Condenados 23 agentes de la CIA por torturadores

El imán Abu Omar fue raptado en Italia y llevado a Egipto para ser torturado

 

Darío Menor  / La Razón de Madrid

 

Las violaciones de los Derechos Humanos cometidas a cuenta de la guerra contra el terrorismo islamista no quedan impunes. Se ha encargado de demostrarlo un tribunal de Milán, que condenó ayer a 23 antiguos miembros de la CIA y a dos agentes del Sismi (los servicios secretos italianos) a penas de entre tres y ocho años de cárcel. El juez Magi consideró que los culpables participaron en el secuestro del imán Abu Omar en febrero de 2003 en las calles de Milán y le trasladaron a continuación a Egipto, donde fue torturado.

Es la primera vez que una corte europea juzga un caso de los «vuelos de la CIA», en los que se trasladó a sospechosos de pertenecer a la red terrorista Al Qaida a países árabes donde se les interrogó y encarceló violando sus derechos fundamentales.

Pese a que se trata de una decisión histórica, la sentencia no ha conseguido condenar a los responsables de los vuelos de la tortura en Italia. Niccolo Pollari, entonces director del Sismi, y su «número dos», Marco Mancini, se han librado de ser enjuiciados debido al secreto de Estado. Sobre el primero pendía una petición de 13 años de cárcel y sobre el segundo de 10. Igual de intocable ha resultado Jeffrey Castelli, jefe de las operaciones de la agencia estadounidense en Italia.

Los 23 estadounidenses considerados culpables, entre los que se halla el responsable de la agencia en Milán, fueron condenados en rebeldía debido a que Washington ha negado su extradición a Italia. A las penas de prisión tendrán que añadir el pago de un millón de euros a Abu Omar y de otro medio millón a su esposa como compensación por su secuestro y posterior encarcelación durante cuatro años.

Desde Washington, el Gobierno de Estados Unidos mostró su contrariedad frente a la sentencia por medio del portavoz Ian Kelly, quien afirmó que estaban «desilusionados con el veredicto». En cambio, las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos tuvieron una reacción opuesta y calificaron la decisión de «valiente».

Seis policías presos por encubrir el crimen de un imputado

Un joven que había atropellado a dos ciclistas en City Bell apareció muerto, presuntamente en un accidente de tren, después de declarar en la comisaría. Sospechan de un asesinato

 

El fiscal platense Tomás Morán comenzó ayer la rueda de indagatorias a los cinco policías en actividad y un comisario exonerado de la fuerza que fueron detenidos el lunes a la noche, acusados de encubrimiento agravado, en el marco de una causa que se inició por un accidente y terminó con un homicidio en el año 2002.
Según fuentes del ministerio de Seguridad bonaerense, los cinco policías en actividad, entre ellos una mujer, ya fueron desafectados de sus cargos por orden del ministro Carlos Stornelli.
Tal como anticipó ayer Trama Urbana, los allanamientos y las detenciones fueron ordenadas por el juez de Garantías n° 2 de La Plata, César Melazo, a pedido del fiscal Morán.
El episodio que originó la causa que investiga el fiscal se produjo en octubre de 2002, cuando un joven de 18 años llamado Cristian Pérez atropelló con su vehículo a dos ciclistas que circulaban por la zona de City Bell.
Si bien Pérez huyó del lugar sin prestar asistencia a las víctimas, luego fue detenido por vecinos que lo golpearon y lo llevaron por la fuerza hasta la comisaría 10° de City Bell.
Allí, según la investigación, Pérez fue interrogado y luego dejado en libertad, pero pocas horas más tarde fue encontrado muerto en proximidades de las vías del tren en City Bell.
Uno de los detenidos por orden del juez Melazo es quien por entonces era el jefe de turno de esa seccional policial, el comisario Pedro Djurasek.
Fuentes del ministerio de Seguridad provincial aseguraron que Djurasek fue exonerado de la fuerza cuatro años más tarde por estar vinculado en una causa por apremios ilegales.
Además, fueron detenidos dos subtenientes, un teniente primero, un principal y un oficial inspector.
Cuatro de los efectivos apresados y el comisario exonerado quedaron alojados en el destacamento de Arana y ayer a la mañana comenzaron a ser indagados por el fiscal.
En tanto, la mujer policía fue derivada a la comisaría de la Mujer y la Familia y también será interrogada por el fiscal.
Fuentes judiciales precisaron ayer que los familiares de Cristian Pérez lucharon durante todos estos años para que la causa produjera este inesperado giro. Siempre afirmaron que Cristian no se había quitado la vida ni había sufrido un accidente, sino que lo arrojaron muerto al paso del tren para borrar las huellas de un crimen.
Para la Policía, en los primeros pasos de la instrucción que se realizó llamativamente en la comisaría 10° de City Bell, el caso fue "investigado" como "suicidio".
Desde el primer momento, el hecho a todas luces se asemejó a los emblemáticos casos Bru, Núñez, Albanese, o los aún más recientes Domínguez o Migone, producidos en los últimos años, respectivamente en las seccionales Primera de Berisso y Novena La Plata.
En todos ellos, hay un suicidio como carátula disfrazada, o una desaparición misteriosa, códigos de silencio, testigos que callan, o el mentado espíritu de cuerpo que aúna a un grupo de efectivos para callar u ocultar la verdad histórica. También se desprenden trabas en las investigaciones, y pruebas que inducen a error, complicidades judiciales y silencios oficiales.

 

 

El caso

El crimen del joven Cristian Pérez (18), ocurrido el 14 de octubre de 2002, cuando presuntamente fue arrojado al paso de un tren entre las estaciones de City Bell y Villa Elisa, todavía es motivo de investigación policial y judicial, por cuanto la autoría del hecho continúa siendo el aspecto no dilucidado.

Tal como lo reflejó oportunamente este diario, la muerte del joven se produjo horas después de haberse presentado en la comisaría de esa zona para ser identificado en una causa por un accidente que había protagonizado un día antes en la esquina de 17 y Alvear, de City Bell, cuando manejaba un Ford Falcon, presuntamente preparado para desarrollar altas velocidades.

Fue en esas circunstancias cuando Pérez atropelló a dos ciclistas, Lucas Manuel Pavela (26) y Andrés Ernesto Vera Castro (34), causando heridas de gravedad al primero de los nombrados.

Desde entonces se conjeturó que Pérez, quien antes de ser arrollado por una formación ferroviaria también había sido atacado a golpes, había resultado víctima de una presunta venganza.

Pero lo cierto es que un manto de misterio sigue envolviendo al caso y los pesquisas siguen detrás del posible autor.
 

Dos condenados y tres absueltos en un juicio larguïsimo

Durante un año el Tribunal Oral Federal 5 de Buenos Aires trató el juicio del Primer Cuerpo del Ejército. Condenaron al general Olivera Rovere y al coronel Menéndez. Pero absolvieron a tres represores del Regimiento de Patricios. Desilusión en los organismos de DDHH

Por Diego Martínez (Página/12)

Luego de treinta años de espera, de tres meses de audiencias anticipadas y otros nueve de juicio oral, en los que cuatrocientos testigos repitieron los padecimientos propios y de sus seres queridos, la alegría duró apenas segundos. El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) porteño condenó ayer a prisión perpetua al general Jorge Olivera Róvere y al coronel Benardo José Menéndez por secuestros y homicidios en la ciudad de Buenos Aires, pero absolvió de culpa y cargo a tres ex jefes militares que ocuparon altos cargos en la cadena de mandos de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura. Tanto absueltos como condenados seguirán en libertad. El fallo marca un quiebre en el proceso de justicia por los crímenes cometidos al amparo del terrorismo de Estado.

Ex jefe de la subzona Capital Federal y mano derecha del general Carlos Suárez Mason como segundo comandante del Primer Cuerpo de Ejército, Olivera Róvere fue condenado por más de un centenar de privaciones ilegales de la libertad, agravadas por su condición de funcionario público y por haber sido cometidas con violencia, y por los homicidios calificados con alevosía de los uruguayos Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw. El coronel Menéndez, ex jefe del Grupo de Artillería de Defensa Aérea y del área militar 5 en 1977, fue condenado por sólo cinco de los 41 secuestros que le imputaban, más un homicidio agravado.

Los flamantes absueltos son el coronel Humberto José Lobaiza y el general Teófilo Saa, ex jefes del Regimiento de Infantería Patricios en 1976/7 y 1978/9, a quienes distintas instancias de la Justicia federal habían procesado por 83 y 28 secuestros respectivamente, y el coronel Felipe José Alespeiti, ex segundo jefe del Patricios y jefe del área militar 2 durante 1976, imputado por 34 secuestros. Si bien los fundamentos se harán públicos el 10 de diciembre, quienes conocen la causa a fondo descuentan que se condenó sólo por los casos en los que se probó la intervención directa de los imputados.

Con el fallo de ayer suman 23 los imputados que fueron juzgados en 2009. Antes fueron condenados cinco represores en San Luis, el apropiador Víctor Rei, dos carceleros y dos interventores militares de Misiones, el general Pedro Mansilla en Mar del Plata (donde fue absuelto Alejandro Duret) y el general Santiago Riveros y cinco de sus subordinados en Campo de Mayo. La lista de condenados por crímenes de lesa humanidad desde la reapertura de los juicios asciende a 58, de los cuales 26 están en una cárcel, quince gozan de arresto domiciliario, diez están en la unidad de Campo de Mayo –donde ningún juez realizó nunca una inspección ocular– y siete están en libertad, incluidos Olivera Róvere, Menéndez y los ex jefes de Mansión Seré, todos condenados por el TOF 5.

Un paso atrás

La sala explotó cuando el juez Guillermo Gordo, que no preside pero ofició de vocero del tribunal, concluyó la lectura. A los gritos de "¡cómplices!" y "¡asesinos!" siguió una música que ya es marca registrada de los procesos a represores: "Como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar". "Por segunda vez este tribunal absuelve a genocidas", informaba una militante de HIJOS con un megáfono en la vereda de Comodoro Py. "Queremos que los vecinos de Recoleta tengan claro que si el Poder Judicial no hace justicia y estos tipos siguen libres, la condena social seguirá vigente", agregó, como anticipo de nuevos "ataques acústicos" para informar a los vecinos de represores sobre sus labores durante la dictadura.

"Filmen las caras de los genocidas impunes para que todo el mundo las conozca", proponían a los camarógrafos, mientras algunos familiares de desaparecidos alternaban críticas al Poder Judicial y a los medios de comunicación presentes. "¿Dónde estuvieron ustedes durante los nueve meses que duró el juicio?", gritaba un hombre con los ojos llenos de lágrimas. "Vayan a buscar a los genocidas, que siguen libres, y no sigan filmando nuestro dolor, que no sirve de nada", les explicaba a los gritos.

"Se probó la división territorial y la función de las áreas militares como elementos de ejecución, no se entienden las absoluciones", destacó Gerardo Fernández, del CELS. "Había pruebas para condenar a todos. Nos hubiera gustado que la sociedad pudiera tener acceso al debate para comprobarlo. Hay que esperar los fundamentos, pero la absolución de ex jefes de áreas es un paso atrás respecto de los criterios aplicados en el Juicio a las Juntas", agregó.

"De ahora en más se puede esperar cualquier cosa de este tribunal", resumió el fiscal federal Félix Crous, que había pedido una pena de 25 años de prisión para los tres absueltos. "Desde antes del comienzo del juicio, personal del tribunal hizo conocer a terceros la presunción de que los jefes de área eran inocentes. Causa inquietud que haya podido haber un prejuicio sobre la responsabilidad de los imputados y que pueda haber repercutido en el fallo", agregó, y consideró "irónico" que los fundamentos se lean el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

"El fallo implica negar la existencia de un plan sistemático, implica considerar que los jefes de área podían desconocer los secuestros y asesinatos que ocurrían en Capital Federal. Es como pensar que entre Olivera Róvere y las patotas no había nadie en el medio", reflexionaron miembros de HIJOS regional Capital.

"Las condenas se ven opacadas por la absolución a quienes fueron jefes operativos. El tribunal pretende instalar la teoría de la 'obediencia debida' cuando ya en el fallo de la causa 13 se afirmó la existencia de un plan de exterminio de las Fuerzas Armadas y el Estado en su conjunto", consideró la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Página/12 le pidió una opinión sobre el fallo a una decena de familiares de los imputados. Todos prefirieron guardar silencio.

Asesinado a los 15 años

Dos camioneros denunciaron el robo de unos documentos y alguien les pidió dinero para la devolución. La Policía montó un operativo. Y dos oficiales mataron a un pibe de 15 años al que quisieron acusar por el robo.

 

Dos policías fueron detenidos en Pergamino acusados de haber asesinado a un adolescente de 15 años al que aparentemente querían detener por una extorsión, cuyo cuerpo dejaron abandonado en un descampado en las afueras de la ciudad con un balazo en el cuello. El ministerio de Seguridad bonaerense informó que los dos uniformados fueron desafectados de su cargo, al igual que el jefe de la seccional Segunda de Pergamino.
El hecho comenzó el lunes pasado, cuando dos camioneros denunciaron que les habían robado sus documentos cuando habían dejado detenido sus transportes en la vía pública.
Horas después, los transportistas recibieron un llamado extorsivo en el cual un hombre les aseguraba que tenía sus documentos y que se los podía devolver a cambio de una suma de dinero. Ante esa situación, los camioneros volvieron a la comisaría y contaron lo que ocurría, y en la seccional policial les dijeron que siguieran adelante con las negociaciones y que iban a organizar un operativo para detener a los extorsionadores. "Todo esto lo hicieron sin contar lo que estaba pasando a la Justicia", explicó la fuente consultada.
Los policías montaron el martes por la tarde un procedimiento en proximidades del club Banco Provincia de Pergamino, donde se había pactado la entrega de dinero. "Pidieron que dejen una suma de dinero en un sobre junto a un poste y que luego se comunicarían y devolverían los documentos", dijo un investigador.
De pronto, un adolescente se acercó al lugar, vio el sobre, lo abrió y, como no había nada, lo tiró al piso, pero en ese momento entraron en acción los policías que comenzaron a interrogar al muchacho, se generó un forcejeo y el chico recibió un balazo que ingresó en el cuello y salió por el omóplato.
La principal sospecha es que no formaba parte de la extorsión, sino que alguien le dijo que busque el sobre a cambio de algunos billetes.
Luego del disparo, los policías abandonaron el lugar y lo dejaron tirado en un descampado. Un vecino que encontró el cuerpo llamó al 911 y el fiscal, en base a distintas declaraciones, ordenó la detención de los dos policías.

Juicio por los crímenes en la Unidad 9 de La Plata

Comenzará en diciembre y están acusados 11 guardiacárceles y 3 médicos de esa cárcel de detenidos políticos. Les imputan 5 homicidios, 1 caso de tortura seguido de muerte y decenas de torturas


La Plata, 20 de octubre (Télam).- La Justicia Federal de La Plata juzgará a 14 agentes del Servicio Penitenciario por delitos de lesa humanidad cometidos en la Unidad 9 de esta capital, en el primer juicio oral que por esta clase de delitos se instruye en la provincia contra personal penitenciario, informó una fuente judicial.
La medida la adoptó el Tribunal Oral Federal 1 (TOF) de La Plata que integran Carlos Rozanski, Horacio Insaurralde y Pablo Bertuzzi, que fijó para el próximo 3 de diciembre el inicio de las audiencias orales y públicas.
El juicio se extenderá por alrededor de 4 meses en los que se presentarán unos 240 testigos para el juzgamiento de 5 homicidios, un caso de tortura seguida de muerte y más de 70 casos de tortura y privaciones ilegales de la libertad.
Catorce agentes penitenciarios, encabezados por el ex Director de la Unidad, Abel Dupuy, serán juzgados por delitos de lesa humanidad ocurridos entre 1976 y 1979, durante la última dictadura militar.
Además de Dupuy, serán sometidos a juicio oral Isabelino Vega, Víctor Ríos, Elvio Cosso, Catalino Morel, Ramón Manchado Fernández, Jorge Luis Peratta, Segundo Andrés Basualdo, Valentín Romero, Héctor Acuña, Raúl Aníbal Rebaynera.
Además están procesados y serán juzgados Carlos Domingo Jurio, Enrique Leandro Corsi y Luis Domingo Favole, tres médicos que en ese momento se desempeñaban en la Unidad 9 de La Plata.
Dupuy está acusado de 59 casos de tortura, 5 homicidios, 7 privaciones ilegales de la libertad y un caso de tortura seguida de muerte.
La unidad penal número 9 fue una de las cárceles que recibió más presos políticos durante la última dictadura cívico militar.
Los detenidos provenían de otros centros clandestinos de detención y al llegar al penal eran "blanqueados", aunque las torturas continuaban.
En general, los detenidos eran liberados y asesinados a la salida del penal, con el fin que quedara asentada su salida formal de esa unidad carcelaria.
Durante las audiencias, el Tribunal que condenó a prisión perpetua a Miguel Etchecolatz y Christian Von Wernich, juzgará los homicidios de Horacio Rapaport, Juan Carlos Deghi, Ángel Georgiavis, Rufino Pirles y Dardo Cabo y el caso de tortura seguida de muerte contra Alberto Pinto.
Los penitenciarios están acusados además de torturar y privar de la libertad ilegalmente a más de 80 ex detenidos políticos entre los que se encuentran el intendente de Quilmes, Francisco "Barba" Gutiérrez y el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.
En la causa, también están como víctimas el ex presidente de Racing y ex funcionario del gobierno provincial, Juan Destefano; el escritor Eduardo Anguita: el ex legislador porteño, Eduardo Jozami, Juan Scatolini y el abogado Carlos Slepoy, entre otros. (Télam).-