Carlos Simón - Diario Los Andes
El juez Federal de San Rafael, Héctor Raúl Acosta, elevó a juicio cuatro de las causas por desapariciones ocurridas desde 1975 y durante la última dictadura militar en este departamento. En ellas serán juzgados Luciano Benjamín Menéndez, ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército; el coronel (RE) Aníbal Alberto Guevara Molina; el ex comisario y ex titular de la Unidad Regional II de la Policía de Mendoza, Raúl Alberto Ruiz Soppe; el ex oficial de la policía de Mendoza, José Martín Mussere (enlace entre las fuerzas militares y policiales en la época investigada); Juan Roberto Labarta, ex integrante del tristemente célebre D2; el ex médico de la Policía de Mendoza, Cristóbal Ruiz Pozo y Raúl Egea, abogado de la misma institución.
De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, los hechos que serán juzgados corresponden a las causas A 1368, A14092; A14095 y A 13269 en las que se investigaron las desapariciones de Francisco Tripiana, Roberto Osorio, Pascual Sandoval y José Guillermo Berón, todos radicados en este departamento sureño.
También existen querellas iniciadas por la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, representada por el doctor Héctor Rosendo Chávez y de Nilda y Jesús Tripiana, representados hasta el viernes pasado por Alejandro Cazabán, quien se apartó de la causa por ser actualmente el secretario general de la Gobernación y hombre fuerte del gobierno de Celso Jaque. Aún quedan en esta sede judicial otros casos similares en etapa de instrucción.
Causas del Tercer Cuerpo
Ésta es una de las derivaciones del proceso que se sigue en Córdoba por la actuación de las personas que comandaron el Tercer Cuerpo de Ejército con jurisdicción en nuestra provincia. También desde este tribunal, y en relación a otros casos, en 2006 surgió la orden de detención de la ex presidenta Isabel Perón y de los miembros de su último gabinete (ver aparte).
Cabe destacar que salvo Menéndez, que cumple detención domiciliaria por dos condenas (en Córdoba y Tucumán), todos los procesados en San Rafael fueron excarcelados y permanecerán en esa situación hasta que se determine su culpabilidad o no, en los casos que se investigan y que ahora serán juzgados.
La decisión judicial de la que tomó conocimiento Los Andes fue adoptada el 12 pasado y las actuaciones se encuentran ya en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 integrado por los doctores Héctor Cortés, Jorge Roberto Burad y Roberto Nacif.
En las consideraciones de la elevación se hace un extensísimo y detallado relato de más de 100 carillas del contexto histórico en que se produjeron los hechos "para comprender en su real dimensión lo sucedido y en especial para ser tenido en cuenta al valorar la prueba producida" y se agregan declaraciones de testigos e imputados.
Entre otras pruebas, se adjunta documentación y se citan otros fallos para probar que en el tiempo que se produjeron las desapariciones "existió en nuestro país un plan sistemático generalizado de desaparición forzada de personas y exterminio, concretizado ello en líneas generales en la privación ilegítima de la libertad de distintas personas, su alojamiento en centros de detención clandestina, la aplicación de torturas, tormentos, vejámenes a los detenidos, su ejecución sumaria y la posterior desaparición de los cadáveres a través de distintos métodos".
Debe señalarse que en los casos que ahora se juzgarán, los desaparecidos, de acuerdo a anotaciones policiales y judiciales de la época incluidas en las pruebas, figuraban como liberados. En el caso Tripiana, la firma de conformidad de liberación, se comprobó, fue falsificada.
En la elevación del Tribunal Federal de San Rafael se adjunta también un libro de novedades (período 23/12/75 al 12/4/76) del centro de detención denominado Casa Departamental que funcionó en la Alcaidía de los Tribunales Provinciales de San Rafael y sobres con distintas pruebas acumuladas durante la instrucción.
Ahora es el Tribunal Oral en lo Criminal Número Dos el que debe determinar la fecha y lugar del juicio.
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