Es un hombre de 33 años, al que un grupo de abogados encontró en la seccional Novena. Una perito médica lo atendió en la cocina y determinó que no era un sitio apto para estar detenido. En mayo de 2005, la Corte nacional había ordenado a la Provincia que cesara este tipo de situaciones
La Justicia dispuso que un preso que sufre de epilepsia sea retirado de una comisaría de La Plata en donde estaba detenido y alojado en una cárcel, lugar en el que podría recibir una atención médica mucho más adecuada.
Se trata de un interno de 33 años, al que Trama Urbana identificará por sus iniciales, W. P., quien estaba recluido en la seccional Novena y en los últimos meses sufrió un incremento en las crisis habituales de la enfermedad que padece, informaron fuentes judiciales.
La presencia de ese detenido fue detectada gracias a una recorrida por diferentes seccionales de la región de un grupo de abogados, encabezados por el presidente del Colegio de Abogados de La Plata, Pedro Augé, y el Defensor General oficial, Omar Ozafrain, en la que procuraron establecer las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad en esas dependencias policiales.
La idea de este grupo es verificar el cumplimiento del fallo Verbitsky, en el que la Corte Suprema de la Nación ordenó a la Provincia, allá por mayo de 2005, que haga cesar la detención de presos con enfermedades en las comisarías, en un plazo de 60 días.
Luego de visitar al detenido en la Novena, una perito médica de la Asesoría Judicial dictaminó que no es el lugar para mantener a un detenido en esas condiciones de salud.
"Una comisaría no es un lugar adecuado para que se le suministren medicamentos en forma regular, se realicen controles, y se traten los episodios de crisis que se refieren", señaló la perito María Andrea Mons, en un dictamen al que Trama Urbana tuvo acceso.
Incluso, señaló que ella tuvo que realizar el examen médico al detenido en "la cocina de la Seccional, con personal policial presente, entrada y salida de gente, condiciones éstas que sólo permiten realizar una entrevista". La perito llegó allí por orden de la Sala II de la Cámara de Garantías platense, en el marco de un hábeas corpus presentado por Augé y Ozafraín. A raíz del dictamen de la médica, quien lo fundamentó en pactos y tratados internacionles de Derechos Humanos, específicamente sobre el tratamiento a detenidos, la Sala hizo lugar al hábeas corpus y dispuso que el detenido pase a una dependencia carcelaria del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Los jueces María Elia Riusech y Carlos Ocampo indicaron en su fallo que "si bien (el preso) ha recibido la atención médica correspondiente en ocasión de sufrir un ataque (...) la comisaría no resulta el lugar adecuado para que se le suministren medicamentos en forma regular, se realicen controles y se traten los episodios de crisis que padece".
Ahora prefieren la cárcel
Pero ahora, el descalabro del sistema penal dio vuelta la situación. El defensor general de La Plata, Omar Ozafrain, en diálogo con Trama Urbana, lo remarcó: "Es paradójico, porque está cambiando un reclamo histórico de los presos. Ahora nos piden ir lo más rápido posible a una cárcel y no a las comisarías".
De acuerdo a un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales, en todas las comisarías de la Provincia había en marzo pasado unos 3.800 presos. El mismo documento destacó que entre 2005 y 2007 esa cifra bajó un 47 por ciento, aunque remarcó que las seccionales "no ofrecen las condiciones mínimas para alojar presos".
También la Comisión por la Memoria, el año pasado, en el informe "Ojos que no ven, El Sistema de la Crueldad II" destacó en un capítulo sobre las comisarías -basado en informes de funcionarios judiciales que visitaron 250 en toda la Provincia- que "en gran parte, se trata de edificaciones muy antiguas, en mal estado de conservación e higiene y -por no haber sido construidas para albergar personas de manera permanente- antifuncionales".
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