Murieron 66 presos en cárceles de la Provincia en el último año

Son datos consignados en el último informe del Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria. Los fallecimientos obedecen a distintas causas, pero los especialistas destacaron fallas en la atención médica. Fueron asesinados 23 internos en peleas. Y 13 se suicidaron El Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria reveló que en el último año 66 presos murieron por diferentes motivos en todos los penales de la Provincia. La cifra surge de uno de los tantos tópicos del informe El Sistema de la Crueldad III, que fue presentado el miércoles pasado en el Colegio de Abogados de La Plata, con un importante marco de público y de especialistas, además de funcionarios, entre los que se destacó el flamante ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal. El total relevado, aclara el Comité en el informe, surge de cifras extraoficiales, provenientes de fiscalías, organizaciones de Derechos Humanos y medios de comunicación. 23 de esas muertes corresponden a peleas entre internos, 13 a suicidios, 6 a "otros motivos", y el resto, 14 casos, a diversas patologías clínicas (gráfico). El Comité citó como ejemplo el caso de Omar Borda Ledesma, un preso que ingresó a la U 22 de Olmos en mal estado, con VIH y tuberculosis. Medía 1,70 y pesaba 50 kilos, y el informe de autopsia consignó un "mal estado de nutrición, adelgazado y mal desarrollo óseo y muscular". Así, el informe critica la utilización del concepto de "muerte natural" para señalar que "muchos casos permiten tipificar recurrentes situaciones de abandono de persona". En el trabajo, que es un libro de 300 páginas, se criticó la falta de investigación judicial de estos casos. "El destino de las pocas causas que se inician es el archivo", se indicó. Y se añadió: "Las fiscalías no están preparadas para perseguir este tipo de delitos y tampoco tienen la voluntad política de hacerlo". Violencia de todo tipo Las estadísticas del Comité relevaron además 2.057 hechos violentos que derivaron en lesiones o muertes en el primer cuatrimestre de 2007, lo que indica una proyección anual de 6.000. Así, en base a información propia y la suministrada por la Suprema Corte de Justicia en el marco de la acordada 2.825 -la cual, señala, no cumplen todos los juzgados-, se realizan las siguientes clasificaciones: lPeleas entre dos o más internos: 1.034 lRepresión: 394 lAutolesión: 267 lAgresión entre internos: 214 lSin datos: 211 lAgresión al personal: 146 lAccidente: 126 lAgresión policial: 29 lOtros: 97 El Comité aclara que la mayoría de los informes de registros oficiales corresponden a peleas entre internos, mientras que la información que proviene de los presos corresponden a torturas y malos tratos. "Son dos visiones de los hechos violentos", explica, y se concluyó que el número que corresponde a represión "es alto", ya que revela que 3 hechos represivos suceden por día en todos los penales. Así, siempre en el primer cuatrimestre de 2007, se denunciaron 106 lesiones y 165 malos tratos. En otro capítulo del informe, se explica que hay 12 casos de uso de picana eléctrica bajo investigación. Como otro tipo de malos tratos, se enumeran represalias a testigos que denuncian y los traslados constantes de los presos -conocidos como "calesita"- que vulneran "los derechos a la visita, el trabajo y el estudio". / FM

Madres, niños y menores institucionalizados

En diversos capítulos, el Comité repasa la situación de madres detenidas junto a sus hijos, la salud de niños y niñas en lugares de detención y la implementación de la nueva Ley de Responsabilidad Penal Juvenil.

Respecto del primer ítem, se consigna que hay 76 madres detenidas con sus hijos -”uno de los grupos más vulnerables”- y 22 embarazadas, de un total de 780 mujeres presas en todo el territorio bonaerense. El tiempo promedio de detención de estos dos grupos es de 1 año y 8 meses, y la mayoría está detenida por delitos contra la propiedad (40%) o tenencia y comercialización de estupefacientes (31%).

En el segundo ítem se destaca el caso de Yoel, el bebé de 5 meses que falleció en julio de este año en la U33. “El pequeño padecía una bronqueolitis desde hacía más de una semana”, recordó el informe, y calificó su muerte de “evitable y anunciada”.

Respecto de los chicos institucionalizados, señaló que “la atención de la salud padece las mismas falencias que la de los adultos en cárceles y comisarías: falta de médicos, esca- sos controles de salud, problemas en la provisión de medicación”.

Se consignó asimismo la muerte de 5 niños judicializados o institucionalizados, cuatro de ellos en enfrentamientos con la Policía y uno en el Centro de Recepción que la Subsecretaría de Minoridad tiene en Lomas de Zamora, por el que se abrió una causa penal. Era un joven que iba a ser derivado a una comunidad terapéutica. Pero, por la burocracia, nunca llegó.

“La mirada de los jueces es contemplativa, de avalamiento”

“Los jueces tienen responsabilidad no solamente por la omisión en el seguimiento de estos casos, sino también por la gran cantidad de gente que está detenida sin sentencia definitiva”, consignó el co-presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, Hugo Cañón.

En declaraciones radiales, el fiscal General de Bahía Blanca explicó que “hay una ideología que impera en la sociedad. Una suerte de prejuicio, respecto a la subcategoría de seres humanos a quienes son víctimas de estos hechos, y una impunidad del sistema represivo penintenciario o policial”.

Al hablar de las torturas y malos tratos, Cañón criticó “la mirada de los jueces que, por otra parte, es contemplativa, de avalamiento de estas conductas ilícitas”

Precisamente, uno de los capítulos del informe “El Sistema de la Crueldad III” aborda el rol del Poder Judicial. Por un lado, se recuerda que jueces y fiscales tienen la obligación de visitar periódicamente las cárceles.

“En su mayoría, los informes que elaboran los magistrados resultan escuetos y describen de manera aséptica qué es lo que ven. No otorgan el mecanismo de contralor de las condiciones de detención”

Por otro lado, se critica la falta de sanción penal y el enfoque en la investigación de los hechos de violencia intramuros. “No se recibe declaración a la víctima ni a testigos, contrariando instrumentos internacionales que señalan una investigación independiente”, se consignó.

La acción judicial: los hábeas corpus

Otro capítulo del informe hace un análisis de los hábeas corpus (H. C.) presentados por el Comité contra la Tortura para denunciar agravamientos en las condiciones de detención. Se señala, en este sentido, que muchos jueces naturalizan las ya difíciles condiciones de detención, por lo que consideran agravamiento sólo si las condiciones denunciadas son “peores” a las anteriores. Entre junio de 2006 e igual mes de 2007, el Comité presentó 531 hábeas corpus. 51% de ellos correspondió a golpes, heridas o torturas; 29% a problemas de salud; 9% a amenazas; y 8% a traslados constantes. Entre los problemas se advierte la imposición de costas a los presentantes y el rechazo de los H. C. sin entrevistar al detenido.