La Justicia condenó en Corrientes al presidente de la Sociedad Rural, un militar retirado, a 25 años de prisión. La misma pena le cabió al teniente Horacio Losito, agregado cultural en Italia durante el gobierno de De la Rúa.
Corrientes, 6 de agosto (Télam).- El primer juicio por delitos de lesa humanidad realizado en Corrientes concluyó con el dictado de una condena perpetua, dos penas de 25 años, otra de 18 y una absolución para represores que actuaron durante la última dictadura militar, que se inscribe entre los fallos de derechos humanos de segunda generación.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal impuso la pena a perpetuidad para el teniente coronel Julio Rafael Barreiro; al ex capitán -y presidente de la Sociedad Rural correntina- Juan Carlos De Marchi le dictó 25 años, lo mismo que para el teniente coronel Horacio Losito.
Al ex comandante de la Gendarmería, Raúl Alfredo Reynoso, le aplicó 18 años, y absolvió al ex suboficial de la Gendarmería, Carlo Piriz.
También forma parte de este grupo de represores enjuiciados el último jefe del Ejército durante la dictadura, Cristino Nicolaides, aunque el juzgamiento fue pospuesto debido a que se encuentra internado en Córdoba por su estado de salud.
Cuando terminaba la lectura de las condenas, la agitadora política en favor del terrorismo de Estado, Cecilia Pando, interrumpió a los gritos de 'cobardes' contra los miembros del tribunal y amenazó con 'te voy a matar con mis propias manos' al secretario de DDHH de la Nación, Eduardo Luis Duhalde.
El fallo a los cuatro condenados -que se sustanció a lo largo de seis meses y un día- terminó con perpetua para el teniente coronel Barreiro, a quien la fiscalía consideraba menos responsable de los hechos que el teniente coronel De Marchi, señalado como un oficial con capacidad de decisión que dirigía e impartía las órdenes y comandaba las torturas.
La pena de 25 años para De Marchi se apoya en la comprobación de que el represor cometió los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada.
Los delitos por los que fueron juzgados los cincos imputados se cometieron en el ex Regimiento 9 de Corrientes, en dependencias del cuartel de Santa Catalina, en la jefatura de la Policía de Corrientes y en la Brigada de Investigaciones de la fuerza de seguridad entre principios de 1976 y finales del '77.
La pena de un cuarto de siglo también fue dictada para el teniente coronel Losito, mientras que al ex comandante de Gendarmería Reynoso fue sentenciado a 18 años de prisión por los delitos de asociación ilícita con participación necesaria en la privación ilegítima de la libertad en seis ocasiones y por privación ilegítima de la libertad en el caso de un perseguido político.
Los jueces fallaron la absolución para Piriz, por lo cual dictaron su libertad.
El presidente del Tribunal Oral es el juez Víctor Alonso e integran el juzgado Lucrecia Rojas de Bardaro y Guillermo Navarro.
El fallo por delitos de lesa humanidad del Tribunal Oral en lo Criminal Federal se suma a otros en su tipo, como la condena reciente para el represor Luciano Benjamín Menéndez, en Córdoba, cuya realización fue posible luego de la derogación de las leyes de impunidad Punto final y Obediencia debida.
Estas leyes, aprobadas a finales de 1986 y a mediados de 1987, se convirtieron en un obstáculo jurídico para el juzgamiento de la represión de Estado, luego que en 1985 fueron juzgados y condenados nueve integrantes de las juntas militares de la última dictadura, catalogado como el fallo de DDHH de primera generación. (Télam)
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal impuso la pena a perpetuidad para el teniente coronel Julio Rafael Barreiro; al ex capitán -y presidente de la Sociedad Rural correntina- Juan Carlos De Marchi le dictó 25 años, lo mismo que para el teniente coronel Horacio Losito.
Al ex comandante de la Gendarmería, Raúl Alfredo Reynoso, le aplicó 18 años, y absolvió al ex suboficial de la Gendarmería, Carlo Piriz.
También forma parte de este grupo de represores enjuiciados el último jefe del Ejército durante la dictadura, Cristino Nicolaides, aunque el juzgamiento fue pospuesto debido a que se encuentra internado en Córdoba por su estado de salud.
Cuando terminaba la lectura de las condenas, la agitadora política en favor del terrorismo de Estado, Cecilia Pando, interrumpió a los gritos de 'cobardes' contra los miembros del tribunal y amenazó con 'te voy a matar con mis propias manos' al secretario de DDHH de la Nación, Eduardo Luis Duhalde.
El fallo a los cuatro condenados -que se sustanció a lo largo de seis meses y un día- terminó con perpetua para el teniente coronel Barreiro, a quien la fiscalía consideraba menos responsable de los hechos que el teniente coronel De Marchi, señalado como un oficial con capacidad de decisión que dirigía e impartía las órdenes y comandaba las torturas.
La pena de 25 años para De Marchi se apoya en la comprobación de que el represor cometió los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada.
Los delitos por los que fueron juzgados los cincos imputados se cometieron en el ex Regimiento 9 de Corrientes, en dependencias del cuartel de Santa Catalina, en la jefatura de la Policía de Corrientes y en la Brigada de Investigaciones de la fuerza de seguridad entre principios de 1976 y finales del '77.
La pena de un cuarto de siglo también fue dictada para el teniente coronel Losito, mientras que al ex comandante de Gendarmería Reynoso fue sentenciado a 18 años de prisión por los delitos de asociación ilícita con participación necesaria en la privación ilegítima de la libertad en seis ocasiones y por privación ilegítima de la libertad en el caso de un perseguido político.
Los jueces fallaron la absolución para Piriz, por lo cual dictaron su libertad.
El presidente del Tribunal Oral es el juez Víctor Alonso e integran el juzgado Lucrecia Rojas de Bardaro y Guillermo Navarro.
El fallo por delitos de lesa humanidad del Tribunal Oral en lo Criminal Federal se suma a otros en su tipo, como la condena reciente para el represor Luciano Benjamín Menéndez, en Córdoba, cuya realización fue posible luego de la derogación de las leyes de impunidad Punto final y Obediencia debida.
Estas leyes, aprobadas a finales de 1986 y a mediados de 1987, se convirtieron en un obstáculo jurídico para el juzgamiento de la represión de Estado, luego que en 1985 fueron juzgados y condenados nueve integrantes de las juntas militares de la última dictadura, catalogado como el fallo de DDHH de primera generación. (Télam)
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