Cuestionan a jueces subrogantes de Casación

Buenos Aires, 19 de marzo (Télam). Los jueces de la Cámara de Casación que resolvieron a favor de la libertad de ex militares acusados de violaciones a los derechos humanos forman parte de la "política de impunidad" para los "artífices del genocidio en la Argentina", afirmó el abogado Roberto Yanzón ante el Consejo de la Magistratura.

A través del letrado, la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos realizó hoy un "informe" oral ante el Consejo de la Magistratura como complemento del pedido de remoción de los jueces subrogantes de Casación Guillermo Yacobucci y Luis María García, por favorecer la libertad de ex marinos, entre ellos Alfredo Astiz, procesados en causas por delitos aberrantes durante la última dictadura militar.

Al pedido de remoción se sumaron sobrevivientes de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), presentes durante el informe realizado esta tarde ante la Comisión de Acusación del Consejo por el abogado Rodolfo Yanzón y Graciela Daleo.

Yacobucci y García, de la Sala II de la Cámara de Casación, fueron quienes en diciembre último firmaron el "cese de la prisión preventiva" de Astiz, Jorge Acosta, Raúl Scheller y otros ex oficiales y días atrás las excarcelaciones de Daniel Néstor Cuomo y Miguel Angel Clements, todos procesados por violaciones a los derechos humanos, como privaciones ilegales de libertad y tormentos.

Un recurso del fiscal Raúl Plée en el caso de los ex marinos beneficiados en diciembre y la millonaria fianza fijada por el juez federal Sergio Torres, impidió hasta ahora que se concretaran los fallos de la Sala II del máximo tribunal penal de la nación.

Como para los sobrevivientes de la ESMA y la Liga las decisiones de los magistrados son "absolutamente ilegales", por los mismos motivos ayer presentaron una denuncia por prevaricato y abuso de autoridad, que quedó radicada ante el juez federal Claudio Bonadío.

Para Yanzón, Yacobucci y García continúan con la "política de impunidad" del tribunal, cuyo principal ejecutor fue, a su criterio, el ex camarista de casación Alfredo Bisordi, quien en su momento llegó a calificar al ex presidente Néstor Kirchner como su "enemigo número uno".

En su exposición ante la presidenta de la Comisión de Acusación, Diana Conti, y la consejera Marcela Losardo, Yanzón discrepó con el criterio de los camaristas al afirmar que la libertad de los ex militares constituirá un obstáculo para el avance de las causas por delitos de lesa humanidad.

"Queremos que lleguen al juicio oral en la cárcel", enfatizó Daleo, a su turno, y afirmó que la Cámara de Casación "obstruyó juicios que llegaron 25 años tarde" y que esa demora "es una afrenta a los deseos de justicia".

Daleo, que fue víctima de la represión, opinó que los militares "con su silencio y ocultamiento de archivos" dificultan el progreso de las pesquisas y que "están dispuestos a todo, como fraguar un estado de incapacidad, como (el ex almirante Emilio Eduardo) Massera".

El pedido de remoción consignó que Yacobucci y García, con sus decisiones, "se han sumado a la trama de complicidad política y judicial que ha hecho posible que hasta ahora los artífices del genocidio en la Argentina no han podido ser juzgados".

La presentación agregó que a las demoras se sumó ahora, "como recompensa" la libertad de los ex marinos, "con el riesgo inevitable de fuga y de obstruir el accionar de la justicia, esencialmente (mediante) la presión y/o amedrentamiento a testigos".

La denuncia mencionó, en tal sentido, el caso de Jorge Julio López, desaparecido hace 30 meses, luego de declarar como testigo en el juicio oral y público contra el ex comisario de la policía bonaerense Miguel Angel Etchecolatz. (Télam)