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La historia comenzó a cerrarse. El primer capítulo arrancó cuando Ernestina Herrera de Noble, poco después del golpe del '76, se presentó con un bebe en sus brazos ante la fallecida jueza Ofelia Hejt, entonces titular del Juzgado de Menores Nº 1 de San Isidro. Corría el 13 de mayo y la viuda de Noble urdió una historia. Apuntalada por la complicidad de la jueza y dos testigos que resultarían falsos, manifestó haber encontrado una criatura en el interior de una caja abandonada en la puerta de su residencia. El segundo acto se concretó semanas más tarde, el 7 de julio, cuando Hejt le entregó en guarda una niña abandonada por una madre que, como se comprobaría después, nunca existió.
A las 10.43 del viernes pasado, un hombre trajeado de gris topo abrió la puerta trasera de la camioneta Volkswagen Tiguan que traía a los hijos adoptivos de la dueña del Grupo Clarín. Con rictus severo y anteojos ahumados, Marcela y Felipe bajaron escoltados por más hombres grises. En silencio atravesaron los flashes de los fotógrafos y el remolino de noteros que los esperaba en la puerta del Juzgado Federal Nº 1 de San Isidro.
En el interior del edificio los aguardaba la jueza Sandra Arroyo Salgado. Los había citado a una audiencia para presentarse formalmente, pero también, y sobre todo, para marcar la cancha. Como excepción, permitió la presencia de sus abogados, Alejandro Carrió y Roxana Piña. Cumplidas las formalidades del caso, los informó de sus derechos como presuntas víctimas a conocer la causa y asistir a determinadas audiencias.
El clima era tenso. Arroyo Salgado fue al grano. Con firmeza les advirtió que la investigación continuaría, aun contra su voluntad, porque "no eran las únicas potenciales víctimas". Había personas –les explicó la jueza– que podían compartir su sangre y que los buscaban sin respiro desde hacía mucho tiempo. Agregó, además, que los entrecruzamientos debían hacerse en el Banco Nacional de Datos Genéticos (Bndg), donde contaban con las debidas "garantías de control y contraprueba".
En el epílogo de la cita, la magistrada les pidió sus consentimientos para extraer nuevas muestras o utilizar en las pruebas de histocompatibilidad las muestras de sangre, saliva y objetos personales que habían sido tomadas los días 29 y 30 de diciembre pasados. La respuesta no se hizo esperar. Ante ambas posibilidades, "los jóvenes se negaron rotundamente" fundamentando "que tienen derechos", según relató la fiscal federal Rita Molina al término de las dos horas y cuarto que duró la audiencia.
Los allanamientos. Pasado el mediodía, los jóvenes abandonaron el juzgado como habían llegado: en un férreo silencio. La negativa a periciar las muestras en el Bndg –como determinó la Sala II de la Cámara Federal de San Martin y confirmó la Sala II de la Cámara de Casación Penal– terminó por decidir a la jueza. Sin más demoras, ordenó siete allanamientos con el objetivo de recolectar nuevos rastros que permitan obtener nuevas muestras. Esta vez, uno de los procedimientos se concretó en la propia casa de la dueña del multimedios.
Al promediar la tarde, según confió a Miradas al Sur una fuente ligada a la investigación, los secretarios del juzgado, acompañados por efectivos de la Policía Federal, llegaron al domicilio de Herrera de Noble. Orden judicial en mano, se llevaron prendas y objetos personales de Marcela y Felipe para extraer de los rastros biológicos contenidos en los objetos los registros de ADN que permitan avanzar con las pruebas periciales.
Por esas horas, la respuesta del Grupo Clarín y sus aliados no se hizo esperar. El silencio que durante años mantuvieron sobre el tema se transformó en denuncia. "Violenta", "vejatoria" e "innecesaria" fueron las palabras que utilizaron los penalistas Carrió y Piña en su intento por viciar de nulidad la orden judicial. La portada online del matutino sostenía: "Nuevo y abusivo allanamiento en las casas de los hermanos Noble Herrera".
La última de Bergesio. Quienes conocen el expediente subrayan que la decisión de Arroyo Salgado tiene bases sólidas. Explican que los rastros tomados durante los allanamientos que concretó el juez Conrado Bergesio por orden de la Cámara Federal de San Martín –antes de ser apartado de la causa– se podrían haber deteriorado con el paso del tiempo. En los hechos, se trató de la última intervención del ex integrante del "Camarón" que engendró el dictador Alejandro Agustín Lanusse.
Sin embargo, no fue su última tropelía. Removido de la causa el 28 de abril pasado por los camaristas Daniel Rudi, Alfredo Mansur y Horacio Crack "para asegurar la plena vigencia del derecho en condiciones de igualdad", Bergesio "olvidó" enviarle a la nueva jueza –junto con el expediente– un tercer juego de muestras que guardaba en la caja fuerte de una de las secretarías de su juzgado. Los otros dos juegos estaban, desde el 15 de marzo pasado, en el Bndg.
La información, confirmada por Abuelas de Plaza de Mayo y fuentes judiciales, señala que Arroyo Salgado advirtió la ausencia del tercer juego el 12 de mayo, pero sólo después de leer los 45 cuerpos que acumula el expediente. Ese mismo día, Bergesio –removido ya por los camaristas– le asignó las llaves de la caja fuerte a Fernando Goldaracena, un secretario de su máxima confianza.
Cuando la jueza ordenó el traslado del material al Laboratorio de Análisis Clínicos del Cuerpo Médico Forense –el mismo día en que advirtió la irregularidad–, la caja fuerte había sido violada. Goldaracena, obturando cualquier investigación, dijo que se le había roto. El joven secretario es hijo de su homónimo, defensor del dictador Armando Lambruschini durante el Juicio a las Juntas Militares, y de otros marinos acusados por crímenes de lesa humanidad, como el capitán de navío (R) Jorge Enrique Perrén y el vicealmirante Antonio Vañek.
Lo que vendrá. "No consiento que mi material genético sea utilizado para ningún tipo de análisis de histocompatibilidad", fue la escueta respuesta de Marcela ante las propuestas de Arroyo Salgado. "Tampoco consentimos a la utilización de nuestra sangre, ni siquiera para que se haga la comparación con las dos familias querellantes, García Gualdero y Lanoscou-Miranda", agregó Felipe. Una vez más, el cerco ideológico les impedía responsabilizar a quienes los arrancaron de sus verdaderos padres.
Con los rastros obtenidos durante los allanamientos efectuados el viernes pasado, Arroyo Salgado ordenará el lunes próximo iniciar las pericias en el Bndg, según lo establece la ley. La medida, además de acceder a lo requerido por Abuelas de Plaza de Mayo, tiene el consentimiento de la fiscal Molina, quien ya dictaminó que el entrecruzamiento debe hacerse con todas las muestras aportadas por los familiares de los desaparecidos durante la última dictadura.
En San Isidro desestiman las veladas acusaciones de los abogados Carrió y Piña. Además, lejos de la sorpresa, recuerdan que la jueza actuó de la misma forma en que lo hizo en los dos causas de hijos de desaparecidos en las que le tocó intervenir. Primero buscó que las pericias se hicieran con la conformidad de las víctimas. Se trata de los casos de Francisco Madariaga Quintela –resuelto en febrero pasado– y de la hija de Beatriz Pérez Recchia –dilucidado a principios de 2009–.
Saturada por las zancadillas procesales que ante cada avance de la causa tendieron hasta aquí los abogados de Herrera de Noble, cuesta no perder de vista la esencia de la investigación que comenzó a cerrarse. En pocas palabras: la presunción de que Marcela y Felipe fueron fraudulentamente adoptados tras ser arrebatados a sus padres biológicos en el marco de un plan sistemático que secuestró, torturó y asesinó en las cárceles clandestinas de la dictadura. Hoy, a treinta y cuatro años de los hechos que originaron el expediente, la Justicia promete esclarecer las verdaderas identidades de los hijos adoptivos de la dueña "del gran diario argentino".
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