "Me lo pidió la secretaria" y "no hay lugar en la sala".

En ese momento, estaban desocupadas las tres salas más grandes del fuero penal, equipadas especialmente para la realización de juicios orales. La discriminación a la prensa y la obstaculización de la publicidad y la oralidad del debate alarmó incluso al Fiscal de Juicio Gabriel Sagastume y a los abogados del particular damnificado.

Con todo, la audiencia contó ayer con el testimonio de efectivos que participaron en el procedimiento en que murió el testigo Martínez. El debate, que durará tres jornadas más, giró en torno a la cantidad de disparos escuchados en el procedimiento realizado el 21 de junio del 2002 por personal de la comisaría de El Dique, en Ensenada, de donde Martínez se había fugado,en una casa del barrio El Carmen, a dos cuadras del Destacamento de Villa Ponzatti, cuyo personal no participó en el operativo.

Los testigos, que integraron la comisión que estuvo a cargo de los dos acusados, los ex oficiales Luján Enrique Martínez e Ismael Gauna, coincidieron en asegurar que habían escuchado dos detonaciones, una efectuada por Gauna en respuesta a un presunto disparo realizado por la víctima que supuestamente habría herido a quien acabó con la vida del prófugo de un balazo en el estómago.

Hubo dudas sobre la herida de Gauna que no fue confirmada por ninguno de los declarantes, lo que alimenta la hipótesis que sostiene la fiscalía de que se pudo tratar de un asesinato y de un posterior "plantado" de un revólver con el que Martínez supuestamente habría disparado para simular un enfrentamiento.

Tampoco hubo explicaciones de las razones por las que el herido fue trasladado al Hospital Gutiérrez, donde falleció, y no al Policlínico San Martín distante a menos cuadras de donde sucedió el hecho.

Testimonios

"No me acuerdo o no estoy muy seguro"

Ayer, el policía Jorge Alejandro Predovan, que participó del operativo, dijo a los jueces que escuchó dos disparos pero no vio el arma con la que habría disparado Mauro Martínez -alias "Beto"- ni herido a Gauna en una pierna.
En tanto Néstor Castro, oficial del Destacamento de Villa Ponsati, testificó que cuando llegó a la casa de El Carmen "no había persona herida, ni sangre" en la escena de los hechos y que más tarde "Gauna me entregó dos armas, una 9 milímetros que le pertenecía y un revólver con los que se habrían realizado los disparos".
Rosa Schonfeld dijo que "nuevamente se repite el estribillo de los policías declarantes, 'no me acuerdo o no estoy seguro'' y comentó que "nadie vio herido a Gauna pero sí a Martínez". Con el testimonio de Martínez se pudo saber que el ex comisario Juan Domingo Ojeda -condenado por el crimen de Miguel-habría aprobado las torturas en la comisaría 9 de La Plata, donde él y el estudiante de periodismo compartieron el encierro en agosto de 1993.
En 1998, según la Asociación Bru, Martínez fue llevado por una contravención a la comisaría de Berisso y el entonces oficial Gauna lo habría golpeado brutalmente.


La víctima, perseguida por la Policía

Mauro "El Beto" Martínez (foto), fue fusilado por oficiales de la Comisaría del Dique en junio de 2002. Fue uno de los testigos en el juicio por la desaparición del estudiante de periodismo Miguel Bru. Con su testimonio se pudo saber que el ex Camisario Ojeda, posteriormente condenado, aprobaba las torturas en la comisaría 9°. Desde entonces, el Beto fue perseguido por la policía de manera constante.

Ellos armaron causas y un Tribunal armó la impunidad

Dos policías acusados de armar causas fueron absueltos por un tribunal de Buenos Aires. Varios jueces habían establecido que lo hacían "para la estadística" y se estableció que hubo 150 casos iguales. Entre sus víctimas, un desocupado que fue violado en prisión y contrajo HIV.

 

 

Ver más  La pesadilla de un preso que era inocente

 

 

BUENOS AIRES, nov 19 (DyN) - Dos policías quedaron hoy absueltos en un juicio en el que estaban acusados de haber detenido 'arbitrariamente' a dos jóvenes, uno de los cuales fue violado en prisión, en los casos que investigó la Procuración General sindicados como 'causas armadas'.

El Tribunal Oral Federal 3, que llevó adelante el juicio, resolvió absolver a los policías imputados, Nelson Gustavo Rodríguez (retirado) y Rubén Darío Pagano (en servicio en la Guardia de Infantería).

"No le pusieron costas a la víctima porque era mucho", se quejó con ironía ante DyN el abogado querellante Gerardo Etcheverry, tras escuchar el veredicto.

La víctima es Jorge Nicolai, un joven que fue detenido junto a su cuñado, en 1998, al ser llevado junto con su entonces cuñado hasta un restorán por un desconocido que les había ofrecido una 'changa' y terminó preso, violado en prisión y sometido a dos juicios como sospechoso en los que se demostró que era inocente.

'Siento bronca, mucha bronca. Siento una injusticia total del Estado', dijo a DyN Nicolai, quien se convirtió en querellante de los policías que lo arrestaron.

Tras la sentencia, Nicolai advirtió que "hasta ahora son inocentes, pero va a haber un segundo round porque vamos a llegar a la Casación Penal para que esto no quede así".

'La pelea continúa. Más que nunca me van a tener en todos lados peleando para que se haga justicia', advirtió el denunciante.

Recién el próximo miércoles los jueces del TOF 3, Miguel Pons, Gerardo Larrambebere y Gustavo Gordo -los mismos que llevaron adelante el juicio por el atentado a la AMIA- darán a conocer los fundamentos de la absolución.

No obstante, el propio fiscal Oscar Arrigo había decidido ayer no acusar, por el beneficio de la duda (que supone a toda persona inocente hasta que se demuestre lo contrario).

La querella, sin embargo, reclamó siete años de cárcel para Pagano y Rodríguez al acusarlos de privación ilegal de la libertad, falso testimonio, falsedad ideológica de documento público y violación de los deberes de funcionario público.

El abogado Etcheverry se quejó de que 'si bien los diez años transcurridos han hecho olvidar algunas cosas, es muy llamativo que uno de los testigos haya recordado un hecho que no mencionó en todo este tiempo y el mismo día también lo revelan los acusados cuando no era un detalle menor: justificar por qué sospechaban de Nicolai y el otro hombre'.

Además, el abogado planteó que 'las versiones de los hechos de los acusados fueron totalmente distintas a las que se habían dado durante la investigación' y dijo que 'hubo contradicciones claras sobre qué hicieron los sospechosos y ellos cuando llegaron al lugar'.

Esta causa había sido impulsada desde la Procuración General de la Nación (la jefatura de todos los fiscales) en el marco de las llamadas 'causas armadas', al detectar que más de 150 desocupados e indigentes habían sido arrestados tras ser convencidos de aceptar un supuesto trabajo.

Según la investigación, la metodología era que un desconocido les ofrecía a carenciados ganarse unos pesos con una 'changa', los llevaba en auto hasta algún lugar, repentinamente desaparecía e inmediatamente caían policías que encontraban en poder de los 'sospechosos' drogas o armas, en procedimientos que contaban con inmediata repercusión mediática.

Nicolai fue el único de aquella seguidilla de detenidos que se presentó como querellante y en el juicio relató cómo el 4 de noviembre de 1998 fue tentado a hacer una changa por un desconocido cuando buscaba, junto a su cuñado, comida entre la basura en el barrio de Constitución.

Un rato después, relató, llegaron hasta un restor×n de Palermo Hollywood, el desconocido les dejó una bolsa y salió corriendo y aparecieron dos policías que los revisaron y los detuvieron por intento de robo tras encontrar en la bolsa armas y medias de nylon.

Nicolai fue preso, fue violado en prisión y, tras pasar dos meses tras las rejas, se enteró que padecía del virus HIV, según su propia denuncia.

A tres años del crimen de Daniel Migone, piden investigar el encubrimiento

La familia del hombre asesinado en la comisaría Novena reclama que no se cierre la investigación con sólo cinco policías imputados. Y quieren que se investigue por qué y quiénes encubrieron. Los puntos flojos de la causa: el móvil, lo que ocurrió en los calabozos y el irregular traslado del cadáver 

  (DIARIO HOY) 

 
A tres años de su asesinato en la comisaría Novena, la familia de Daniel Oscar Migone (38) sigue buscando la verdad de lo que sucedió, pese a que hay tres policías detenidos, otro con arresto domiciliario y un quinto beneficiado con una exhimición de prisión.
Es que una serie de cabos sueltos en el expediente los convence de que falta investigar una cadena de complicidades y encubrimientos que hicieron posible lo que pasó.
Algunas de ellas están directamente relacionadas con el presunto móvil del crimen (una relación sentimental de Migone con una joven que, a su vez, noviaba con un policía) y otras con los extraños comportamientos de los policías en la seccional Novena, para avalar la hipótesis -ya desmentida científicamente- de un suicidio.
"Nosotros queremos saber por qué lo asesinaron. El no hizo nada, venía a casa y lo levantaron por la calle. Mi hijo no robó nada, le inventaron un robo", pidió Anabella Carone, la mamá de Migone, en diálogo con Trama Urbana.
Migone fue apresado la noche del 9 de noviembre de 2005. Según está acreditado en la causa, los policías lo acusaron de "abrir" tres automóviles de la manzana comprendida por las calles 60, 61, 15 y 16, y de robarse pertenencias menores: un stereo, una carpeta, monedas, tarjetas personales y hasta una rueda de auxilio.
Alojado en la seccional de 5 y 59 -la misma en la que 1993 torturaron hasta la muerte a Miguel Bru-, Migone se contactó con varios de los presos. A ellos les dijo, según luego declararon en la causa, que lo querían "empapelar" por un asunto de polleras.
Pasada la medianoche, el detenido sufrió una "asfixia mecánica por compresión del cuello", que fue "compatible con la intervención de un tercero", según determinó la autopsia. Tenía, además, traumatismo craneano y escrotal. Todas señales de una golpiza.
La policía lo llevó al hospital San Martín, en donde ingresó muerto. El libro de guardia de esa madrugada, a la 1.45, consignó: "Se recibe óbito". Una de las médicas que declaró infirió que "no se les murió en el camino, no es un caso de aquellos que no llegan a salvar y se les muere". Otra galena refirió las contradicciones entre los policías: "Nos decían que llevaba diez minutos (muerto) y otros decían cuarenta".
La familia nunca creyó la hipótesis del robo. Migone trabajaba en una pollajería y manejaba dinero, razón por la que no se entiende por qué podría haber protagonizado un atraco propio de un raterito. "Le quisieron inventar una causa de robo, para justificar la detención", consideró Oscar Migone, su padre.
El expediente ya pasó por la fiscal Leyla Aguilar, a la que la familia recusó. Fue esta funcionaria, sin embargo, quien en marzo ordenó la detención de cuatro policías. El sargento Carlos Ariel Toloza, la oficial de servicio María Valeria Maciel, y el jefe de turno, capitán Marcelo Falcon fueron apresados, pero el sargento Daniel Espósito presentó una exhimición de prisión que fue a Cámara, que aún no resolvió.
Maciel fue beneficiada con un arresto domiciliario. Y en julio se detuvo a un quinto policía, el oficial Luis Díaz Zapata. La causa fue tomada por la UFI 3, que pidió dos veces su elevación a juicio oral, pese a la oposición planteada por la querella.
Hoy por hoy, aún no se sabe quién mató a Migone. "Evidentemente, si están en un lugar determinado cuatro personas, y una persona fallece y quedan tres. Entre esos tres, alguno tiene que ser el asesino", conjeturó el padre.

 

Perfil
Chofer, separado y con dos hijos
Daniel Migone tenía 38 años. Al momento de ser asesinado trabajaba como chofer de la firma Aveplat, en "La Granja de los Dos Hermanos", de 15 y 75.
En su juventud había tenido problemas con las drogas, pero eso ya era historia superada.
Tuvo dos hijos con su primer mujer, de origen brasileño: Olimpio -"Pipo"- que hoy tiene 14 años; y Andrea, que va por los 16. Los seguía viendo allá por 2005. Hace poco, los chicos sufrieron otro golpe: la mamá falleció y ahora quedaron a cargo de los abuelos paternos. "Están con bronca, como yo", dice Oscar Rubén, el abuelo, que cuenta que ya van a las marchas.
Al momento de morir, estaba en pareja otra joven, que a su vez habría noviado con un policía. En la causa, la chica lo negó.

Las claves
El Nextel con la batería cambiada
El Nextel de la víctima fue "hallado" dentro de uno de los autos por el que lo acusaron del robo. Tenía una batería cambiada. Pero uno de los imputados reconoció que se lo secuestraron cuando entró en la seccional.

Las llamadas desde la comisaría
Según consta en la causa, desde la comisaría llamaron a la fiscal recién a las 2.26. Y los médicos del hospital San Martín declararon que no les avisaron que traían a un preso a punto de morir: Migone ya había fallecido.

El abogado: "Sin delito, es secuestro"
El abogado Fabio Villarruel, del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica y la Asociación Miguel Bru, conjeturó que "si  la detención no fue por un delito, entonces hay para pensar que fue secuestrado".

La hipótesis: algo personal
Consultado sobre si creía que el crimen fue por un motivo personal, el padre de Daniel contestó: "Yo pienso que en principio tiene que haber sido así. Por ahí lo agarraron para darle un susto y se les fue la mano".

Gregorio Ríos, libre

El autor intelectual del crimen del reportero gráfico José Luis Cabezas ya salió en libertad condicional. Estuvo preso sólo 11 años.

 

Buenos Aires, 28 de octubre (Télam).- Gregorio Ríos, el jefe de la custodia del empresario Alfredo Yabrán que había sido condenado como instigador del crimen del fotógrafo José Luis Cabezas, ocurrido en 1997, fue beneficiado con la libertad condicional, informaron fuentes judiciales.

La resolución fue firmada por los integrantes de la Cámara Penal de Dolores, Fernando Sotelo y Susana Darling Yaltone, quienes entendieron que Ríos, por el tiempo transcurrido en prisión, ya estaba en condiciones de solicitar su 'excarcelación en los términos de la libertad condicional'.

La esposa de Cabezas, María Cristina Robledo, aseguró que siente 'dolor, bronca e impotencia' por la decisión judicial y dijo que la Justicia 'sigue haciendo las cosas mal'

Fuentes de la cámara penal de Dolores dijeron a Télam que la resolución fue firmada el jueves y que las partes ya fueron notificadas.

Ríos se hallaba cumpliendo desde noviembre del 2006 una prisión domiciliaria en su casa de la localidad bonaerense de Acasusso con el control de una pulsera magnética, luego de haber sido beneficiado con una morigeración de su pena.

Jorge Sandro, el abogado del ex custodio de Yabrán, señaló a Télam que su defendido 'cumplió 20 años de prisión preventiva computables y este es el plazo para obtener su libertad condicional. Por eso, la Justicia de Dolores le concedió la excarcelación'.

'La sentencia está sometida a recursos, ya que hay un recurso pendiente ante la Corte Suprema de Justicia que presentamos nosotros que aún no fue resuelto', explicó el letrado.

Sandro precisó que el jefe de la custodia del empresario fallecido Yabrán, fue detenido el 1 de septiembre de 1997, es decir que cumplió 11 años de cárcel de manera efectiva.

'Pero se le aplica el cómputo del 2 X 1. Los dos primeros años de detención se cuentan de a uno, y los nueve restantes se multiplican por dos. Eso da 20 años de cárcel computables', aseguró el abogado.

El ex custodio del magnate telepostal estuvo detenido en la cárcel de Dolores y, luego, pasó un breve período en la Unidad carcelaria número 39 de Ituzaingó, desde donde fue enviado a su domicilio.

Por su parte, la mujer de Cabezas aseguró que se comunica a diario con los padres y con la hermana de Cabezas. 'Con ellos hablé anoche, pero no estábamos informados de esto, seguramente esta tarde hablaremos nuevamente', aclaró.

'En estos 12 años, las víctimas hemos sido nosotros y ellos, por el contrario, han ido recibiendo premios. Siento que cada año les van dando un premio por lo que hicieron y no es justo', agregó.

Además, explicó: 'Hay dos padres que viven con el corazón en la mano y con una angustia eterna, y tres niños que han crecido sin su padre. Y estos asesinos están protegidos por empresarios poderosos o por la Justicia. Que contradicción. ¿No? La Justicia debería estar a favor nuestro y no, está a favor de los asesinos'.

Por el crimen de Cabezas, actualmente se encuentran detenidos dos de los delincuentes comunes que fueron sindicados como autores materiales del homicidio, el jefe policial de Pinamar, Alberto 'La Liebre' Gómez, que liberó la zona, y el ex policía Gustavo Prellezo que comandó la captura y asesinato de Cabezas.

El reportero gráfico de la revista Noticias fue asesinado el 25 de enero de 1997 por una banda integrada por policías y por el denominado grupo de Los Hornos, formado por José Luis Auge, Horacio Braga, Sergio González y Héctor Retana.

La investigación reveló que el fotógrafo fue capturado, golpeado, introducido en su auto y llevado a una cava de General Madariaga, donde lo esposaron, balearon en la cabeza y quemaron el vehículo, por orden Yabrán a quien le molestaban sus guardias periodísticas.

En un juicio oral realizado en febrero del año 2000, los ex policías Gustavo Prellezo, Sergio Camaratta y Aníbal Luna, los ladrones Auge, Braga, González y Retana y Ríos, fueron condenados a penas de prisión y reclusión perpetua por los camaristas de Dolores Susana Yaltone, Raúl Begué y Jorge Dupuy.

En el 2002, la Cámara de Casación bonaerense les redujo las condenas a todos, menos a Prellezo, cuya defensa apeló un día después de vencido el plazo.

Para el año 2006 ya habían sido excarcelados 'Los Horneros' -con excepción de Retana que murió en prisión-, los ex policías Camaratta y Luna y a Ríos le concedieron la prisión domiciliaria.

En un juicio posterior se condenó al ex comisario de Pinamar, Alberto Pedro 'La liebre' Gómez, como responsable de 'liberar la zona' para facilitar el crimen.

Actualmente siguen presos Auge y Braga, quienes volvieron a la cárcel por violar la prisión domiciliaria, además de los jefes policiales Prellezo y Gómez.

Seis años preso y no pudieron probar que fue él

Absolvieron al único acusado del homicidio de un policía en un asalto a una estación de servicio, en La Plata, en septiembre de 2002. La defensa aportó datos sobre el posible autor. Y la fiscalía desistió de la imputación. Estuvo todo el tiempo preso. Y encima, el caso sigue impune

(DIARIO HOY) 

 

El Tribunal I de La Plata absolvió ayer a Arian Eduardo Lamoglie en el juicio que se seguía por el homicidio del policía Walter César Leguizamón (36), ocurrido en la estación de servicio de 120 y 32.
La fiscalía de instrucción había dado por probado que el 18 de septiembre de 2002, cerca de las 21 horas, el imputado Lamoglie "le pegó un balazo a un policía, tras haber perpetrado un robo en la estación de servicio".
La víctima era un efectivo que ocasionalmente estaba en el lugar con un compañero para hablar por teléfono porque se les había quedado el auto. Leguizamón se identificó como policía y el agresor, con un arma de fuego en sus manos, le disparó a quemarropa para luego huir a la carrera. El disparo que recibió la víctima le produjo la muerte.
Hasta allí la versión de la fiscalía de instrucción. Pero en el juicio, los testigos no coincidieron en cómo iba vestido el asaltante, pues discreparon en los colores de sus prendas. Algunos dieron señas fisonómicas que se asemejaban con el imputado, indicando que sólo habían visto la cara.
El compañero de la víctima, el policía que estuvo cara a cara con el agresor manifestó contradicciones al explicar cómo reconoció al imputado en la rueda de detenidos.
La defensora oficial Verónica Garganta le recriminó al testigo que no se había acordado de contar varios detalles que había declarado en la comisaría, el mismo día del homicidio. También dio su testimonio un vecino del imputado. Dijo que lo conocía, y que lo había visto el día del hecho y a esa misma hora en una bicicleta girando en la rotonda de 32 y 120, aunque no vio hacia dónde fue. Pero en ese momento de la audiencia, el fiscal Rubén Sarlo advirtió que nadie había dicho que el ladrón anduviera en bicicleta, sino que llegó y se fue a pie luego del disparo mortal. Otra contradicción.
Pero la confusión llegó a su punto cúlmine cuando un detenido aportado por la defensora Garganta, bajo identidad reservada contó que en el 2005 habló con otro detenido, que entre otras cosas le confesó que fue "quien mató al cobani de la YPF de 120 y 32". Luego, este mismo testigo se encontró en la Unidad 9 con Lamoglie y le contó de lo que se había enterado. Así, surgió que quien se dijo autor del disparo y muerte del policía Leguizamón es fisonómicamente muy parecido a Lamoglie. También la defensa aportó como prueba al tribunal, un legajo carcelario donde están las fotografías del detenido y supuesto autor del crimen, reflejando un increíble parecido físico.
"Estos hechos graves son los que merecen llegar al juicio oral y no cualquier causa. Aquí quedó demostrado que el sistema sirve para evitar encarcelar inocentes y también para encarrilar investigaciones que estaban mal orientadas en la pesquisa. Porque hasta hoy, a seis años del hecho, el crimen del policía sigue impune", señaló el fiscal Sarlo al terminar el juicio.

Absueltos porque el fiscal no acusó

Un policía juzgado por el crimen de un joven limpiavidrios quedó hoy en libertad. Lo absolvieron por falta de pruebas por el crimen de Lucas Roldán, un joven que trabajaba de limpiavidrios en una esquina de Villa Lugano y fue fusilado de cuatro balazos.

 

 

Buenos Aires, 8 de septiembre (Télam).- Un ex policía federal  fue absuelto del crimen de un joven limpiavidrios, cometido en el  barrio de Villa Lugano, en 2003, luego de que el fiscal de juicio  retirara la acusación en su contra por falta de pruebas.

Se trata del ex efectivo de la comisaría 52 Lucio Montero,  quien esta tarde recuperó su libertad desde el penal federal de  Marcos Paz tras ser absuelto como autor del delito de 'homicidio  simple' en perjuicio de Lucas Roldán (29).

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 26 de la Capital Federal  también absolvió a los ex policías Juan Alberto Monteyru y Rubén  Solares, compañeros de Montero, por el encubrimiento del crimen  del joven limpiavidrios.

La decisión de los jueces Manuel Reynoso, Patricia Llerena y  María Yungano se basó en el alegato del fiscal Marcelo Saint Jean,  quien esta mañana no acusó a ninguno de los tres imputados al  considerar que no existían pruebas suficientes para atribuirles  algún delito.

Las defensas de los imputados habían adherido al criterio de  fiscal Saint Jean, al considerar también que no había pruebas  suficientes para acusar a los ex policías.

'Estamos con mucha angustia y mucho dolor', expresó a Télam  Paola Squassi, abogada de la querella, quien había solicitado al  tribunal que Montero sea condenado a 18 años de prisión por el  'homicidio simple' de Roldán, y a seis los otros dos acusados por  el encubrimiento del crimen.
La letrada indicó que los jueces esta tarde sólo leyeron el  veredicto absolutorio y que los fundamentos de la sentencia -en  los que se enmarcará la muerte de Roldán en una figura penal  distinta a la del 'homicidio simple'- serán dados a conocer el 15  de este mes.

El hecho ventilado en el juicio ocurrió el 6 de marzo de 2003,  cuando Roldán, casado y padre de dos chicos, recibió cuatro  balazos de parte del entonces policía Montero.

Esa tarde, Lucas desapareció de donde limpiaba vidrios y su  familia lo buscó durante seis días, hasta que un periódico barrial  informó sobre su muerte y le atribuía ser un 'narcotraficante'.  

 
La nota decía lo mismo que luego declararon los policías: que  cuando circulaban por la avenida Escalada y Roca les llamó la  atención el conductor de un Fiat Duna bordó que 'les cruzó la  mirada', aceleró y disparó contra la patrulla. 

Luego -siempre según los policías- el joven se bajó del auto,  le disparó a Montero y éste se defendió.

'Nada justifica en el supuesto accionar policial un inicio de  persecución a partir de un 'cruce de miradas'', afirmó el juez de  instrucción Pablo Ormaechea cuando procesó a los policías.

La versión de Montero y otros dos efectivos que lo acompañaban  también tuvo muchas contradicciones sobre el horario del hecho y  si bien dijeron que secuestraron droga en el auto, el punto ni  siquiera fue analizado por el juez.

Lo que si tuvo en cuenta fue que los peritajes toxicológicos  señalaron que Roldán había tomado bastante cerveza ese día (tenía  1,40 gramos por litro de alcohol en sangre, cuando lo permitido  para manejar, por ejemplo, es de 0,5) y que no estaba ni en condiciones de conducir ni de disparar.

Además, se comprobó que el Duna en el que mataron a Lucas  nunca hubiera podido andar porque tenía roto el arranque y que el  arma que apareció junto al cuerpo no era de él, por lo que la  madre del joven, Elsa Roldán, no duda en calificar el hecho como  un 'fusilamiento'.

Por su parte, Squassi dijo que 'el auto había sido robado esa  mañana, pero nunca se pudo determinar cómo fue que Lucas apareció  ahí' y remarcó que 'la causa fue totalmente armada por la  Policía'. (Télam).-

Condenan al policía "mataguachos"

Así se hacía llamar el asesino, Ramón "El Oso" Peloso, que actuaba en Villa Fiorito. Hoy le dieron 13 años de prisión por fusilar a un joven en 2003.

 

Buenos Aires, 16 de julio (Télam).- Un policía retirado fue  condenado hoy a 13 años por fusilar de un tiro en la cabeza al  adolescente Matías Barzola en 2003, en Villa Fiorito, por creer  que estaba en su derecho de liberar a su barrio de aquellas  personas que consideraba delincuentes.

Además de condenar a Ramón 'El Oso' Peloso por el delito de  'homicidio simple', el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) de Lomas  de Zamora, ordenó que se investigue si los policías que acudieron  a la escena del crimen desviaron la investigación del asesinato.

La condena a Peloso fue resuelta esta mañana de manera unánime  por los jueces Rodolfo Mario Lanza, Guillermo Alejandro Rolón y  Fernando Ariel Bueno y la pena coincidió con la solicitada por el  fiscal José Luis Michelini en los alegatos.

La representante de la querella, la abogada de la Correpi  María del Carmen Verdú, había solicitado una pena de 25 años, la  máxima para el delito de homicidio simple, no obstante se mostró  satisfecha con el fallo del tribunal.

'Los jueces enmarcaron el hecho en las características del  lugar del crimen donde la víctima, el victimario y los testigos,  vivían en un radio de cinco cuadras dentro de un mismo barrio y se  conocían', explicó Verdú.

Respecto del móvil del crimen, si bien no utilizaron el  término de 'mataguachos' empleado por la querella, el tribunal  consideró que el ahora condenado creía que tenía derecho de  liberar al barrio de las personas que consideraba delincuentes. 

En ese sentido, los jueces recordaron otros incidentes entre  Peloso y otros chicos vecinos de él, y dieron por probado que el  policía retirado 'no hesitaba en usar su arma'.

El tribunal también tomó en cuenta el 'amedrentamiento' que  Peloso ejercía sobre los jóvenes del barrio, que se vio reflejado  en el 'temor' que mostraron varios de los testigos que declararon  en el debate en contra del policía retirado.

Además, los jueces también dieron por probado que existió 'un  desvío intencional' de la investigación del hecho para 'lograr la  impunidad del homicida'.

Por esa razón, el TOC ordenó que se investigue a los policías  de la comisaría de Villa Fiorito ante la sospecha de que  cometieron delitos de acción pública.

El primer efectivo en llegar a la escena del crimen fue el ex  sargento Isidoro Concha, quien junto a otro ex policía fue  condenado el año pasado por el 'homicidio preterintencional en  concurso con vejaciones' de Jorge 'Chaco' González, un detenido  que murió tras una golpiza en enero de 2003.

El TOC 1 de Lomas de Zamora dio por acreditado que el 3 de  junio de 2003, Matías Barzola (22) caminaba hacia su casa de la  localidad bonaerense de Villa Fiortio, en el sur del conurabno,  cuando le dispararon un balazo desde un auto que le impactó detrás  de la oreja y le provocó la muerte.

Según Fabián Segovia, un joven que hoy tiene 22 años, fue el  único testigo que se atrevió a contar que él había visto disparar  a Peloso contra su amigo.

Sin embargo, en un primer momento, el personal de la seccional  local sostuvo que el chico había asaltado a un automovilista y que  éste se defendió y le efectuó un balazo.

Luego, a la madre de Brazola le dijeron que su hijo andaba  deprimido y se había suicidado y después que lo mataron para  robarle las zapatillas. 

Por su parte, Peloso estaba retirado desde el 2001 de la  Policía Bonaerense pero trabajaba para el Municipio de Ezeiza  patrullando calles en el marco del programa 'Tolerancia Cero', que  convocaba a policías retirados y en actividad. 

Varios testigos recordaron en el juicio que Peloso se  autodenominaba 'El mataguachos' y la Correpi le adjudicó formar  parte de un 'escuadrón de la muerte' que integraban miembros de  varias comisarías.
Peloso fue detenido en 2004 por el crimen de Barzola y en esa  condición llegó al debate que terminó hoy, en el que estuvo  presente durante la lectura del fallo y luego fue regresado a su  celda de la Unidad 40 del Servicio Penitenciario Bonaerense.  (Télam).-
 

A la cárcel de por vida

Condenaron al ex jerarca genocida Musa Azar a prisión perpetua en Santiago del Estero. La misma pena fue para tres ex policìas y 22 años para otro acusado, por los dos crímenes en La Dársena.

El carnicero Lludgar fue condenado a 22 años (izq.); Musa Azar sale de la Cámara del Crimen, esposado (der);

A cinco años del homicidio de Leyla Bshier Nazar (22) y Patricia Villalba (26), las víctimas del doble crimen de La Dársena, un caso que marcó una bisagra en la historia de Santiago del Estero y desató el fin de más de 50 años de "reinado" del caudillo peronista Carlos Juárez y de su mujer, Nina Aragonés de Juárez, el juicio ante la Cámara del Crimen de II Nominación que llevó ocho meses llegó a su fin hoy con la lectura del veredicto. Musa Azar, ex jefe de Inteligencia de los Juárez y principal acusado en la causa, fue condenado a la pena de prisión perpetua.

Los policías Jorge Pablo Gómez, Héctor Bautista Albarracín y Francisco Daniel Mattar recibieron la misma condena. Según la causa, Azar pretendió encubrir a su hijo, Musa Antonio, alias "Musita", absuelto hoy por el crimen de Leyla. Los otros dos acusados fueron un ex empleado del zoológico de Musa Azar y el carnicero José Patricio Llugdar, quien recibió una condena a 22 años de prisión.

Todo comenzó el 16 de enero de 2003. Ese día, Leyla Nazar fue a una fiesta en una whiskería que habría incluido "sexo, alcohol y drogas". Según se probó, la joven mantuvo relaciones sexuales con Antonio Musa Azar (h) y con Lludgar. Leyla fue asesinada, aunque no pudo determinarse con certeza qué ocurrió con su cadáver.

Algunas hipótesis -criticadas por las defensas- apuntan a que fue llevado a la reserva ecológica de Arraga (de la familia Musa Azar), descuartizado y arrojado a los animales. Otros indicios indican que el cuerpo se descompuso en lugar en el que fue hallado, el 6 de febrero de 2003, en un monte de La Dársena. La otra víctima fue la verdulera Patricia Villalba.

El 5 de febrero de 2003, Patricia fue secuestrada a dos cuadras del negocio en el que trabajaba, y fue llevada en una patrulla hacia la reserva donde fue torturada y abandonada mientras agonizaba. La investigación determinó que Villalba había ido a una fiesta de carnaval y allí le contó Lludgar que sabía sobre el crimen de Leyla.

El carnicero le habría dicho esto a Musa Azar (p), quien ordenó matar a la chica, presuntamente para que su hijo no quedara involucrado en el homicidio. Para la fiscal Olga Gay de Castellano, el ex jefe de Inteligencia ordenó a los policías Gómez, Mattar y Albarracín, quienes trabajaban para él, que torturaran y asesinaran a Patricia Villalba, cuyo cuerpo apareció a siete metros del cadáver de Leyla.

El 2 de noviembre de 2003, los tres policías del entorno de Musa Azar, presos entonces por el crimen de un ganadero, confesaron que él había planeado todo. La Justicia ordenó entonces la detención de 28 policías, ex diputados y empresarios. Los informes forenses comprobaron que los huesos encontrados en el zoológico de Musa Azar eran de Leyla. Por su parte, Patricia tenía quemaduras en el hombro y antebrazo derecho, y 15 puntazos en el lado izquierdo, bajo el seno.

La fiscal reclamó que por el crimen de Leyla, "Musita" Azar Cejas sea condenado a trece años de prisión. "Musita" está preso desde hace casi cinco años y recuperaría la libertad tras haber sido absuelto. Otras ocho personas debieron enfrentar el juicio sospechadas de encubrimiento, pero la fiscal pidió la absolución de todas por falta de pruebas. Entre ellas está el ex diputado Carlos Anauate y la esposa de Musa.

Para la fiscal no quedó probado que Anauate, quien estuvo varios meses preso y fue destituido como legislador por esta causa, haya encubierto el crimen de Villalba. Lo mismo solicitó para el primer instructor de la causa, el comisario Luis Cejas, quien estaba acusado no sólo de encubrimiento, sino también por incumplimiento de los deberes de funcionario.

El caso marcó el final del poder de Carlos y Nina Juárez, y derivó en la intervención federal a la provincia, en abril de 2004. El gobierno de Néstor Kirchner envió como delegado federal a Pablo Lanusse. La misión central de la intervención era esclarecer el doble crimen, cuestión no pudo llevarse adelante.

Musa Azar fue hallado culpable como instigador de homicidio doblemente calificado y organizador de una asociación ilícita. Gómez, Albarracín y Mattar fueron declarados culpables por el homicidio doblemente calificado de Villalba. Llugdar fue hallado autor del crimen de Leyla y partícipe primario del homicidio de Patricia.



(Fuente: Télam y DyN)

Detrás de los encubridores

En 1997, Pablo Daniel Martinoli fue asesinado en un caso de gatillo fácil. Diez años después, condenaron al policía asesino. Pero no a los efectivos y médicos que intentaron falsear la autopsia

A 11 años del crimen de Pablo Daniel Martinoli (20, foto) la familia de la víctima busca que se enfrente a la Justicia a los encubridores del asesinato.

En agosto del año pasado, el ex policía bonaerense Ramón Medina fue condenado a prisión perpetua (ver acá), tras estar seis años prófugo de la justicia.

En el fallo, se ordenó investigar a policías y médicos que habrían encubrido el crimen. Sin embargo, la causa no avanzo. El perito médico Carlos Flores, del Cuerpo Médico policial de San Isidro, debía ser indagado el martes 6 de mayo. Pero no se presentó porque pidió una prórroga de la medida.

Los otros acusados son: Juan Carlos Petrilli (Capitán, es titular de la Comisaria de Tigre 2ª), Gabriel A. Caballero (es Jefe de distrito de Tigre), Andrés D. Gómez (quien presta servicios en la Delegación Custodia de Detenidos de San Isidro) y Jorge Albano (de la Policía Científica de Zárate-Campana), informó la familia en un comunicado de prensa.

A todos ellos se los acusa de "Encubrimiento agravado en función del art. 277 inc3 del Código Penal , falsedad ideológica e incumplimiento de lso deberes de funcionario público", por presuntamente falsear la autopsia del cuerpo del chico.

Grave tirón de orejas internacional por muerte de un testigo protegido

La Corte Interamericana de Derechos Humanos intimó a la Argentina a que brinde precisiones sobre la muerte de un testigo de la desaparición de Iván Torres, ocurrida en Comodoro Rivadavia en 2003

BUENOS AIRES, mar 26 (DyN) - La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) requirió al Estado argentino que 'precise los hechos y circunstancias que provocaron la muerte' de un testigo de la desaparición de una persona en Comodoro Rivadavia, quien estaba comprendido dentro de un programa de protección especial del organismo internacional. 

  Se trata de Walter Mansilla, considerado un testigo de relevancia en la desaparición del ciudadano chileno Iván Eladio Torres, ocurrida el 2 de octubre de 2003, y por el que sus familiares y amigos denuncian que fue víctima de desaparición forzada en la Comisaría Primera de Comodoro Rivadavia, pese a que la Justicia local sobreseyó la causa. 

  El 6 de julio de 2006 la CIDH dictó medidas provisionales a favor de 20 personas -amigos, familiares y abogadas, entre ellos Mansilla- requiriendo al Estado argentino 'proteger sus vidas e integridad físicas'.

   Pero según documentación citada en la resolución de la Corte Interamericana, 'el 24 de mayo de 2007 Mansilla ingresó a las 16.30 al servicio de emergencia, trasladado desde la Terminal de ómnibus por una persona indocumentada, con un cuadro de neumonía bilateral y sepsis generalizada con marcados signos de intoxicación alcohólica y probablemente otros psicofärmacos'.

   Tras permanecer una semana internado, murió a las 23.30 del 1ro. de junio de 2007, cuando seguía bajo protección especial de la CIDH. 

  La Corte Interamericana determinó que 'las circunstancias de la muerte de un beneficiario de medidas provisionales deben ser esclarecidas por el Estado'.

   Y en ese sentido destacó: 'Dadas las características particulares del presente asunto, la información presentada por el Estado y las representantes no permite al Tribunal determinar si la causa de la muerte del señor Mansilla está vinculada con los hechos que dieron lugar a la adopción de las presentes medidas provisionales'.  

 

 Por ello, consideró, 'es necesario que el Estado presente un informe completo al respecto'. 

  El punto tercero de la resolución sostiene textualmente: 'Requerir al Estado de Argentina que en su próximo informe precise los hechos y circunstancias que provocaron la muerte de Walter Mansilla'.  

Pero, además, la CIDH le pidió que 'evalúe los mecanismos adecuados para la efectiva protección al derecho a la vida e integridad de los beneficiarios', esto es el resto de los familiares, amigos y abogados de la familia Torres que gozan de protección especial, para evitar que les ocurra lo mismo que a Mansilla.

   La resolución de la CIDH fue firmada por su titular, Cecilia Medina Quiroga, y por los jueces Diego García-Sayón, Sergio García Ramírez, Manuel E. Ventura Robles, Margarette May Macaulay, Rhadys Abreu Blondet y el secretario Pablo Saavedra Alessandri.

   Iván Eladio Torres, un ciudadano chileno que desde pequeño vivió en Chubut, donde hacía 'changas' y desarrollaba algunas actividades solidarias con niños desamparados, falta de su casa desde el 3 de octubre de 2003.

   Tras tomar indagatorias a varios policías provinciales acusados, la jueza federal Eva Parcio -una de las primeras designadas mediante el mecanismo instaurado por el Consejo de la Magistratura- los sobreseyó de las imputaciones por 'desaparición forzada de persona'.

   Torres fue visto por última vez cuando fue subido a un patrullero de la policía chubutense; otros testigos relatan haber escuchado sus gritos en una comisaría, presuntamente por aplicación de tormentos.

   Al momento de su desaparición, Torres tenía 24 años y vivía con su madre, María Leontina Millacura Llaipen, una de las protegidas por la CIDH.

Caso Migone: Detienen a dos policías por crimen en comisaría

El 9 de noviembre de 2005, detuvieron a la víctima por el supuesto robo de un autoestéreo. A las horas, estaba muerto en la comisaría Novena de La Plata. La autopsia determinó que lo asfixiaron. Entre los apresados hay una mujer policía.

Link a la nota en Diario Hoy


Actualizaciones:
15mar08 Indagan a comisario por muerte de un detenido (El Día)

21mar08 Hicieron lugar a la recusación de la fiscal Aguilar (El Día)

11abr08 Dictan prisión preventiva a tres policías por torturar y matar a Migone en la Novena (Diario Hoy)

08jul08 Otorgan prisión domiciliaria a mujer policia
María Valeria Maciel, policía procesada por la muerte de Oscar Daniel Migone, ocurrida en noviembre de 2005 en un calabozo de la comisaría Novena, fue beneficiada con el arresto domiciliario. Fuentes judiciales confirmaron que la medida la otorgó la sala IV de la Cámara de Apelaciones de La Plata, luego de que fuera denegada por el juez de Garantías Néstor de Aspro.

Extraña muerte de hijo de un ex jefe policial tras ser detenido en Ramos Mejía

Enviado por Programa Anti-Impunidad

 

 

Buenos Aires, feb 25 - Gastón Duffau, hijo de un ex jefe de la policía bonaerense en Ramos Mejía, murió este sábado en un confuso episodio que involucra al menos a cinco policías de la misma comisaría que comandó su padre hace una década.

El hecho comenzó pasadas las 21:30 tras una discusión con el personal de seguridad del local de comidas rápidas McDonalds (en Av. Rivadavia 14300) y concluyó una hora después en la guardia del hospital de Haedo; Duffau estaba boca abajo en la caja de una camioneta policial, semi-desnudo, con los pies atados y con doble juego de esposas en sus manos.

El domingo las pericias determinaron que tenía cinco costillas rotas, además de las dos primeras vértebras cervicales rotas, y lesiones en el hígado.

Gastón no tenía antecedentes y hacía tan sólo una semana que había vuelto de estar un mes y medio de vacaciones en Mar del Plata. Además, al joven le faltaban sólo dos materias para recibirse de contador público en la UBA, sabía inglés y japonés.

Su padre fue jefe de la Departamental de La Matanza, paradójicamente el mismo lugar donde lo mataron. La policía dijo inicialmente que el joven estaba provocando disturbios y que se trataba de un vagabundo "con piojos y liendres"; pero luego informaron que estaba robando en el local. Allí llegó el móvil policial, a cargo del capitán José Luis Moreno, para trasladarlo a la comisaría 2º de Ramos Mejía.

En versiones posteriores, el capitán Chesare justificó la fuerza empleada: dijo que el joven logró quitarse las esposas ya que, o tenía un ataque esquizoide, o estaba borracho o drogado. Sin embargo, la familia descree de sus dicho: "en plena comisaría no lograron reducirlo, algo que un simple empleado de seguridad de McDonalds sí había hecho", afirmó su hermano Mariano.

Los policías lo ingresaron a la guardia del hospital de Haedo solicitando "calmante para caballos", según informó el médico de guardia Dr. Juan Tedesco.

"La explicación policial de cómo una persona subió 22.15 hs. a la parte de atrás de una camioneta fuertemente esposado y con cinco policías para reducirlo, para llegar muerto quince minutos después al hospital de Haedo -a sólo quince cuadras de la comisaría 2º- es muy simple: los médicos forenses de la policía establecieron que dichas lesiones tenían cinco días de antigüedad, no surgiendo del informe pericial una causal de muerte imputable al accionar del personal policial", dijo el abogado y pariente del joven, Dr. Mathías Valdez Duffau. La autopsia fue celebrada en presencia de la fiscal Dra. Silvana Breggia -a cargo de la UFI 2 de La Matanza-, su secretario el Dr. José Luis Longobardi y la instructora Judicial Dra. Casanova. También estuvo el propio Jefe de la Departamental Matanza y el Jefe de la Comisaría 2da. de Ramos Mejía, Capitán Moreno.

El titular de la división Asuntos Internos de la Policía Bonaerense, el Dr. José Guerrero, precisó oficialmente que "no obstante haberse comprobado la muerte del Sr. Duffau dentro del móvil policial en el trayecto que va desde la Comisaría hasta el Hospital, no hay elementos objetivos que permitan entender la responsabilidad de los funcionarios policiales".

La familia Duffau solicitó esta tarde una reunión con el Sr. Ministro de Seguridad Bonaerenes, el Dr. Carlos Stornelli, para pedirle la apertura de una investigación interna y la suspensión preventiva de todo el personal policial que tomara intervención en el hecho. Además, mañana a las 12 hs se presentarán en la UFI 2 de La Matanza, a cargo de la Dra. Silvana Breggia, para solicitar el cambio de carátula "averiguación muerte" a "homicidio doloso" con imputación al personal policial de la comisaría 2da de Ramos Mejía.

También pedirán una nueva autopsia, pero con intervención directa de los médicos forenses de la Universidad Nacional de La Plata.

 

Caso Domínguez: apresan a cuatro policías y una médica

Todos se negaron a declarar ante la Justicia. A los policías les imputan "tortura seguida de muerte". Y a la médica, truchar una autopsia



Príncipi es trasladado desde Tribunales hasta su lugar de detención (izquierda); Lotito, espera a ser indagada en un pasillo (derecha) -Fotos diarios Hoy y El Día-

Actualización 13mar08: Falta de mérito para un policía (Diario Hoy)

Se negaron a declarar los cuatro policías y la médica

La Plata, 19 de febrero (Télam).- Los cuatro policías y la médica forense detenidos en el marco de la causa que investiga el crimen de un preso en una comisaría de Berisso en 2005 se negaron a hoy declarar ante la Justicia, informó una fuente judicial.

Se trata de los ex policías Germán Cernuschi y Víctor Gómez, y los oficiales en actividad Leonardo Antonelli y Luciano Príncipi, quienes se desempeñaban en la seccional Primera cuando fue detenido el joven Christian Domínguez, el 5 de febrero de 2005.

Los efectivos fueron detenidos ayer junto a la médica forense Ana María Lotito, acusada de encubrimiento agravado, por presuntamente fraguar los datos de la primera autopsia al cuerpo de la víctima.

La fuente explicó a Télam que los cinco detenidos se negaron a declarar este mediodía ante el fiscal Marcelo Martini, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de La Plata, quien ahora tiene diez días para requerir su situación procesal.

Pedro Domínguez, el padre de la víctima, señaló que tras las detenciones ‘llega un poco de alivio y justicia‘ y que siente que lo están escuchando.

Domínguez, de 30 años y padre de una nena de 3, fue detenido en la madrugada del 5 de febrero de 2005, cuando salía de un bar ubicado en las calles Montevideo y 13, del centro de Berisso.

Un patrullero de la comisaría Primera lo derivó a la sede de la seccional, en donde más tarde fue hallado muerto en uno de los calabozos.

Inicialmente, el caso fue investigado como un suicidio, bajo la hipótesis de que el aprehendido se había ahorcado con su propio cinturón.

Pero luego la Justicia ordenó la exhumación del cadáver para la realización de una reautopsia, que fue practicada por médicos de la Asesoría Pericial de la Suprema Corte bonaerense.

Así, se determinó que Domínguez había muerto por un mecanismo asfíctico manual y los resultados de los estudios histopatológicos y químicos determinaron que el grado de alcohol que presentaba en la sangre hacía imposible el acto suicida.

Los forenses llegaron a la conclusión de que la víctima no tenía la lucidez suficiente ni la coordinación motora como para quitarse el cinturón, ajustárselo al cuello y atarlo a las rejas de una puerta de acero ubicada a 1,80 metros de altura, para luego dejarse caer.

De esta manera, en octubre de 2005 fueron detenidos el oficial de Policía Víctor Gómez, que estaba de imaginaria en la comisaría, y al sargento Germán Cernuschi, quien la noche de la detención actuó como oficial de servicio.

En ese momento, los policías fueron imputados de ‘omitir declarar torturas‘, pero un mes y medio después sala IV de la Cámara de Garantías platense recalificó su conducta como ‘encubrimiento‘, y fueron excarcelados bajo fianza. Luego, la causa cambió de fiscal en dos oportunidades, hasta que tras la última feria judicial recayó en el titular de la UFI 3 de La Plata.

Martini estudió el expediente y recalificó la conducta de los policías como ‘tortura de seguida de muerte‘ y les imputó ese delito a Cernuschi y Gómez, y también al subcomisario Príncipi, a cargo de la dependencia cuando ocurrieron los hechos, y el ayudante de guardia Leonardo Antonelli.

Además, acusó a la forense Ana María Lotito de ‘encubrimiento agravado‘, bajo la sospecha de haber realizado una práctica médica en la primera autopsia que intentó avalar la hipótesis del suicidio.

Según la fuente, Lotito habría realizado unas cortes en el mentón del cadáver que borraron la marca del cinturón con que se colgó el cuerpo de Domínguez, para simular que se había matado. (Télam).-

Más información
Una incisión al mentón “poco común” y maniobras de asfixia a cuello: las evidencias (Diario Hoy, 20feb08)

Mató a dos personas pero puede trabajar como seguridad privada

Es el ex policía Rubén Champonois el condenado por homicidio en el caso Witis. El tribunal que lo juzgó le permitió trabajar, pese a que una norma lo prohíbe, en una empresa de vigilancia. Pero la agencia no está autorizada.

 

 

(Página/12)

 

"Es una degradación a la Justicia, pero es cierto: aunque no puede por estar condenado por doble homicidio, Champonois trabaja de administrativo en una agencia de seguridad privada, pero en un horario muy raro para esas tareas: de 19 a 7. Encima nos confirmaron que la empresa es trucha." La madre de Mariano Witis –el joven asesinado junto con uno de sus secuestradores en San Isidro el 21 de septiembre de 2000– suena muy molesta cuando le confirma a Página/12 que el asesino de su hijo cumple funciones para las que está inhabilitado desde que lo exoneraron de la Bonaerense. Es que Rubén Champonois, otrora cabo de la policía provincial, trabaja desde marzo de 2007 en Bayercop SA, según lo autorizó el propio tribunal que lo juzgó pese a que un policía exonerado o condenado tiene prohibido por ley desempeñarse en servicios de seguridad privada. Más aún, la madre de Mariano contó a este diario que el ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, les informó hace unos días que Bayercop "no aparece en registros oficiales" de empresas de seguridad. "Es trucha", aclaró Witis. Anoche, Stornelli confirmó la información a este diario: "Esa empresa no figura en el registro del Ministerio ni Champonois figura como vigilador".

"Le acercamos el tema a Stornelli en diciembre y hace días nos confirmó que la empresa de la que Champonois presenta certificados de trabajo para sostener las salidas laborales (Bayercop, de servicios de vigilancia e investigaciones privadas) 'no existe con ese nombre en el registro oficial de agencias' del ministerio", relató la mamá de Mariano. "No cumplirá la normativa, pero la empresa existe", dijo haberle retrucado Raquel Witis. Página/12 accedió a la documentación que el ex policía presentó en 2007, en la que la empresa daba cuenta de que "Rubén Champonois se desempeña como administrativo de lunes a sábados de 8 a 17". El horario pasó al turno nocturno en diciembre de 2007. En el membrete de esa documentación figura que la agencia está radicada en Troncos del Talar, Tigre, y también un número de teléfono, que ayer a la tarde sólo daba tono de ocupado.

Las constancias pasan por el Patronato de Liberados –el organismo que fiscaliza las actividades de quienes tienen un régimen de salidas laborales– y terminan en el Tribunal Oral en lo Criminal 4, de San Isidro, que ofició el juicio por el crimen de Riquelme –el TOC 3 ya había condenado a Champonois por el de Witis en 2005–. De hecho, fue el TOC 4 el que nombró expresamente a Bayercop en el permiso de trabajo concedido al ex cabo bonaerense. Según precisó Raquel Witis, la mamá de Mariano, en la resolución del TOC 4 "se habilita a Rubén Emir Champonois a trabajar en la empresa Bayercop S.A. en tareas administrativas, de 19 a 7 horas".

El permiso de salidas laborales para abandonar el arresto domiciliario de Champonois quedó expreso en el fallo del 19 de diciembre pasado, en el que se extendió su condena de ocho años y medio a doce años y nueve meses por doble homicidio, al agregarse a la pena por el crimen del secuestrado la de su secuestrador. Darío Riquelme fue uno de los asaltantes que se subieron al auto de Mariano, los amenazaron a él y a su novia, los usaron como "escudo humano" para robar una sucursal del banco Itaú en San Isidro y huyeron con ellos en el Volkswagen Gol de Mariano, el Día de la Primavera de 2000. Perseguidos por la Bonaerense, el auto chocó. Y cuando Riquelme y Witis bajaron, Champonois los acribilló a tiros por la espalda.

Hoy, Champonois cumple la condena en su casa y tiene permiso del TOC 4 para trabajar en una tarea que la ley 12.297 le prohíbe realizar. El artículo 8 de esa norma establece que "no podrán desempeñarse en el ámbito de la seguridad privada quienes hayan sido excluidos de las fuerzas policiales por (haber cometido) delitos", como así tampoco "quienes posean antecedentes por condenas". "No nos oponemos a que mantenga a su familia, pero sí a que trabaje en seguridad. No queremos que ningún otro joven se vea en la situación de Mariano y Darío, ni que se cargue otra muerte más. Si abusó de la autoridad siendo policía, ¿ahora por qué habría de contenerse?", inquirió Witis.

Gatiilo Fácil, era Scioli: el crimen de una vendedora ambulante

Sonia Colman tenía 44 años y vendía palitas y atizadores en un semáforo de Del Viso. Un policía bonaerense que perseguía a dos arrebatadores abrió fuego con su itaka.

Familiares y amigos de Sonia Colman (foto), una vendedora ambulante y militante de izquierda asesinada hace un mes por un policía bonaerense en Del Viso, en otro caso de gatillo fácil, manifestaron esta mañana frente a la Gobernación provincial en reclamo de justicia.

La abogada Gisela Bustos, asistente letrada de la familia de la víctima, explicó a DyN que 'venimos a traer el reclamo de justicia y la exigencia de cárcel y castigo para todos los responsables, materiales y políticos, de este crimen impune'.

Aseguró que el policía acusado del homicidio, el teniente primero Oscar Benítez, 'si bien fue pasado a disponibilidad y mas tarde desafectado de la fuerza de seguridad provincial, continúa trabajando como guardia de seguridad en comercios de la zona, lo que ha provocado la indignación de todos los vecinos de Del Viso'.

La causa judicial está caratulada como 'homicidio culposo' y Benítez goza de libertad, pero la abogada alcaró que 'nosotros estamos peleando en la vía judicial para que esta carátula se cambie por la de homicidio doloso agravado y que el asesino vaya a la cárcel'.

'Venimos a la gobernaciÐn a traer nuestro reclamo y la exigencia de justicia y cárcel, para que se cambie la carátula; entendemos que el gobernador Daniel Scioli y su gabinete son los responsables políticos de la Policía y en consecuencia le pedimos que tome cartas en el asunto', dijo Bustos.

El viudo Antonio Espasa, a su vez ex candidato a intendente de Pilar por Izquierda Unida, fue recibido en el Centro de Atención a la VÐctima y en la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense ante quienes solicitó apoyo para que la Justicia cambien la carátula del expediente y Benítez sea encarcelado.

Mientras tanto en la calle, manifestaban compañeros y vecinos de la familia, así como miembros del Movimiento de Trabajadores Socialistas (MST) y la Corriente Clasista y Combativa, entre otros partidos de izquierda.

El hecho tuvo lugar el domingo 23 de diciembre, a las dos y media de la tarde, en el cruce de la ruta 26 y la calle Valentín Gómez, donde Colman trabajaba de vendedora ambulante cuando un disparo de Itaka atravesó su corazón y la mató en el acto.

Colman tenía 44 años, fue candidata a concejal por Izquierda Unida en el partido de Pilar, y dejó tres hijas de 23, 19 y 10 años, de su matrimonio con Espasa, quien también se presentó de candidato a intendente por la misma fuerza política.

La autoria del disparo de Itaka ha sido atribuido por la Justicia al oficial Benitez, que se bajó de un patrullero y disparó al parecer contra un Fiat en el que se desplazaban dos jóvenes sospechosos de haber cometido un robo.

Pero los proyectiles no impactaron al Fiat y en cambio alcanzaron a la vendedora ambulante, además de un Renault Clio que estaba estacionado al costado de la calle y resultó atravesado de lado a lado.

Para el viudo, según declaró en su momento a esta agencia, el de su esposa 'es el primer caso de gatillo fácil de la gestión de Daniel Scioli y Carlos Stornelli' en la provincia de Buenos Aires.

A un año, pidieron justicia por Darian Barzabal

Por Boletín de la Asociación Miguel Bru “Vinimos a tocar por Darian, para que nadie se olvide, y para apoyar a su familia!”, la voz gruesa del morocho quebró el murmullo de la tarde en la Plaza de las Madres de Los Hornos y marcó el inicio del recital que organizaron los amigos del chico al que los policías de la Comisaría Tercera de Los Hornos le arrancaron la vida de un tiro, luego de esposarlo y golpearlo, indefenso y mas vulnerable que nunca en su corta vida, en el asiento trasero de un patrullero. Sucedió hace un año atrás, una calurosa tarde de verano como esta. Tenía 17 años. “Justicia por Darian”, anunciaba la bandera pintada con aerosol colgada en la esquina de las calles 137 y 60 de Los Hornos. Frente al monumento a las madres, en un escenario improvisado, escoltado por pancartas con los rostros de Julio López, Miguel Bru y el niño Miguel Cichilitti - violado y asesinado en Mar del Plata- tocaron los chicos de “Haxxina” y “Barrock”, repartiéndose la tarde y compartiendo los instrumentos hasta que cayó la noche. En el ritual amoroso que organizaron su familia y amigos, el momento más emotivo fue cuando su primo cantó, solo y con una guitarra criolla, el tema que compuso para Darian. “Recordándolo con una canción estamos acá, no se olviden de Darian”, resumió en el estribillo la consigna de la tarde. Luego, a María Alicia Lugo, la voz solo le alcanzó para agradecer emocionada la presencia de todos los chicos y vecinos que se habían acercado para homenajear a su hijo. Mientras, a tres cuadras de la plaza, la Comisaría Tercera era custodiada por los policías que llegaron en dos camiones de infantería. Al terminar la tarde, el rostro de Darian quedó grabado en distintos lugares de la plaza, resultado del stencil que durante el recital sus hermanos y primos multiplicaron en paredes y la vereda armados con un aerosol negro. “Pedimos que no cierren la causa” En el transcurso de la tarde, María Alicia Lugo, acompañada por Rosa Bru y otros familiares de la Red de Familiares y Víctimas de Violencia Policial e Institucional de la Asociación Miguel Bru, explicó varias veces a los medios que se acercaron cual es el punto central por el que luchan hoy en la causa de su hijo: “que no cierren la investigación”. Resumió que, el 8 de enero pasado, junto a la Asociación Miguel Bru y el CIAJ (Colectivo de Investigación y Acción Jurídica) – las organizaciones que la patrocinan- reclamaron por segunda vez ante la Fiscalía General que revise la decisión tomada por los fiscales María Laura Di Gregorio y Sergio Delucis – UFI N° 4- quienes cerraron la investigación sin imputar a los policías involucrados en graves delitos vinculados a la muerte del chico. En ese recurso se pide que se impute al ex sargento Christian Gutierrez -quien hasta el presente solo tuvo que responder como encubridor - como partícipe necesario del crimen; que el Ayudante de Guardia Mariana González -encargada del libro de guardia y que omitió el registro real de los hechos- sea imputada por encubrimiento agravado e incumplimiento a los deberes de funcionario público; y que el ex Teniente Primero Iván Martínez – acusado solo por encubrimiento- sea imputado por el delito de peculado, al existir pruebas de que sustrajo un arma que tenía en custodia para plantársela a Darian. Actualmente sólo se encuentra detenido el ex sargento Santiago Regalía, acusado de haber disparado al joven. María Alicia Lugo explicó que no entiende como el fiscal adjunto, Gustavo Adolfo Lambruschini, pudo haber "...efectuado un pormenorizado análisis de las presentes piezas procesales..." -como dice la notificación que recibió a principios de enero- para leer y responder las 2500 carillas y anexos documentales que tiene la causa en solo una jornada de trabajo, según se desprende del mismo expediente y del SIM (Sistema Informático del Ministerio Público Fiscal). Rosa Bru explicó que la decisión de la UFI 4 y de la Fiscalía General –a cargo de Héctor Vogliolo y representada durante la feria judicial por Lambruschini- favorece la situación de varios de los policías imputados y propicia la impunidad, además de privar a los familiares de su derecho de acceder a la verdad de lo ocurrido. "Este caso, como tantos otros, demuestran la falta de compromiso institucional de los funcionarios del Estado que dirigen las investigaciones donde está involucrada la policía", afirmó la fundadora de la Asociación Miguel Bru.

Insólita suspensión de un juicio por gatillo fácil

La defensa de un policía dijo que un juez no era "imparcial" al preguntar. Lo recusaron y el magistrado contestó. Finalmente, el Tribunal Oral 4 de Quilmes anuló su propio juicio

Un tribunal que estaba a punto de dictar el veredicto en un juicio a un ex policía acusado de matar de dos balazos a un joven en 1999, en Florencio Varela, anuló el debate luego de aceptar que uno de sus integrantes se excuse de seguir interviniendo por presunta falta de "imparcialidad". La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) nº 4 de Quilmes en el caso de Emiliano Méndez, por cuyo crimen se estaba juzgando desde hace dos semanas a Horacio Pérez, un ex sargento de la brigada de Drogas Peligrosas de Lomas de Zamora, informó el abogado de la querella, Alejandro Zimmerman. El miércoles pasado, los jueces José Nerguizián, Mario Caputo y Alberto Ojeda debían dar a conocer el veredicto del juicio, luego de formulados los alegatos, pero el último de ellos dijo que se excusaba de seguir actuando a raíz de las acusaciones de la defensa de Pérez. Miguel Silva, abogado del ex policía, consideró que Ojeda "no fue imparcial" cuando realizó preguntas durante el debate, pero el magistrado le replicó que actuaba con "mendacidad" y rechazó la recusación en su contra. Sin embargo, decidió que fueran sus colegas quienes debían resolver sobre la cuestión y el viernes pasado los jueces aceptaron que Ojeda se apartara del debate, lo declararon nulo y ordenaron que se efectúe un nuevo juicio. Zimmerman explicó que los jueces entendieron que su colega había adelantado opinión en algunas cuestiones, especialmente cuando se defendió de las acusaciones del letrado y que eso indicaba que iba a fallar contra el imputado. El caso ocurrió el 15 de diciembre de 1999 en la calle 14 y Vieja Guardia, de Florencio Varela, cuando Méndez se movilizaba en moto junto con su amigo José Ponzio, y ambos fueron interceptados por el imputado y otro policía, que estaban sin uniforme y en un auto civil. Los policías dijeron que fueron agredidos por los sospechosos. De hecho se probó que uno de ellos efectuó un disparo. Lo que los acusados no pudieron justificar es por qué efectuaron tantos disparos. Méndez recibió dos tiros y Ponzio cinco.

Ver más: Un juicio declarado nulo (Página/12)

Condenan a dos policías torturadores pero por un delito leve

Un tribunal de Lomas los sentenció a cuatro años de prisión efectiva pero por "homicidio preterintencional". La víctima, un joven con VIH detenido en diciembre de 2002, agonizó durante 24 días en un hospital

Buenos Aires, 12 de diciembre (Télam).- Dos ex policías fueron condenados hoy a cuatro años de prisión efectiva por causar en 2002 la muerte de un joven al que golpearon durante su detención, ocurrida en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, informaron fuentes de la querella.

Se trata de los ex efectivos de la comisaría quinta de ese partido del sur del conurbano, Isidro Segundo Concha y Ramón Quevedo, considerados coautores del ‘homicidio preterintencional en concurso ideal con vejaciones‘ de Jorge ‘Chaco‘ González.

La condena coincidió con lo que había solicitado el fiscal de juicio Bernardo Schell, quien sostuvo que la agresión sufrida por ‘Chaco‘ tuvo ‘consecuencias sobre su salud‘.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de Lomas de Zamora dio a conocer el viernes último su veredicto condenatorio pero recién en una nueva audiencia realizada esta tarde fijó el monto de la pena que los dos ex policías deberán cumplir.

Según las fuentes, Concha y Quevedo no estuvieron presentes en la sala para escuchar el fallo y luego de la audiencia fueron alojados en una dependencia policial hasta que el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) decida en que penal los alojarán.

Los ahora condenados llegaron libres al juicio oral pero la semana pasada quedaron detenidos luego de que el tribunal los condenara y considerara que existía peligro de fuga hasta que se conociera el monto de la pena.

Por su parte, Ramona, madre de González, junto a otras 40 personas allegadas a la familia, estuvieron presentes en la audiencia de hoy, realizada en el edificio judicial de Camino Negro y Larroque de Banfield.

En el lugar, la policía montó un fuerte operativo de seguridad ya que en la jornada anterior ocurrieron algunos incidentes.

Es que los allegados a la víctima repudiaron, y esta tarde lo volvieron a hacer, con cánticos y pintadas, que los dos ex policías fueron condenados por ‘homicidio preterintencional‘.

Este delito, que implica que los autores produjeron efectos de mayor gravedad que los que pretendieron causar, tiene una pena máxima de seis años, que es de cumplimiento efectivo, aunque se alejó de lo que pidió la querella en su alegato.

La semana pasada, María del Carmen Verdú, una de las abogadas de la familia de González, solicitó al tribunal que los dos ex policías fueran condenados a prisión perpetua por el delito de ‘torturas seguida de muerte‘.

Para Verdú, los golpes a ‘Chaco‘ fueron ‘torturas y no de vejaciones por la intensidad y la gravedad de la agresión y porque el fin fue castigarlo y humillarlo por un robo que no cometió‘.
En tanto, el defensor oficial Daniel Baca Paunero había pedido

la absolución de los ex policías al considerar que los golpes a González y sus consecuencias no quedaron probadas.

El hecho ventilado en el juicio ocurrió el 14 de diciembre de 2002 en la localidad Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora, cuando los imputados detuvieron en la calle a González, lo tiraron al piso boca abajo y lo esposaron a la espalda.

Luego, y según la acusación, el entonces sargento Quevedo levantó a ‘Chaco‘ de los brazos, tomándolo por las esposas, y expuso su torso para que su compañero ‘le propinara puntapiés en la cabeza, pecho y abdomen‘.

Tras agonizar 24 días en dos hospitales, el joven murió por la combinación de los golpes recibidos y la patología que tenía: era portador del virus HIV y padecía tuberculosis. (Télam).-

Ocho años de cárcel para patovica asesino

Es por el crimen de Beimar Mamani, asesinado en un boliche de Once en 2006.

 

Buenos Aires, 28 de noviembre (Télam).- Un patovica acusado de  matar a golpes a un ciudadano boliviano en una bailanta del barrio  porteño de Once en febrero del año pasado fue condenado a ocho  años y medio de prisión por el delito de 'homicidio simple y  lesiones', informaron hoy fuentes judiciales
La pena, dictada por el Tribunal Oral Criminal 7, recayó en  José Pedro García, empleado de seguridad de 'Fantástico Bailable',  de Once, en tanto que resultaron absueltos dos policías federales  acusados por 'incumplimiento de los deberes de funcionario  público' al no haber evitado la golpiza que mató a Beimar Mamani.
El fiscal general Oscar Ciruzzi mantuvo la acusación por  'homicidio simple', pese a que un testigo aseguró que García atacó  con un palo a otro parroquiano de la bailanta, quien eludió el  golpe que finalmente recibió la víctima.
No obstante, un hermano de Mamani increpó en duros términos al  fiscal por considerar que la pena aplicada a García fue exigua,  puesto que esperaba una condena a más años de prisión que la  dictada por los jueces Juan Facundo Giúdice Bravo, Daniel Morín y  Gustavo Valle.
La madre del joven asesinado y otros familiares y allegados,  en cambio, se manifestaron conformes con el resultado del juicio  oral y público en el que no faltaron los cruces entre Ciruzzi y el  abogado Roberto Ribas, defensor del condenado.
El fiscal de primera instancia, Marcelo Munilla Lacasa, había  considerado probado que García, sin que mediara ninguna razón,  había atacado a golpes con un palo a Mamani, quien fue retirado  del local por sus acompañantes, que lo llevaron al hospital Penna,  donde murió dos días después. (Télam)