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2011-02-04T23:44:00.001-03:00

Actualmente, se está reformando a una página personal. Tengan paciencia.

Atte.,
FM

Ronda de alegatos en el juicio a Videla

2010-11-23T00:39:00.001-03:00

Mañana comenzarán los alegatos en el juicio que se sigue en Córdoba por delitos de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura, y que tienen como principales responsables a los represores Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez.

El Tribunal abrirá la audiencia para escuchar el alegato de María Elba Martínez y Hugo Vaca Narvaja, abogados querellantes que representan a los familiares de 13 de las 37 víctimas que suman los dos expedientes que se acumularon para este proceso de enjuiciamiento.

El miércoles se realizará la segunda audiencia de alegatos con la exposición de los querellantes Martín Fresneda y Claudio Orosz; el jueves lo harán los querellantes restantes Elvio Zanotti, Lilian Luque, Gerardo Battistón, Juan Ceballos, Miguel Martínez y Rubén Arroyo.

El martes 30 alegarán los fiscales Maximiliano Hairabedían y Carlos Gonella, en tanto que la defensa lo hará a partir del 1 de diciembre. Se estima que se dictará sentencia la segunda quincena de diciembre.

En la causa se juzga la muerte de 31 presos políticos mediante la aplicación de la Ley de Fugas. Los delitos son "imposición de tormentos agravados, homicidio calificado, encubrimiento e imposición de tormentos seguido de muerte".

Denuncian por torturas en una comisaría de La Plata

2010-10-07T00:02:00.001-03:00

Un defensor y un fiscal del Fuero Penal Juvenil denunciaron hoy a policías de la comisaría sexta de La Plata por apremios ilegales, torturas y vejámenes a un adolescente de 17 años que había sido demorado por el presunto delito de resistencia a la autoridad, se informó oficialmente.

La denuncia fue presentada por el Defensor Oficial del Fuero Juvenil, Julio Axat, y la fiscal Silvina Pérez, quienes solicitaron además se preserve la integridad física del chico y se dé intervención a Asuntos Internos del ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia.

En el escrito, al que tuvo acceso Télam, Axat denunció que ayer recibió un llamado telefónico de la Comisaría sexta de La Plata, por el que se le informa la aprehensión de un joven por presunta resistencia a la autoridad.

Axat agregó que la fiscal consideró que al no ser un delito "retenible dispuso la inmediata libertad" del joven que hoy se presentó en sede judicial para denunciar que fue torturado por los efectivos policiales.

Según la denuncia, el joven fue detenido cuando estaba en la puerta de la casa de un amigo y "lo sacaron a los golpes y le dieron una paliza en el piso entre unos ocho policías que llegaron en cuatro patrulleros".

Agregó que luego lo llevaron a la zona de Punta Lara donde le dijeron: "Ahora te doy un tiro en los sesos y te arrojamos al río".

Añadió que posteriormente lo trasladaron a la comisaría sexta y lo alojaron en un calabozo.

Relató que en el trayecto, uno de los policías pidió por radio que le "consigan una bolsa" y agregó que una vez en el calabozo varios policías lo golpearon y uno de ellos le sacó el cinturón y le "dio cintazos con la hebilla en forma de látigo".

Contó que unos minutos después lo hicieron sentar en una silla fuera del calabozo. "Con las manos esposadas atrás me
colocaron una bolsa en la cabeza para asfixiarme", precisó.

Explicó que se mantuvo en esa situación por espacio de una hora, tras lo cual le sumergieron la cabeza en un tanque con agua
podrida, para que firme "los papeles por resistencia a la autoridad".

El joven denunció que como se sentía muy mareado, finalmente firmó los papeles tras lo cual fue conducido nuevamente al calabozo
y luego lo derivaron al Hospital Gutiérrez de La Plata.

Una vez que en el centro asistencial, le hicieron un examen médico, lo trasladaron nuevamente a la comisaría donde alrededor de
la medianoche lo dejaron en libertad.

En la denuncia radicada ante la fiscalía penal en turno, Axat consideró que los hechos "resultan ser muy graves, y merecen ser
investigados en forma urgente" y acompañó un informe pericial médico y fotografías que ratifican las lesiones sufridas por el joven. (Télam).-

Echado en una camilla, Patti "escuchó" su acusación

2010-09-27T21:54:00.002-03:00

BUENOS AIRES, sep 27 (DyN) - Echado en una camilla de hospital por su mal estado de salud, el ex intendente de Escobar y presunto represor policial Luis Abelardo Patti presenció hoy la audiencia inaugural del juicio que se le sigue por delitos contra la
humanidad perpetrado durante la dictadura militar.

El ex comisario, de 57 años, quien supuestamente actuó en la represión ilegal con el alias de "El Loco", sufrió tiempo atrás un
accidente cerebro-vascular y permaneció acostado en una camilla, a un costado del estrado en que se ubicaron los otros acusados,
jueces, fiscales, defensores y querellantes.

Frente al Tribunal Oral Federal 1 de San Martín (TOC1) se sentaron los otros acusados, Reynaldo Bignone, último jefe de la
dictadura militar (1982-1983) y ex segundo comandante de Institutos Militares, Santiago Riveros, ex comandante de Instituto Militares, y Juan Fernando Meneghini, ex comisario de Escobar de 1976 a 1979.

A la primera audiencia de este juicio, que se realiza en el auditorio "Hugo del Carril" de la localidad bonaerense de José León
Suárez, concurrieron familiares y amigos de las víctimas, así como el Premio Nobel de la Paz 1980 Adolfo Pérez Esquivel, y Nora
Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

El TOF1 dio inicio al debate hacia las 10.45, poco después de que el líder del Partido Auténtico Federal (PAUFE) a bordo de la
camilla fuera ingresado a la sala por su mujer y su hijo, en compañía de dos enfermeros y custodiado por cuatro policías.

Inmediatamente después, la secretaria del TOF1 empezó a leer la acusación elaborada por el fiscal Jorge Sica, mientras cada
tanto la mujer le hablaba al oído a Patti, que sólo realizaba movimientos con la cabeza.

Patti y sus camaradas están acusados, en total, de nueve privaciones ilegales de la libertad -tres, desaparecidos-, dos
homicidios, tormentos, y violaciones de domicilios.

Los asesinados fueron Diego Muniz Barreto, ex diputado nacional por la Juventud Peronista de la Tendencia Revolucionaria -afín a
la organización armada Montoneros-, y Gastón Roberto Gonçalves, militante de la misma juventud y padre del joven bajista del grupo de rock "Los Pericos".

También se ventilan en este proceso los secuestros de Carlos Daniel Souto y Guillermo D'Amico y Luis Rodolfo D'Amico -los tres siguen desaparecidos-, Juan José Fernández (secretario de Muniz Barreto) y Osvaldo Tomás Ariosti (ambos fallecidos).

Todos ellos fueron secuestrados en 1976 y 1977 cuando Meneghini y Patti actuaban en la comisaría 1ra. de Escobar, donde varios
recibieron torturas antes de ir a parar al centro clandestino de detención "El Campito", que dependía de Institutos Militares en la
guarnición militar de Campo de Mayo.

Según la Fiscalía, Patti amenazó varias veces de muerte y detuvo a Gonçalves, alias "José", hasta que el mismo día del golpe de
Estado de 1976 lo secuestró, y luego torturó, asesinó e incineró el cadáver.

"íDejate de joder o te voy a matar!", dice la acusación que solía espetarle Patti a Gonçalves. De acuerdo con la acusación, el
miércoles 24 de marzo de 1976 a Gonçalves lo secuestró Patti y llevó a la comisaría 1ra. de Escobar donde fue golpeado y torturado.
Incluso varios sobrevivientes lo vieron detenido en un camión estacionado en el patio de la seccional, hasta que el 2 de abril
apareció muerto de un disparo en el cráneo e incinerado, a un costado de la ruta 4, en el paraje El Cazador, junto a otros tres cadáveres.

Manuel Gonçalves, uno de los hijos de la víctima, contó que su padre "era una de las personas directamente marcadas para ser
secuestradas, no es casual que lo secuestraran el primer día del golpe" de Estado.

El joven relató que cuando su padre fue secuestrado, su madre estaba embarazada de él y lo tuvo en la clandestinidad. Luego la
mujer, con su bebé, se refugió en San Nicolás, en la casa de amigos, que fue atacada por las fuerzas de la represión en noviembre de
1976.

Manuel contó que allí "matan a todos y el único sobreviviente fui yo". Entonces fue dado en adopción y diecinueve años después
recuperó su relación con su familia biológica.

El joven añadió a la prensa que cuando fue hallado el cadáver de su padre había documentación cuyas "últimas hojas son del '96, con lo cual se ve que la policía siguió haciendo inteligencia".

"A mí también me sorprendió cuando empezaron a hablar de Patti" y su eventual culpabilidad en el caso, pero se mostró convencido de ello a partir de la "prueba documental y los testimonios contundentes" que aparecieron en el proceso.

En tanto, Muniz Barreto y su secretario fueron secuestrados en febrero de 1977. Menos de un mes después fueron arrojados en un
auto a un arroyo, simulando un accidente: Muniz Barreto murió y su asistente sobrevivió.

Las audiencias del juicio se llevarán a cabo los lunes y jueves en el auditorio ubicado en la calle Sáenz Peña 4151, de José
León Suárez.

Hay 13 juicios en marcha en todo el país

2010-09-26T16:26:00.001-03:00

Fuente: Télam

Trece juicios orales por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar se desarrollan en la actualidad en la Capital Federal y las provincias del Chaco, Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Santiago del Estero y La Pampa.

En la Capital Federal, el 10 de diciembre de 2009, comenzó el juicio al represor de la Marina Alfredo Astiz y a otros ex oficiales, por delitos cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada.

Esta instancia abarca dos de los tramos de la megacausa: el de la desaparición de las monjas francesas Leónie Duquet y Alice Domon y del periodista Rodolfo Walsh.

En tanto, también en esta Capital, desde el 3 de junio, son juzgados los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención "Automotores Orletti".

En la causa están imputados los militares Néstor Guillamondegui, Rubén Visuara y Eduardo Cabanillas; y los ex agentes civiles de Inteligencia, Honorio Martínez Ruiz, Raúl Guglielminetti y Eduardo Ruffo.

Los imputados están acusados por los delitos de privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos y homicidio calificado, en perjuicio de 65 víctimas.

En tanto, desde el 23 de noviembre pasado, el Tribunal Oral Federal 2 de Capital Federal juzga la causa en la que se investigan delitos cometidos en el el centro clandestino de detención que funcionó sucesivamente en los lugares denominados "Club Atlético", "El Banco" y "Olimpo".

Se imputa la privación ilegal de la libertad de alrededor de 180 personas, en concurso real con la imposición de tormentos de cada una de ellas.

Finalmente, en la Capital Federal, se juzga desde el 26 de febrero a ocho ex militares por delitos cometidos en el centro clandestino de detención "El Vesubio", en el ámbito del Primer Cuerpo de Ejército.

En la causa se investiga la participación de Pedro Alberto Durán Sáenz, Héctor Humberto Gamen, Hugo Idelbrando Pascarelli, Ramón Antonio Erlán, José Néstor Maidana, Roberto Carlos Zeolitti, Diego Salvador Chemes y Ricardo Néstor Martínez.

Por otra parte, en Resistencia, desde el 3 de junio se realiza el juicio oral de la causa conocida como "Margarita Belén", en la que se investiga a nueve imputados por delitos de lesa humanidad.

El Tribunal Federal de Resistencia juzga a Gustavo Athos, Horacio Losito, Aldo Martínez Segón, Jorge Daniel Carnero Sabol, Ricardo Guillermo Reyes, Germán Emilio Riquelme, Ernesto Jorge Simoni, Luis Alberto Patetta y Alfredo Luis Chas.

También en Resistencia, el 5 de mayo se inició el debate por la causa denominada "Caballero Humberto Lucio y otros s/ tormento agravado", en la que se encuentran imputados Gabino Manader, José María Rodríguez Valiente, Humberto Lucio Caballero, José Marín, Ramón Esteban Meza, Luis Alberto Patetta, Ramón Andrés Gandola, Enzo Breard, José Tadeo Luis Bettolli, Francisco Orlando Alvarez, Rubén Héctor Roldán, Oscar Alberto Galarza y Carlos Flores Leyes.

En esta causa se investigan delitos cometidos en perjuicio de 26 víctimas en el centro clandestino de detención que funcionara en la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco.

En tanto, en La Plata, el 12 de abril comenzó el debate por la causa "Dupuy", en la que se encuentran imputados: Héctor Raúl Acuña, Segundo Andrés Basualdo, Enrique Leandro Corsi, Elbio Osmar Cosso, Elbio Abel David Dupuy, Luis Favole, Ramón Fernández, Carlos Domingo Jurio, Catalino Morel, Jorge Luis Peratta, Raúl Aníbal Rebaynera, Víctor Ríos, Valentín Romero e Isabelino Vega.

En este proceso se investigan delitos contra los derechos humanos cometidos en la Unidad del Servicio Penitenciario Nº 9 de La Plata, en perjuicio de 90 víctimas.

En Rosario, en el marco de la causa "Díaz Bessone", el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de esa ciudad inició el 21 de julio el debate por crímenes cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en dependencias de la Sección Informes de la Jefatura de Policía de esa ciudad, en perjuicio de 86 víctimas.

Están procesados los ex militares y civiles Ramón Díaz Bessone, José Rubén Lofiego, Mario Marcote, Ramón Vergara, Carlos Scortecchini, Ricardo Chomicki y Nilda Folch.

En Córdoba, el 2 de julio comenzó el juicio que unifica dos causas: por un lado, se juzga a los represores Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez; y por otro a Menéndez y otros once acusados en la causa conocida como "Gontero", en la que se investigan los secuestros e imposición de tormentos a seis víctimas que fueron detenidas y trasladados a la sede del Departamento de Informaciones Policiales (D2), luego a las instalaciones que el Tercer Cuerpo de Ejército disponía en el campo de la "La Rivera" y finalmente a la Unidad Penitenciaria N° 1.

En Mendoza, el 1 de julio comenzó el primer juicio por delitos de lesa humanidad en esa provincia y en el se se investiga a Aníbal Alberto Guevara Molina (teniente del Ejército), Raúl Alberto Ruiz Soppe (jefe de la Unidad Regional II de Policía de Mendoza), Juan Roberto Labarta Sánchez (oficial de la Policía de Investigaciones "D 2"), Cristóbal Ruíz Pozo (médico de la Policía de Mendoza) y Raúl Egea Bernal (abogado de la Policía de Mendoza).

En el caso del ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, el tribunal decidió separarlo del debate porque afronta el juicio que se sustancia en Córdoba.

En La Pampa, también comenzó, el 2 de agosto, el primer juicio por este tipo de delitos, debate en el que se juzga a Fabio Iriart, Néstor Greppi, Roberto Constantino, Omar Aguilera, Roberto Fiorucci, Carlos Reinhart, Athos Reta, Oscar Yorio, Hugo Marenchino y Néstor Cenizo.

En el proceso se investigan hechos ocurridos en el marco de la causa conocida como "Subzona 14" y a todos los acusados se les imputan los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, por mediar violencia y amenazas, en forma reiterada, en concurso real con el delito de aplicación de tormentos, en forma reiterada.

En Santiago del Estero, desde el 14 de septiembre también se desarrolla el primer juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia y en el se juzga a los ex policías Musa Azar Curi, Ramiro del Valle López Veloso y Miguel Tomás Garbi.

A todos ellos se les imputan los delitos de privación ilegítima de la libertad, tortura, homicidio calificado y asociación ilícita. Se trata del debate por el secuestro y asesinato del estudiante Cecilio Kamenetzky, ocurrido en 1976.

Finalmente, en Mar del Plata, el 17 de agosto arrancó el juicio oral en el que se encuentran acusados el ex general de brigada Alfredo Manuel Arrillaga, el ex capitán de navío Justo Ignacio Ortíz y el ex contralmirante Roberto Luis Pertusio.

En el proceso se juzgan dos causas: en una de ellas, Arrillaga, Ortíz y Pertusio están acusados de crímenes en perjuicio de nueve víctimas en el centro clandestino de detención que funcionó en la Base Naval de Mar del Plata.

Por otro lado, se juzga la causa "Regine", en la que se investiga la participación de Ortíz y Arrillaga en el secuestro con imposición de tormentos de Luis Salvador Regine.

A 20 años, juzgarán a los acusados por el crimen de Andrés Núñez

2010-09-05T17:03:00.001-03:00

La Sala II de la Cámara Penal platense realizó la audiencia previa al juicio oral y público que juzgará a tres acusados por el secuestro tortura y crimen del albañil de Ensenada Andrés Núñez, que desapareció el 28 de septiembre de 1990, supuestamente luego de ser llevado detenido a la por entonces Brigada de Investigaciones La Plata.

Ante los Camaristas Raúl Dalto, María Rousech y Laura Lasaga, las partes intentaron acordar con respecto a la prueba que se ofrecerá en el debate oral y público, que se realizará en noviembre próximo, con fecha a designar por el Tribunal, y en el que estarán sentados en el banquillo de los acusados los ex policías detenidos Jorge Alfredo González, Víctor Andrés Dos Santos (ambos detenidos) y José Ramos (excarcelado por cuestiones de salud).

A la citada audiencia asistieron los defensores oficiales Claudio Ritter (Dos Santos) y Jorge Pranzini (Ramos), y el abogado Rolando Sbernia (González).

También asistieron la vida de la víctima Mirna Gómez , patrocinada por el doctor Eduardo Hortel, y la fiscal de juicio de La Plata Rosalía Sánchez.

En esta causa, el 2 de noviembre de 2006 quedó detenido el ex sargento 1º González, luego de estar prófugo por más de 10 años, junto a otros policías por el asesinato de Núñez.

González, junto a los prófugos Pablo Gerez y Luis Raúl Ponce, trabajaba en la Brigada La Plata, donde habría sido llevado para ser interrogado por un delito que se estaba investigando.

Núñez fue sacado de su casa de Ensenada por policías de la entonces Brigada de Investigaciones. Lo acusaban de haber robado una bicicleta.

EL ARREPENTIDO

Según confesó años más tarde el ahora detenido Dos Santos, los policías asfixiaron con una bolsa y golpearon a Núñez para que se "hiciera cargo del robo de la bicicleta".

SEgún esa confesión, en la brutal sesión de tortura el albañil, de 30 años, murió.

En 1992 el por entonces juez Amílcar Vara ordenó la detención de todo el personal que en la fatídica noche estuvo de guardia en la Brigada.

Por entonces Núñez estaba desaparecido y los procesados fueron quedando en libertad.

El juez Vara luego fue destituido en su cargo y entre las irregularidades y delitos que le imputaron figuraron algunos que se habrían cometido en esta causa y en la de Miguel Bru.

En 1995, cuando la investigación ya estaba en manos del juez penal Ricardo Szelagowski, otro policía confesó que Núñez había sido asesinado.

Después otro uniformado, en éste caso Dos Santos, reconoció el homicidio. "Lo enterraron en un campo de General Belgrano de un primo de Gerez", desde entonces prófugo en esta causa junto a Ponce.

A partir de allí el caso comenzó a develarse. El cuerpo del joven fue hallado enterrado en el campo que indicó el policía arrepentido, debajo de un tanque australiano.

Juicio por la desaparición de un conscripto en La Rioja

2010-08-29T18:14:00.001-03:00

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja comenzará mañana la primera audiencia oral y pública por delitos de lesa humanidad en la que se juzgará al presunto responsable del asesinato del conscripto Roberto Villafañe ocurrido el 30 de agosto de 1976 cuando éste cumplía el servicio militar en la ex Base Aérea Militar de Chamical.
El comienzo de la audiencia había sido suspendida en dos oportunidades debido a la presentación efectuada por el juez subrogante del Tribunal Federal de Catamarca, Luis Martín Rodriguez Seín para no actuar en la presente causa.
La mnuerte del conscripto Roberto Villafañe ocurrió el 30 de agosto de 1976 cuando éste cumplía el servicio militar en la ex Base Aérea Militar de Chamical, por lo cual se encuentra detenido como supuesto autor del hecho el ex sargento José Rodriguez.
Rodriguez, oriundo de la provincia de Jujuy, es patrocinado por el abogado penalista riojano Juan Carlos Pagotto actuando como fiscal general subrogante Darío Edgar Illanes por inhibición de su par Michel Horacio Salmán.
Para esta causa, la que consta de siete cuerpos y con más de mil fojas, están notificados 15 testigos ya que otros tres fallecieron y dos no pudieron ser localizados por la Policia Federal.
La seguridad estará a cargo de la Policía Federal en el interior del Tribunal y Gendarmería Nacional tendrá a su cargo las adyacencias del mismo al igual que policía de la provincia que colaborará con efectivos de la fuerza.(Télam).-

En un allanamiento, la policía mató a un inocente

2010-08-26T15:42:00.001-03:00

Participaron cinco uniformados, que buscaban a un homicida en Isidro Casanova

LA NACION

LA PLATA.? Luis Bustos, de 39 años, no era el hombre acusado de homicidio que buscaban los policías bonaerenses en Isidro Casanova, en La Matanza. Sin embargo, los uniformados entraron en su casa con una orden de allanamiento y, en una situación confusa, lo mataron. "Este no es «Cabeza». Nos equivocamos", habría dicho un policía cuando ya era tarde, contó ayer a La Nacion la hermana de Bustos, Mónica Zurita.

Fuentes policiales y judiciales dijeron que Bustos atacó a los policías con una escopeta "tumbera", por lo que tuvieron que disparar. Las cosas empezarán a aclararse cuando el fiscal que investiga el caso, Juan Marcelo Diomede, reciba los peritajes.

El hecho ocurrió el viernes pasado, a las 9.30, en una casa de Granada 4771, donde Bustos vivía junto a su madre, Celedonia Agüero, de 66 años. En otra vivienda construida en el fondo del mismo terreno vive Zurita junto con su marido.

Fuentes judiciales dijeron ayer a La Nacion que los investigadores sospechaban que en ese domicilio vivía un sujeto conocido como "Cabeza", acusado de ser el coautor de un homicidio, ya que lo habían visto entrar y salir de la casa periódicamente. También se sospechaba que allí se vendían drogas, siempre según los informantes judiciales.

El hombre equivocado

"Cabeza" tiene 21 años, mide 1,70 metros, es delgado y tiene ojos verdes, tez blanca, cabello negro y el escudo de Almirante Brown tatuado en la pierna izquierda, se lee en la orden de allanamiento de la jueza de garantías N° 1 de La Matanza, Mary Castillo.

A esta persona fueron a buscar los cinco policías del Grupo de Apoyo Distrital (GAD) de La Matanza, que no se parecía al hombre con el que se encontraron. "Mi hermano mide un metro noventa y pesa 170 kilos, tiene el pelo negro y los ojos marrones. Y todo el mundo lo conoce como «el gordo Pipo». Lo único que coincide es la tez blanca", dijo la hermana de Bustos.

Los informantes del caso contaron que los uniformados redujeron a la madre de Bustos en uno de los dos dormitorios de la casa y que al entrar en la habitación del hombre, éste les apuntó con una escopeta "tumbera", les disparó y luego se abalanzó sobre uno de ellos. Entonces, tres uniformados dispararon y Bustos murió. Luego encontraron dos armas de fuego más, cartuchos de escopeta y unos pocos gramos de cocaína.

Eso le contaron al fiscal Diomede los dos policías que no usaron sus armas. La madre del muerto declaró que oyó a los policías que le decían a su hijo: "Tirá el arma", antes de oír los disparos.

"Mi hermano apenas se podía levantar de la cama. Tenía las piernas a la miseria por la flebitis. El no era un delincuente, era un trabajador; tenía un negocio de compra y venta y era el principal sostén de la familia", dijo Mónica Zurita.

La mujer denunció que cuando le preguntó a un policía cómo estaban su madre y su hermano, el uniformado le respondió: "Su mamá está bien. Su hermano está muerto. Disculpe, señora, nos equivocamos".

Hasta el momento, los tres policías del GAD que dispararon no fueron procesados porque aún no está claro si cometieron un delito o actuaron en legítima defensa. Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad se informó que sólo un policía fue momentáneamente separado de su cargo.

Denuncian violencia contra trans y travestis en cárceles bonaerenses

2010-08-10T19:06:00.001-03:00

Una presentación ante la justicia penal del Comité contra la Tortura de la provincia de Buenos Aires, a la que adhirieron más de 20 organizaciones, denuncia la situación de violencia física y sexual y traslados arbitrarios que sufren personas trans travestis detenidas en cárceles de la provincia de Buenos Aires. Se trata de un recurso de habeas corpus colectivo a favor de un grupo de travestis alojadas en la Unidad Penal de Sierra Chica que fue presentado el lunes ante la justicia del Azul.

El Comité tomó conocimiento de los hechos a través de una carta enviada por las victimas donde se denuncian acciones de violencia sexual, psicológica y traslados arbitrarios impartidos por agentes penitenciarios bonaerenses hacia un grupo de travestis detenidas.

En la carta se manifiesta que 6 personas trans travestis que se encontraban alojadas en la Unidad Nº 32 de Florencio Varela, fueron trasladadas arbitrariamente a la Unidad Nº 2 de Sierra Chica como represalia por no haber accedido a los pedidos efectuados por el Jefe del Penal de la Unidad Nº 32 " a tener sexo con él, y con su personal y por querer destapar muchas cosas que se tapan en dicha unidad como la venta de estupefacientes, cocaína, marihuana, pastillas (sic)…". Para justificar el traslado, las autoridades habrían alegado "cuestiones de mala convivencia" que no son tales, sino que en realidad sugieren una represalia encubierta por no haber accedido a los pedidos efectuados .

Las denunciantes describen además una situación integral de violaciones a sus derechos. Manifiestan que para no ser trasladadas en forma arbitrara por el Jefe del Penal, y mantener contacto en forma periódica con sus familiares se les exigía "tener sexo con el personal penitenciario o distribuir drogas en toda la unidad (sic)" porque de lo contrario las trasladarían a otros penales. Denuncian asimismo que otras travestis alojadas en la Unidad Nº 32 de Florencia Varela sufrieron "tortura psicológica y física por parte del señor Rojas, manoseos y cambio de sexo por conducta, por trabajo y por miedo, cuando no quiso seguir canjeando con este señor la trasladó a Sierra Chica" y que "sufren aberraciones, manoseos y prácticas sexuales de parte del servicio".

Las firmantes de la carta señalan, además, que en la Unidad Nº 2 de Sierra Chica conviven en el Pabellón Nº 10 con otros hombres allí alojados, encontrándose custodiadas por el personal masculino de seguridad "y que están recibiendo torturas físicas y psicológicas de parte del servicio penitenciario (…) por favor, hagan algo".

Otro aspecto que se aborda en la denuncia es la falta de atención médica y adecuada dieta para los enfermos de VIH SIDA. Dice textualmente una de las firmantes de la carta: "La comida que provee el penal es la comida para un animal. Soy una persona portadora de VIH y no recibo atención médica, este penal no cuenta con un infectólogo, no recibo la medicación que tengo que tomar por mi problema de salud no recibo la dieta que tendría que tener y como estoy tan lejos de mi familia no pueden venir a verme. Son lo único que tengo y ellos me ayudaban para tener una mejor alimentación. Estoy cayendo en un pozo depresivo y tengo miedo por mi enfermedad, necesito la contención de mi familia y amigos ".

En la presentación judicial se solicita que se investiguen las responsabilidades de los agentes penitenciarios sobre los hechos denunciados. Se disponga además, el urgente reintegro de las travestis que fueron trasladadas a la Unidad Nro 32 de Florencio Varela, por razones de cercanía familiar, arraigo y por haber sido arbitrario e injustificado su traslado. Se piden garantías para la integridad física de las denunciantes como también que no sufrirán represalias ni consecuencias de ningún tipo a partir de la presentación judicial realizada. Se plantea además que la justicia ordena a la autoridad penitenciaria que las denunciantes permanezcan alojadas en celdas cercanas de un mismo pabellón y con similar régimen, impidiendo su traslado o alojamiento diferenciado. Asimismo, se ordene la urgente provisión de atención médica, controles y dietas especiales para el tratamiento de las personas que conviven con VIH.

Es preciso señalar, que en la provincia de Buenos Aires solo existen dos pabellones que alojan travestis: uno en la Unidad Nº 32 de Florencia Varela y otro en la Unidad Nº 2 de Sierra Chica, ambas unidades destinadas a alojar varones.

Entre las organizaciones que adhieren, se encuentran: Lunaticxs La Plata ; Futuro Trans; Frente Popular Dario Santillan; Espacio Queer; Revista Tinta Roja; Colectivo de varones antipatriarcales; Jóvenes por la igualdad; Desobedientes; Asociación por la identidad sexual platense; Contingente 13 colectiv* queer transfeminista; Casa de la mujer Azucena Villaflor; Centro cultural Nestor Perlongher de la Facultad de periodismo y comunicación social, Universidad Nacional de La Plata; Malas como las arañas; Colectiva feminista Las furiosas, Asociación de lucha por la identidad travesti transexual, Cooperativa de trabajo Nadia Echazú ; Movimiento antidiscriminatorio de liberación representante trans para el cono sur Ilga-Lac ; Organización de lesbianas madres en comaternidad; Colectivo de abogados populares La Ciega; Observatorio de Género de la Facultad de periodismo y comunicación social (UNLP); Centro interdisciplinario de investigaciones en género, Facultad de Humanidades y Ciencias de la educación, UNLP.

Magnetto y su hija adoptada de modo irregular

2010-07-25T23:47:00.001-03:00

Magnetto no sólo está comprometido en la inscripción irregular de Felipe y Marcela, también adoptó de manera poco clara a su hija.

Por Eduardo Anguita / Miradas al Sur

Hasta ahora, la relación de Héctor Magnetto, el hombre fuerte de Clarín, con las adopciones irregulares, se centró en haber sido el artífice de que Ernestina Herrera de Noble se quedara con Felipe y Marcela Noble Herrera, cuya identidad biológica entró en un verdadero aleph borgeano desde que ellos mismos participaron de la contaminación del ADN de sus prendas íntimas para burlar a la jueza Sandra Arroyo Salgado. Concretamente, Estela de Carlotto contó en varias oportunidades cómo Magnetto le habló de su participación en esa adopción en el primer encuentro que tuvieron las Abuelas con el CEO de Clarín, a principios de la democracia. Las Abuelas habían pedido una reunión con Magnetto "porque recibían muchas denuncias sobre que Marcela y Felipe eran hijos de desaparecidos". También señaló Carlotto que Magnetto les propuso un segundo encuentro para darles alguna información y les pedía cordialmente que le contaran "quiénes les habían dicho que esos chicos podían ser hijos de terroristas".

No sólo las Abuelas escucharon de boca de Magnetto su participación en la adopción de dos chicos en plena dictadura militar. Su biógrafo autorizado, el veterano periodista de La Nación José Ignacio López, lo menciona en El hombre de Clarín (Sudamericana, 2008). López, especialista en temas de Iglesia Católica y que escribió todos los años de la dictadura, jamás develó la complicidad eclesiástica con la dictadura y se prestó a publicar lo que el CEO de Clarín le dijo para edulcorar su guerra mediática contra la sociedad a partir de la asunción de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta.

Pero, hasta ahora, jamás se mencionó que una niña adoptada por el mismo Magnetto tuviera un trámite completamente irregular. La historia que a continuación se contará brevemente tiene una fuente pública irrefutable y está registrada en un juzgado federal. María Felicitas Elías actuó como perito en la causa de esta adopción. Elías es Magister en Servicio Social, Políticas Sociales y Movimientos Sociales (por la Universidad Nacional de La Plata), especialista en Administración y Gestión de Políticas Sociales, y licenciada en Servicio Social (Universidad de Buenos Aires). Ocupó y ocupa varios cargos académicos y dirige proyectos en adopción de niños. Entre 1973 y 1984 fue trabajadora social del Tribunal de Menores número 1 de Lomas de Zamora a cargo de la jueza Delia Pons y en virtud de una cantidad de casos de hijos de desaparecidos fue citada por el titular del Juzgado Federal número 3 de la Capital Federal, Daniel Rafecas, quien investiga los gravísimos crímenes cometidos en la jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército durante la última dictadura cívico militar.

En ese expediente, tras brindar detalles de casos en los que le tocó tramitar historias de chicos cuya identidad iba a fraguarse, María Elías agregó este inquietante párrafo: "Recuerdo que intervine en la pericia de un señor muy importante que hoy está un poco cuestionado, que es Héctor Magnetto, el CEO de Clarín. Él tiene una niña adoptiva desde la época de la democracia. Según el relato que consta en la causa, el señor Magnetto estaba paseando con su esposa un domingo invernal, cerca de las 10 de la mañana por la avenida Pavón, en Lanús. Pararon en un semáforo y una señora que estaba en la vereda les tocó el vidrio del auto y les preguntó si le podían cuidar a la hija porque tenía un problema. Aparentemente, ellos aceptaron y, como después de 15 días la madre no apareció, fueron al juzgado de Pons a contarle la enorme preocupación que tenían por la menor y la pidieron en guarda. Esta chica es actualmente su hija. Se hizo la guarda ahí y luego la adopción en Capital".

Hasta aquí un relato para el realismo mágico si no estuviéramos hablando de una historia real, que involucra la filiación real de una criatura adoptada por el ejecutivo más importante del conglomerado de medios de comunicación más poderoso de la Argentina. Es decir, del hombre que tiene la última palabra –y muchas veces la primera– en decidir quién es el encargado de custodiar e investigar la verdad. Siempre y cuando convengamos que la tarea del periodista profesional es la de custodiar e investigar la verdad. Un especialista en adopción consultado para escribir este artículo dice que "las madres que dan chicos por la calle constituyen un clásico" y que así consta en los registros de adopción. "Detrás de esas versiones suele haber importantes estudios de abogados o de escribanos que asesoran la conveniencia de versiones oficiales cuando la adopción es irregular", agrega.

Una terrorista judicial

Hasta aquí, se podría pensar en la hipótesis de quien busca un atajo para blanquear una adopción irregular en el marco de las dificultades reales de muchas parejas que buscan un hijo adoptivo. Pero el problema resulta más complejo si se toman en cuenta los antecedentes de la jueza Delia Pons. Una investigación de la revista Veintitrés de abril de este año recoge sus palabras al citar el libro de Julio Nosiglia Botín de Guerra. Delia Pons les dijo a las Abuelas durante una reunión: "Yo, personalmente, estoy convencida de que sus hijos eran terroristas. Para mí, terrorista es sinónimo de asesino. Y a los asesinos, yo no pienso devolverles los hijos. Porque no sería justo hacerlo. Porque no sabrían criarlos y porque no tienen derecho, tampoco, a criarlos. En esto, seré inamovible. Sin ir más lejos, fíjense ustedes: tengo en este momento, entre manos, el caso de los chicos de Julio Ramírez. Ramírez es un criminal, un terrorista confeso. El Poder Ejecutivo le ha permitido trasladarse a Suecia y desde allí ha solicitado la tenencia de esos pobres niños. Yo jamás se la concederé (...) Señoras –y para terminar– sólo sobre mi cadáver van a obtener la tenencia de esos niños". La jueza Pons también tuvo en sus manos los casos de Sebastián Ariel Juárez y Jorgelina Paula Molina Plana.

Fuentes de la Justicia de Menores consultadas por Miradas al Sur confirmaron que "tanto Pons como Hejt (la jueza que otorgó las adopciones irregulares de Felipe y Marcela Noble Herrera) hablaban por teléfono con el genocida Ramón Camps cuando éste era jefe de la Bonaerense y una pieza clave en el plan genocida. En el caso de Pons, ella conocía el campo de concentración ubicado cerca de su juzgado, en Larroque y el camino negro". Aunque fallecida, el fantasma de Pons aún transita por tribunales.

La coincidencia de que el CEO de Clarín haya pasado por el juzgado de Pons para tramitar la guarda es algo que merece una investigación más profunda y que requeriría una pronta acción de la Justicia.
En su testimonio al juez Rafecas, María Felicitas Elías cuenta que le tocó intervenir como trabajadora social en los casos mencionados en la investigación de Veintitrés. Relata que ingresó "a trabajar al juzgado en 1973 gracias a la doctora Pons. Nosotras teníamos una mezcla de sentimientos encontrados y, por supuesto, un dilema ético ya que el ejercicio del Patronato Estatal estaba mediatizado por la intervención del juzgado". Concretamente, en el caso de los hijos de Ramírez, que se encontraba preso a disposición del Poder Ejecutivo. La jueza Pons había enviado los chicos a un hogar manejado por la Iglesia Católica, llamado Casa de Belén, mientras que una tía de los niños reclamaba la guarda de ellos. Elías fue a visitar a la mujer y "le sugerí a la jueza que los chicos egresaran –del hogar– con la tía porque su casa y estilo de vida reunían, en mi opinión, las condiciones adecuadas". De inmediato agrega: "La jueza me convocó a su despacho y me sugirió que modificara la pericia". Un dato no menor: "A lo que me negué rotundamente a pesar de cierta presión de mis compañeros de trabajo que me sugerían que la cambiara". El dato es clave para entender el clima de época del terror que sugiere la cantidad de cómplices morales que tuvo el delito de supresión de identidad de hijos de presos legales o desaparecidos. A continuación, Elías brindó los nombres y direcciones de quienes la presionaron pero no serán incluidos en este artículo para no caer en la tentación de la cacería de fascistas. Sin embargo, vale la pena aclarar que otra asistente social "realizó otro informe que permitió que los Ramírez continuaran en el Hogar". Luego, Ramírez –que no tenía causa judicial alguna– logró viajar a Suecia y reclamó que les permitieran a sus hijos viajar a ese país. Sigue Elías: "Uno de los argumentos de Pons era que Ramírez era extranjero (paraguayo), y que al ser militante de una organización había desobedecido la Constitución argentina".

Como dos gotas de agua

En todo caso, esta historia tiene una ramificación con otra que sí está sospechada de ser la supresión de identidad de hijos de desaparecidos. Es la que tramitó la jueza Ofelia Hejt (también fallecida), quien estuvo a cargo del juzgado de menores Nº 1 de San Isidro. Hejt dio en guarda a Andrés La Blunda y a Marcela y Felipe Noble Herrera. En el caso de Marcela, el 13 de mayo de 1976 se presentó espontáneamente la dueña de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, y le dijo que había encontrado una niña en una cajita en su casa de San Isidro. La viuda de Noble ni tenía domicilio en San Isidro ni después pudo probar lo que dijo en el expediente de adopción, que resultó falso cuando lo sustanció el juez Roberto Marquevich. En el caso de Felipe, el 7 de julio del mismo año, Herrera de Noble resultó beneficiada con la guarda el mismísimo día en que una tal Carmen Delta (años después se comprobó que esa persona no existía) lo abandonaba en el juzgado nada menos que de Hejt. El tercer caso que se le conoce a esta jueza es el de Andrés La Blunda, un bebé de tres meses, cuyos padres habían sido secuestrados por el Ejército. Hejt hizo todo lo posible para dárselo a sus familiares y Andrés sólo pudo recuperar su identidad en 1984. El comportamiento de las juezas Hejt y Pons tiene demasiadas similitudes. Corresponden, probablemente, al plan sistemático de la dictadura cívico militar. Algunos militares creían que lograrían la impunidad con levantamientos carapintadas. Algunos civiles creen que el poder mediático también puede dar impunidad. El desafío está abierto desde hace tiempo y las instituciones no pueden demorar dar los pasos decisivos para que la verdad no pueda ser ocultada.

El fusilamiento de presos en Córdoba

2010-07-23T22:13:00.001-03:00

Un testigo del juicio a Videla & Cía describió cómo fueron asesinados los detenidos de la UP1 en 1976 y contó lo que les decían los represores antes de matarlos. Señaló a cuatro de los acusados y dijo que los conocía "de la Penitenciaría".

Por Alejandra Dandan (Página/12)

"Un día tuvimos la sensación de unos movimientos extraños dentro de la cárcel, escuchábamos gritos y atropellos, una gran cantidad de gente que se viene y órdenes referidas a las armas, luego suben a la escalera y en el pabellón donde las puertas se abrían con un cerrojo con cadena entra un grupo de soldados, dan una golpiza brutal y a partir de allí las golpizas se hacen cotidianas, permanentes, el terror era permanente: cada vez que se escuchaba que se silenciaba la cárcel significaba que estaban entrando los militares y prestábamos atención y escuchábamos los pasos, las órdenes, y cuando abrían una celda era la que iban a golpear."

Fermín Rivera estuvo detenido en la Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba antes y durante el último golpe militar. En la cárcel vio morir a varios de sus compañeros, y es el lugar donde treinta y un detenidos políticos fueron fusilados entre abril y octubre de 1976 por militares del III Cuerpo del Ejército. Denunció lo que sucedía desde los días de la dictadura, es el autor de la denuncia original de la causa contra Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez en Córdoba y ayer fue uno de los principales testigos del juicio oral. Reconoció a Menéndez y a Videla dijo "por los medios", pero en cambio señaló a Adolfo Alsina, Miguel Angel Peres, Enrique Mones Ruiz y Miguel Angel "Gato" Gómez "de la Penitenciaría".

Rivera quedó detenido en La Carlota, cuando entraba a una estación de servicio con su camión, el 17 de agosto de 1974. "Me reciben a balazos –dijo en el juicio–, me tiro al piso, y ninguno recibe ningún disparo; me detuvo la Guardia de Infantería de la Policía Federal y me llevan a la Jefatura de la Policía." Eran las siete de la tarde. "Me hacen descargar el camión y después comienzan a torturarme; aplican picana eléctrica y me preguntan dónde estaban las armas de la fábrica de Villa María; yo no tenía ni la menor idea dónde estaban esas armas."

La tortura siguió hasta la noche del día siguiente; escuchó que alguien decía que no tenía sentido matarlo. Lo llevaron a la delegación de la Policía Federal de Río Cuarto, lo ataron en un sillón de peluquería durante "no sé cuántos días" mientras lo sometían a golpes, torturas y picanas.

La declaración de Rivera fue relevante por la meticulosidad. "Más allá de los nombres, recuerda mucho los pormenores de cómo vivían todos los presos en la cárcel y aporta mucho el sentido de lo que significó estar ahí", dijo Martín Fresneda a Página/12, que con H.I.J.O.S. (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) Córdoba lleva adelante la querella de la causa.

Rivera llegó a la UP 1 a fines de 1975, al pabellón 6, el único por entonces de presos políticos. "La relación con el servicio penitenciario era muy buena", dijo. "Teníamos visitas, acceso a la enfermería, podíamos estudiar, había un cine; después trasladaron a las mujeres al pabellón 14, que tenía celdas individuales, yo por ejemplo cuidaba a la hija de Marta Rossetti de Arquiola y eso duró hasta bien entrado el '75, creo que en diciembre entra la Policía Federal a hacer una requisa y nos lleva la mayor cantidad de cosas que teníamos, nos dejan la ropa de cama y nada más."

El 24 de marzo de 1976 el régimen cambió de forma radical. "Ingresan los militares a la cárcel –recordó–, se nos cierran las puertas de la celda para no abrirse, se cierran las ventanas y desde que cierran las puertas no las vuelven a abrir, lo único que nos queda en la celda es una lata de 5 litros para orinar." El terror se acentuó con el paso de los días. Se instalaron las golpizas permanentes, hasta que se llevaron a un grupo de compañeros a quienes los ataron, les pusieron una capucha y les preguntaron si ellos sabían rezar.

"Yo conocía desde muy chico a Miguel Mozét, desde que tenía 12 o 13 años. Y le dicen rezá porque de acá no volvés más." Y al día siguiente supieron que había sido fusilado en el pabellón de la cárcel. Una noche entró una comisión de militares a llevarse a dos compañeros, uno de ellos era (José Angel) Pucheta. "Los encapuchan, los atan y los hacen caminar hacia una reja y cuando se paran, un militar les dice para qué se apuran tanto si adonde van no van a volver. Así nos hacían ver que a esos compañeros los llevaban para matarlos." Al día siguiente, supieron que los habían asesinado en un supuesto intento de fuga.

El 5 de julio de 1976, un grupo de militares entró al pabellón 6. Rivera estaba en el ocho. Tenían unas hojitas de afeitar que pulían para usarlas como espejos, las sacaron por las ventanas. "Así vimos que habían puesto a todos los compañeros contra la pared del patio; el resto de los soldados, y en particular un cabo Pérez, estaba con un bastón en una mano y una pistola en la otra, pidiéndoles que griten viva el ejército y los seguía golpeando, hasta que llegó donde estaba (Raúl) Bauducco, le pegó y se detiene ahí porque tambalea y saca una mano de la pared y se agarra del lugar donde había recibido el golpe. Bauducco se arrodilla, y el cabo Pérez se dirige hacia la puerta de la entrada al patio, habla con un oficial que después supimos que era Mones Ruiz y vemos que el oficial asiente con la cabeza, vuelve y le dice a Bauducco que se pare y se da vuelta y le dice: no me mires que te voy a matar. Bauducco se da vuelta y lo mira, y cae sobre la canaleta al efectuar un tiro Pérez."

Cinco días después, los militares entraron a su celda, la 11 del pabellón 8. "Tenía el pantalón metido dentro de las medias, cuando entran no me doy cuenta de sacarme el pantalón para afuera y el oficial me preguntaba y me golpeaba a la vez que me daba órdenes y no me dejaba responder. A partir de una serie de golpes, me lastima y entro a sangrar, tengo un choque con el oficial, lo mancho con sangre y se enfureció y toma un zapato y me empieza a golpear en la cara y en la cabeza hasta que yo pierdo el conocimiento."

Estuvo dos días tirado en una cama. Un médico le advirtió que un coágulo de sangre en la cabeza le impedía mover el cuerpo. Luego, otro profesional de apellido Balmaceda le dijo que debían operarlo en el momento pero no autorizaban la operación. Habló de la enfermería. De la muerte de Rudnik, uno de los detenidos que entró en paro y sobre el que Alsina dijo: que se atienda solo, total es médico.

Rivera declaró hasta última hora. Antes lo habían hecho nuevamente el testigo Luis Urquiza y Jorge Breuil, hermano de Gustavo, fusilado junto a Hugo Vaca Narvaja y Armaldo Higinio Toranzo el 12 de agosto en un supuesto intento de fuga.

Cómo se fabricó un culpable para el caso de dos policías asesinados

2010-07-18T17:48:00.000-03:00

Hernán Lascano / La Capital de Rosario

El asesinato simultáneo de dos policías uniformados y en servicio no es frecuente en ningún lugar de Argentina. Pero en una ciudad de 15 mil habitantes como Diamante, desacostumbrada al delito violento en estos extremos, la conmoción sacudió como un maremoto. La policía, las autoridades políticas y los vecinos manifestaron indignación, exigieron respuestas rápidas, cuestionaron el sistema de garantías. Y la respuesta llegó tan veloz como se requería: a veinte minutos del hecho fue capturado un hombre de 32 años, rosarino, de condición modesta. Le atribuyeron la tenencia de un arma, dijeron contar con pruebas abrumadoras en su contra y señalaron que había estado preso por un hurto 36 horas antes pero que el juez lo había dejado libre.

Todo pintaba para escándalo. "Lo liberaron luego de haber robado y mató a dos policías", tituló el diario La Nación en su edición del lunes 5 de julio. El jefe de policía de Entre Ríos, Héctor Massuh, daba cuenta del arresto de Mauro Ramón R., de 32 años, y decía, en Diamante, al mismo diario: "Estos funcionarios, cumpliendo su misión de resguardar a la sociedad, identifican a un individuo, un asesino, que termina con la vida de los dos funcionarios".

Cambio de frente. Pero el día miércoles 7, después de que se hicieran marchas diarias de vecinos consternados, se conoció una noticia que tumbó el tablero prolijamente armado hasta entonces. El juez Jorge Barbagelata Xavier indicaba que la persona que tenían presa desde tres días antes no era el ejecutor de los policías. Había un nuevo detenido. También era rosarino: Rubén Ricardo Ferreyra, de 26 años, condenado en el pasado por tráfico de drogas en Rosario, prófugo de la cárcel de Ezeiza. Tres días después varios testigos en rueda de reconocimiento lo señalaban sin vacilar como el homicida de los policías Marcelo Zárate, de 43 años, y Alejandro Muñoz, de 25.

¿Y el primer detenido? ¿No era que lo habían atrapado con un arma de fuego? ¿Acaso el director de Investigaciones de la policía de Entre Ríos, Carlos Shmunk, no había declarado que la evidencia contra él era abrumadora?

El jueves último el juez Barbagelata terminó por procesar por doble homicidio a Ferreyra y dictar la falta de mérito a este primer detenido. LaCapital trató de ubicarlo en Diamante pero el joven declinó cualquier contacto. Tras pasar ocho días preso permanecía bajo estado de terror. El informe forense judicial determinó que tenía lesiones compatibles con apremios ilegales. Es imaginable que no pasó bien sus primeras horas entre policías acusado por matar a dos policías. Su defensor oficial, Esteban Monje, no duda de que sufrió castigo feroz.

El chivo expiatorio. Y hoy a pocos le caben dudas de que Mauro R. fue la víctima propiciatoria que una comunidad desangelada reclamaba a gritos a instantes de ocurrido un doble crimen estremecedor. La policía rápidamente ofreció una. El ministro de Gobierno de Entre Ríos, Adán Bahl, ponderó a la fuerza por esclarecer el caso con la celeridad esperada. De qué modo se había hecho, a la vista de lo ocurrido luego, no parecía igual de importante.

En el mismo fallo en el que procesó a Rubén Ferreyra por el doble crimen, el juez Barbagelata impartió instrucciones para que se investigue por qué motivo la policía señaló que Mauro R. tenía un arma que ahora se presume plantada. También requirió que se determine si sufrió vejaciones o apremios físicos durante su detención. Fuentes judiciales dijeron que al recuperar la libertad se fue a su casa "con la cara dibujada".

En este caso se cuelan elementos que sugieren una utilización política. El primer detenido, luego desvinculado, había sido detenido por el robo de una mochila el 3 de julio. El juez Barbagelata debió liberarlo porque no tenía evidencia de su autoría: sólo lo acusaba del hecho un acta policial. Cuando lo apresaron el 5 de julio y lo culparon del doble homicidio empezó a montarse un escándalo. ¿El hombre que había matado a dos policías en la calle cuando trataban de identificarlo era el mismo al que el juez había dejado ir dos días antes por un hurto?

Así se tejió la historia, tan inapelable como para llegar a ser cabeza de página en La Nación. Pero un sector de la policía de Diamante se obstinó en investigar otra línea que, al derivar en la detención de Rubén Ferreyra, terminaría poniendo en evidencia la fabricación de un culpable.

Altas fuentes del Poder Judicial de Entre Ríos señalaron que este caso expresa una demagógica y peligrosa fórmula para bajar la tensión de conflictos que desatan la ira pública: entregar una cabeza. "Además hubo algo más: el poder político y policial enfocó la presión hacia el juez, sugiriendo negligencia o culpa de su parte porque supuestamente, con desdén, había liberado dos días antes al asesino que mató a los dos policías", sostuvo el funcionario que habló con este diario.

Es usual que las fuerzas de seguridad y su conducción política, en casos como éste, se presenten como instituciones operativas, que resuelven arrestos e identifican culpables, endilgándole a los jueces penales un rol permisivo o indolente, que al liberar acusados deshacen la eficacia de aquel trabajo. Pareció patente, en este caso, con el ministro de Gobierno Bahl, y su clara crítica lanzada al Poder Judicial. "Por más que uno ponga un ejército en la calle, si no se trabaja en conjunto suceden estos hechos", decía a los pocos minutos de que la cúpula de la policía entrerriana presentara como resuelto este caso amañando un culpable.

En offside. Tanto la jerarquía de la policía entrerriana como el Ministerio de Gobierno, que anunciaron tener el caso resuelto el primer día, quedaron en off side. No así del área de Investigaciones de la departamental de Diamante que con un acusado plantado igual profundizó la línea de pesquisa que terminó con la detención de Ferreyra y su posterior procesamiento por doble asesinato triplemente calificado.

"La gran enseñanza de este caso es que en las situaciones más adversas hay que ser prudentes", dijo a este diario el juez Barbagelata Xavier. "Cuanto más conmoción provoca un tema más debemos saber esperar. Hay que ser prudentes con las personas y respetuosos de los demás poderes del Estado".

Por una compensación. Tras pasar ocho días detenido, con un informe del forense judicial que indica lesiones compatibles con apremios ilegales, el primer detenido en este caso, Mauro Ramón R. está en condiciones de impulsar una demanda civil millonaria contra la provincia de Entre Ríos.
"En el momento que se anunció su detención, si lo agarraban a Mauro R. lo colgaban en la plaza. Y lo mismo hubiera ocurrido con el juez. Fue una situación que parecía justificar la mano dura pero que muestra que ese discurso es una falacia: iban a aplicarle mano dura a un presunto inocente", señaló una fuente tribunalicia.

Plantaron un revólver y lo absuelven

2010-07-14T22:12:00.001-03:00

Un policía quedó libre de culpa y cargo por matar a un joven de 15 años en Moreno. Habían pedido prisión perpetua.

    BUENOS AIRES, jul 14 (DyN) - El oficial de la Policía Bonaerense Juan Sebastián Alvarez fue absuelto en el juicio por el homicidio del adolescente Miguel Angel Da Silva, de 15 años, en la localidad de Moreno en 2005, un caso que había sido considerado por los acusadores como de "gatillo fácil".
   La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) informó que el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de la ciudad de Mercedes resolvió que Alvarez actuó "en su legítima defensa y cumplimiento del deber", aunque en el juicio un testigo aseguró que al chico, ya herido, le "plantaron" un revólver.
   Los jueces Fernando Bustos Berrondo, María Graciela Larroque y Marcos Tomás Varsky liberaron al policía de culpa y cargo, mientras que la fiscal María Inés Carlés y la abogada de la querella, María del Carmen Verdú, habían coincidido en pedir que fuera condenado a prisión perpetua.
   En cuanto al revólver aparecido a los pies de Miguel Angel, cuando yacía tendido en la vereda y herido de un balazo en el vientre, para los jueces "pudo haberla llevado" el adolescente al momento del hecho.
   El hecho ocurrió alrededor de las cinco de la tarde del 7 de octubre de 2005, en el barrio Satélite de Moreno, donde dos jóvenes asaltaron a una maestra y le quitaron un teléfono celular y una cadenita que colgaba de su cuello.
   Alertada del suceso la seccional primera de Moreno, Alvarez -24 años, integrante del grupo de élite Grupo de Acción Departamental (GAD)- y un compañero suyo concurrieron a la zona y a unas diez cuadras del hecho procedieron a interceptar a Miguel Angel y a un amigo que en ese momento caminaban por allí.
   En el juicio, informó la ONG, una vecina contó que Miguel "levantó las manos, se agarró la remera y la levantó, se quedó con las manos en alto, y dijo 'No pasa nada, no tengo nada'. El policía gritó algo y disparó. Miguel hizo como un movimiento cuando recibió el tiro, se miró la panza y cayó al suelo".
   Otra testigo relató que estaba en la esquina y le gritaron "avisale a Ramona que lo agarraron a Miguel", porque la madre del chico y la familia vivían en la misma manzana, a la vuelta de donde se sucedían los hechos.
   Ramona y la mujer que le avisó corrieron hasta donde yacía el chico herido y forcejearon para acercarse, mientras la cuadra se llenó de vecinos curiosos, que estallaron de indignación cuando vieron que los policías ponían un revólver estropeado a los pies de Miguel, según Correpi.
   Los vecinos, según la entidad, ayudaron a cargar a Miguel en un auto para llevarlo al hospital, a la vez que algunos atacaron el patrullero cuando salía del barrio y los policías pedían apoyo por la radio al grito de "íSe nos viene la villa encima!".
   "La Justicia resolvió, nuevamente, que fusilar un chico de 15 años desarmado es cumplimiento del deber. Cumplimiento del deber de los policías de ejecutar la política de exterminio que nos cuesta un pibe pobre muerto por día con el gatillo fácil y la tortura", concluyó Correpi.

Primer juicio en Mendoza, a siete años de la anulación de las leyes de impunidad

2010-06-30T23:55:00.001-03:00

Los acusados son un militar, tres policías y un médico y abogado de la policía provincial.

MENDOZA, jun 30 (DyN) - El primer juicio por crímenes de lesa humanidad en la provincia de Mendoza durante la última dictadura comenzará mañana con un militar y cinco policías sentados en el banquillo de los acusados, se informó hoy en los tribunales.
   Los enjuiciados son el coronel Aníbal Alberto Guevara (59 años) y los policías Raúl Alberto Ruiz Soppe (75), ex titular de la Unidad Regional II; José Martín Mussere (62), nexo entre militares y policías; Juan Roberto Labarta (75), por su paso por el D2; Cristóbal Ruiz Pozo (74), médico policial, y el abogado policial Raúl Egea Bernal (70).
   En tanto, el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez no estará presente porque comparece en otro juicio en la ciudad de Tucumán.
   Los seis acusados serán enjuiciados por el Tribunal Oral Federal 2, que integran los jueces Roberto Burad, Héctor Cortés y Roberto Nacif, mientras que como cuarto juez estará Raúl Fourcade, del
Tribunal Federal de San Luis.
   En las audiencias, que se llevarán a cabo en una sala de la Universidad de Mendoza, se ventilará lo ocurrido con los militantes justicialistas José Berón, Roberto Osorio, Francisco Tripiana y Pascual Sandoval, secuestrados durante la dictadura y desde entonces desaparecidos.
   Tripiana tenía 33 años, trabajaba como pintor al momento de ser detenido en su casa, en marzo de 1976, y figura como liberado. Osorio era empleado de una farmacia del ex gobernador Alberto Martínez Baca, mientras Sandoval era obrero rural y Verón trabajaba como camionero.

Según señalaron fuentes judiciales, se optó por las instalaciones de la universidad por cuestiones edilicias, teniendo en cuenta que varios de los testigos que pasarán por la sala son de
avanzada edad.

   Además, indicaron que serán más de cien las personas que aporten su testimonio ante el Tribunal -cinco por día -, que sesionará los días lunes, martes y miércoles desde las 9.
   Respecto de la metodología, de acuerdo a lo explicado por el juez Héctor Cortés al diario Los Andes, se permitirá el ingreso de periodistas con grabadores, cámaras y celulares sólo durante la lectura de la acusación y el momento de los alegatos, pero se restringirán los medios electrónicos durante los testimonios.
   También informó que la sala donde se desarrollará el juicio tiene capacidad para unas 70 personas y que la custodia en el interior estará a cargo de la Policía Federal.

16 años después, reabren la causa por la Masacre de Wilde

2010-06-28T21:00:00.000-03:00

En 1994, la Brigada de Lanús asesinó a cuatro personas y el caso aún está impune

   BUENOS AIRES, jun 28 (DyN) - La Justicia ordenó reabrir la causa penal contra dos policías acusados de la Masacre de Wilde,
pepetrada hace 16 años y medio, mientras el Estado bonaerense y un grupo de efectivos que pertenecía a la Brigada de Lanús deberán pagar una indemnización millonaria a las víctimas de ese caso, que
sigue impune.
   Así lo revelaron a DyN fuentes del caso, quienes precisaron que las decisiones de la Suprema Corte de Justicia bonaerense para
investigar nuevamente a los responsables penales y de una jueza civil para resarcir a las víctimas se activaron luego de que el caso
fuera aceptado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
   Según la resolución a la que accedió esta agencia, el Estado provincial y cinco policías deberán indemnizar con más de 500 mil
pesos a la familia del librero Edgardo Cicutín, una de las víctimas.
   El Estado que encabeza Daniel Scioli también tendrá que resarcir con más de 130 mil pesos a la madre de Claudio Díaz, la otra
persona asesinada, y con unos 15 mil pesos al dueño del remís baleado en el procedimiento, según determinó hace unos días la jueza en lo civil 17 de La Plata.
   "Todas las cifras deben ser actualizadas al día de hoy y sumados los intereses, con lo cual ascenderían a una cifra millonaria",
dijo a DyN el abogado civil Daniel Feito, representante de Raquel Gazzanego, viuda de Cicutín.
   Si bien se quejó de que la justicia haya hecho diferencias con Gazzanego a la hora de indemnizarla porque era "concubina" y no
"esposa" al momento del hecho, el abogado se mostró satisfecho con el resarcimiento dispuesto.
   La Masacre de Wilde, perpetrada el 10 de enero de 1994, marcó un hito en la secuela de casos de "gatillo fácil" en la historia
policial argentina.
   Once policías de la ex Brigada de Investigaciones de Lanús descargaron casi 240 tiros de itakas y ametralladoras sobre dos autos
en busca de supuestos delincuentes y asesinando a cuatro personas.
   Los policías de Lanús, que respondían al entonces ex subcomisario Juan José Ribelli, interceptaron al Dodge 1500 en el que
viajaba Cicutín y Claudio Díaz, y el Peugeot 505 conducido por Norberto Corbo, a quien acompañaban Enrique Bielsa y Gustavo Mendoza como pasajeros.
   Los policías efectuaron 270 disparos contra los dos vehículos: Cicutín, el remisero Corbo, Bielsa y Mendoza murieron en el acto,
y Claudio Díaz sobrevivió al ataque.

Siempre se sospechó que el tiroteo había sido un ajuste de cuentas encubierto contra delincuentes de la zona que no habrían
hecho negocios con la policía del lugar.
Y, además, que el atentado contra la AMIA por el que más tarde fue detenido Ribelli había sido una forma de buscar recursos para
solventar a las familias de sus hombres que estaban tras las rejas por este caso.

   No obstante, tanto Ribelli como el resto de los efectivos acusados por la causa AMIA fue absueltos en las sospechas por el
atentado.
   En el caso por la Masacre de Wilde, en tanto, la causa no tuvo avances. El sargento Marcos Rodríguez permaneció prófugo de la
Justicia.
   En un primer momento la entonces jueza en lo penal Silvia González apuntó sobre el comisario César Córdoba, los oficiales Oscar
Mantel, Hugo Reyes y Marcelo Valenga, y los suboficiales Eduardo Gómez, Osvaldo Lorenzón, Carlos Saladino y Marciano González, aunque más tarde no logró profundizarse la acusación.
   Luego el juez penal de Lomas de Zamora, Rafael Emilio Villamayor, cerró definitivamente la investigación por la Masacre de Wilde
al dictar el sobreseimiento del oficial inspector Julio César Gatto y del sargento Pablo Dudek.
   Fue así como las familias de las víctimas terminaron llevando el caso ante la CIDH para pedir justicia en ese organismo
internacional.
   A fines del 2009 la Suprema Corte bonaerense dispuso intervenir y hace unas semanas ordenó que la Sala I de la Cámara Penal de Lomas de Zamora volviera a juzgar a Gatto y Dudek por entender que la sentencia de sobreseimiento había sido absurda, según dijeron a DyN fuentes judiciales.
   El nuevo juicio sobre dos de los once imputados estará a cargo de los jueces Joaquín Emilio Díaz Ferrer, Marcelo Darío Soukop y
Héctor Hugo Decastelli, manifestaron las fuentes a esta agencia.

Mientras tanto, la justicia civil de La Plata acaba de disponer por primera vez un resarcimiento civil para las víctimas por
daños y perjuicios.

Condenado, por fin

2010-06-22T23:42:00.001-03:00

Sólo 6 años y medio de prisión para el ex policía que dejó paralítica a Carla Lacorte, al disparar a mansalva en plena vía pública, en 2001.

El Tribunal Oral en lo Criminal 5 de Quilmes dictó sentencia condenatoria para el ex agente, que hasta ahora gozó de la libertad, por el delito de "lesiones gravísimas", y ordenó el cumplimiento de la pena en forma efectiva e inmediata, por lo que Salmo quedó detenido.

La Fiscalía había pedido que Salmo fuera condenado a 8 años de cárcel, mientras el particular damnificado, o querella, había solicitado 13 años de encierro, es decir el doble del castigo que finalmente recayó sobre el ex uniformado.

Lacorte, quien quedó discapacitada y se moviliza en silla de ruedas, denunció que "en los barrios de trabajadores cada 48 horas matan a un pibe con "gatillo fácil". Un policía mata y la Justicia avala y deja pasar".

"Lo acabamos de ver en Bariloche. Mataron con "gatillo fácil" a un pibe de un balazo en la nuca que salió por la frente y al otro día mataron a otros dos jóvenes", se indignó.

La víctima señaló que el gobernador bonaerense Daniel "Scioli ahora habla de dar más poder a la policía y eso lo que va a causar es más 'gatillo fácil' como en el caso Bonnefoi", en referencia al adolescente asesinado en Bariloche.

"Queremos acabar con el "gatillo fácil" en todo el país. No queremos que sigan matando pibes en las calles. Pero vemos que muchos tribunales dejan libres a los asesinos. No queremos más impunidad", proclamó.

El ataque de Salmo a Lacorte, por entonces estudiante de la carrera de Veterinaria, ocurrió el 1 de junio de 2001 cuando bajó de un colectivo, en las calles Brandsen y Mitre del centro quilmeño, en viaje de regreso a su casa.

Justo allí un grupo de hombres acababa de asaltar un local de la cadena de comidas rápidas McDonald's y huía cubriendo a tiros su retirada, mientras Salmo lo perseguía hasta que un balazo suyo dio en la espalda de la joven.

La veterinaria dijo a los jueces que el policía creyó que ella hacía de "campana" de la banda por lo que, estimó, actuó con toda "intencionalidad" al dispararle. Lacorte aseguró que incluso el policía "se jactó de su buena puntería".

Salmo ya había sido enjuiciado en 2004 y resultó absuelto porque el tribunal a cargo del proceso entendió que había actuado "en cumplimiento del deber". Pero la sentencia fue apelada ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense, que en 2008 lo encontró imputable penalmente y volvió a ser juzgado.

“La presión internacional salvó mi vida”,

2010-06-15T22:01:00.001-03:00

Lo dijo Pérez Esquivel, en el juicio por los crímenes en la U9 de La Plata durante la dictadura. Mientras estaba preso recibió el premio nobel de la Paz.

-15 00:0

La Plata, 15 de junio (Télam).- El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, afirmó hoy que en el penal número 9 de La Plata, donde estuvo cautivo durante la última dictadura militar, se implementó un sistema destinado a "quebrarnos moralmente, psicológicamente y humanamente".

Perez Esquivel relató hoy, durante dos horas al Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, las golpizas y maltratos recibidos durante su cautiverio en el penal platense, donde estuvo a disposición del Poder Ejecutivo Nacional desde el 5 de abril de 1977 hasta fines de junio de 1978.

"Fui detenido el 4 de abril de 1977, en el Departamento Central de la Policía Federal, cuando fui a renovar mi pasaporte.

Creo que se debió a las actividades que realizábamos a nivel continental por los derechos humanos", declaró, en el marco del juicio que se sigue a 11 agentes y tres médicos penitenciarios bonaerenses que se desempeñaron en ese penal.

Recordó que "me llevan a la superintendencia de Seguridad Federal, donde me encierra en un calabozo pequeño llamado `tubo'. Ahí no fue interrogado, sólo estuve encerrado".

Detalló que en uno de los pisos de la Superintendencia "había en una pared pintada con los rodillos con los que se pintan las huellas digitales, una cruz svástica y la palabra Nazionalismo".

"Y en las paredes del `tubo`, el calabozo sucio, oscuro y maloliente en el que estaba, una vez que prendieron la luz pude ver en las paredes inscripciones de los prisioneros que estuvieron antes. Insultos, nombres de seres queridos y hasta una inscripción hecha con sangre que decía: Dios no mata", relató.

El Premio Nobel de la Paz recordó luego que al mes de estar cautivo en la Superintendencia, lo llevaron a un "vuelo de la muerte".

"Me llevan al Aeródromo de San Justo, donde me esposaron y ataron al asiento del avión y el avión carreteó y voló hacia el Río de la Plata. Yo ya sabía que arrojaban prisioneros al Río de la Plata y les pregunté `qué va a pasar conmigo`", aseguró.

Precisó que ninguno de los oficiales respondió a esa pregunta, pero fue llevado a la Base Aérea de El Palomar, donde fue dejado esposado al asiento mientras los oficiales debatían qué hacer con él en el interior de la base.

"A las horas me dicen que me llevarán a la unidad 9 de La Plata, y una vez allí me desnudan y me pelan", recordó y remarcó que lo más shockeante de su prisión era "oír los gritos de los compañeros que eran golpeados".

Pérez Esquivel estuvo alojado en los pabellones 15 y 16, y en una oportunidad que fue castigado tuvo que ir a "los chanchos", como se solía llamar a las celdas de castigo.

"En el penal pasó de todo, sufrí mucha presión psicológica. En una oportunidad el segundo jefe del penal me llevó a su oficina y me dijo: `a usted no lo va a salvar ni el Papa. Aquí nosotros decidimos sobre su vida. Somos señores de la vida y de la muerte'", recordó.

Relató que en el penal eran frecuentes las requisas violentas en las que hacían salir de madrugada a los prisioneros de sus celdas, los hacían desnudar y "nos ponían en el medio de dos filas de guardias que nos golpeaban con puños, puntapiés y con una especie de zapatilla".

"Tras las golpizas, nos obligaban a una ducha fría y a pasarnos un jabón amarillo para sacar las marcas de los golpes", detalló.

En otra oportunidad, el jefe del penal de ese entonces, el imputado Abel Dupuy, y otros oficiales de rango, lo sacan de su celda y lo obligaron a levantar los brazos, algo que era doloroso debido a los golpes en las costillas.

"Con el bastón me tocaban las costillas y me preguntaban si me dolían, yo les decía que sí, entonces me decían `usted ya sabe cuál debe ser su comportamiento aquí` y luego se iban taconeando, lo que me hacía acordar a esas películas sobre los nazis", comparó.

Pérez Esquivel no pudo reconocer a los imputados presentes en la sala ya que, afirmó "ya pasó mucho tiempo", pero dijo que estaría en condiciones de reconocer las celdas en las que pasó su cautiverio, de practicarse un reconocimiento en el penal platense.

Afirmó que los prisioneros que estaban enfermos o doloridos solicitaban la presencia de un médico pero éste "nos miraba por el pasaplatos de las celdas y tras oír nuestra dolencia nos decía: `bueno, tome esta pastillita`, nada más. No se acercaban nunca".

Finalmente, dos días antes de la final del Mundial de Fútbol de 1978, Pérez Esquivel fue trasladado al I Cuerpo del Ejército, que estuvo a cargo de Raúl guglielminetti, alías Capitán Guastavino.

En el viaje hacia el I Cuerpo, Guglieminetti bajó del automóvil Ford Falcon en el que llevaba a Pérez Esquivel para cargar nafta y dejó cerca del prisionero una pistola 45 y una ametralladora, algo que le hizo sospechar al cautivo que tal vez querían que fugara para ejecutarlo.

El Tribunal, que juzgó y condenó a Miguel Etchecolatz y Christian Von Wernich, juzga desde abril al ex Director de la Unidad, Abel Dupuy; Isabelino Vega, Víctor Ríos, Elvio Cosso, Catalino Morel, Ramón Manchado Fernández, Jorge Luis Peratta, Segundo Andrés Basualdo, Valentín Romero, Héctor Acuña y Raúl Aníbal Rebaynera.

Además son juzgados Carlos Domingo Jurio, Enrique Leandro Corsi y Luis Domingo Favole, tres médicos que en ese momento se desempeñaban en la Unidad 9 de La Plata.

  "TORTURADORES Y TORTURADOS GRITABAN GOLES ARGENTINOS'

Pérez Esquivel, relató una situación 'surrealista' que se dio en el penal número 9 de La Plata durante el Mundial de FÐtbol de 1978 ya que 'torturadores y torturados gritaban los goles de
Argentina'.
   'Había una situación surrealista, pasaban por los parlantes los partidos de de fútbol en los que jugaba Argentina y tanto torturadores como torturados, presos y carceleros, gritaban los goles de Argentina, gritaban `goool Argentina`', relató ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata.
   Afirmó que 'una vez grité como todos, pero después ya no quise gritar más los goles de Argentina, porque era algo tremendo, no había diferencias, todos gritaban los goles'.

Pérez Esquivel estuvo detenido en la unidad 9 de La Plata desde el 5 de abril de 1977 hasta fines de junio de 1978. (Télam).-

Una transexual denunció un abuso adentro de una comisaría

2010-06-10T21:12:00.000-03:00

Es la seccional 4ta de Berisso. Según la denuncia, tres policías la llevaron detenida después de bajarla de un taxi

La transexual que denunció haber sido víctima de un abuso sexual contra tres policías sufrió el hecho dentro de la comisaría de Villa Argüello, en Berisso, después de haber sido detenida en un control de pasajeros de taxis. El caso, que puede provocar un escándalo y fue anticipado ayer en exclusiva por Trama Urbana, ocurrió en la madrugada del martes 2 de junio, cuando la víctima viajaba con un amigo, en un taxi que tomaron en Berisso, hacia La Plata.

El coche fue parado por la policía en la avenida 60, a la altura de la Universidad Tecnológica Nacional. Los oficiales hicieron bajar a los dos pasajeros, les pidieron documentos y le dijeron al chofer que se retirara. El amigo de la transexual no tenía documento, ya que nació en otro país, por lo que recibió un insulto xenófobo. Cuando los uniformados vieron el DNI de la víctima, advirtieron que esa mujer tenía nombre de hombre. “Dejá que de este puto me encargo yo”, dijo uno de los uniformados, según la denuncia.

Siempre según ese texto, la transexual, que es madre y ya recibió el respaldo de organizaciones sociales de la región, fue tirada contra el patrullero y manoseada en sus partes íntimas. Cuando esto ocurrió, se quejó y recibió una trompada en la cara.

Entonces, los uniformados la subieron en un patrullero y se la llevaron a la comisaría Cuarta, donde estuvo cinco horas “demorada”. De acuerdo al texto, “al llegar a la comisaría la llevan a una oficina en el fondo y no le daban ninguna explicación de por qué” estaba allí. Y en la oportunidad que pidió ir al baño, ocurrió el supuesto abuso: tres uniformados le mostraron sus miembros y le exigieron que les practicara sexo oral, a cambio de ser liberada. Después de ese episodio, le hicieron firmar un papel y la soltaron.

Recibió amenaza por SMS

Según fuentes del caso, la víctima, cuyo nombre Trama Urbana preserva a su propio pedido, ya recibió amenazas por mensaje de texto de parte de uno de los presuntos abusadores. Es que en medio del abuso le entregó a uno de ellos su número de celular con tal que la dejara irse de la seccional.

Una vez que salió -le explicaron que había sido detenida por averiguación de identidad y que había “un pedido de paradero”- se le acercó un auto particular y estaba este policía, que se ofreció a llevarla hasta su casa: “Estoy obligado a llevarte”, arguyó. Al llegar a su casa, él quería entrar y ella le explicó que su hijo estaba dentro, por lo que se retiró.

Las UFI 4, a cargo de Fernando Cartasegna, recibió la denuncia, que fue radicada el último viernes por la mañana en la Fiscalía General.

Hugo Godoy reconoció a torturadores de la U9 y el tribunal sancionó al “Oso” Acuña

2010-06-03T15:36:00.001-03:00

El penitenciario acusado volvió a provocar al público con la "V" de la victoria en alto

Fuente: Diario DIAGONALES

Hugo "Cachorro" Godoy se abraza con Víctor De Genaro (izquierda), frente a la sede de la ex Amia, donde se desarrolla el juicio

Sanciones, llantos, aplausos y emociones en búsqueda de verdad, la memoria y la justicia fue el saldo que dejó ayer la declaración del dirigente gremial Hugo "Cachorro" Godoy durante una nueva jornada del juicio oral y público a catorce penitenciarios que cumplieron funciones en la Unidad 9 de La Plata durante la última dictadura, realizada en la ex sede de AMIA de 4 entre 51 y 53.

A las 12.35 el secretario general de ATE y CTA provincia de Buenos Aires se sentó frente a los jueces del Tribunal Oral Federal 1 platense para testimoniar sobre sus más de siete años de detención que sufrió entre agosto de 1975 y octubre de 1982, cuando abandonó el penal bajo la figura de "libertad vigilada".

Tras dar detalles de las torturas que sufrió junto a los presos políticos, se emocionó al recordar a los familiares de los ex detenidos que aun siguen desaparecidos o que fueron víctimas de torturas.

El tribunal, ante las lágrimas de Godoy, decidió hacer un cuarto intermedio y el público que colmó la sala de audiencias estalló en un cerrado aplauso, que fue contestado -como suele hacerlo cada vez que es increpado- por el acusado Héctor "el Oso" Acuña con la mano alzada, haciendo la "V" de la victoria, en un signo que fue interpretado como provocativo.

Los familiares de los presos se quejaron de los aplausos y los magistrados advirtieron con la posibilidad de continuar el juicio sin la presencia de público.

Al reanudar la audiencia, los jueces informaron que el imputado fue sancionado por esa actitud y, hasta nuevo aviso, no podrá permanecer en la sala de audiencias.

SIN DUDAS. Al momento de los reconocimientos Godoy no vaciló en señalar al ex director del penal, Abel Dupuy y a los carceleros Acuña, José Luis Peratta, Segundo Basualdo y al "Nazi" -tal como lo apodaban muros adentro- Raúl Rebaynera. Sobre éste último dijo que estaba "casi seguro" que fue quien lo sacó de su celda y lo llevó a los calabozos de castigo donde lo "torturó".

Sobre el final de su relato dejó su sensación personal: "No hay duda, la Unidad 9 fue un centro planificado para la destrucción de presos políticos".

Desde la primera fila del público lo acompañaba el dirigente nacional y fundador de la CTA, Víctor De Gennaro. Afuera lo esperaban sus familiares y compañeros de militancia. Las lágrimas y los perabrazos se repetían en cada rincón del hall de entrada al edificio.

–¿Cuál es su primera sensación tras la audiencia?
-Es una emoción muy grande poder realizar este juicio, poder testimoniar para que se haga justicia, que se una con la memoria y nos permitan vislumbrar un futuro mejor para todos los argentinos. No hay sociedad posible que se pueda desarrollar en la impunidad.

–En el tedeum del 25 de mayo monseñor Héctor Aguer dijo que en este tipo de juicios no está la verdad completa. ¿Qué opina de esos dichos?
–Aguer es un troglodita con un alto nivel intelectual, pero en términos de pensamientos y de concepciones concibe una sociedad de muchos siglos atrás. Por suerte en la sociedad argentina nos animamos a pensar para adelante y tratamos de abrir nuestras cabezas, no solo en nuestras capacidades intelectuales, sino para pensar que la única posibilidad de una sociedad plenamente justa es una sociedad para los que creen, como decía Carlitos Cajade, que Dios vive todos los días en esta tierra de los explotados, de los marginados y de los que queremos otra Justicia y una cultura en la que todos podamos tener acceso pleno. Por suerte en la Argentina, este pueblo construyó las condiciones para que no haya impunidad, para que haya estos juicios que condenen a los genocidas, y este pueblo, más allá de que algunos les pese, va a construir el futuro que nos merecemos.

–¿Qué sintió al ver a los ojos a quienes lo torturaron?
–Era difícil mirarlos, porque nublaba mi vista la cara de los compañeros asesinados, de las madres y padres desaparecidos, de las hermanas, hermanos. Me pude recuperar, mirarlos sin odio, sinceramente, pero con mucho afán de justicia. Al poco tiempo de salir de la cárcel, en un partido de fútbol, me crucé con un torturador. Mi primera reacción fue golpearlo y mi segunda reacción fue poder informarme sobre él para poder canalizar mi bronca. La verdad que pude contenerme a esas reacciones primarias. Nos dimos tiempo, mucha paciencia, para que no haya venganza, sino justicia. En la justicia se puede pensar una sociedad plena. Nos dimos ese tiempo, valió la pena. Los que están ahí en el banquillo de los acusados, presos, los genocidas, nos encontramos cara a cara y pienso en lo que ellos harían de este lado, porque de este lado había dirigentes sindicales, cancilleres, científicos, cineastas, trabajadores, estudiantes, profesionales, pudimos realizarnos en nuestra vida con mucha gente alrededor. Triunfó la vida por sobre la muerte.

–¿Qué se lleva interiormente?
–Liviandad. Uno pudo explicar en un ámbito muy particular. Uno cuando hace un homenaje a un desaparecido, en la calle, en un acto, cuando se levanta a la mañana y sigue, le rinde tributo, pero este tributo es más grande, porque no es el tributo íntimo, individual. Creo que es el tributo de un pueblo, de una sociedad y eso tiene un gran valor.

La causa Noble, a un paso de la verdad

2010-05-31T23:11:00.001-03:00

Marcela y Felipe negaron su conformidad para realizarse las pericias de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos. La jueza Sandra Arroyo Salgado ordenó tomar nuevas muestras. El lunes próximo comenzaría el trabajo de los peritos

Por Laureano Barrera y Gabriel Bencivengo / MIRADAS AL SUR
politica@miradasalsur.com

La historia comenzó a cerrarse. El primer capítulo arrancó cuando Ernestina Herrera de Noble, poco después del golpe del '76, se presentó con un bebe en sus brazos ante la fallecida jueza Ofelia Hejt, entonces titular del Juzgado de Menores Nº 1 de San Isidro. Corría el 13 de mayo y la viuda de Noble urdió una historia. Apuntalada por la complicidad de la jueza y dos testigos que resultarían falsos, manifestó haber encontrado una criatura en el interior de una caja abandonada en la puerta de su residencia. El segundo acto se concretó semanas más tarde, el 7 de julio, cuando Hejt le entregó en guarda una niña abandonada por una madre que, como se comprobaría después, nunca existió.

A las 10.43 del viernes pasado, un hombre trajeado de gris topo abrió la puerta trasera de la camioneta Volkswagen Tiguan que traía a los hijos adoptivos de la dueña del Grupo Clarín. Con rictus severo y anteojos ahumados, Marcela y Felipe bajaron escoltados por más hombres grises. En silencio atravesaron los flashes de los fotógrafos y el remolino de noteros que los esperaba en la puerta del Juzgado Federal Nº 1 de San Isidro.
En el interior del edificio los aguardaba la jueza Sandra Arroyo Salgado. Los había citado a una audiencia para presentarse formalmente, pero también, y sobre todo, para marcar la cancha. Como excepción, permitió la presencia de sus abogados, Alejandro Carrió y Roxana Piña. Cumplidas las formalidades del caso, los informó de sus derechos como presuntas víctimas a conocer la causa y asistir a determinadas audiencias.
El clima era tenso. Arroyo Salgado fue al grano. Con firmeza les advirtió que la investigación continuaría, aun contra su voluntad, porque "no eran las únicas potenciales víctimas". Había personas –les explicó la jueza– que podían compartir su sangre y que los buscaban sin respiro desde hacía mucho tiempo. Agregó, además, que los entrecruzamientos debían hacerse en el Banco Nacional de Datos Genéticos (Bndg), donde contaban con las debidas "garantías de control y contraprueba".
En el epílogo de la cita, la magistrada les pidió sus consentimientos para extraer nuevas muestras o utilizar en las pruebas de histocompatibilidad las muestras de sangre, saliva y objetos personales que habían sido tomadas los días 29 y 30 de diciembre pasados. La respuesta no se hizo esperar. Ante ambas posibilidades, "los jóvenes se negaron rotundamente" fundamentando "que tienen derechos", según relató la fiscal federal Rita Molina al término de las dos horas y cuarto que duró la audiencia.

Los allanamientos. Pasado el mediodía, los jóvenes abandonaron el juzgado como habían llegado: en un férreo silencio. La negativa a periciar las muestras en el Bndg –como determinó la Sala II de la Cámara Federal de San Martin y confirmó la Sala II de la Cámara de Casación Penal– terminó por decidir a la jueza. Sin más demoras, ordenó siete allanamientos con el objetivo de recolectar nuevos rastros que permitan obtener nuevas muestras. Esta vez, uno de los procedimientos se concretó en la propia casa de la dueña del multimedios.
Al promediar la tarde, según confió a Miradas al Sur una fuente ligada a la investigación, los secretarios del juzgado, acompañados por efectivos de la Policía Federal, llegaron al domicilio de Herrera de Noble. Orden judicial en mano, se llevaron prendas y objetos personales de Marcela y Felipe para extraer de los rastros biológicos contenidos en los objetos los registros de ADN que permitan avanzar con las pruebas periciales.
Por esas horas, la respuesta del Grupo Clarín y sus aliados no se hizo esperar. El silencio que durante años mantuvieron sobre el tema se transformó en denuncia. "Violenta", "vejatoria" e "innecesaria" fueron las palabras que utilizaron los penalistas Carrió y Piña en su intento por viciar de nulidad la orden judicial. La portada online del matutino sostenía: "Nuevo y abusivo allanamiento en las casas de los hermanos Noble Herrera".

La última de Bergesio. Quienes conocen el expediente subrayan que la decisión de Arroyo Salgado tiene bases sólidas. Explican que los rastros tomados durante los allanamientos que concretó el juez Conrado Bergesio por orden de la Cámara Federal de San Martín –antes de ser apartado de la causa– se podrían haber deteriorado con el paso del tiempo. En los hechos, se trató de la última intervención del ex integrante del "Camarón" que engendró el dictador Alejandro Agustín Lanusse.
Sin embargo, no fue su última tropelía. Removido de la causa el 28 de abril pasado por los camaristas Daniel Rudi, Alfredo Mansur y Horacio Crack "para asegurar la plena vigencia del derecho en condiciones de igualdad", Bergesio "olvidó" enviarle a la nueva jueza –junto con el expediente– un tercer juego de muestras que guardaba en la caja fuerte de una de las secretarías de su juzgado. Los otros dos juegos estaban, desde el 15 de marzo pasado, en el Bndg.
La información, confirmada por Abuelas de Plaza de Mayo y fuentes judiciales, señala que Arroyo Salgado advirtió la ausencia del tercer juego el 12 de mayo, pero sólo después de leer los 45 cuerpos que acumula el expediente. Ese mismo día, Bergesio –removido ya por los camaristas– le asignó las llaves de la caja fuerte a Fernando Goldaracena, un secretario de su máxima confianza.
Cuando la jueza ordenó el traslado del material al Laboratorio de Análisis Clínicos del Cuerpo Médico Forense –el mismo día en que advirtió la irregularidad–, la caja fuerte había sido violada. Goldaracena, obturando cualquier investigación, dijo que se le había roto. El joven secretario es hijo de su homónimo, defensor del dictador Armando Lambruschini durante el Juicio a las Juntas Militares, y de otros marinos acusados por crímenes de lesa humanidad, como el capitán de navío (R) Jorge Enrique Perrén y el vicealmirante Antonio Vañek.

Lo que vendrá. "No consiento que mi material genético sea utilizado para ningún tipo de análisis de histocompatibilidad", fue la escueta respuesta de Marcela ante las propuestas de Arroyo Salgado. "Tampoco consentimos a la utilización de nuestra sangre, ni siquiera para que se haga la comparación con las dos familias querellantes, García Gualdero y Lanoscou-Miranda", agregó Felipe. Una vez más, el cerco ideológico les impedía responsabilizar a quienes los arrancaron de sus verdaderos padres.
Con los rastros obtenidos durante los allanamientos efectuados el viernes pasado, Arroyo Salgado ordenará el lunes próximo iniciar las pericias en el Bndg, según lo establece la ley. La medida, además de acceder a lo requerido por Abuelas de Plaza de Mayo, tiene el consentimiento de la fiscal Molina, quien ya dictaminó que el entrecruzamiento debe hacerse con todas las muestras aportadas por los familiares de los desaparecidos durante la última dictadura.
En San Isidro desestiman las veladas acusaciones de los abogados Carrió y Piña. Además, lejos de la sorpresa, recuerdan que la jueza actuó de la misma forma en que lo hizo en los dos causas de hijos de desaparecidos en las que le tocó intervenir. Primero buscó que las pericias se hicieran con la conformidad de las víctimas. Se trata de los casos de Francisco Madariaga Quintela –resuelto en febrero pasado– y de la hija de Beatriz Pérez Recchia –dilucidado a principios de 2009–.

Saturada por las zancadillas procesales que ante cada avance de la causa tendieron hasta aquí los abogados de Herrera de Noble, cuesta no perder de vista la esencia de la investigación que comenzó a cerrarse. En pocas palabras: la presunción de que Marcela y Felipe fueron fraudulentamente adoptados tras ser arrebatados a sus padres biológicos en el marco de un plan sistemático que secuestró, torturó y asesinó en las cárceles clandestinas de la dictadura. Hoy, a treinta y cuatro años de los hechos que originaron el expediente, la Justicia promete esclarecer las verdaderas identidades de los hijos adoptivos de la dueña "del gran diario argentino".

Vuelos de la muerte en Mar del Plata: “Subían a personas embolsadas o maniatadas”

2010-05-24T13:25:00.001-03:00

Ex conscriptos de la base donde funcionó el centro clandestino La Cueva declararon que los vuelos se hacían con un avión Albatros de la Armada. Algunas personas subían vivas y maniatadas. Otras ya muertas y embolsadas.

"El avión se desplazaba despacito por la pista y paraba frente al radar. Entonces los reflectores apuntaban a los puestos de guardia para encandilarnos. Pero poníamos atención y alcanzábamos a ver cómo entre dos oficiales o suboficiales alzaban a personas embolsadas. Otra vez bajaron a mucha gente de un colectivo. Daban pasos cortitos, no podían caminar bien. El avioncito despegaba, a los treinta o cuarenta minutos volvía vacío y entraba otra vez al hangar. El avión tenía la insignia de la Armada."

Los hechos tuvieron lugar durante el primer año de la última dictadura en la Base Aérea de Mar del Plata. El viejo radar era la sede de La Cueva, el centro clandestino del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601 del Ejército, que comandaba el coronel Alberto Barda, condenado a prisión perpetua hogareña por el Tribunal Oral Federal 5. El relato pertenece a un ex conscripto clase 1957 que el viernes declaró como testigo en el juicio al suboficial retirado Gregorio Rafael Molina –su identidad se reserva a pedido de la Justicia– y confirma que los vuelos de la muerte no sólo partieron de los aeropuertos de Ezeiza, Jorge Newbery y Campo de Mayo.

El método argentino de desaparición de personas, que según Adolfo Scilingo bendijo la jerarquía eclesiástica, aún rinde frutos un tercio de siglo después. Más allá de condenas aisladas como las de los generales Riveros, Verplaetsen & Cía. por el asesinato de Floreal Avellaneda, cuyo cadáver apareció en la costa uruguaya, siguen impunes centenares de militares, prefectos, policías e "invitados especiales" que según Scilingo también participaban en los vuelos. El único procesado por ese delito es el capitán retirado Emir Sisul Hess, quien contó en privado que los enemigos "caían como hormiguitas", y está en veremos la situación del teniente de fragata extraditado Julio Alberto Poch, quien la semana pasada declaró durante horas ante el juez federal Sergio Torres para convencerlo de que fue malinterpretado por sus colegas holandeses.

Los relatos que reactualizan el tema tienen un doble valor adicional: pertenecen a ex conscriptos, testigos centrales del terrorismo de Estado que recién ahora sienten que cuentan con las garantías necesarias para hablar, y tuvieron lugar durante un juicio oral y público, ante un tribunal de la Nación y mirando a los ojos al imputado, un torturador y violador de mujeres secuestradas que perteneció a la Fuerza Aérea Argentina.

Línea directa con Hooft

"En la base aérea había doscientas personas, incluidos ciento sesenta conscriptos, la mayoría del interior. En cinco meses nos conocíamos todos", resume ante Página/12 en la sede del Programa Nacional de Protección de Testigos uno de los dos hombres que el viernes declararon durante horas y terminaron aplaudidos por sobrevivientes y familiares de desaparecidos. La condición para la entrevista es que se preserven identidades y rostros.

Uno padeció el servicio militar obligatorio en la oficina de comunicaciones de la base, destino que le permitió conocer a todos los interlocutores de los represores. "Tenía setenta internos. Después del golpe agregaron otro, creo que el 32, que comunicaba a quienes pedían por inteligencia. Empecé a escuchar y me di cuenta de que ahí abajo tenían a los detenidos", recuerda.

"Había un tipo que jodía con los hábeas corpus, un tal Hooft", declaró el viernes ante los jueces Juan Velázquez, Beatriz Torterola y Juan Carlos París. El nombre no sorprendió a los querellantes marplatenses: se refería el juez Pedro Federico Hooft, que continúa en funciones con varios pedidos de juicio político en el haber por su actuación durante la dictadura. "Hooft siempre pedía hablar con inteligencia. Cuando no atendían, el interno decía 'va a ir el doctor Cincotta'", agregó. Eduardo Cincotta era un militante de la Concentración Nacionalista Universitaria (CNU), organización que sembró de muertos Mar del Plata durante 1975. Después del golpe se integró a los grupos de tareas del GADA 601 y murió el año pasado, a poco de haber sido detenido y procesado.

A diferencia de los conscriptos marplatenses, a quienes los militares trataban de mantener al margen de la represión ilegal, los del interior debían participar de operativos en la ciudad y también cubrir guardias externas, que les permitían conocer los movimientos de la base, e internas, durante las cuales tenían breves contactos con los secuestrados. "Sólo había un mínimo diálogo cuando pedían ir al baño. Teníamos que darles una capucha y ponernos otra nosotros para no vernos las caras", recuerda el hombre en referencia a las famosas medidas de contrainteligencia por cuyo relajamiento en la ESMA reniegan Pernías, Rolón & Cía. "Teníamos prohibido hablar", agrega y se enorgullece de haber burlado la orden: le informó a un abogado marplatense dónde estaba secuestrado, le dio una birome para que escribiera una carta y se la hizo llegar a su familia. "No me animé a tocar timbre, la dejé en la puerta", agrega.

Si bien la base era de la Fuerza Aérea, los interrogadores, que llegaban al atardecer y hacían su trabajo sucio durante la madrugada, pertenecían a inteligencia del Ejército, responsable primario de la represión ilegal. Los colimbas los llamaban "los verdugos". Una tarde de lluvia camino a La Cueva los dos hombres hicieron escala en la oficina de comunicaciones y entre mate y mate mostraron la picana eléctrica, que llevaban en un estuche. "No dijeron nada sobre su uso y no me animé a preguntar."

Los dos ex conscriptos, que entonces tenían veinte años, recuerdan a Molina como un personaje excéntrico. "Andaba lleno de granadas, cuchillos, cargadores, tipo Rambo, le faltaba un paracaídas, era fantástico." La otra característica, que los sobrevivientes también recuerdan, era el olor al perfume. "Era un tipo pulcro, siempre bien arreglado y perfumado", contaron ante el tribunal.

–¿Recuerda qué perfume usaba? –quiso saber un juez.

–No lo sé, doctor, pero en un cuartel un buen jabón de tocador ya es perfume –respondió y generó sonrisas en medio de tanta tragedia.

Bolsas desde La Cueva

"En la base había un solo avión, chiquito, que piloteaba (Gonzalo) Gómez Centurión. Después trajeron el Albatros de la Marina. Entonces empezaron los vuelos a la noche. Salía el avioncito, pasaban veinte, treinta minutos, y volvía. Decían que a la gente la llevaban semidormida y la tiraban al mar", declaró ante el tribunal el ex colimba de comunicaciones, en base a relatos de compañeros.

Testigos directos a pesar de los reflectores eran los soldados que cubrían los doce puestos de guardia externa, desde donde no sólo veían entrar a los secuestrados encapuchados en los autos de civil de los grupos de tareas. "Una noche vi cargar cinco o seis bolsas al avión. Las subían entre dos, se conoce que eran pesadas. Otras veces las arrastraban desde una punta. Esas bolsas salían desde La Cueva", explica a Página/12 el hombre de rostro curtido y mirada serena.

"Una vez vi salir gente del radar hacia los aviones. Los llevaban atados de los pies, seis o siete personas. Iban a los saltitos, subían como podían", contó el día anterior, y agregó: "El avión tenía la insignia de la Armada", dato curioso por tratarse de una base de la Fuerza Aérea y un centro clandestino del Ejército, que acondicionó el viejo radar abandonado para achicar distancias con Mar del Plata y así poder arrancar información rápido para retomar la cacería.

–¿Qué se siente después de declarar? –pregunta el cronista.

–Alivio. Es imposible vivir toda la vida con esa cruz. Fueron muchos años sin hablar, con trastornos psicológicos. Nadie se ocupó de nosotros. Hasta hoy nuestras familias no creen lo que vivimos, piensan que estábamos locos, dicen "¿cómo van a tirar gente al mar?". Les vamos a llevar el diario para que lo crean. Uno siempre estuvo dispuesto a poner un granito de arena, pasa que el temor siempre existió.

–¿Por qué ahora sí?

–Vemos que la situación está cambiando, que hay garantías, que se puede tener más confianza en la Justicia. Todavía hay miedo pero de a poquito se va a ir perdiendo. Cuando otros colimbas se den cuenta de que acá no hay ningún lucro, que no es una pavada para sacar una nota, que es para esclarecer la verdad y que esta vez vamos en serio, van a empezar a hablar, todos van a hablar.

El Vesubio: señalan a torturadores y complican a Bagley

2010-05-17T23:58:00.001-03:00

Un ex detenido-desaparecido dijo que la empresa de galletitas era la única que tenía la dirección en la que lo secuestraron

Buenos Aires, 17 de mayo (Télam).- Un sobreviviente del ex centro clandestino de detención El Vesubio complicó hoy a los acusados por delitos de lesa humanidad en la última dictadura al identificarlos como guardias y torturadores, en el primer testimonio dado en el juicio oral en su contra.

'Buscaban que yo denuncie a otros militantes, ese era el objetivo central, pero lo que llamaban inteligencia era una cosa muy bruta, no era a lo Sherlock Holmes, era con picanas y golpes para intentar destruir a otras personas', contó Jorge Federico Wats, de 61 años, al Tribunal Oral Federal 4.

Wats abrió la ronda de centenares de testigos que pasarán por el juicio que se sigue al coronel retirado Pedro Durán Saenz, quien fue identificado por Wats como uno de los jefes del Vesubio hasta 1977.

También están sentados en el banquillo el coronel retirado Hugo Pascarelli y el general retirado Héctor Gamen.

Además se juzga a los ex miembros del Servicio Penitenciario Federal Ramón Antonio Erlán, José Néstor 'Paraguayo' Maidana, Roberto Carlos 'Sapo' Zeolitti, Diego Salvador 'Palacio' Chemes y Ricardo Néstor 'Pájaro' Martínez, todos con prisión preventiva.

El testigo y actual comerciante era militante de 'Guardia comunista' y obrero de la empresa Bagley, donde fabricaba galletitas, comentó.

De esta empresa en el barrio porteño de Constitución fue secuestrado el sábado 22 de julio de 1978, a las 13, cuando salía de su turno laboral.

El año pasado publicó 'Memorias del Infierno', un libro donde narró lo ocurrido durante 58 días de cautiverio ilegal en El Vesubio hasta que fue 'blanqueado' y llevado a una cárcel común a disposición del Poder Ejecutivo.

'Fue una patota, cortaron la calle y habían llevado a un compañero mío secuestrado para que me señale', recordó.

Y sugirió que pudo haber colaboración de Bagley porque el día anterior lo habían buscado en casa de su suegro, donde estaban sus hijos de entonces dos y seis años.

'Yo no vivía allí pero había dado esa dirección en la empresa por seguridad, en el único lugar donde la tenían era en la dirección de Personal de Bagley, tal vez la hayan suministrado ellos', agregó.

Wats contó que fue torturado durante tres días. 'Repetía el nombre de mi hijo mayor, Sergio, y no me sacaban de ahí'.

'El tratamiento era como el de un cadáver que todavía vivía y una enorme cicatriz en la rodilla que acá el imputado Maidana colaboró a empeorar', refirió mirando al acusado en la sala.

Y contó que Maidana era uno de los guardias del lugar y que un día lo golpeó y pateó porque él y otro detenido cantaron el Himno Nacional luego del asesinato a patadas de un militante de su partido, Luis Perez, porque pedía a gritos 'agua y un médico'.

'Estos cuatro imputados sentados juntos eran guardias cuando yo estuve y Zeolitti(otro acusado) fue de una época anterior', refirió en relación a los ex penitenciarios que son juzgados.

'Ellos decían que libraran la tercera guerra mundial y que la ganaban. Semejantes estúpidos', concluyó.(Télam)

Será Justicia

2010-05-17T23:37:00.001-03:00

Por Alberto Elizalde Leal
Para El Argentino

"Porque hay y ha habido quien
creyó y cree que, asesinando
personas, asesina también los
pensamientos y los sueños, que
a veces son palabras y a veces
son silencios." *

El 16 de mayo de 1970, un grupo de oficiales y suboficiales del Regimiento 7 de La Plata voló con explosivos sustraídos de los arsenales de su unidad la sede platense de la Asociación Mutual Israelita Argentina, en la calle 4 entre 51 y 53, a una cuadra de la sede del gobierno provincial. El grupo operativo, compuesto por cinco oficiales, dos suboficiales y dos soldados estaba inspirado por la ideología nacionalista y católica pregonada por el teórico Jordan Bruno Genta y el Opus Dei. Creían firmemente, al igual que muchos de sus camaradas de armas y funcionarios del estado dictatorial que encabezaba el General Onganía, que los judíos y los comunistas eran dos caras del mismo monstruo que acechaba a la Argentina.
Dos semanas después del atentado a la Amia platense, los mismos actores organizaron un atentado contra el Centro de Estudiantes de Ingeniería que fracasó por falla del explosivo. Detenidos y juzgados por un tribunal militar fueron condenados, en diciembre de 1971, a penas menores de prisión que no fueron cumplidas debido al indulto que el presidente Alejandro Agustín Lanusse les concedió días después que se expidiera la corte militar.
Dos de los cabecillas del grupo terrorista, los ex tenientes Osvaldo el Indio Antinori y Julio Jorge Ianantuoni siguieron un derrotero previsible, partícipes de las bandas de ultraderecha que, con distintos nombres, conformaron la triple A primero y los grupos de tareas durante la dictadura de Videla después, expertos en atentados, secuestros y asesinatos, muchas veces realizados en provecho propio con la estructura, los medios y la impunidad que el Estado terrorista les brindaba.
Ya en democracia, Ianantuoni y Antinori siguieron con sus andanzas hasta que fueron imputados y están siendo juzgados por delitos de lesa humanidad. Otros de los protagonistas de ese Tribunal Militar de 1971, fiscales y defensores, se vincularon con los carapintadas que se levantaron contra el gobierno de Alfonsín y siguieron su militancia antidemocrática y reivindicativa de los crímenes dictatoriales.
El hilo histórico que une el atentado contra la institución platense, la actividad de los paramilitares, el terror estatal de 1976, las insurrecciones carapintadas en democracia y la voladura de la Embajada de Israel y la Amia Capital Federal, debería hacerse cada vez más evidente a medida que avanza la investigación, el juzgamiento y la condena de esos crímenes en distintos juzgados del país. Pero también es cierto que –a veces– la mala memoria, el desconocimiento o el silencio cómplice ocultan ese hilo hasta volverlo invisible. Resulta llamativo que muy poca gente en La Plata recuerde la primera Amia, que si bien no produjo víctimas personales, destruyó la sede de una institución que desde el año 1907 promueve el desarrollo de la comunidad judía platense. Más llamativo aún resulta que ni en la propia página Web de la Amia se haga mención al atentado y que en su sede, ni una placa ni una leyenda, recuerde su destrucción y su renacimiento.

"Tal vez por eso temen los de
arriba, porque quien tiene
memoria, en realidad tiene en su futuro una puerta. Somos muchos y muchas los que al buscar la
memoria estamos buscando partes de nuestro rostro. Quien nos pide que olvidemos, nos pide que
sigamos incompletos, usando las prótesis que el Poder oferta."*

El 12 de abril de 2010, a 40 años de su voladura, en la sede platense de la Amia se constituyó el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 para juzgar los delitos cometidos contra detenidos políticos por 11 agentes y tres médicos del Servicio Penitenciario Bonaerense en la Unidad 9 de La Plata, durante los años 1976 a 1978. Como una suerte de revancha histórica, el anfiteatro que en el pasado fue el blanco de un atentado antisemita, simboliza hoy no sólo la determinación del Estado democrático para juzgar los delitos dictatoriales, sino una posibilidad más de aunar experiencias individuales y colectivas como materia prima para la reconstrucción de la memoria social.
Mi memoria, nuestra memoria, no es una simple ráfaga de imágenes o un pantallazo de caras y sensaciones, no es tampoco la incómoda comprobación de que la edad y la distancia borronea hasta lo imposible lo que aparecía antes como imborrable. La memoria es, ante todo, esfuerzo, reflexión, lucha contra el miedo y la angustia, rescate de los detalles, los olores, los sonidos y las emociones. La memoria es –debería ser– combate contra el olvido, la mentira y la muerte.
Parte de ese combate se libra en estos días en el juicio que lleva adelante el tribunal conformado por Carlos Rozanski, Roberto Falcone y Mario Portela. El proceso se extenderá a lo largo de varios meses y cuenta con el antecedente valioso del Juicio por la Verdad que la Cámara Federal de La Plata realizó en 1998 con la presidencia de Leopoldo Schiffrin y el concurso de los jueces Pacilio y Reboredo. Más tarde –tras la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final–, el tesón de la secretaria Ana Cotter y el fiscal Félix Crous permitió que comenzaran a sustanciarse las primeras actuaciones del acto procesal en curso.
El juicio comenzó con la acusación del fiscal Hernán Schapiro que fue leída ante la presencia de los acusados, trasladados desde temprano desde la cárcel de Marcos Paz. Allí se encuentran alojados los once agentes penitenciarios gracias a la insistencia de los abogados querellantes que lograron la anulación de la detención domiciliaria que gozaban alguno de ellos.
En el escenario de la Amia se ubican, como en una tragedia griega, los antagonistas. De un lado, los reos y sus defensores; del otro, los abogados que representan a los querellantes. Al frente, como árbitros inapelables del drama, los jueces y el fiscal. En el centro, solo, con un micrófono, el sillón de los testigos.
En ese sillón nos sentamos quienes testificamos en el juicio. Nos paramos cuando el tribunal nos invita a reconocer a los reos, caminamos dos o tres breves pasos hasta quedar frente a ellos y, venciendo definitivamente cualquier fantasma, cualquier inquietud, cualquier miedo, levantamos la mano, los señalamos con el índice y decimos con voz que suena extrañamente tranquila y pausada: "Ese señor es el Nazi Reybanera, ese señor es el Vietnamita Peratta, ese señor es el cabo Basualdo..." y así con todos los que recordamos. Regresamos al sillón y, de reojo, vemos el relámpago de una sonrisa en la cara de nuestros abogados: ahí están Inti Pérez Aznar, por la Secretaría de DD. HH. de la Nación; Andrés Benencia y Marcelo Ponce Núñez, por la CTA La Plata; Marta Vedio y Oscar Rodríguez por la Apdh La Plata, y Guadalupe Godoy, por Justicia Ya.
Del otro lado, en las filas de los acusados, campean el abatimiento y la resignación. Las miradas huidizas y los hombros encorvados hablan a las claras de su confusión, del quiebre de su espíritu al verse tras las rejas. Los acusados se sienten derrotados y maldicen su destino en silencio, solos, aislados de todo, incapaces de pensar, sentir y vivir con el otro, para el otro, incapaces de entender que este combate lo ganamos porque somos todos y somos uno. Como antes, como siempre.

* Del saludo que el comandante
Marcos dirigió a los argentinos
el 24 de marzo de 2010.

Advierte sobre un "Punto Final biológico"

2010-05-10T19:37:00.001-03:00

La Unidad Fiscal de la Procuración que sigue las causas de la dictadura expresó preocupación por demoras en los juicios y por falta de coordinación para agilizar los procesos judiciales en Tucumán, Mendoza, Chaco y La Plata, entre otras jurisdicciones.

La Unidad Fiscal a cargo del seguimiento de causas a represores expresó su preocupación por las "demoras" en los juicios, un problema que afecta a las fiscalías de todo el país, y señaló que se está trabajando para que la muerte de los imputados "no sea un Punto Final Biológico" que fomente la "impunidad".

Así lo plantearon a Télam el director y vicedirector de la Unidad Fiscal de Seguimiento y Control de las causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar, Jorge Auat y Pablo Parenti, que explicaron que "la Justicia está llegando tarde" y "el tiempo que se pierde es irrecuperable".

Para graficar la situación, mencionó el caso de la provincia de Tucumán, donde falleció un imputado (el ex militar Albino Zimmerman) y otro está en terapia intensiva (ex militar Albino Cattáneo) mientras se desarrollaba el juicio al represor Antonio Domingo Bussi.

Para evitar demoras, la Unidad Fiscal, que funciona bajo la órbita del Ministerio Público (Procuración General de la Nación), trabaja con cada una de las fiscalías del país para hacer un seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos y asistirlos para que éstas lleguen al juicio oral.

A las fiscalías de todo el país proponen como metodología de trabajo la unificación de causas por Centros Clandestinos de Detención (CCD), para lograr "juicios más grandes" y "más significativos", y para economizar tiempo.

Es que el paso del tiempo no es sólo un riesgo por la muerte de los imputados sino también para los testigos, que están expuestos mientras dura el juicio, con el agravante de que muchas veces al excederse los plazos procesales, los jueces terminan liberando a los imputados.

"Estas decisiones benevolentes de ciertos jueces de liberar a algunos imputados incrementa el temor de los testigos y también el riesgo de fuga, lo que entorpece la causa en su camino al juicio oral", dijo Auat.

Agregó que "un testigo que tiene miedo es una prueba colapsada" y señaló que "muchos represores siguen vinculados a la seguridad privada, y cuentan con recursos humanos y económicos debido a que mantienen sus cargos dentro de las Fuerzas", para justificar el temor que puede despertar en un testigo su liberación.

Auat mencionó también el caso del Chaco, con la causa Margarita Belén, donde -dijo- "la Cámara de un modo absurdo hizo lugar a un habeas corpus, que significó a la causa no sólo una parálisis de dos años sino tambien un prófugo".

Dijo que "estos jueces no están más, pero el daño es irreparable", y agregó que "no se gana nada con que se los destituya después porque el tiempo se perdió", y hoy la hoy la causa tiene un imputado que no va a estar porque se está tramitando la extradición porque lo encontraron en Brasil".

Se trata del mayor retirado Norberto Raúl Tozzo, detenido en el 2003 y luego liberado que en septiembre del 2008 fue interceptado por Interpol en Río de Janeiro (Brasil) luego de 3 años y 5 meses de estar prófugo.

Repitiendo esta modalidad, recientemente la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal dejó en libertad bajo fianza a tres represores de la última dictadura procesados en la causa Díaz Bessone (ex Feced), con juicio oral previsto para el 21 de julio próximo, acusados de privación ilegal de la libertad, tormentos, homicidio calificado y asociación ilícita calificada, cometidos en Rosario durante la última dictadura militar.

Parenti dijo que cuando los responsables de avanzar, que son los operadores judiciales, no lo hacen, lo que están ponderando es el discurso de la "impunidad", y señaló que el Poder Judicial todavía "no tuvo el grado de renovación necesaria o saludable", y continúa actuando con "cultura propia, características de elite y falta de apertura hacia la sociedad".

Hasta hoy, existen 199 personas condenadas, aunque sólo dos con condena firme (Miguel Osvaldo Etchecolatz y Julio Simón, alias "el turco Julián"), de un total de 634 imputados en todo el país a partir de la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Auat explicó que otro problema que enfrentan en las distintas jurisdicciones es el de "causas aisladas", que resultan en "juicios raquíticos" y "poco significativos" en cuanto a "la reconstrucción histórica de los hechos".

Para ejemplificar citó el caso de Tucumán, epicentro de la represión en el noroeste del país donde, dijo, "no pueden existir juicios con un solo imputado", en referencia a la causa (Guillermo) Vargas Aignasse.

Parenti mencionó también el caso de Mendoza, donde "se registra una mora en la investigación y juzgamiento" de los imputados y donde, incluso, fueron destituídos miembros del Poder Judicial con imputaciones por participación en algún tipo de delito durante la dictadura militar".

"En Mendoza, había un componente claro de interés directo en que las causas no avancen. El tema es que hasta que esto ocurrió cuánto tiempo se perdió. Ese tiempo es irrecuperable, ese es el problema", reflexionó Parenti.

Un caso que muestra un mejor funcionamiento de los procesos en estas causas es, según precisó Parenti, Neuquén, donde -dijo- "las causas avanzaron naturalmente en sentido correcto, con un buen trabajo del juzgado y de la fiscalía".

Citó también el caso de La Plata, que "empezó bien, formando causas por centros clandestinos, pero sin embargo luego entró en etapa de letargo que ahora se está tratando de revertir".

En cuanto a la mega causa del Primer Cuerpo del Ejército, que se tramita en el juzgado federal número 3 del juez Daniel Rafecas, admitió que "estuvieron bien organizadas, los casos se acumularon por centros clandestinos, con juicios robustos y significativos".

Dijo también que "un trabajo importante se realizó en Santa Fe, dónde había una gran dispersión de causas y se logró armar con la fiscalía un plan de trabajo para acumular estos casos".

Recordó que "el plan fue presentado ante el juzgado, que lo aceptó", y reconoció que "hoy" existe en Santa Fe una "causa bien conformada que permite avisorar que en el futuro va a haber un juicio grande".

Admitió que "en algunos lugares cuesta más" y citó el caso de Córdoba, con la causa Menéndez por los hechos en La Perla, (uno de los mas grandes centros clandestinos del país), donde "las causas sufrieron gran dispersión y se empezaron a atomizar casos, a desgajar parte de la causa y a formar varias causas".

Según dijo, "hace más de dos años venimos proponiendo volver a juntar y formar la causa La Perla, para ir a un juicio grande que refleje la dimensión de la represión en Córdoba".

Mencionó también el problema que tuvieron en Córdoba con la jueza Cristina Garzón de Lascano, que llevaba la causa La Perla "con la metodología inadecuada" y, además, tenía imputados detenidos en el Tercer Cuerpo del Ejército, cuando la ley indica que tienen que estar en cárceles comunes.

"Se tuvo que llevar a la Cámara acta y fotos para poder sacar a los detenidos de esa unidad militar", recordó.

En cuanto a la otra mega causa, la de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), ambos coincidieron en que "la causa estuvo bien conformada en cuanto a su objeto procesal", por lo que tuvo un "buen comienzo", pero "luego hubo algunas elevaciones parciales más pequeñas" que corrieron el rumbo.

"Esta metodología se fue corrigiendo y ahora hay elevaciones más sustanciales", explicó.

La idea es, según resumió Auat, "reunir los hechos vinculados entre sí, analizar la prueba común y, a la hora de imputar, hacerlo a la mayor cantidad sobre los que hay prueba para conseguir un juicio robusto".

Según Auat, "las leyes dicen claramente lo que hay que hacer" y sólo se trata de que "el Poder Judicial (Cámaras Federales y Jueces de Instrucción) tomen las medidas que tienen que tomar para que la Justicia dé las respuestas adecuadas que espera la sociedad".

"No hace falta sacar una ley que diga que hay que acumular causas, está en la ley. Cuando los casos están relacionados y los imputados son los mismos, el Código dice que hay que conectar las causas", subrayó.

Auat y Parenti destacaron como un logro importante de estos tres años de trabajo el hecho de que "las causas no tengan sólo una mirada local".

"Hay instituciones que están mirando lo que sucede en cualquier rincón del país, no es que sólo les interesa a los locales, es una mirada nacional, la acumulación de causas recorrió el país", consignó Auat.

Dijo también que de a poco "los tiempos judiciales cambiaron" proque "los jueces y fiscales saben que hay un control exhaustivo de lo que están haciendo, pero también que cuentan con la colaboración de la Unidad Fiscal para fijar pautas generales y para hacer planes de trabajo".

La verdad sobre Gabriel

2010-05-09T19:08:00.001-03:00

Por Daniel Cecchini

09-05-2010 /

dcecchini@miradasalsur.com

Usted está aquí para prestar declaración sobre la muerte de Gabriel Diego Galíndez. ¿Jura o promete decir la verdad en todo cuanto manifieste y le fuere preguntado?", me dice el juez.

Es miércoles a mediodía y llueve en La Plata. Hace apenas cinco minutos terminé de fumar el último cigarrillo de la espera en el enorme balcón del primer piso del antiguo Hotel Provincial, transformado en sede de la Cámara Federal de Apelaciones. Ahora, en una sala en la que aún no se han borrado todas las huellas de viejos lujos, miro hacia el estrado donde hay dos jueces y una secretaria; enfrente hay un fiscal y, a mi lado –la Justicia así lo dispone–, un defensor oficial que no me habla. Es el escenario de un juicio por la verdad y estoy ahí para declarar lo que sé sobre la desaparición y muerte de Carlos, es decir de Gabriel Galíndez. Soy un testigo y, como tal, me preguntan si juro o prometo decir toda la verdad.

Sí, contesto.

Trato de recuperar los hechos, de ser todo lo preciso que me permiten 33 años de distancia. Tal vez por eso –pienso mientras empiezo a contar– un día del resto de mi vida decidí meterme a cronista, tal vez para esto. Para contar que a Gabriel lo secuestraron una tarde de mayo de 1977, en los días previos al 25, en un departamento, el primero del pasillo, de la calle 16 entre 66 y 67, cerca del Hospital de Niños, en La Plata. Que llegaron en camiones del ejército y que hubo un tiroteo y que Gabriel, finalmente, se entregó.

¿Usted fue testigo presencial?, me pregunta uno de los jueces.

Pienso, pero no le digo, que si hubiera estado allí, ese día a esa hora y en ese lugar, difícilmente podría estar aquí ahora. Le digo, en cambio, que no, que lo sé por una compañera que vio desde lejos el operativo y habló con los vecinos, y que uno de ellos –un señor mayor– le dijo que había habido un tiroteo y que se habían llevado a un rubiecito que había salido con las manos en alto; que lo sacaron a empujones y lo subieron a un camión.

¿Y cómo sabe que se trataba de Gabriel Galíndez?, me pregunta uno de los jueces, el otro.

Porque esa casa –le explico– la conocíamos solamente cuatro. Que el Tano era alto, de bigotes y pelo bien oscuro; que el Negro era la imagen que su apodo indicaba, y que yo, bueno, yo, como puede ver, estoy acá. Así que era Carlos, le digo.

¿Carlos?, me pregunta el mismo juez.

Sí, Carlos.

¿Cuando habla de Carlos está hablando de Gabriel Galíndez?, insiste, supongo que para que quede asentado con claridad.

Yo conocí a Carlos. A Gabriel Galíndez no. Hasta hace muy poco –si se tiene en cuenta que pasaron 33 años–, no supe que Carlos se llamaba Gabriel. Aunque militáramos juntos durante más de un año. O precisamente por eso. Él nunca llegó a saber mi nombre.

Nos llevábamos bien y mal. Nos gustaban los Beatles y la música barroca –a él, sobre todo, los conciertos para flauta–; y los dos éramos hinchas de Estudiantes de La Plata, pero a la cancha fuimos irresponsablemente juntos una sola vez. Esa tarde el Pincha perdió. En esas cosas nos llevábamos bien.

En otras chocábamos duro, como sólo pueden chocar dos jóvenes de 20 años que se enfrentan, cómo sólo podían discutir un ex boy scout proletarizado y un egresado del Colegio Nacional que, aun cavando zanjas para un contratista de Gas del Estado, no podía renunciar a sus aires de librepensador. Lo recuerdo rojo de furia –tan rojo que se le borraban las pecas–, con los puños cerrados, gritándome en medio de una reunión. Corrían las últimos meses de 1976 y él leía –para después discutirlo– un editorial de El Combatiente con una voz alta que, dadas las circunstancias, era poco más que un susurro. "El sendero revolucionario, iluminado por la potente luz del marxismo leninismo...", venía leyendo. "Por cómo nos va, parece que ilumina como una bombita de 40", lo interrumpí. Me guardo lo que siguió.

Sí, Carlos era Gabriel Galíndez, le digo al juez.

Carlos era un nombre de guerra, entonces, me dice.

Sí, digo yo.

¿A qué organización pertenecían?, pregunta el mismo juez. Para que quede asentado.
Militábamos en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, y cumplíamos tareas en la Juventud Guevarista, para que quede asentado, le digo yo.

¿Esa casa era una casa segura?, pregunta el otro juez.

En esa época no había ninguna casa segura, le contesto.

Lo que se llamaba una "casa segura"..., insiste.

Una "casa segura", sí.

Y usted dice que a Gabriel Galíndez se lo llevaron de ese departamento en mayo de 1977...

Sí, la semana anterior al 25 de mayo. No puedo precisar la fecha exacta.

Porque..., empieza a decir el juez.

Claro, los datos no concuerdan, se contradicen. Y precisamente por eso develan –una vez más, como cada hecho singular– lo siniestro de la lógica sistemática del terrorismo de Estado. Porque la versión que la policía le dio a la familia dice que Gabriel Galíndez murió a mediados de octubre del '77, en un enfrentamiento en las afueras de La Plata. La madrugada del 16 de octubre, el portero eléctrico sonó, ominoso, en la soledad del departamento de Nora, la madre de Carlos. "Soy un compañero de Gabriel", dijo una voz de hombre desde la calle, "murió en un enfrentamiento; búsquelo". Unos días antes, Nora se había entrevistado con un asistente del arzobispo de La Plata, monseñor Plaza, para pedir noticias del paradero de su hijo. La respuesta –qué otra cosa era si no– llegó esa madrugada del 16 de octubre, de una voz que no era la de ningún compañero de Carlos. La peregrinación de Nora por las comisarías platenses terminó –por indicación de la propia policía– en una cochería de la calle 12. Allí, a cambio de una fuerte suma de dinero, se comprometieron a ubicar el cuerpo que todavía seguía secuestrado, desaparecido, ahora a la espera de un rescate. Al día siguiente, la madre y el tío de Gabriel fueron fotografiados e intimidados en el Departamento Central de Policía, antes y después de que pudieran ver finalmente el cadáver, con un balazo en la cabeza. Pesaba 20 kilos menos que la última vez que lo habían visto. Por orden de la Bonaerense, no hubo velatorio y sólo tres personas pudieron asistir al entierro. Todo esto lo contó Carmen, la tía de Gabriel, un rato antes que yo.

Porque a la familia le entregaron el cuerpo en octubre de 1977, termina de decir el juez.
Lo secuestraron en mayo, repito. Y, dos días después secuestraron al Negro, a Alberto Farías, en la casa de sus padres, digo también. El Negro sigue desaparecido.

La verdad sobre Gabriel Galíndez, sobre Carlos, sobre su desaparición y su muerte, la conocíamos desde hacía tiempo. Desde que Pedro, uno de sus hermanos, y yo pudimos ensamblar dos hechos: su secuestro en mayo y su asesinato en octubre de 1977. Ahora, 33 años después, la conoce también la Justicia.

En el medio quedan el horror y la oscuridad de sus cinco meses de detención ilegal, hasta su ejecución. También siguen ocultos los nombres de sus secuestradores y de sus asesinos, protegidos por las sombras cómplices del terrorismo de Estado que se prolongan hasta hoy.

Establecida la verdad, todavía no hay justicia para Gabriel.

Afuera sigue siendo miércoles. Y no para de llover.

Martínez de Hoz está preso por negociado con importadores de Hong Kong

2010-05-04T23:42:00.001-03:00

El juez Oyarbide cree que el genocida tuvo "intereses propios" para secuestró a dos empresarios y obligarlos a firmar contra su voluntad un acuerdo ecónomico

BUENOS AIRES, may 04 (DyN) - El juez federal Norberto Oyarbide planteó hoy que el detenido ex ministro de Economía José Martínez de Hoz podría haber tenido intereses propios para secuestrar a dos empresarios durante la última dictadura al presionarlos para que hicieran negocios con Hong Kong, pero admitió que el paso del tiempo dificulta el poder probar cabalmente esa intencionalidad.

'Es verdaderamente dificultoso desentrañar cuál pudo haber sido el esencial móvil de la perpetración de tamaño ilícito; por cuanto la lisa y llana aceptación de las razones de conveniencia y políticas de Estado esgrimidas por el procesado invitan a una pueril e ilusa aceptación de razones', dice la resolución.

No obstante, el fallo advirtió que 'es verdaderamente desproporcionado el celo que sobre la regularización de esta controversia de intereses expresó el comportamiento y conducta de los funcionarios argentinos, entendida esta como la articulación de los procederes descriptos en el considerando primero, que integran la actuación del otrora Presidente de Facto Jorge Rafael Videla, al Ministro del Interior Albano Eduardo Harguindeguy y al Ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz'.

En ese sentido, en la resolución donde ordenó el arresto del ex jefe de Hacienda el juez dijo que 'lo inexplicable de sus conductas -y con el Únfasis que en esta decisión alcanza a Martínez de Hoz-, es que las mismas sólo admiten respuesta en la estructuración, consensuada y debidamente direccionada, de un proceder extorsivo sobre Federico Gutheim y su hijo, integrado con la eficiente -e ilegal- privación de sus libertades, propiciando un escenario absolutamente desventajoso para Ústos, e inversamente funcional a los intereses acreedores, al amparo de un garante por demás caracterizado: la Dictadura Militar Argentina'.

'No podrá, bajo ningún aspecto, considerarse a José Alfredo Martínez de Hoz ajeno a los hechos así reputados, sino más bien, y por el contrario, lo habrÚ de tener como el principal responsable de los hechos que semiplenamente se encuentran acreditados', afirmó el magistrado.

Entre otras consideraciones, el juez Oyarbide también resaltó:

* 'El verdadero motivo de tales detenciones tiene su razón en el supuesto incumplimiento por parte de la firma de la que Federico Gutheim era titular, SADECO S.C.A., de la entrega de aproximadamente 4.760 toneladas de fibra de algodón, con destino de importadores con asiento de sus negocios en la Ciudad de Hong Kong'. Su hijo fue detenido sólo porque era titular de acciones de la firma.

* 'Durante su cautiverio, por disposición no documentada del entonces Ministro de Economía de la Nación, José Alfredo Martínez de Hoz, y contando para ello con la facilitación de medios suministrados por el entonces Ministro del Interior del Poder Ejecutivo Nacional, Albano Eduardo Harguindeguy, se instrumentaron cuatro reuniones' entre los Gutheim y 'representantes de las firmas importadoras de la Ciudad de Hong Kong' con la presencia de 'funcionarios de la Secretaría de Comercio Exterior dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, y por disposiciÐn del propio Ministro Martínez de Hoz'.

* 'Las reuniones habrían tenido como finalidad la de convenir una solución al incumplimiento contractual que se atribuía a la firma SADECO S.C.A. respecto de los importadores de Hong Kong, las que habrían arrojado resultados negativos'.

* 'El proceder extorsivo, evidentemente, se dirigió en función de favorecer los acuerdos que garantizaran una salida funcional a los intereses de los empresarios de Hong Kong'.

* El cúmulo de maniobras sobre este caso con Hong Kong 'hace presumir la existencia de intereses mucho más relevantes, significativos y por qué no, ocultos, de los que, naturalmente, podrían verse involucrados en un incumplimiento contractual de carácter internacional'.

Bignone, a la cárcel común por 25 años

2010-04-20T23:25:00.001-03:00

Condenaron al último dictador argentino y a otros cinco represores por los crímenes en Campo de Mayo. Un comisario, absuelto

Buenos Aires, 20 de abril (Télam).- Reynaldo Bignone, el último dictador y el único que no había sido juzgado hasta ahora, fue condenado hoy a 25 años de prisión a cumplir en una cárcel común por crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo hace mas de tres décadas, cuando era subjefe de esa guarnición.

El militar, de 82 años, fue encontrado coautor penalmente responsable por 11 allanamientos ilegales, 6 robos, 15 privaciones ilegales de libertad, 29 desapariciones y 38 casos de tormento, un número pequeño -aunque suficiente- de los casi 5 mil detenidos ilegales que pasaron por el lugar.

Igual condena alcanzó a su superior, el entonces Comandante de Institutos Militares, general retirado Santiago Omar Riveros, y al que fuera su jefe Inteligencia, general Fernando Ezequiel Verplaetsen.

Al cabo de cinco meses y medio de juicio oral y público, el veredicto de Tribunal Oral Federal 1 de San Martín fue leído sin la presencia de los acusados, que optaron por no estar en una sala de audiencias colmada por medio millar de personas y medios de prensa locales y extranjeros.

El público aclamó el veredicto y en especial la resolución judicial que canceló las prisiones domiciliarias de varios acusados, entre ellos Bignone, y ordenó cumplir las penas en un establecimiento del Sistema Penitenciario Federal.

Entre el público, rodeados de pancartas con los rostros de las víctimas, estaban el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, la presidente Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; Angela Boitano (Familiares), José Schulman (Liga), familiares de las víctimas, incluida la ex ministra de Economía, Felisa Miceli.

Los jueces Marta Isabel Milloc, Héctor Sagretti y Daniel Alberto Cisneros condenaron también al general Jorge Osvaldo García, entonces jefe de la Escuela de Infantería, y Carlos Alberto Tepedino, jefe del batallón de inteligencia 601 del Estado Mayor General del Ejercito, a 18 años de prisión.

En tanto, Eugenio Guañabens Perelló, ex Director de la Escuela de Servicios para Apoyo de Combate 'General Lemos', fue condenado a 17 años de prisión, mientras el único absuelto del caso fue el comisario bonaerense Germán Montenegro.

Riveros, Verplaestsen y García ya habían sido condenados el año pasado a penas de prisión perpetua, 25 años y 18 respectivamente, en el primer juicio por crímenes en Campo de Mayo en el que se ventiló el asesinato del adolescente comunista Floreal Avellaneda, y ya están detenidos en el penal de Marcos Paz..

Un sexto general imputado, el director de la Escuela de Ingenieros, Eduardo Alfredo Espósito, fue declarado inimputable y no fue enjuiciado a raíz de su deterioro psicofísico.

A Bignone aún le resta responder ante la justicia por la desaparición de un mÚdico y un enfermero y la detención ilegal y torturas a unos 40 empleados el Policlínico Posadas de Haedo, cuya ocupación militar comandó en marzo del 76, causa ya elevada juicio oral.

Otro juicio pendiente es por la desaparición de dos conscriptos en el Colegio Militar de la Nación, hecho por el cual el entonces presidente Néstor Kirchner ordenó descolgar su cuadro de la galería de ex directores el 24 de marzo de 2004. (Télam)

15 años de cárcel para agente de inteligencia de la dictadura

2010-04-12T23:32:00.000-03:00

Es Horacio Barcos, quien secuestró a un matrimonio santafesino en 1978

(Télam) El ex agente de inteligencia del Ejército Argentino, Horacio Barcos, fue condenado hoy a quince años de prisión por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe por haber cometido delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar, dijeron fuentes judiciales.

El tribunal, integrado por José María Escobar Cello, María Iván Vella y Daniel Laborde, impuso una pena de 11 años de prisión por este juicio pero unificó la condena con la resuelta por un juzgado de Tres Arroyos, por el delito de extorsión, con lo cual quedó establecida una pena única de 15 años de prisión.

El Tribunal santafesino lo declaró 'autor penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad, agravado por el uso de violencia y amenazas, en dos hechos, imposición de tormentos, agravado por ser las víctimas perseguidos políticos, en dos hechos, todos en concurso real'.

Por esos delitos le impuso la pena de 11 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.

A esa pena, el Tribunal la unificó con una condena a 5 años de prisión por el delito de extorsión, a cargo del Juzgado de Garantías de la ciudad bonaerense de Tres Arroyos.

La pena fue menor a la solicitada por la parte querellante, que el jueves pidió 21 años de cárcel, y que la Fiscalía, que en su alegato requirió 15 años.

Barcos, alias 'Quique', fue juzgado por los delitos de secuestro, privación ilegal de la libertad y torturas contra Amalia Ricotti y quien era su marido, José Alberto Tur, ya fallecido.

En los alegatos, finalizados el jueves pasado, la querella sostuvo que esos delitos quedaron 'debidamente probados'.

Los abogados Horacio Coutaz y Zulema Rivero solicitaron 21 años de prisión en un extenso alegato, que demandó más de tres horas, mediante el cual se detallaron sus fundamentos.

Barcos fue juzgado por el secuestro, privación ilegal de la libertad y torturas contra Ricotti y Tur, en hechos acontecidos en mayo de 1978.

La Fiscalía compartió la posición de la querella sobre la participación del acusado en el secuestro de Ricotti, quien se desempeñaba como bibliotecóloga, y de su marido, el 16 de mayo de 1978.

De todas formas, los fiscales solicitaron una pena menor, de 15 años de prisión, en tanto, la defensa demandó la absolución del imputado o, en su defecto, la pena mínima.

La pareja estuvo detenida durante 15 días en un centro clandestino de detención conocido como 'La casita', cuya ubicación no pudo ser precisada con exactitud pese a años de búsqueda e investigación.

Ese lugar, que se presume estaba en cercanías a la ciudad de Santo Tomé, también fue mencionado en la denominada Causa Brusa, juicio en el que se condenó al ex juez federal Víctor Brusa y a cinco ex policías por delitos de lesa humanidad.

Ricotti y su marido fueron liberados el 31 de mayo de 1978 y obligados a guardar silencio bajo amenazas de muerte.

La causa contra Barcos, que concluye con esta condena, fue reabierta por el juez federal de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, en 2006 y el juicio oral se inició el 5 de marzo pasado.

Tras los alegatos, el Tribunal definió que hoy se leyera la sentencia del que significó el segundo juicio por crímenes de lesa humanidad desarrollado en Santa Fe.

Barcos fue condenado por privación ilegítima de la libertad agravada por haberse cometido con violencia y amenazas, en forma reiterada (dos hechos) y tormentos agravados, por ser ejercido contra perseguidos políticos, en forma reiterada (dos hechos), en concurso real, delitos considerados de lesa humanidad.

Los voceros señalaron que la pena impuesta hoy por el Tribunal deberá unificarse con una condena que pesaba sobre él por extorsión, en ese caso a cargo de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a 5 años de prisión.

Barcos se encuentra detenido desde el 10 de octubre de 2007 en un pabellón especial de la Unidad 2 de la ciudad de Santa Fe, perteneciente al Servicio Penitenciario provincial.

Reporteros gráficos del diario Crítica hacen paro

2010-04-11T23:22:00.001-03:00

Los Reporteros Gráficos del diario Crítica seguimos de paro y convocamos a un acto el día el lunes.

Ante la falta de respuesta de la empresa, los reporteros gráficos y el conjunto de trabajadores del diario Crítica de la Argentina resolvimos extender hasta el lunes 12 el paro que llevamos a cabo desde el día jueves pasado por el no pago de nuestros salarios.
La empresa Papel 2.0 S.A., editora del diario, viene abonando nuestros salarios con demoras y en cuotas desde hace cinco meses y se había comprometido a regularizar el pago de los haberes en abril. Este compromiso figura en el acuerdo firmado entre la empresa y los trabajadores en el Ministerio de Trabajo el pasado mes de enero. Sin embargo la patronal violó lo que ella misma suscribió y comunicó que no pagaría los sueldos en tiempo y forma otra vez con ostensible retraso y cuotas, infringiendo lo que establecen las leyes vigentes.
Convocamos a todos los colegas reporteros gráficos, trabajadores de prensa, comisiones internas de medios, organizaciones sociales y políticas a solidarizarse y difundir nuestra lucha y a hacerse presente el lunes a las 15 hs. a un acto en la puerta del diario, Maipú 271.

REPORTEROS GRÁFICOS DEL DIARIO CRÍTICA DE LA ARGENTINA

CONVOCA: ASOCIACION DE REPORTEROS GRAFICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA - ARGRA-

Hipótesis de robo por la testigo de la dictadura muerta a puñaladas

2010-03-31T22:03:00.001-03:00

La Policía detuvo a dos jóvenes de 19 y 22 años, con antecedentes de robo. Insisten en que no es un delito común

ROSARIO, mar 31 (DyN) - Dos jóvenes de 19 y 22 años, sospechados por el crimen de Silvia Suppo, sobreviviente de la dictadura y la testigo más importante en la denominada ‘causa Brusa‘, fueron detenidos hoy la zona norte de esta ciudad.

También habría otra persona demorada por supuesta vinculación con la causa, según informaron fuentes policiales.

Además, se confirmó que uno de los detenidos trabajaba como cuidacoches en la ciudad santafesina de Rafaela, donde en horas de la mañana del lunes pasado Suppo fue apuñalada por dos sujetos cuando estaba en su comercio ‘Siempre Cuero‘ y falleció poco despuÚs en el Hospital ‘Jaime FerrÚ‘, tras ser operada.

Suppo fue una las testigos más importante en el primer juicio por delitos de lesa humanidad celebrado en esta ciudad contra el ex juez federal VÐctor Brusa, condenado a 21 años de prisión.

TambiÚn se supo a travÚs de las fuentes que el muchacho de 19 años tendría antecedentes por robo calificado y se investiga si fue el autor material del homicidio. El otro sujeto, domiciliado en el barrio San Agustín, habría actuado como cómplice.

Además, en otro procedimiento efectuado ayer en el domicilio del principal sospechoso por el homicidio se encontraron varios elementos sustraídos del comercio de la víctima.

En tanto, la vicegobernadora de Santa Fe, Griselda Tessio, lamentó que Suppo haya rechazado ampararse en el programa oficial de protección de testigos y ratificó que ‘no se descarta ninguna hipótesis‘ del crimen.

Por otra parte, la patrocinante de los hijos de la mujer asesinada y de la agrupación HIJOS, Lucila Puyol, descartó la versión de que ‘Suppo en los primeros momentos al pedir auxilio habría alcanzado a decir que fue víctima de un robo‘ y aseguró que ‘no hay que descartar nada, es doloroso de todas formas‘.

A su vez, los organismos de derechos humanos de Santa Fe criticaron el accionar del Gobierno provincial, asegurando que les informaron que ‘había que tomar precauciones especiales los días posteriores al acto del 24 de marzo pasado‘.

La integrante de la Casa de Derechos Humanos de Santa Fe Milagros Demiryi afirmó que ‘no aceptamos la hipótesis del robo como única alternativa; este fue un hecho planificado, tenemos suficientes razones para dudar y no vamos a permitir que se detenga a cualquiera y se los acuse; para nosotros este ha sido un crimen con móviles políticos‘

. Mientras, Tessio afirmó que ‘en este momento no estamos en condiciones de asegurar que el móvil fue un robo común seguido de muerte o que haya alguna otra cuestión relacionada con sus declaraciones‘ en el juicio a Brusa.

‘Silvia y su esposo, que lamentablemente falleciera tambiÚn a fines del año pasado, nunca quisieron integrar este programa‘ de protección a testigos en causas por delitos de lesa humanidad, ‘que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y que está funcionando muy bien‘, lamentó la vicegobernadora.

Indicó que ‘cuando ella vino a declarar en la causa Brusa, la Provincia y el mismo tribunal les puso una custodia, pero no quiso tener ni custodia permanente ni custodias personales‘.

‘El programa respeta mucho esas decisiones que son voluntarias, porque todos los sobrevivientes que han regresado de la muerte de alguna manera siguen teniendo desconfianza hacia la policía, rechazan la idea por más que ese programa está organizado por gente joven y capacitada, que por edad no pudo haber pertenecida a la Úpoca de la represión‘, aclaró.

ENTRADA ANTERIOR> 29.3.10

Matan a puñaladas una testigo del caso Brusa

Sospechan de un robo común en su local de artesanías, en Santa Fe

SANTA FE, mar 29 (DyN) - Una de las testigos de la denominada 'causa Brusa', Silvina Suppo de Destéfanis, de 51 años, fue asesinada hoy en un comercio de la ciudad de Rafaela, en proximidades de la jefatura de la Unidad Regional V, informaron fuentes policiales.

La mujer fue encontrada por una clienta a las 10 en su comercio de artesanías y cuero en calle Sargento Cabral al 220, en la zona céntrica de la ciudad.
Suppo se encontraba tirada detrás de un mostrador con tres puñaladas en el abdomen y el tórax, que habría recibido al intentar a resistirse a un intento de robo efectuado por uno o dos delincuentes que se dieron a la fuga.
Momentos después fue trasladada en una ambulancia al hospital 'Jaime Ferrer', donde fue intervenida quirúrgicamente, pero murió como consecuencia de las heridas que comprometieron sus órganos vitales, segÐn informaron médicos que la asistieron.
Fuentes de la investigación señalaron podría tratarse de un robo debido al faltante de varios artículos de oro y plata y otra mercadería.
Las actuaciones sumariales se encuentran a cargo de la Brigada de Homicidios con intervención de la justicia de Instrucción penal en turno de los Tribunales de Rafaela.
Silvia Suppo había tenido una activa participación como testigo ante el Tribunal Oral Federal que condenó en el primer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la Ðltima dictadura militar en el Gran Santa Fe al ex juez federal Víctor Brusa y a otros ex represores.
La mujer estuvo detenida en 1977 en la Guardia de Infantería Reforzada y el Area 212, donde sobrevivió a la tortura

Vejada en un centro clandestino
Silvia Suppo, asesinada hoy a puñaladas en la ciudad de Rafaela en un presunto hecho de robo, fue violada mientras estuvo detenida durante la última dictadura militar y abortó por orden de Juan Calixto Perizotti, uno de los condenados en la denominada Causa Brusa.

La mujer declaró a inicios de octubre pasado en el juicio que se sustanció contra el ex juez federal Víctor Brusa y los ex policías Héctor Colombini, Perizotti, María Eva Aebi, Mario Facino y Eduardo Ramos, todos condenados por delitos de lesa humanidad.

Precisamente, ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe Suppo narró los horrores que sufrió durante su cautiverio, entre ellos una violación y, como producto de ello, un aborto ‘para remendar el error‘, frase que atribuyó a Perizotti.

Suppo fue secuestrada por el Ejército en marzo de 1977, cuando tenía 17 años, junto a su hermano y a quien luego sería su esposo, Jorge Destéfani, fallecido meses atrás.

Unos días antes había sido secuestrado su novio de ese momento, Reinaldo Hatemmer, quien continúa como desaparecido.

La mujer contó que estuvo detenida en la comisaría Cuarta de Santa Fe, en la Guardia de Infantería Reforzada y en el centro clandestino de detención conocido como ‘La casita‘, ubicado a las afueras de la ciudad de Santo Tomé.

Suppo fue interrogada encapuchada en la seccional Cuarta, donde el jefe era Mario Facino, y pasó también por la Guardia de Infantería, donde identificó como jefe a Perizotti y como
secretaria de éste a María Eva Aebi. En la Cuarta recibió la visita del entonces obispo de Rafaela, Jorge Casaretto, a quien le contó de la violación y las torturas.

Entre muchos hechos que le ocurrieron a ella y a otras personas, la mujer habló de su hermano Rogelio Suppo, quien tras ser salvajemente torturado logró escapar de un hospital y luego de varios días de estar prófugo abandonó el país hacia Brasil ayudado por Casaretto y el obispo Justo Laguna. En ese escape fue ayudado también por desconocidos que se solidarizaron con él suministrándole comida, ropa y dinero.
Luego de declarar en el juicio, Suppo le dijo al diario Rosario 12 que estaba ‘contenta por la tarea cumplida‘. ‘Yo estaba nerviosa. Para mí significaba muchísimo. Y también para mi esposo, que murió hace tres meses, y fue detenido durante la dictadura durante cinco años, en la cércel de Coronda‘, afirmó, en declaraciones publicadas el 9 de octubre pasado.

Al hablar sobre su embarazo y sobre la manera en que Perizotti le comunicó que ‘enmendarían el error‘, la mujer dijo: ‘Como si hubiera sido un error. Me quedé helada cuando me dijo eso. No fue ningún error, tres personas no te violan por error. El lo decía como si hubiera sido obra de algún estúpido, como si no lo hubieran utilizado como método‘.

En esa entrevista, firmada por la periodista Sonia Tessa, Luppo contó que durante años le costó hablar de lo vivido: ‘Eran muchas cosas que debía elaborar. Fue terrible, estar presa, con mi hermano en el exilio, todos los compañeros de Rafaela presos‘. (Télam)

Cayó un juez corrupto y autoritario

2010-03-25T23:08:00.001-03:00

Faggionato Márquez fue destituido por su inoperancia y su lazos criminales con la Policía bonaerense. Para los consejeros, su conducta produjo un "daño evidente del servicio público y la administración de justicia"

BUENOS AIRES, mar 25 (DyN) - El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación destituyó hoy al juez federal de Zárate-Campana Federico Faggionato Márquez por mal desempeño de sus funciones, al considerar que se comportó con parcialidad en causas a su cargo y en connivencia con oficiales de la Policía Bonaerense para su provecho personal, y que protagonizó 'manejos autoritarios' en varios expedientes.

El Jurado consideró por unanimidad que Faggionato Márquez, quien no estuvo presente en la lectura de su destitución, tuvo 'un intolerable apartamiento de la misión confiada a los jueces, con un daño evidente del servicio público y la administración de justicia y menoscabo de la investidura'.

Luego del veredicto el senador radical e integrante del Consejo de la Magistratura que actuó como fiscal del juicio, Ernesto Sanz, le advirtió a los 'malos jueces' que 'pongan las barbas en remojo porque el apoyo del poder político se termina'.

Sanz señaló que el veredicto del Jurado de Enjuiciamiento es un 'mensaje' para los magistrados y explicó que para los 'buenos jueces' significa 'que pueden trabajar tranquilos'.

El senador, junto con el tambiÚn fiscal y consejero Luis María Cabral, se mostró satisfecho con la destitución, pero denunció que 'hubo gente del poder político que protegió a este juez'.

Aunque no dio nombres, se interpretó como una referencia explícita a los cinco representantes kirchneristas en el Consejo, que en Comisión votaron por no destituir a Faggionato Márquez pero una semana despuÚs faltaron a la reunión plenaria en la que se debía decidir si abrían el juicio político.

Otro hecho que había levantado polémica en el desempeño de Faggionato Márquez fue la citación, poco antes de las elecciones legislativas del 28 de junio de 2009, del principal rival del kirchnerismo, el empresario Francisco De Narváez, como imputado en la causa de la 'ruta de la efedrina' que llevaba el ahora ex magistrado.

El Consejo suspendió en su cargo y envió a juicio político a Faggionato Márquez el 15 de octubre pasado y su destitución implica que no podrá volver a ocupar un cargo de juez.

En tanto, Sanz y Cabral aclararon que la remoción no implica objetar la actuación del juez en la causa por 'la ruta de la efedrina' -en la que investigó el tráfico de esa droga por parte de cárteles mexicanos y empresarios argentinos y por la que tomó trascendencia pública- ya que ese expediente no formó parte del juicio político.

El Jury que destituyó a Faggionato Márquez estuvo integrado por los jueces de cámara Juan Giúdice Bravo y Jorge Villada, los diputados Rubén Lanceta (UCR) y Juan Manuel Irrazábal (Frente para la Victoria), los senadores Juan Carlos Marino (UCR) y Marina Riofrío (Frente para la Victoria) y el abogado Daniel Medah.

El tribunal lo removió por mal desempeño en una causa en la que debía custodiar una cosecha de soja perteneciente al Consejo del Menor del Menor y la Familia en un campo en la ciudad de Otamendi; por no inhibirse en causas en las que estaba acusado como la expropiación de otro campo a nombre de dos hermanos detenidos a cargo de él y por entorpecerse una auditoría de Asuntos Internos de la Policía para proteger a oficiales.

Pero fue absuelto por la acusación de las graves demoras en resolver causas porque no se acreditó que las dilaciones 'hayan sido producto de una intencionalidad en el manejo arbitrario de ese grupo de causas'.

En la causa de la soja, el Jurado dijo que el 'desmanejo o desentendimiento' del juez en el expediente 'contribuyó al desvío de camiones cargados de soja de los campos que debían custodiar los policías de su confianza'.

Además, criticaron que Faggionato Márquez le haya dado la 'indebida custodia y gerenciamiento' al comisario Roberto Anauati y al subcomisario Fabio Bloise, que trabajaban en la Dirección de Investigaciones Complejas y Narcocriminalidad, quienes detuvieron al representante del Consejo para actuar en la causa.

'Lo cierto es que la ostensible ajenidad de las tareas agrarias encomendadas a una dependencia policial especializada en perseguir el narcotráfico es incomprensible y se aparta del más mínimo criterio de razonabilidad con que debe proceder un juez', agregaron.

El Jury también sostuvo que el juez intentó proteger a los policías -exonerados de la fuerza- que actuaron en una causa en la que le propio magistrado estaba acusado, lo que ocurrió en otros expedientes.

Al respecto, el tribunal señaló que Faggionato tuvo 'el espurio fin de retener, desnaturalizar o desviar el curso de aquellos procesos que de alguna forma lo relacionaban con los policías de su entorno'.

Los jurados también rechazaron los argumentos que presentó la defensa del juez respecto al 'desmerecimiento permanente de los dichos de las personas que han sido denunciantes (...) y mucho menos en la existencia de un conciliábulo entre grupos dedicados al delito con funcionarios de una larga y reconocida trayectoria del Ministerio Público de la Acusación y la Defensa como de otros organismos nacionales'.

Faggionato Márquez también está imputado penalmente por presuntas irregularidades en un operativo donde policías bonaerenses enviados por el juez fueron encontrados junto a narcos mexicanos en un galpón de San Miguel que debían allanar.

El fiscal federal de San Martín, Jorge Sica, pidió que sea indagado, lo que debe ser resuelto por el juez de Tres de Febrero Juan Manuel Culotta.

Los kirchneristas criticaron las condiciones de los jugzados federales

BUENOS AIRES, mar 25 (DyN) - Los dos presentantes del kirchnerismo en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que hoy destituyó al juez Federico Faggionato Márquez, advirtieron que hay 'edificios donde funcionan los juzgados' que 'no son aptos para desarrollar sus funciones' y que cuentan con 'escasas y obsoletas herramientas informáticas'.

El diputado Juan Manuel Irrazábal y la senadora Marina Raquel Riofrío criticaron las condiciones de estructura y de recursos que tienen los juzgados federales, entre ellos el de Zárate- Campana en el que se desempeñaba Faggionato Márquez.

Los legisladores sostuvieron en una ampliación de fundamentos del veredicto contra el juez por las graves demoras para resolver causas -por la que fue absuelto- que los juzgados funcionan en 'casas de familias antiguas, depósitos, hoteles, la mayoría alquilados, que se encuentran en pésimas condiciones edilicias, agrietadas, con riesgo de derrumbes y pasillos que se convierten en improvisadas oficinas'.

Agregaron que los tribunales tienen 'estructuras deficientes, herramientas de labor inexistentes e insuficientes y poco personal'.

'Estos no parecen ser los medios más convenientes para el desarrollo de la actividad jurisdiccional encomendada', opinaron.

Los jurados explicaron que esa situación también se vivía en el juzgado de Faggionato Márquez por la 'amplitud de su competencia territorial sumada a la universalidad en su materia' y 'la precariedad de medios con que se contaba para llevar adelante la alta misión de administrar justicia'.

'La demora en la tramitación de las causas en la que incurriera el magistrado, y el manejo de los tiempos, fue posible por la existencia de un contexto que se lo permitió', agregaron.

Irrazábal y Riofrío sostuvieron que 'ha llamado la atención la falta de control del sistema 'in totum' (completamente, en todo) sobre la actividad jurisdiccional del Juzgado en general y del magistrado en particular'.

'El sistema no se mejora entonces sólo con la destitución de un juez; debería haber un planteo y análisis de las circunstancias tÚmporo-espaciales en las que el Juzgado Federal de Campana se encontraba para llegar a esta situación de extrema anomalía. Un contexto de estas características lamentablemente favorece el accionar del mal juez y dificulta la tarea del juez probo y dedicado al buen cumplimiento de su función', concluyeron.

Tras la pista de los secuestradores de López

2010-03-10T23:39:00.001-03:00

Osvaldo Falcone, acusado de tener en su casa el auto en el que habrían secuestrado a Jorge Julio López, rechazó el testimonio que lo involucra. Su defensa impidió todas las preguntas referidas a la desaparición del testigo

Adriana Meyer / Página 12

El ex médico de la Policía Bonaerense Osvaldo Falcone, el único imputado del caso de Julio López, fue indagado ayer, aunque en un marco acotado por su defensa que impidió todas las preguntas referidas a la desaparición del testigo. A principios de enero Página/12 anunció que sería llamado a indagatoria porque durante un allanamiento en una de sus casas fue encontrado un auto robado en el que habría sido secuestrado López. Falcone –que es amigo personal de Etchecolatz al punto de haberlo visitado en la cárcel de Marcos Paz y se habría jactado en público de su participación en ese hecho– ayer sólo dio explicaciones respecto del encubrimiento de la sustracción de ese vehículo.

Este ex médico policial, que revistaba en esa fuerza en la época en que era comandada por el genocida Ramón Camps y su lugarteniente Etchecolatz, tiene una casa en Pehuajó y otra al sur de Mar del Plata, en el barrio San Jacinto, cercano al paraje costero La Serena. El 14 de enero del año pasado fueron allanadas ambas viviendas a pedido del anterior secretario del caso, Juan Martín Nogueira, a partir de un testimonio de identidad reservada que le resultó verosímil.

Aquel testigo había declarado que Falcone decía haber participado en el secuestro de López y guardaba como un trofeo el auto que habían usado para deshacerse del cuerpo en la zona de La Serena. Los investigadores fueron verificando la veracidad de sus palabras y así encontraron el Volkswagen Gol azul mencionado, aunque desmantelado y sin papeles. Resultó que era robado, al igual que otro vehículo por el cual Falcone fue exonerado de la Bonaerense en 2004.

Ayer el ex médico policial se presentó en los tribunales platenses con su defensor oficial, quien impidió que la fiscalía lo interrogara más allá del asunto del Volkswagen robado. El abogado de Falcone delimitó de tal manera la declaración que no hubo preguntas directas referidas a la desaparición de López.

Falcone, a su vez, intentó invalidar el testimonio de quien lo denunció. El testigo no sólo lo acusa por el auto robado, sino también por haber estado implicado en la desaparición de López. "Todo lo que venga de esa gente no es cierto", dijo Falcone, según fuentes del caso.

Con respecto al encubrimiento del robo del vehículo, Falcone dijo que "era prestado", que "me lo dieron a cambio de otro", y vinculó lo relacionado al Gol con el robo del otro auto por el cual lo exoneraron de la Bonaerense, como si todo hubiera sido parte de la misma maniobra en la que él fue "estafado". Según explicó, cuando se dio cuenta de que el Gol era robado lo dejó en la casa. A partir de ahora la Justicia federal enviaría el caso al fuero ordinario para iniciar un proceso por este encubrimiento y analizaría qué consecuencias tiene la presencia en Tribunales de Falcone en la investigación específica del caso López.

En tal sentido, los abogados de la querella Aníbal Hnatiuk y Guadalupe Godoy, quienes se habían mostrado esperanzados con la reactivación de la causa producida en enero, expresaron a Página/12 su preocupación porque consideraron que, "a pesar de las buenas intenciones, el expediente está cayendo una vez más en el letargo".

Desde el allanamiento en Mar del Plata en el que se encontró el auto robado en lo de Falcone, el caso López quedó paralizado y navegó sin rumbo por los pasillos de los tribunales platenses. El voluminoso expediente comenzó a estar a la deriva cuando el juez federal Arnaldo Corazza se apartó por la "violencia moral" que le provocó la denuncia de la familia López contra quienes no impidieron la desaparición del testigo. El nuevo juez, Manuel Blanco, separó del caso a la secretaría especial para delitos de lesa humanidad y la delegó en la fiscalía de Sergio Franco, que rechazó la delegación. Finalmente ahora quedó a cargo el fiscal general Marcelo Molina.

Sigue el juicio por Club Atlético, El Banco y El Olimpo

2010-03-08T00:20:00.001-03:00

BUENOS AIRES, mar 7 (DyN) - El juicio oral y público a 15 represores por delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención 'Club Atlético', 'El Banco' y 'Olimpo' será retomado a partir de mañana en los tribunales federales de Buenos Aires.

Entre los imputados están Julio Simón (alias 'El Turco Julián'), ya condenado a 25 años de prisión; el ex subcomisario de la Policía Federal Samuel Miara, apropiador de los mellizos Reggiardo Tolosa, y Raúl Guglielminetti, ex agente civil de inteligencia del Ejército, ex integrante de la Triple A y ex miembro de la banda parapolicial de Aníbal Gordon.

Las nuevas audiencias fueron anunciadas para mañana, el martes y miércoles a partir de las 9 en los tribunales de Comodoro Py, durante las cuales continuarán declarando testigos, informó la organización 'Justicia Ya'.

El juicio lo lleva a cabo desde el pasado 24 de noviembre el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2, integrado por los jueces Jorge Tassara (presidente), Ana María D'Alessio, María Laura Garrigós de Rébori, y María del Carmen Roqueta.

Se trata de un proceso donde los acusados son juzgados por 181 delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención 'Club AtlÚtico', 'El Banco' y 'Olimpo' durante la última dictadura.

Otros acusados, ex integrantes de la Policía Federal, son los comisarios Eduardo Emilio Kalinec, Roberto Antonio Rosa, Raúl González y Luis Juan Donocik, el subcomisario Eufemio Jorge Uballes, los principales Juan Carlos Falcón y Ricardo Taddei y el oficial Oscar Augusto Isidoro Rolón.

También están siendo juzgados los ex gendarmes Eugenio Pereyra Apestegui y Guillermo Víctor Cardozo, el ex agente penitenciario Juan Carlos Avena y el capitán retirado del Ejército Enrique José Del Pino.

Todos están presos y acusados por privación ilegal de la libertad y torturas contra 181 víctimas, que de 1976 a 1979 estuvieron en los centros de reclusión ilegales 'Club Atlético', en Paseo Colón y San Juan; 'Olimpo', en Lacarra y Ramón Falcón (ambos en esta capital) y 'El Banco', en autopista Ricchieri y Camino de Cintura, en el conurbano provincial.

Ocho represores enfrentan juicio oral por "El Vesubio"

2010-02-28T11:57:00.001-03:00

Los acusados son los militares Humberto Gamen, Pedro Durán Sáenz y Hugo Pascarelli y cinco guardias penitenciarios del que fue uno de los mayores centros de exterminio del Primer Cuerpo de Ejército. Por ese campo pasaron unos 2500 secuestrados

Diego Martínez - Pagina/12

A poco menos de treinta y cuatro años del golpe de Estado, un cuarto de siglo desde el juicio a los ex comandantes y tres años desde que los torturadores Miguel Etchecolatz y Julio Simón comenzaron a rendir cuentas ante un tribunal, los juicios a represores de la dictadura comienzan a afianzarse como una sana costumbre de la democracia argentina. Ayer, en menos de noventa minutos, los policías que custodiaban la sala de audiencias de Comodoro Py vieron partir con esposas a los marinos Acosta, Donda, Astiz & Cía., imputados por crímenes en la ESMA, e ingresar a los militares Durán Sáenz, Gamen y Pascarelli, menos conocidos pero acusados por idénticos delitos de lesa humanidad en el centro clandestino Vesubio.

El primer juicio oral y público a un grupo de ocho jefes y guardias de uno de los mayores campos de exterminio del Primer Cuerpo de Ejército, por el que se estiman pasaron dos mil quinientos secuestrados, sufrió varias postergaciones y comenzó en un momento del día atípico, el atardecer, por problemas que ya son costumbre: las dificultades de los poderes Judicial, Ejecutivo y del Consejo de la Magistratura para cubrir en plazos razonables las vacantes en los tribunales y para encontrar salas de audiencias acordes con el interés que generan los procesos de lesa humanidad.

La última postergación fue por la jubilación de la jueza María San Martino, que no puede dejar el Tribunal Oral Federal 4 (TOF4) hasta que se lean los fundamentos del fallo por la tragedia de LAPA, y se solucionó con la designación como subrogante de Pablo Bertuzzi, quien acababa de ser desginado en La Plata. La falta de salas era un problema ostensible al menos desde abril pasado, cuando se reasignaron las causas acumuladas en el TOF5. El tribunal de San Martín que juzga a los jerarcas de Campo de Mayo demostró que con voluntad un juicio se puede realizar en un gimnasio. El ejemplo no cunde en Py: hasta ahora el tribunal que juzga Vesubio compartirá la sala con los de ESMA y Atlético-Banco-Olimpo. Pocas audiencias semanales para centenares de testigos eternizarán los juicios y obligarán a excarcelar más represores por exceder los plazos con prisión preventiva. Cambió el motivo, no el problema, y no aparece la solución.

La política del avestruz

La jornada de ayer arrancó en la calle, al mediodía, con actividades organizadas por H.I.J.O.S.. Entre banderas de organismos y de agrupaciones a las que pertenecieron algunos de los desaparecidos vistos en Vesubio, como el Partido de la Liberación o Vanguardia Comunista, se mezclaron sobrevivientes, familiares y allegados a las víctimas, con artistas como Juan Palomino, el músico Eduardo Schmidt o Fabián Matus, hijo de la fallecida Mercedes Sosa.

"Los amigos de los asesinos de la ESMA decían recién que falta poco, que esto se termina pronto. Hay que estar atentos, compañeros", advertía micrófono en mano Lita Boitano, histórica de Familiares, desde un trailer reservado a expositores. A las cinco de la tarde militantes y periodistas vieron salir el camión del Servicio Penitenciario Federal con Donda, Astiz & Cía. y se aprestaron para el comienzo del nuevo juicio. Detalle no menor: a diferencia de la costumbre que impuso el TOF5 en tiempos de Guillermo Gordo, cuando los periodistas debían firmar una papeleta en la que certificaban que el tribunal garantizaba el principio de publicidad que en la práctica incumplía, ayer ni siquiera fue necesario acreditarse. A las 17.55 el murmullo viró en silencio: de saco y corbata, esposados, con las manos adelante, ingresaron cinco penitenciarios que supieron ser guardias del Vesubio y hoy promedian sesenta años: Ramón Erlán, José Maidana, Roberto Zeolit, Diego Chemes y Ricardo Martínez. Detrás, sin esposas, entraron el general Humberto Gamen y los coroneles Pedro Durán Sáenz y Hugo Pascarelli. Los tres están libres. El fiscal Félix Crous reclamó que sean detenidos durante el juicio, argumentó que la cercanía de la sentencia puede incentivar las fugas, citó el antecedente Febres para destacar que en caso de confesar la verdad, la libertad los pondría en riesgo, recordó que el criterio se aplicó en Córdoba, Santa Fe, Neuquén y San Martín, pero no conmovió al TOF4, que también integran Leopoldo Bruglia y Jorge Gorini.

Cuando vio ingresar a la docena de fotógrafos, el coronel Pascarelli, 82 años, ex jefe del área militar 114 dentro de la que funcionó Vesubio, se escondió detrás de su abogado, que sonrió para las cámaras. Cuando los reporteros buscaron el filón para disparar, Pascarelli se cubrió la cara. Un periodista lo comentó en la bandeja superior y la mujer de un imputado, de ceño fruncido y blusa almidonada, reivindicó al soldado:

–¡Claro que se cubren! ¡Lo bien que hacen!

–¿Le parece bien que se escondan como avestruces?

–Claro que sí –ratificó la mujer, con un rosario en las manos, mientras el joven que la acompañaba la observaba con pena.

"Transó con lo peor de la Policía bonaerense"

2010-02-24T22:18:00.000-03:00

En el inicio del jury a Faggionato Márquez, uno de los consejeros acusadores dijo tener "la convicción de que Campana es una zona liberada para la droga por culpa de este juez"

BUENOS AIRES, feb. 23 (DyN) - Al comenzar a ser juzgado por 'mal desempeño' al frente del juzgado federal de Zarate Campana, Federico Faggionato Márquez se definió como un "perseguido político" por haberse metido con intereses del poder, pero los fiscales que impulsan su acusación sostuvieron que el magistrado 'transó con lo peor de la policía bonaerense' y el narcotráfico.

"Tengo la convicción que Campana es una zona liberada para la droga por culpa de este juez" que "se autoerigió como el paladín de la lucha contra el narcotráfico montando un show mediático", dijo el senador radical Ernesto Sanz, quien actúa como fiscal junto al juez Luis Cabral en la acusación contra Faggionato.

El juez, que se hizo famoso el año pasado a través de la megacausa de la efedrina, eligió el silencio.

Si bien tenía la oportunidad de declarar ante el tribunal apenas se escuchó la acusación, prefirió postergar sus palabras para las próximas jornadas: 'Por el momento no voy a ejercer mi defensa material', se limitó a decir', dijo.

No obstante, Marcelo Brito, su abogado defensor, se encargó de hablar en su nombre: dijo que 'hay una persecución política' contra el juez con el objetivo de que no vuelva a investigar una serie de causas que involucran al poder político, como la 'ruta de la efedrina'.

Faggionato Márquez comenzó hoy a enfrentar un juicio político por mal desempeño que está a cargo del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado de la Nación, que podría destituirlo si lo encuentra culpable de los cargos.

El Consejo de la Magistratura suspendió en su cargo y envió a juicio al magistrado el 15 de octubre del año pasado, sin los votos de los representantes del kirchnerismo que faltaron a la reunión pero que una semana antes habían dictado a favor que el juez no sea juzgado.

Vestido con traje gris, camisa blanca, corbata azul con motivos blancos y anteojos, Faggionato fue el primero en ingresar a la Sala del Jurado, en Libertad 731, junto a su abogado Brito.

Los representantes del Consejo Luis María Cabral y el senador Ernesto Sanz, que actúan como fiscales, comenzaron exponiendo las acusaciones contra el juez.

Faggionato está acusado de cometer irregularidades en una causa donde se habría apropiado de una cosecha de soja que ordenó levantar de un campo perteneciente al Consejo Nacional del Menor y la Familia; de no inhibirse de investigar un secuestro extorsivo en donde fue denunciado por su actuación; y de demoras en la tramitación de causas que Cabral calificó como una 'situación caótica del estado del juzgado'.

Cabral describió una veintena de casos con demoras como tres años en resolver la situación procesal de imputados o dilaciones de un año y medio en solicitar una pericia sobre un documento de identidad apócrifo.

'Es un juez que se ha desempeñado mal y vamos a acreditar ese mal desempeño para que el Jurado resuelva su remoción', dijo Cabral, mientras Sanz se encargó de realizar una acusación política.

En ese sentido, el presidente de la UCR -Sanz- dijo que sobre el juez pesan 'cargos suficientemente graves', pidió 'defender a la sociedad de tener un mal juez' porque 'un magistrado debe ser justo, honesto y parcial y Faggionato 'carece de una, varias o todas esas virtudes'.

'Me costó encontrar a alguna persona que me hablara bien del juez o que lo defendiera', dijo Sanz, tras recordar sus entrevistas con empleados y vecinos de Campana.

Fue así que afirmó: 'Tengo la convicción que Campana es una zona liberada para la droga por culpa de este juez que transó con lo peor de la policía bonaerense', arremetió Sanz, en alusión a dos oficiales de esa fuerza que fueron exonerados.

Por su parte, el abogado Brito denunció 'una persecución política contra Faggionato Márquez' para destituirlo porque 'la causa de la efedrina ha tocado intereses políticos'.

'La destitución de Faggionato obedece a unos pocos siniestros delincuentes', agregó, tras salpicar a abogados y personas allegadas a Sanz que buscar la destitución porque una de ellas , Antonio Pasaglia, estaría imputada en una causa por quema de pastizales.

A partir de mañana, a las 8:30, el Jurado de Enjuiciamiento comenzará a escuchar a los testigos: comenzarán por los secretarios que trabajaron con Faggionato Márquez; el jueves fue citado el ex ministro de Seguridad bonaerense León Arslanián; y el viernes tendrán que declarar fiscales federales.

Los encargados de resolver si remueven a Faggionato de su cargo son Juan Giúdice Bravo, Rubén Lanceta, Marina Riofrío, Juan Manuel Irrazabal, Juan Carlos Marino, Daniel Medah y Roberto Loutayf Ranea.

Ordenan más de 20 detenciones en "La Cacha"

2010-02-21T10:13:00.001-03:00

LA NACION

LA PLATA.- La justicia federal ordenó la detención de una veintena de ex miembros de las fuerzas de seguridad y de personal civil de inteligencia que actuaron en el centro clandestino de detención La Cacha, que funcionó durante la última dictadura militar en Olmos, en la periferia de esta ciudad. Al cierre de esta edición, más de la mitad de los imputados ya habían sido arrestados.

La medida la adoptó el juez federal Manuel Humberto Blanco, a pedido de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y el fiscal Sergio Franco.

Entre los imputados figuran el ex gobernador de facto Ibérico Saint Jean; el ex ministro de gobierno provincial, Jaime Smart; el responsable del Destacamento de Inteligencia 101, Alejandro Arias Duval, y los militares y civiles Carlos del Señor Hidalgo Garzón; Emilio Herrero Anzorena; Jorge De Pascuale; Carlos Romero Pavon; Anselmo Palavezzati; Gustavo Cacivio; Ricaro Von Kyat; Miguel Angel Amigo; Roberto Balmaceda; Ricaro Fernández; Luis Perea; Juan Carlos Negri; Raúl Espinoza; Teodoro Gauto; Claudio Grande; Rufino Batalla; César Branne; Juan Carlos Herzberg; Isaac Crespín Miranda; Héctor Acuña y Enrique Cicciari.

Bussi leyó un empolvado documento de la represión

2010-02-17T21:30:00.002-03:00

En una insólita indagatoria, el represor leyó un documento como si el Código Penal lo permitiera. Indignación de la querella, que pidió que no se agravie la memoria de las víctimas

El ex represor Antonio Bussi hizo hoy uso de la palabra durante el segundo día del juicio oral que le siguen por violaciones a los derechos humanos, y desempolvó el argumento de la 'agresión marxista leninista' para justificar la represión de la última dictadura militar.

En tanto, la querella pidió al tribunal que se impida que los imputados agravien la memoria de las víctimas del terrorismo del Estado.

Bussi dijo que las fuerzas armadas llevaron a cabo durante los años 70 una verdadera 'epopeya' contra la 'agresión marxista-leninista' que acosaba al país.

El ex titular del Comando de la V Brigada del Ejército optó por hacer uso de la palabra, según explicó, para 'contribuir a la verdad histórica, hoy distorsionada, manejada y agraviada para satisfacer mezquinos intereses que no se ajustan a la realidad que vivieron Tucumán y la Argentina en los años 70'.
'Lo hago para contribuir con mi verdad, como protagonista principalísimo de esa epopeya militar, pero también en resguardo de mis subordinados de todas las jerarquías que, con sacrificio y coraje, han coadyuvado a salvaguardar las instituciones de la república; entre ellas, la misma Justicia', destacó Bussi.
Según el ex gobernador (1995-1999), el Operativo Independencia
que él encabezó en los montes tucumanos 'fue la respuesta constitucional e institucional del gobierno de Estela Martínez de Perón, dispuesto mediante el decreto N· 261/75, ratificado con posterioridad por el ex presidente interino Italo Luder'.
'En el marco de la guerra fría que enfrentaba a las grandes potencias, el operativo fue la respuesta militar a la agresión marxista-leninista contra la nación, llevada adelante mediante bandas terroristas, equipadas militarmente con apoyo extranjero, proveniente de Cuba, Chile y Perú, que operaban en todo el país, pero que tenía epicentro en Tucumán, objetivo inicial del comunismo internacional', subrayó Bussi.
El imputado, de 84 años, insistió: 'la zona de operaciones de Tucumán, decretada un año antes del 24 de marzo de 1976, no fue establecida para llevar adelante un plan de represión, sino para la aplicación de estrategias, tácticas y técnicas en aras del cumplimiento de la misión impuesta: combatir a la guerrilla'.
Durante su declaración de casi tres horas ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Bussi recalcó que 'la propia ex presidenta (Martínez de Perón), en su carácter de jefa de las Fuerzas Armadas, visitó varias veces las zona de operaciones y de esto también tomaron conocimiento obispos de la Santa Iglesia'.
El ex gobernador manifestó que 'el propio ex presidente Juan Domingo Perón, el 22 de enero de 1974, después del ataque a la Guarnición Militar de Azul (Provincia de Buenos Aires), advirtió: 'estamos en presencia de verdaderos enemigos de la patria, organizados con fuerza para luchar contra el Estado''. Asimismo, Bussi expresó que el dirigente radical Ricardo Balbín, en marzo de 1989, calificaba como 'meritorio' el papel representado por las Fuerzas Armadas, y agregó que en 2005 el Episcopado argentino instó a 'no callar los crímenes de la guerrilla entre 1973 y 1977, porque los jóvenes también deben conocer este capítulo de la verdad histórica'.
En todo momento, el imputado sostuvo que, en Tucumán en los años 70, se libró 'una guerra declarada por un gobierno constitucional' y agregó que, durante aquellos años, 'nadie reclamó por los muertos en combate, ni siquiera los miembros de las propias organizaciones subversivas'.
'A muchos de los muertos fue difícil identificar, porque fueron tragados por la espesura del monte o por las tácticas desplegadas por las propias organizaciones guerrilleras, como los cementerios clandestinos o las fosas comunes, para evitar que se conociera su identidad', dijo Bussi.
Asimismo, el ex gobernador señaló que, personalmente, supervisaba 'el cumplimiento del reglamento militar' y agregó que, a diferencia de lo que sucede en Medio Oriente, donde los detenidos son sometidos a tortura y tormentos al límite de lo humano, aquí eran alojados en la Jefatura de la Policía y sometidos al control policial atentos a su peligrosidad'.
Bussi fue el primero de los imputados en hablar en el marco del juicio oral (pasó a un cuarto intermedio hasta esta tarde, a las 17) que se lleva adelante por la desaparición de 17 personas en el centro clandestino de detención que funcionó durante la dictadura militar en la ex jefatura de la Policía tucumana.
Luego de haber hablado Bussi, Laura Figueroa, una de las abogadas querellantes (representante de víctimas de la represión), pidió al titular del tribunal, Carlos Jiménez Montilla, que impida que, dada la oralidad que rige en el proceso, puedan leer algún documento los imputados, como lo hizo Bussi.
Asimismo, la letrada solicitó al tribunal que se prohíba que los imputados 'puedan injuriar' la memoria de las víctimas o de los abogados querellantes, tras lo cual Bussi solicitó disculpas y agregó que no había sido su intención agraviar a nadie.
En la causa, están imputados, además de Bussi y Luciano Benjamín Menéndez, los ex militares Albino Mario Zimmerman y Alberto Cattáneo, además de los ex policías Roberto 'El tuerto' Albornoz, y los hermanos Luis y Carlos de Cándido. (Télam).-

La Jefatura, sala de torturas en el centro tucumano

2010-02-17T08:51:00.002-03:00

Comenzó el juicio contra Bussi, Menéndez y otros cinco ex policías y ex militares por la represión en el centro clandestino Jefatura, de Tucumán. Se juzgan 22 casos de desaparecidos

Los acusados:

Domingo Antonio Bussi

Ex gobernador de facto

Luciano Menéndez

ex jefe del III Cuerpo de Ejército

Albino Mario Zimmerman y Alberto Cattáneo

ex militares

Roberto Albornoz

ex policía

Luis de Cándido y Carlos de Cándido.

ex policías

Víctimas: Marta y Rolando Coronel, Hugo Alberto Díaz, Joaquín Ariño, Cerafina Rosa López, Francisco López, Juan Carlos López, Marta Angela López, Carlos Ramón Apaza, Diana Oestherheld, Raúl Carlos Araldi, Raúl Mauricio Lechessi, Edgardo Bordón, Graciela Bustamante de Argañaraz, Ricardo Torres Correa, Adriana Mitrovich, Horacio Atilio Ferreyra, José Edgardo Ramos, Alicia Dora Cerrota de Ramos, Daniel Fontanarrosa Larraza, Enrique Abdón Pastor Cerezo y Angel Garmendia.

(Página/12)

Antonio Domingo Bussi trasladado en ambulancia y con silla de ruedas. Luciano Benjamín Menéndez, aislado en una sala por pedido de sus médicos. Alberto Luis Cattáneo descompensado en plena audiencia. Las imágenes de los ex jerarcas militares del norte argentino, síntesis de las tres décadas de impunidad transcurridas, formaron parte ayer del inicio del juicio por delitos de lesa humanidad en la Jefatura de Policía de Tucumán, que funcionó a apenas siete cuadras de la casa de gobierno. El ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, que ya suma tres condenas a prisión perpetua, tendrá la oportunidad de leer hoy por séptima vez en tres años su apología del terrorismo de Estado.

El juicio oral y público por secuestros, torturas y homicidios en Jefatura, como la llaman los tucumanos, comenzó minutos después de las diez de la mañana. El edificio de Chacabuco y Crisóstomo Alvarez estuvo cercado por un fuerte despliegue de Gendarmería, con un centenar de efectivos. La lectura del requerimiento de elevación a juicio, que insumió toda la jornada, tuvo como música de fondo las voces de más de doscientos militantes de derechos humanos y de partidos de izquierda, que desde la calle exigían justicia y cárcel a los genocidas.
Menéndez, quien llegó el lunes a la noche desde Córdoba, fue ubicado en una sala especial del primer piso, desde la que siguió el desarrollo de la audiencia. "Se tomó la decisión de habilitar ese lugar por pedido de los médicos oficiales, quienes consideran que por su salud no puede compartir lugares donde hay mucha gente", explicó el juez Carlos Jiménez Montilla, presidente del Tribunal Oral Federal de Tucumán que también integran Gabriel Casas y Josefina Curi.
Bussi llegó en ambulancia desde la residencia donde cumple su arresto domiciliario, en el country de Yerba Buena, y se movilizó en silla de ruedas con asistencia médica permanente. Quienes presenciaron hace un año y medio el juicio que culminó con su primera condena, por la desaparición del senador justicialista Guillermo Vargas Aignasse, lo vieron ayer con mejor porte. El único imputado que debió ser asistido, por una descompensación, fue el general retirado Cattáneo, ex segundo jefe de la Brigada de Infantería V que comandaba el ex gobernador tucumano.
La lectura de los requerimientos incluyó un detallado relato de la metodología utilizada por el Estado durante la última dictadura, para secuestrar a personas que luego eran torturadas en el centro clandestino que funcionó en la Jefatura de Policía, entre otros. Los fiscales sostuvieron que los imputados formaron parte de una asociación ilícita que operaba en todo el país. Si los jefes citados junto con el ex jefe de policía, coronel Albino Mario Zimmerman, tenían responsabilidad mediata sobre la amplia gama de delitos que allí se cometían, la acusación fiscal sindicó al ex comisario Roberto Albornoz como la persona que daba las órdenes a los grupos de tareas, que actuaban por lo general de noche. El "Tuerto" Albornoz era jefe del Servicio de Información Confidencial (SIC) de la policía provincial.
"La investigación prueba que hubo un plan sistemático llevado a cabo en forma conjunta por militares y policías, que ingresaban a los domicilios particulares sin orden judicial, y se llevaban a las víctimas a un centro clandestino de detención", resaltó el abogado Emilio Guagnini, uno de los querellantes en la causa. Julia Vitar, abogada de H.I.J.O.S. regional Tucumán, resaltó que los grupos de tareas "violaban sistemáticamente los derechos humanos atacando a grupos de personas, actos que no pueden encuadrarse en una guerra, como ellos argumentan".
Hoy concluirá la lectura de las acusaciones y los imputados podrán hacer uso de la palabra, en tanto a partir de mañana comenzarán a declarar los 114 testigos previstos. Al comienzo y al final de los tres juicios que afrontó como máximo responsable de la represión ilegal en once provincias argentinas, Menéndez leyó un texto para justificar su actuación. En la última oportunidad, además, terminó de aniquilar las pocas chances de supervivencia en su cargo del fugaz ministro de educación porteño Abel Posse. Hoy retomará la palabra.

Fusilamientos que no son crímenes de lesa humanidad

2010-02-04T23:24:00.001-03:00

Lo dispuso la Cámara Federal de San Martín por el asesinato de guerrilleros en La Tablada

BUENOS AIRES, feb 04 (DyN) - Los presuntos fusilamientos de guerrilleros del Movimiento Todos por la Patria (MTP) que se rindieron tras el frustrado intento de copamiento del cuartel de La Tablada en 1989 no son delitos de lesa humanidad, según dispuso la Cámara Federal de San Martín.

El tribunal revocó una decisión del juez de primera instancia de Morón Germán Castelli y, de esta manera, dejó al borde de la prescripción la causa que investigaba las torturas y ejecuciones a que habría sido sometida una decena de guerrilleros después de rendirse, tras la recuperación de la unidad por parte de fuerzas militares.

El fallo de la Cámara Federal de San Martín advirtió que 'aún cuando se tuviera por comprobada la existencia de los hechos aberrantes' durante la recuperación del regimiento tomado por el MTP 'difícilmente fuera correcto afirmar que se tratara de una política del Estado argentino, ni de un grupo no gubernamental que ejercía un dominio cuasi estatal cumpliendo los roles de un Estado en un territorio'.

En todo caso, señala el fallo, 'de comprobarse su existencia, podría tratarse, a todo evento, de un caso de corrupción o exceso por parte de algún ó algunos miembros de las fuerzas que encararon la recuperación, pero la responsabilidad de esos hechos no podría ser trasladada al Estado como si se tratara de su propia política' porque todo ocurrió en democracia

. Según se remarcó en el fallo, es claro que 'el Estado argentino no persigue desde la instalación de la democracia en 1983, ni directamente ni por medio de una tolerancia omisiva, ningún plan específico fundado en las razones espurias que dan lugar a crímenes de lesa humanidad'.

De esta manera, la Cámara Federal de San Martín cerró la puerta para el juzgamiento de los supuestos crímenes que habrían ocurrido en el marco de la toma del cuartel de La Tablada por parte del grupo izquierdista MTP, liderado por Enrique Gorriarán Merlo, ocurrida el 23 de enero de 1989, un mes y medio después del tercer levantamiento 'carapintada' que soportó el entonces presidente Raúl Alfonsñn. El argumento de los guerrilleros fue que se trataba de impedir otro supuesto alzamiento militar contra la democracia.

Después de un día y medio de ocupación, las fuerzas militares recuperaron el predio militar: allí se rindieron 14 miembros del MTP, tras un supuesto enfrentamiento que dejó bajas de ambos lados. Hubo 11 policías y militares muertos, mientras que cayeron 28 atacantes, algunos de los cuales -según denuncias posteriores- habrían sido fusilados.

Fue por eso que en setiembre último el juez Castelli había firmado un fallo en el que entendía que el caso podía ser considerado de 'lesa humanidad'.

El juez entendió que cuando Alfonsín activó 'el más vigoroso brazo armado del país en defensa de la Nación', varios de los agentes convocados 'aprovecharon el extraordinario poder otorgado, el dominio del escenario de los hechos, la estructura y los recursos estatales, para sobrepasar, sigilosamente, el poder presidencial, y así planificar y ejecutar graves violaciones al derecho humanitario internacional, que incluyó dificultar las investigaciones'.

Fue por eso que ordenó detener a dos militares por las muertes de Iván Ruiz y José Alejandro Díaz, dos de los jóvenes que habían participado del ataque a La Tablada y que, si bien se rindieron, habrían sido asesinados.

Sin embargo, el fallo fue apelado ante la Cámara Federal de San Martín, que el pasado 18 de enero -pese a que recién trascendió hoy- resolvió revocar la sentencia de Castelli al desacreditar la posibilidad de un delito de lesa humanidad.

En 92 páginas, la Sala de Feria de la Cámara, integrada por los jueces Hugo Fossati, Jorge Barral y Alberto Criscuolo, estableció que 'los antecedentes del proceso evidencian que se trató de un acto aislado, espontáneamente emprendido y no planificado con anterioridad, en respuesta a la inesperada agresión ilegítima de que fueron objeto tanto la instalación del Ejército Argentino como sus efectivos'.

También se sostuvo que 'no se actuó contra una población civil por una determinada política previa y planificada, sino que se actuó en el marco de un combate espontáneo para recuperar rehenes e instalaciones militares ilegítimamente atacadas'.

La Cámara analizó en detalle los términos del Tratado de Roma en donde se pasa revista a la definición de crimen contra la humanidad y subraya que ese tipo de asesinatos 'no son actos aislados y fortuitos de ciertos individuos, sino el resultado de un propósito deliberado de atacar ilegítimamente a una población civil, consecuente con una determinación política en ese sentido'.

"Estado comprometido con los Derechos Humanos"

La Cámara dijo que el ataque se produjo "en plena democracia", pese a que ocurrió después de las leyes de impunidad

Además de descartar que los fusilamientos de La Tablada hayan sido crímenes de lesa humanidad, la Cámara Federal de San Martín defendió la actuación de las fuerzas militares que lograron recuperar aquel cuartel que habúa sido tomado por el grupo guerrillero que lideraba Enrique Gorriarán Merlo.

En el fallo al que accedió DyN, la Cámara Federal subrayó que la toma del cuartel de La Tablada se dio en un 'momento político que atravesaba la Nación, con un Estado profundamente comprometido con la defensa de los derechos humanos, que incluyó la formación de un proceso judicial para el juzgamiento de las Juntas Militares que lo precedieron en el gobierno, por los graves crímenes cometidos durante su usurpación del poder'.

Y añadió que 'en ese contexto de plena democracia, la vida institucional de la Nación se vio perturbada por el más que sorpresivo ataque armado de una agrupación conocida por el nombre de Movimiento todos por la Patria, con miras al copamiento del Cuartel del Ejército Argentino' ubicado en La Tablada. De acuerdo al fallo, fue así que 'el entonces Presidente de la Nación, en su calidad de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, ordenó a las tropas legales la recuperación del Regimiento y el sometimiento de los agresores'.

'Y en cumplimiento del mandato presidencial, tuvieron lugar las acciones militares para liberar a quienes se encontraban como rehenes del referido grupo y para recobrar el control de la unidad atacada, bajo el comando del encausado Alfredo Manuel Arrillaga', a×adió.

Arrillaga había sido arrestado y procesado por el juez de primera instancia Germán Castelli, pero ahora su situación quedó aliviada con el fallo de la Cámara Federal. En la resolución los camaristas añadieron que 'tras un intenso combate, que se mantuvo durante todo el día 23 de enero de 1989, el episodio culminó a la mañana del siguiente con la rendición de los incursores y el restablecimiento del control sobre las instalaciones del predio militar'.

Con información de DyN

A 10 años de una condena ejemplar que nunca se cumplió

2010-02-02T21:42:00.001-03:00

El 2 de febrero de 2000, la Jusicia condenaba a 4 ex policías y 4 ladrones por el asesinato de José Luis Cabezas. Salvo Gustavo Prellezo, ninguno cumplió la pena en prisión.

Buenos Aires, 1 febrero (NA) -- Hace una década, el fallecido empresario postal Alfredo Yabrán era declarado como principal instigador en el juicio por el asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas, en el que también se dictaron condenas de reclusión y prisión perpetua para los principales acusados.
   El 2 de febrero de 2000, los ex policías bonaerenses Gustavo Prellezo, Aníbal Luna y Sergio Camaratta fueron condenados a reclusión perpetua, mientras que a Gregorio Ríos, ex jefe de la custodia de Yabrán y a los integrantes de la denominada banda de "Los Horneros" -Horacio Braga, Gustavo González, Héctor Retana y José Luis Auge- les fijaron penas de prisión perpetua.
   El juicio fue llevado adelante por el tribunal de la Cámara de Garantías en lo Penal de Dolores integrado por los jueces Raúl Pedro Begué, Susana Miriam Darling Yaltone y Jorge Luis Dupuy, y tuvo una duración de casi dos meses.
   Según comprobó la justicia, el fotógrafo fue secuestrado y asesinado la madrugada del 25 de enero de 1997 por los cuatro ladrones del barrio platense de Los Hornos y el policía Prellezo.
   De acuerdo a las autoincriminaciones de "Los Horneros", ellos se encargaron de "levantar" a Cabezas a la salida de una fiesta en la residencia del empresario Oscar Andreani en Pinamar, lo introdujeron en el propio Ford Fiesta del reportero y lo llevaron hasta una fosa que se desprendía de un camino rural en las afueras de esa ciudad balnearia, en la localidad de General Madariaga.
   Una vez esposado y arrodillado, Prellezo le pegó dos tiros en la nuca. Luego, lo prendieron fuego dentro de su automóvil.

De acuerdo a los fundamentos expuestos por el juez Begué, "Prellezo sabía que el hecho terminaría con la muerte de Cabezas, de ahí los dos disparos. Así que mal se puede pensar que la intención era darle un susto a Cabezas".

La justicia determinó que los otros dos oficiales Sergio Camaratta -jefe del destacamento de Valeria del Mar- y Aníbal Luna fueron partícipes primarios del crimen.

Camaratta fue quien aportó el arma homicida y alojó a los cuatro integrantes de la banda "Los Horneros"; y Luna actuó en la etapa de preparación del crimen, "marcandole" a Cabezas a Prellezo.

El restante condenado a prisión perpetua fue el jefe de seguridad de Alfredo Yabrán, el ex sargento del ejército Gregorio Ríos, quien le impartía las órdenes a Prellezo.
Mientras tanto, Silvia Belawsky, ex mujer de Prellezo, fue condenada por estafa a una pena de cuatro años de prisión ya que fraguó el robo de su automóvil para cobrar el dinero del seguro, pero fue dejada en libertad en la causa principal por el crimen.

    Para el tribunal, el autor intelectual del asesinato fue Alfredo Yabrán, ya que ni Ríos ni Prellezo tenían motivos para matar a Cabezas.
   En cambio, el empresario postal –que hacía todo lo posible por mantener su imagen en secreto- había dicho en público que la tarea periodística del fotógrafo de la revista "Noticias" lo molestaba.
   Es que el reportero gráfico logró lo que nadie había obtenido hasta ese momento, sacarle una foto a Yabrán y hacer su cara pública, luego que en una presentación ante el Senado, el ex ministro de economía Domingo Cavallo, lo había acusado de ser el "jefe de la mafia".
   Cabezas logró retratar a Yabrán caminando con su esposa por las playas de Pinamar, foto que fue la tapa de la revista para la que trabajaba, vulnerando así la seguridad que se manejaba a su alrededor.
   Yabrán -quien antes del crimen había dicho "sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro en la frente"- se suicidó el 20 de mayo de 1998 de un escopetazo en la boca, en el baño de la Estancia San Ignacio, situada a unos 30 kilómetros de Gualeguaychú, Entre Ríos, donde permanecía prófugo de la Justicia.
   En un juicio posterior -que se denominó "Caso Cabezas II"- también fue condenado reclusión perpetua Alberto Pedro "La Liebre" Gómez, el entonces comisario de Pinamar, al que la Justicia lo responsabilizó de haber "liberado" la zona para que se pudiera realizar el crimen.
   En 2006, tres de los cuatro "horneros" (a excepción de Héctor Retana, quien murió de SIDA en 2001 en la Unidad 9) recuperaron su libertad beneficiados por el sistema "2x1", gracias a las reducciones dictadas en noviembre del 2003 por los jueces de la Sala Primera de la Cámara de Casación bonaerense, Horacio Piombo, Benjamín Sal Llargués y Carlos Natiello.
   En ese marco, también fueron liberados los policías Cammarata y Luna.
   En tanto, la Cámara de Dolores otorgó a fines del 2006 el beneficio de prisión domiciliaria a Gregorio Ríos.

   Pero la Suprema Corte de Justicia bonaerense revocó el 19 de septiembre del 2007 los privilegios otorgados por Casación y confirmó todas las penas impuestas dos años antes por la Cámara de Dolores.
   Braga y Auge fueron nuevamente encarcelados el 15 de diciembre de 2007 a pedido de la Cámara Penal de Dolores, por considerar que incumplieron con las condiciones fijadas para permanecer en libertad.
   En noviembre de 2009, la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que González vuelva a la cárcel para cumplir la pena de prisión perpetua, tras permanecer casi cinco años en libertad condicional.
   A 13 años del brutal asesinato de Cabezas, cinco personas permanecen en la cárcel: Gustavo Prellezo, Alberto "La Liebre" Gómez, Gustavo González, Horacio Anselmo Braga y José Luis Auge; mientras que Alfredo Yabrán, sindicado por los camaristas como el autor intelectual del crimen, no vivió para ser condenado.

Culmina el segundo juicio contra Riveros y Bignone

2010-02-01T16:22:00.001-03:00

Este miércoles serán los alegatos y en marzo, el veredicto.

Buenos Aires, 1 febrero (NA) -- El próximo miércoles comienza la etapa de alegatos del juicio que se lleva a cabo por delitos de lesa humanidad perpetrados en jurisdicción de Campo de Mayo y cuyo principal imputado es el ex dictador Reynaldo Bignone.
   El Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín tiene previsto comenzar con la etapa de alegatos el miércoles a las 9.30, contra Bignone y Santiago Omar Riveros y otros cinco imputados.
   La audiencia comenzará con el alegato de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que forma parte de una de las seis querellas que actúan en el juicio.
   Luego, será el turno de la querella representada por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y finalmente lo hará la acusación que dirigen los fiscales Marcelo García Berro, Augusto De Luca y Juan Murray.

   Además de Bignone y Riveros, comandante del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo; están siendo juzgados Fernando Verplaetsen, jefe del departamento de inteligencia, y Jorge Osvaldo García, director de la escuela de infantería.
   Estos tres ya fueron condenados por el TOF 1 en agosto del año pasado, por el asesinato de Floreal Avellaneda y el secuestro de su madre, Iris Pereyra de Avellaneda.
   En ese juicio, Riveros fue condenado a prisión perpetua, Verplaetsen a 25 años y García a 18.
   También están en el banquillo de los acusados, el entonces director de la Escuela de Servicios para Apoyo de Combate "General Lemos", Eugenio Guañabens Perelló, el jefe del batallón de inteligencia 601 del Estado Mayor General del Ejército durante el año 1978, Carlos Alberto Tepedino y el ex comisario de Bella Vista en 1977, Germán Montenegro.
   El juicio es por los delitos de allanamientos ilegales, privaciones de la libertad e imposición de tormentos en perjuicio de 56 víctimas, entre los años 1976 y 1978, ocurridos en el Centro Clandestino de detención de Campo de Mayo.

En el debate que arrancó en noviembre pasado también iba a ser juzgado el ex director de la Escuela de Ingenieros Eduardo Alfredo Espósito, pero por cuestiones de salud se suspendió el juicio en su contra.
Ante el Tribunal integrado por los jueces Marta Milloc, Héctor Sagretti y Daniel Cisneros declararon más de 100 testigos y en principio la sentencia está prevista para marzo próximo. ///

Piden indagar a un médico amigo de Etchecolatz

2010-01-06T09:54:00.001-03:00

La fiscalía federal de La Plata solicitó esa medida para Osvaldo Falcone. En su casa de Mar del Plata hallaron un auto que habría sido utilizado para desaparecer al testigo

Adriana Meyer / Página 12

La llegada del verano volvió a coincidir con la reactivación del expediente judicial sobre la desaparición de Jorge Julio López. Hace casi un año los investigadores allanaron una casa en un barrio al sur de Mar del Plata y encontraron el auto en el que habría sido secuestrado el testigo clave del juicio contra el represor Miguel Etchecolatz. Ahora el dueño de la vivienda donde estaba el vehículo será convocado a declaración indagatoria. Es el ex médico de la Policía Bonaerense Osvaldo Falcone, amigo personal de Etchecolatz al punto de haberlo visitado en la cárcel de Marcos Paz antes y después de la desaparición de López y quien se habría jactado en público de su participación en ese hecho.

Poco y nada se supo del resultado de aquel procedimiento que el 14 de enero pasado sacudió la modorra vacacional, porque el caso López sufrió desde entonces una real parálisis y navegó sin rumbo por los pasillos de los tribunales platenses. El voluminoso expediente comenzó a estar a la deriva cuando el juez federal Arnaldo Corazza se apartó por la "violencia moral" que le provocó la denuncia de la familia López contra quienes no impidieron la desaparición del testigo. El nuevo juez, Manuel Blanco, separó del caso a la secretaría especial para delitos de lesa humanidad y lo delegó en la fiscalía de Sergio Franco, que rechazó la delegación. Finalmente, ahora quedó a cargo del fiscal general Marcelo Molina. "Hubo que luchar tres meses para que la Justicia reconociera que fue un secuestro, un año para que la Procuración designara personal, un año y medio para apartar a la Policía Bonaerense, y dos años para que el expediente pase a una secretaría especial para delitos de lesa humanidad, y así algún funcionario siguió las líneas que marcamos desde el principio", dijeron los querellantes de Justicia Ya! Pero lamentaron que en ese momento, cuando por primera vez el secretario Juan Martín Nogueira apuntó hacia policías y militares, retirados y en actividad, el caso se estancó.

De hecho, el allanamiento del año pasado a las viviendas de Falcone en San Jacinto, sobre la Ruta 11, camino a Miramar, y Pehuajó había sido pedido por Nogueira a partir de un testimonio de identidad reservada que le resultó verosímil. El testigo mencionó que Falcone decía que había participado en el secuestro de López y que guardaba como un trofeo el auto que habían usado para deshacerse del cuerpo en la zona de La Serena. Los investigadores fueron verificando la veracidad de las palabras del testigo, y así encontraron el Gol azul mencionado, aunque desmantelado y sin papeles. Resultó que era robado, al igual que otro vehículo por el cual fue exonerado de la Bonaerense en 2004.

Falcone no figura en los listados de represores de la dictadura. Pero mantiene una estrecha amistad con Etchecolatz, a quien visitó en Marcos Paz pocos días antes de la desaparición del testigo, así como después, y aparece en los cruces de llamadas con ese genocida. La indagatoria pedida por el fiscal Molina, a la que la Justicia ya accedió, es el resultado de los procedimientos del verano pasado. Y no sería la única medida que reavivará el caso: el nuevo fiscal encontró decenas de líneas que quedaron sin ser exploradas incluso cuando el expediente tenía instructores. "Se ha dispuesto la primera indagatoria, se toma la decisión de hacer lo que era obvio en enero pasado. El próximo lunes se cumplen 40 meses, 1198 días de impunidad, tal vez empecemos a romperla", expresó Justicia Ya!

"Puesto Vasco" a juicio

2009-12-30T16:14:00.002-03:00

La Plata, 30 de diciembre (Télam).- La justicia federal de La Plata elevó a juicio oral la causa que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en el centro clandestino de detención 'Puesto Vasco', que funcionó en una dependencia policial en la localidad de Don Bosco, partido de Quilmes, informó una fuente judicial.
La causa fue remitida en las últimas horas por el juez federal Arnaldo Corazza al Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata, que juzgó y condenó al represor Miguel Etchecolatz y al ex capellán de la policía, Christian Von Wernich.
El centro clandestino de detención 'Puesto Vasco' funcionó desde abril de 1976 a febrero de 1978 en una división de Cuatrerismo, ubicada en la calle Pilcomayo 69, de Don Bosco.
En esta causa están imputados el represor Miguel Etchecolatz, el médico policial Jorge Berges, los ex policías Eros Amilcar Tarela, Roberto Antonio Cabrera, Sergio Verduri, Norberto Cozzani (foto), Rodolfo Campos y dos civiles: el ex gobernador bonaerense de facto, Ibérico Saint Jean y su secretario de gobierno, Jaime Smart.
El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata tiene además para juzgar el próximo año los delitos de lesa humanidad cometidos en la unidad penal número 9 de La Plata y en el centro clandestino que funcionó en la comisaría quinta de La Plata. (Télam)

Un ADN no muy legal

2009-12-29T20:17:00.000-03:00

El juez que investiga la adopción de los hijos de Ernestina Herrera de Noble ordenó que el análisis se hiciera en el Cuerpo Médico Forense. Pero la ley vigente señala que sólo es válido el que se realiza en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Quejas de las Abuelas de Plaza de Mayo

(Fuente: Telam)

El Cuerpo Médico Forense procedió hoy a la toma de muestras sanguíneas de los hijos adoptados de la dueña del multimedios Clarín, Ernestina Herrera de Noble, para determinar si son hijos de desaparecidos, procedimiento que fue apelado y cuestionado por las Abuelas de Plaza de Mayo por no haberse hecho en el lugar que dispone la ley.

Las actas se firmaron en la sede del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional y la extracción se llevó adelante en la Morgue Judicial, luego de que el juez Conrado Bergesio acatara la orden que había sido dispuesta por la Cámara Federal de San Martín.

Tras el procedimiento, el abogado de la familia Noble-Herrera, Jorge Anzorreguy, consideró que el mismo "se realizó correctamente", y puntualizó que "esto es el comienzo del examen, y se sigue el examen ordenado por la Cámara de Casación Penal".

Al ser consultado sobre el pedido de cotejar las muestras en el Banco Nacional de Datos Genéticos, el letrado respondió que "no es el momento de opinar eso, porque lo único resuelto en el expediente, por la Cámara de Casación Penal, es que se haga el examen como estaba solicitado por los señores Noble Herrera".

Según explicó, los Noble Herrera solicitaron este examen "hace 5 años y medio" y sostuvo que los hijos de la dueña de Clarín, Marcela y Felipe, "están de acuerdo en que se haga el examen de la forma que ellos lo solicitaron y que estaba ordenado por los tribunales".

Sin embargo, el apoderado de la querella de Abuelas de Plaza de Mayo, Mariano Gaitán, cuestionó el procedimiento debido a que "no se ha realizado correctamente".

"Se ha realizado en una institución que no es la perito oficial para realizar este tipo de análisis. La ley -refirió el representante legal- claramente establece que es el Banco Nacional de Datos Genéticos donde se deben hacer todas las pericias relacionadas con casos de sustracción de menores durante la dictadura, y eso incluye la extracción de las muestras".

Gaitán aclaró además que el juez "solamente ha ordenado la toma de las muestras, y que permanezcan en custodia. Todavía no se ha dado ninguna orden para cotejar esas muestras con grupos familiares".

Respecto del trabajo del Cuerpo Médico Forense, Gaitán señaló que éste "no realiza las pericias en forma directa, sino que las delega a laboratorios privados", y además "está sospechado de irregularidades, que la Corte Suprema ha ordenado investigar".

Frente a la sede del Cuerpo Médico Forense, en Lavalle 1429, se hicieron presentes referentes de H.I.J.O.S y el legislador porteño Juan Cabandié, quienes entregaron una carta dirigida a Felipe y Marcela, donde expresaban apoyo en "este duro momento".

Mas tarde, la agrupación Abuelas de Plaza de Mayo anunció que promoverá un pedido de juicio político al juez federal de San Isidro, Conrado Bergesio, por considerar que tomó una medida "ilegal" y su titular, Estela de Carlotto, calificó de "política e ideológica" la disposición del juez de autorizar la Morgue para la extracción.

También, Carlotto denunció que "se aceleró el trámite" de tal manera que no se dio tiempo" a Abuelas a presentar su perito de parte, quien reside en Córdoba.

"Es una incógnita saber qué delitos habrá detrás de este caso para que se tergiverse y se dilate todo de tal manera", sostuvo la titular de Abuelas, en una conferencia de prensa que ofreció en la sede de la asociación en Virrey Cevallos al 500 junto a organismos de derechos humanos, legisladores y nietos recuperados.

Especificó además que las muestras de ADN de los hijos de Noble "deberían ser entrecruzados con los de 22 familias" que buscan a sus nietos, hijos de detenidos desaparecidos y con "todo el banco genético" del Banco Nacional de Datos Genéticos.

La ley 26.548, sancionada el 18 de noviembre por el Congreso, establece que el Banco Nacional de Datos Genéticos "debe garantizar la obtención, almacenamiento y análisis de la información genética que sea necesaria como prueba para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad ".

En el Banco funcionará un Archivo Nacional de Datos Genéticos que contendrá información genética relativa a "la búsqueda e identificación de hijos o hijas de personas desaparecidas como consecuencia del accionar represivo ilegal del Estado, secuestrados junto con sus padres y/o de nacidos durante el cautiverio de sus madres, hasta el 10 de diciembre de 1983".

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Ya fueron condenados 64 represores

2009-12-28T09:46:00.001-03:00

Representa menos del 10% de los imputados: hay otros 634 procesados que esperan juicio

Un total de 64 represores fueron condenados desde 2006 por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura, y otros 634 están procesados y esperan juicio. En La Plata se realizarán próximamente los juicios por la U9 y la Comisaría Quinta.

Un dossier oficial revela también una gran activación de los juicios reabiertos tras la anulación de las leyes de impunidad sancionada en 1987, lo que motivó que sólo en el año que concluye se hayan dictado 31 condenas, casi la mitad del total.

Según el Informe Anual de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por delitos cometidos durante el terrorismo de Estado, que encabezan los fiscales generales Jorge Auat y Pablo Parenti, la cantidad de procesados no sólo da una medida del "volumen" del juzgamiento de aquellos delitos sino que "representa un parámetro de la dimensión de los juicios orales venideros". En los próximos meses continuarán cinco juicios por delitos de lesa humanidad en curso, entre ellos los que se siguen contra el represor Alfredo Astiz y otros 18 miembros del grupo de tareas de la ESMA y contra el ultimo dictador, Reynaldo Bignone, por los crímenes en Campo de Mayo, pero también se iniciarán cinco nuevos procesos orales.

En febrero, tras la feria judicial, arrancarán los juicios por los centros clandestinos Vesubio (I Cuerpo del Ejército), La Perla (Córdoba), la Unidad Penitenciaria 9 de La Plata, la Jefatura de Policía de Tucumán, el Servicio de Informaciones de la Policía de la Provincia de Santa Fe (causa "Feced"). Unos días después, en marzo, se abrirá en Mendoza otro proceso oral por desapariciones en la provincia.

Sólo durante 2009 fueron condenados, entre otros, el ex subjefe del Primer Cuerpo de Ejercito en 1976, general Carlos Olivera Róvere; los máximos responsables de Campo de Mayo, generales Santiago Omar Riveros, Fernando Verplaetsen y Osvaldo García; el ex juez santafesino Víctor Brussa, y Luciano Benjamín Menéndez, que comandó el Tercer Cuerpo de Ejército y va por su tercera condena a perpetua.

El último trimestre tuvo una notable activación de juicios orales con la apertura de procesos en Capital Federal, Rosario, Salta y San Martín, donde además de Bignone se juzga a otros cinco generales y un comisario bonaerense por crímenes en cuatro campos de detención ilegal dentro de Campo de Mayo.

También están siendo juzgados en Capital 15 comisarios federales y agentes de inteligencia que manejaron el circuito represivo Club Atlético-Banco-Olimpo (ABO), mientras que en Rosario juzgan al general Pascual Guerrieri, responsable del campo clandestino Quinta de Funes.

La cifra total de condenados se eleva de 64 a 73 si se incluyen en el registro a los comandantes en jefe juzgados en 1985 y unos pocos represores –como el fallecido jefe de la policía bonaerense Ramón Camps–, condenados antes de que las leyes impunidad operaran durante 18 años la prescripción de la acción penal.

Del total de procesados, 272 ya cuentan con al menos una causa transitando la etapa de juicio mientras que otros 163 alcanzarán en lo inmediato ese estadio procesal, dado que las fiscalías ya ha formulado los requerimientos de elevación a juicio. De este último lote, 116 de los que ingresarán a la fase de juicio oral lo harán por primera vez.

Otros juicios a los que sólo restan fijarles fecha de inicio son emblemáticos, como los de la Unidad Penitenciaria I de Córdoba (Alsina), el de la Masacre de Margarita Belén en Chaco y el secuestro del ex gobernador de Salta, Miguel Ragone.

También aguardan fecha de comienzo los procesos orales por los crímenes de la Comisaría Quinta de La Plata, por el Plan Cóndor de colaboración represiva entre las dictaduras de la región, y el del V Cuerpo del Ejército en Bahía Blanca.

El fin de la impunidad llegó a Santa Fe

2009-12-23T09:50:00.001-03:00

El ex juez federal Víctor Brusa fue condenado a 21 años de prisión por delitos de lesa humanidad. Es por su actuación como mano derecha del juez Mántaras durante la dictadura. También condenaron a cinco ex policías a penas de entre 19 y 23 años de prisión

Por Juan Carlos Tizziani / Página 12

Víctor Brusa se convirtió ayer en el primer juez federal del país condenado por crímenes de lesa humanidad. El Tribunal Oral de Santa Fe lo sentenció a 21 años de cárcel efectiva por apremios ilegales en ocho casos durante la dictadura, cuando era la mano derecha del juez Fernando Mántaras, un nazi confeso, a quien años después sucedió en el cargo, ya durante el gobierno de Carlos Menem. Brusa no fue el único. En el banquillo lo acompañó un grupo de tareas que recibió penas que oscilan entre 23 y 19 años de prisión por secuestros y torturas: los ex policías Héctor Colombini y Eduardo Ramos (23 años), Juan Calixto Perizzotti (22), Mario Facino (20) y la ex carcelera María Eva Aebi (19). "No es poca cosa condenar a alguien que fue juez federal y estuvo sostenido durante tanto tiempo por intereses espurios", dijo la vicegobernadora Griselda Tessio. Muy cerca, la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo-Santa Fe, Celina Koffman, se ilusionó: "La justicia todavía existe, es cuestión de luchar por ella."

Cientos de familiares y militantes de organismos de derechos humanos se congregaron ayer en el microcentro, frente a la Casa de Justicia, para escuchar el veredicto en la calle, entre aplausos y llantos. La esquina de Primera Junta y San Jerónimo fue rodeada con vallas para seguir por pantallas gigantes la lectura del presidente del Tribunal, Roberto López Arango, un juez de Paraná, a quien secundaron los conjueces Andrea Creus y Carlos Renna. Otra evidencia de las dificultades para integrar un tribunal que juzgara a Brusa y compañía.

El debate comenzó el 1º de septiembre: se extendió tres meses, pero las víctimas tardaron veinticinco años en llevar a juicio a Brusa, desde que lo denunciaron ante la Conadep en 1984. Y once años desde que lo acusaron ante el juez español Baltasar Garzón, que ordenó la extradición y su captura internacional. Ese el origen del proceso que finalizó ayer. "Comienza a terminarse la impunidad en Santa Fe", dijo la vicegobernadora Tessio, que siguió la lectura de la sentencia desde la sala de audiencias. Lo acompañaron otros funcionarios del gobierno de Hermes Binner, entre ellos el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, y el secretario de Justicia, Roberto Vicente.

El Tribunal dividió la resolución en quince puntos, los primeros a favor de los imputados al considerar cosa juzgada una denuncia contra Ramos y anular uno de los cargos contra Aebi, por una falla en la investigación en primera instancia. Pero después comenzaron las condenas: 21 años a Brusa, 23 a Colombini y Ramos, 22 a Perizzotti, 20 a Facino y 19 a Aebi. Las penas son levemente inferiores a las que habían pedido los fiscales Martín Suárez Faisal y José Ignacio Candioti: 23 para Brusa; 25 años para Ramos y Colombini; 24 para Perizotti y 23 Facino y Aebi, pero mantienen la graduación del Ministerio Público, con el agregado de que se cayó una de las imputaciones a la única mujer del banquillo. Los fundamentos del fallo se conocerán el 15 de febrero de 2010.

"Estamos satisfechos con la condena", dijo el abogado querellante Horacio Coutaz, que representó a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. "El Tribunal reconoció el plan sistemático de exterminio y eso es muy importante. Las condenas son muy altas, están dentro de las que podíamos prever más allá de que nosotros habíamos pedido el máximo", agregó. Coutaz solicitó 25 años de prisión para los seis imputados.

Las primeras de salir de la audiencia fueron las Madres de Plaza de Mayo. Celina Koffman tenía los ojos iluminados. "La lucha no ha sido en vano. Estamos muy emocionadas porque los argentinos y sobre todo los jóvenes se merecen que estos genocidas estén en la cárcel. Tienen las penas que se merecen porque han hecho mucho daño, no sólo a las víctimas sino a familias enteras", sostuvo Koffman.

Tessio también ponderó el veredicto. "Las penas son ejemplarizadoras, estoy conforme porque se ha cerrado una etapa de impunidad en Santa Fe. No es poca cosa condenar a alguien que fue juez federal y que no llegó al cargo por concurso ni por las reglas de las democracia, sino que fue sostenido por intereses espurios", dijo la vicegobernadora, que antes de acompañar a Binner estuvo al frente de la unidad fiscal que investiga los crímenes de lesa humanidad en la provincia de Santa Fe. "Las condenas descienden un poco de lo que había pedido el Ministerio Público, pero mantienen la graduación. Por lo tanto, los fiscales Suárez Faisal y Candioti están muy orgullosos de su trabajo. Fui a felicitarlos porque han hecho un trabajo muy importante", agregó Tessio.

El Tribunal ordenó también abrir una veintena de causas solicitadas por la querella y la fiscalía, entre ellas a un legislador del Partido Justicialista de la provincia de Córdoba, Horaldo Senn, señalado en el juicio por una de las víctimas como colaborador de los grupos de tareas.

"Ahora se inicia otro gran debate en la sociedad santafesina, porque el Tribunal planteó que hubo un plan de exterminio", dijo uno de los querellantes, José Schullman. "Entonces, lo que habrá que discutir es quién se enriqueció con ese plan de exterminio. El Tribunal dijo que hubo complicidad cívica con la dictadura. Y hay que empezar a buscar quiénes fueron los cómplices de la sociedad santafesina, como nosotros planteamos en nuestro alegato. Este no es un fallo sobre el pasado, es sobre el futuro", precisó Schullman.

Las sensaciones en la calle

El veredicto que se escuchó en la calle fue para quienes estaban allí como comenzar a cerrar las heridas del genocidio. Una mezcla de angustia y alivio.

- Patricia Isasa (querellante): "Esto es un antes y un después. Un punto final para la mano dura, los tratos inhumanos y crueles en cualquier lugar y por cualquier motivo. Estamos absolutamente conformes con las condenas, que me parecen ejemplificadoras. Me parece bueno para la sociedad santafesina, para que comience a preguntarse: ¿qué nos ha pasado que esta gente como Víctor Brusa o Mario Facino, sentenciada por crímenes de lesa humanidad, ha ocupado altísimos cargos públicos?".

- Jorge Pedraza (querellante): "Parecía imposible. Es una condena al posibilismo. Decían que no se podía y al final se pudo. Había muchos que decían: '¿Cómo vamos a llegar a eso? En Santa Fe es imposible lograr una condena de este tipo'. Bueno, al final se pudo".

- Daniel García (querellante): "¿Sabes a dónde van mis pensamientos?", preguntó. "A los compañeros que no están: a Cacho, a Enrique, a Lucía, que fueron compañeros nuestros que ya no están. Esos son los verdaderos dueños de todo esto porque eran los mejores. Hoy, nuestro pensamiento está con ellos".

- Roberto Cepeda (testigo): "Me siento en paz. Este es el triunfo de la lucha, de la solidaridad y del amor".

- Elsa Ramos (Familiares de Desaparecidos): "Siento una felicidad inmensa, que me emociona y me conmueve. Agradezco a estos jueces por haber sido tan probos y honestos para condenar nada menos que a un ex juez federal. La pelea ha sido muy grande".

Contra la justicia por mano propia

2009-12-17T12:34:00.001-03:00

Lo condenaron a 13 años por matar a dos jóvenes y tirar los cadáveres a un arroyo. Un tribunal de La Plata determinó que la legítima defensa no supone "una licencia para matar". El fallo sostuvo que el imputado "quiso asegurarse la impunidad" al trasladar los cuerpos a Punta Lara

(diario hoy)

"Los jueces no podemos ser fugitivos de la realidad y somos conscientes de que la inseguridad no es una mera sensación sino una realidad tangible con la que convivimos, pero ello no autoriza a que los particulares nos apartemos del sistema y permitirnos realizar justicia por mano propia".
Con esas palabras de la jueza Inés Siro, el Tribunal Oral II de La Plata condenó ayer a la pena de 13 años de prisión al repartidor de diarios Angel Ernesto Pacheco (66) por haber matado a tiros a dos jóvenes en su casa, y luego arrojó los cadáveres en el arroyo El Gato, en Punta Lara.
Así finalizó un arduo debate en el que los magistrados Siro, Juan Carlos Bruni y Claudio Bernard analizaron el delicado límite que establece el homicidio por legítima defensa.
"No es una licencia para matar (la legítima defensa), sino el medio de protegerse de un ataque inminente a nuestros derechos esenciales que no pueden ser resguardados en forma inmediata a la agresión por la autoridad en la que delegamos la protección de nuestros derechos", afirmaron los magistrados.
El fallo dio por probado que Pacheco mató a los dos jóvenes que estaban dentro de su casa -de calles 73, 137 y 138-, el 1° de diciembre de 2006.
Dijeron que el imputado disparó varias veces con un revólver calibre 22 a Mario Andrés Andrada y a Facundo Maximiliano Guerra. A uno de ellos le tiró por la espalda. A las pocas horas, los cuerpos de las víctimas aparecieron flotando en el canal El Gato de Ensenada.
Esa noche, el yerno de Pacheco comentó a dos policías que hacían un adicional en un boliche, que su suegro tenía dos cadáveres dentro de la casa, y que eran de dos pibes que le habían entrado a robar.
Cuando a los dos días salió en los diarios el hallazgo de los dos cuerpos en Punta Lara, los dos policías denunciaron lo que sabían. Tenían el nombre y la dirección de Pacheco. Para los investigadores el caso quedó esclarecido.
Ayer, el tribunal remarcó que en el auto Dacia del imputado se hallaron manchas de sangre y el revólver calibre 22: "Con ese vehículo fueron trasladados los cuerpos a Punta Lara".
La pericia balística arrojó que "los proyectiles hallados en los cuerpos de las víctimas fueron disparados por el revólver incautado en el auto de Pacheco".
La defensa había planteado la causal de eximición de responsabilidad de legítima defensa y, en forma subsidiaria, exceso en la legítima defensa. Sostuvo que el imputado Pacheco había ido a retirar los diarios a diagonal 80 y 3, y al llegar esa madrugada luego de realizar un primer reparto se encontró con Maidana y Andrada dentro de su casa. Y creyó que estaban robando.
Según la defensa, Pacheco agarró el revólver 22 que estaba en la casilla del gas y disparó varias veces. Luego, tomó alcohol y se dirigió a su puesto de diarios de 137 y 62, donde cumplió la jornada laboral. Recién a la noche, regresó a su casa, cargó los cuerpos en su auto marca Dacia con la ayuda de su mujer y los llevó a Punta Lara, donde los arrojó en el arroyo El Gato.
El Tribunal II descartó la postura defensista. Estableció que Pacheco, "en lugar de dar aviso a la Policía, tomó el arma y disparó a matar". Luego, llevó los cadáveres a Punta Lara "para asegurar su impunidad".

Tercera perpetua para Menéndez

2009-12-12T20:27:00.001-03:00

El genocida ex jefe del Tercer Cuerpo repitió su repudio al "terrorismo marxista", pero incorporó una novedad: reforzó sus argumentos con una cita del flamante responsable de la Educación porteña, Abel. Hubo otras tres condenas a perpetua, entre ellas, el ex subjefe de la Policía bonaerense, Rodolfo Aníbal Campos

Laura Vales / Página 12

Poco antes de escuchar la sentencia que lo condenó –por tercera vez– a prisión perpetua, Luciano Benjamín Menéndez volvió a defender los crímenes de la dictadura. Con un discurso que reflotó el viejo libreto de "la amenaza comunista", frente a una sala de audiencias desbordada por los familiares de las víctimas, el represor alegó que en la Argentina "hubo una guerra" iniciada por "el terrorismo marxista". Menéndez respaldó la actuación de las Fuerzas Armadas ("en esa guerra teníamos que tomar medidas", dijo a los jueces) y para argumentar su defensa citó al nuevo ministro de Educación porteño, Abel Posse. "Bien lo dijo Abel Posse: ningún país repudió a su ejército por lo que le exigieron sus gobiernos", sostuvo, parafraseando una columna que Posse publicó esta semana en el diario La Nación, en vísperas de asumir en el gabinete de Mauricio Macri. Al dictar el veredicto contra Menéndez, los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de Córdoba ordenaron que cumpla su condena en una cárcel común.

Junto con el ex titular del Tercer Cuerpo de Ejército fueron condenados también a perpetua el coronel (R) Rodolfo Campos (ex titular de la policía provincial), César Cejas y Hugo Britos (ex agentes de la misma fuerza). El ex policía Miguel Gómez fue sentenciado a 16 años, siete menos de los que había pedido el fiscal. Y hubo un absuelto, el ex policía Calixto Flores, quien está siendo investigado en otras denuncias por violaciones a los derechos humanos.

El tema central tratado en el juicio fue el secuestro, tortura y homicidio agravado del subcomisario Ricardo Fermín Albareda, ocurrido el 25 de septiembre de 1979. Albareda era militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y su asesinato fue de los más brutales que se recuerden. Denunciado por otros policías que lo señalaron como un infiltrado, fue secuestrado y llevado al centro clandestino de detención que el Departamento de Informaciones (D2) de la policía tenía cerca del dique San Roque, la Casa de Hidráulica. Allí lo torturaron y le arrancaron los testículos; los torturadores, mientras comían un asado frente al lago, lo dejaron morir desangrado.

En el proceso, al expediente Albareda se anexaron otras causas ("Morales" y "Moyano"), con nueve casos de detenidos que sufrieron torturas a manos de integrantes del Departamento de Informaciones de la policía cordobesa. Se trata de sobrevivientes de la represión cuyos testimonios fueron claves para el dictado del fallo.

Menéndez fue llevado a proceso por su rol como jefe máximo de la represión en Córdoba desde 1975 a 1979. Los ex agentes eran todos miembros del Departamento de Informaciones (D2) de la policía cordobesa. Otros de los responsables de la muerte de Albareda murieron de viejos sin llegar a ser condenados, como los ex jefes policiales Raúl Telleldín y Américo Romano. La causa, iniciada en la década del 80, fue cerrada con la sanción de la Obediencia Debida y el Punto Final, pero se reabrió luego de la anulación de estas leyes.

Afuera de la sala

En la puerta de los tribunales federales se reunieron ex presos políticos, estudiantes y militantes de partidos de izquierda para esperar la sentencia, que pudo ser seguida en una pantalla desde la calle. La leyó Jaime Díaz Gavier, el presidente del tribunal, compuesto además por los jueces riojanos José Quiroga Uriburu y Sergio Grimaux.

En el interior de la sala, en los asientos destinados al público, se vieron los pañuelos blancos de Madres y Abuelas. Fernando Albareda, el hijo de la víctima y querellante en la causa, estuvo acompañado por los abogados Claudio Orosz y Martín Fresneda.

Tenía ocho años cuando su padre fue asesinado y hoy es integrante de la agrupación Hijos. Al escuchar las condenas, lamentó la absolución del policía Flores: "Sabemos que Flores fue el que se lo llevó, haberlo absuelto es una lástima. Pero seguramente va a tener que responder por otras causas en las que está sumamente involucrado", dijo a los periodistas.

El fiscal Carlos Gonella anticipó por su parte que analiza apelar la absolución, pero se mostró "conforme" con la sentencia contra los máximos jefes de la represión. En el fallo, Menéndez fue declarado autor responsable de los delitos de "privación ilegítima de la libertad, lesiones gravísimas, imposición de tormentos y homicidio".

Tiene la palabra

La posibilidad de decir unas últimas palabras a los jueces antes de que dicten su veredicto es un derecho de los acusados que llegan a la instancia oral. Menéndez ya tenía dos condenas a prisión perpetua (la primera fue dictada en julio del año pasado por un tribunal cordobés en la causa "Brandalisis"; la segunda, en Tucumán, por el asesinato del ex senador Vargas Aignasse); en los juicios, siempre usó el derecho a unas últimas palabras para hacer su arenga.

En la de ayer, habló de la "invasión comunista internacional" que buscó poner a la Argentina bajo la órbita de la Unión Soviética y someterla a su "régimen despiadado y brutal".

El represor recordó el decreto con el que el entonces presidente Italo Luder ordenó "aniquilar la subversión". "Las Fuerzas Armadas en pocos años vencieron a los enemigos por pedido de la Nación", planteó Menéndez y entonces fue cuando citó la frase de Posse, el nuevo ministro de Educación porteño. "Bien recuerda Abel Posse: 'Ningún país repudió a su ejército por lo que les pidieron sus gobiernos, ni Francia en Argelia ni Rusia en Polonia ni Estados Unidos por Hiroshima'."

Luego cargó contra el gobierno nacional: "Los mismos guerrilleros de los '70 están en el Gobierno (...) siguiendo la doctrina de (Antonio) Gramsci de meterse en la sociedad, educación y la política para tomar el poder".

A Menéndez le quedan más juicios por delante. El próximo tiene fecha de inicio en febrero próximo: deberá responder junto al ex gobernador Antonio Bussi por la desaparición de 17 personas. Luego será el turno del caso "Gontero", por los secuestros y torturas de cinco ex policías cordobeses y un abogado. Otras causas abiertas es la llamada "UP1", en la que se investigan los asesinatos de treinta y un detenidos en la Penitenciaría cordobesa de San Martín. El represor también deberá ir a juicio en Santiago del Estero por el homicidio de Cecilio Kamenetzky. Finalmente, en Mendoza, ya fue elevado a juicio oral el expediente por el asesinato del periodista y escritor Francisco "Paco" Urondo y su mujer.

El ex presidente chileno Frei fue envenenado poco a poco

2009-12-08T00:43:00.001-03:00

Lo mató una bacteria que le introdujeron mientras se recuperaba de una operación. Detuvieron a seis personas por el crimen, ocurrido a finales de 1981, cuando la oposición se plantaba ante el régimen de Pinochet

(EFE)

El juez chileno Alejandro Madrid, que hoy procesó y ordenó el arresto de seis personas por su presunta responsabilidad en el homicidio del ex presidente Eduardo Frei Montalva, dijo que al ex mandatario le introdujeron paulatinamente sustancias tóxicas en su organismo.
       Frei Montalva, que gobernó Chile entre 1964 y 1970, fue sometido a finales de 1981, cuando lideraba una incipiente oposición a la dictadura de Augusto Pinochet, a una cirugía simple, a causa de una hernia, en la Clínica Santa María de Santiago, pero, tras la intervención, su condición empeoró hasta fallecer el 22 de enero de 1982 a los 71 años.
       El deceso, se dijo entonces, se habría producido por una infección bacteriana que habría originado una peritonitis aguda y un posterior shock séptico.
       Las pericias realizadas durante el juicio indican que su fallecimiento fue ocasionado "por la introducción paulatina de sustancias tóxicas no convencionales y por la aplicación de un producto farmacológico no autorizado denominado 'Transfer Factor'", explicó el juez Madrid a los periodistas.
       Además, "por la ocurrencia de diferentes situaciones anómalas, que pudieron ser disimuladas como inadvertencias o negligencias que paulatinamente debilitaron su sistema inmunológico y facilitaron la aparición de bacterias oportunistas, tales como las denominadas "proteus vulgaris" y "candida albicans", que resultaron se la causa final de sus muerte", añadió.
       Todos esos hechos, "dieron la apariencia de que su deceso ocurrió por complicaciones derivadas de las intervenciones quirúrgicas a las que fue sometido, haciendo imperceptible la intervención de terceros en su fallecimiento", precisó.
       Madrid procesó hoy como presuntos autores del homicidio al médico Patricio Silva Garín, subsecretario de Salud durante el gobierno de Frei Montalva y que encabezó la operación de hernia; al ex agente Raúl Lillo y a Luis Becerra, un empleado de confianza de la víctima que fue reclutado por la policía secreta.
       El también médico Pedro Valdivia Soto fue procesado como cómplice y los patólogos Helman Roserberg y Sergio González, que hicieron una autopsia al cadáver, como encubridores.
       El juez no descartó que en el transcurso de la investigación se instruyan nuevos procesamientos, pues la investigación no está cerrada, al tiempo que negó alguna relación entre su dictamen y la proximidad de las elecciones presidenciales del próximo domingo, en las que Eduardo Frei Ruiz-Tagle, hijo de la víctima, es uno de los candidatos.
       "Buscar una fecha más o menos oportuna no creo que sea propio de un juez que debe hacer justicia en el momento que corresponde y en el lugar que corresponde", subrayó.
       "Yo no pensé en ninguna fecha, ni de primera ni segunda vuelta", añadió el magistrado, en cuya opinión, "es bueno para la sociedad chilena saber qué ocurrió, y es bueno para la tranquilidad de la familia (Frei) tener ese conocimiento".
       En tanto, Sebastián Piñera, favorito de las encuestas para ganar las elecciones del domingo, se solidarizó con la familia Frei y dijo, en declaraciones difundidas por su equipo electoral, que la muerte del ex presidente "es sin duda una herida abierta en el alma nacional".
       Agregó que "como presidente de Chile voy a hacer todo lo necesario para que las causas de la muerte del (ex) presidente Frei sean plenamente aclaradas y que los responsables de su muerte sean debidamente sancionados".

Denuncian censura en Radio Provincia

2009-12-02T14:46:00.000-03:00

Trabajadores de la planta permanente de la Página web de Radio Provincia de Buenos Aires se quejaron ante el Jefe del Departamento Informativo, Ruben Cassano, y éste ante la dirección de la radio, por un hecho de censura. Según denunciaron, la dirección de la emisora decidió quitar de la página web una noticia relacionada al caso de Luciano Arruga, un joven desaparecido en el Gran Buenos Aires después de haber sido de tenido por la Policía.

FM Noticias reproduce las cartas, enviadas a nuestra redacción por Trabajadores de la Comunicación en la CTA.

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La Plata, 1 de diciembre de 2009

Sr. Rubén Cassano

Jefe del Departamento Informativo de

LS 11 Radio Provincia de Buenos Aires

S/D

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Nos dirigimos a Ud., y por su intermedio a quien corresponda, para expresarle nuestro repudio por un nuevo acto de censura de que ha sido víctima el trabajo profesional que desarrolla la página web de la emisora.

Como obviamente está en su conocimiento, el lunes 30 de noviembre, funcionarios de la emisora dieron la orden de retirar del portal la noticia referida a Luciano Arruga, de cuya desaparición se cumplían 10 meses.

Lamentablemente no se trata de un hecho aislado. Por el contrario, en reiteradas oportunidades hemos recibido presiones de distinta naturaleza dirigidas a lograr que la página web de Radio Provincia no reproduzca ninguna información crítica a la gestión del gobierno bonaerense.

La radio pública que pretende la sociedad y que el gobierno nacional ha hecho suya a través del impulso que le ha dado a la nueva Ley de Comunicación Audiovisual, está demasiado alejada del oficialismo obsecuente que propicia la dirección de LS 11.

Por otra parte, reclamamos que cuando se contraten personas para cumplir funciones periodísticas, se valoren exclusivamente las condiciones profesionales de los postulantes.

Por último, queremos llevar a su conocimiento que esta nota también será girada al Sindicato de Prensa a los efectos de que tome las medidas que estime pertinentes.

..............………..

La Plata, 1 de diciembre 2009

Sr. Director Provincial

de LS 11 Radio Provincia de Buenos Aires

Roberto Zarlenga

S / D

Por intermedio de la presente le adjunto la nota que me enviaron los compañeros de la Página Web de la emisora y que comparto en todos sus términos.

La noticia que usted ordenó que sea retirada de la página fue redactada por el Informativo bajo mi exclusiva responsabilidad. La desaparición del joven Luciano Arruga es un hecho gravísimo que no puede ser silenciado por la radio pública de la provincia de Buenos Aires.

No es esta la primera oportunidad que por su indicación no pueden ser emitidas al aire o publicadas en la página web informaciones periodísticas críticas a la gestión del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Esta situación ha creado un profundo malestar en todo el personal periodístico del Informativo que siempre trabajó en base a conceptos democráticos, pluralistas y de respeto a todas las expresiones de la vida ciudadana argentina.

Ante estas profundas diferencias de criterio en torno al concepto de radio pública, le solicito que asuma la responsabilidad por escrito de cuáles son las informaciones que pueden emitirse y cuáles no. Esto nos permitirá sentar un precedente sobre su postura entre lo que se pregona y en realidad se hace.

También llevo a su conocimiento que esta nota será girada al Sindicato de Prensa Bonaerense para que adopte las medidas que considere adecuadas.

Atentamente. Ruben Cassano

Fuente: Trabajadores de la Comunicación en CTA

Los dioses del Olimpo en el banquillo

2009-11-25T08:40:00.001-03:00

Con Guglielminetti, Uballes, Simón, Miara y otros entre los acusados, comenzó el juicio por los delitos cometidos durante la dictadura en Atlético, Banco y Olimpo. El tribunal pretende que los sobrevivientes reconozcan a sus torturadores, pero la querella se opone.

Diego Martinez / Página|12

Estiró los brazos para que le sacaran las esposas. Miró hacia la bandeja superior, vio muecas de lástima en los rostros de sus seres queridos, las ñatas contra el blíndex, un rosario en la mano de su hijo, y esbozó una sonrisa poco convincente. Al bajar la mirada se encontró con un grupo de Madres de Plaza de Mayo, pañuelos blancos en la cabeza, y militantes de Hijos, varios con fotos de sus padres desaparecidos en las manos. Entonces el comisario Eugenio Uballes se transformó, frunció el ceño y volvió a ser El Führer o Anteojito Quiroga, interrogador y torturador de los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo. Sostuvo la mirada con odio durante varios segundos, dio vuelta la cara y se sentó resignado.

La escena formó parte de la audiencia inicial del juicio a diecisiete represores del principal circuito represivo de la ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura, dependiente del Primer Cuerpo de Ejército. Tuvo lugar ayer, en el subsuelo de Comodoro Py, donde un tribunal porteño volvió a diferenciarse de sus pares del resto del país que juzgan a represores de la dictadura al prohibir a los reporteros gráficos tomar imágenes de los imputados.

Hace casi tres décadas de las primeras declaraciones de sobrevivientes que nombraron a Eugenio Uballes. Por sus apodos, sus tareas y también su apellido. El fallecido torturador Juan Antonio del Cerro lo confirmó en su indagatoria: "Anteojito Quiroga era el comisario Uballes, de la Superintendencia de Comunicaciones". Formalmente era segundo jefe de guardia de los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo. Según testigos que declararon en instrucción ante el juez federal Daniel Rafecas, en la práctica compartía con Baqueta (Juan Carlos Gómez) la "guardia más dura". "No es que hacían cumplir las disposiciones disciplinarias, sino que muchas veces sacaban gente al pasillo para garrotearla", declaró Mario Villani.

La abundancia de pruebas le permitió a Rafecas procesarlo y llevarlo a juicio sin ordenar ningún reconocimiento por parte de los sobrevivientes, con el visto bueno de la Cámara Federal. La novedad introducida por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF-2), que lo diferencia del resto de los tribunales que instruyen juicios de lesa humanidad (excepto del TOF-5, que prohíbe de plano el trabajo de reporteros), es la prohibición de registrar su rostro. La decisión tiene por fin no explicitado someter a los sobrevivientes a reconocimientos en público de quienes los torturaron en cautiverio, e implica burlar la acordada 29/08 de la Corte Suprema de Justicia sobre publicidad de los procesos orales y, en teoría, públicos.

"Desde ya nos oponemos a cualquier intento de identificación, ni siquiera de reconocimiento", planteó el abogado Rodolfo Yanzón, de la Fundación Liga Argentina de los Derechos del Hombres. "Un eventual reconocimiento exige inmediatez, no tiene sentido a 33 años de los hechos", agregó. El pedido no fue como consecuencia de la prohibición a la prensa, sino al ingreso a la sala de los querellantes que son a su vez testigos. De la respuesta de los jueces Jorge Tassara, Ana María D'Alessio y María Laura Garrigós de Rébori, que se conocerá hoy, depende que la sociedad pueda conocer el rostro de quienes torturaron y asesinaron en un galpón de la Policía Federal, en cuya entrada un cartel decía: "Bienvenidos al Olimpo de los Dioses".

Trajes y gomina

La jornada arrancó en la calle. A la convocatoria de Hijos, que repartió camisetas "Por Juicio y Castigo", respondieron los legisladores Claudio Lozano, Eduardo Macaluse, Fabio Basteiro, Juan Cabandié y el director técnico Angel Cappa, entre otros. A las 14.30, después de que los reporteros retrataran a los jueces, ingresaron los imputados: todos con esposas, rostros adustos, la mayoría de traje, varios con gomina. Se distinguían el célebre Raúl Guglielminetti, con menos pelo y más kilos que en los '80, cuando cayó por secuestros extorsivos, y Julio Simón, alias Turco Julián, de camisa rosa, que va en busca de su tercera condena.

Se sentaron diez en hilera, otro junto a la defensora oficial Verónica Blanca, y cuatro en segunda fila, incluido al capitán Enrique Del Pino y el subcomisario Samuel Miara, condenado ya por la apropiación de los mellizos Reggiardo Tolosa. Desde la bandeja superior los miraban el juez Daniel Rafecas y su equipo de trabajo, responsables de la instrucción de la megacausa Primer Cuerpo. Entre periodistas y allegados a los imputados también se mezclaron el subsecretario de Derechos Humanos, Luis Alen, y el embajador de Francia, Jean-Pierre Asvazadourian.

El juez Tassara, presidente del tribunal, informó una serie de formalidades y calculó en ocho meses la duración del juicio. Antes de que sus secretarios comenzaran a leer los requerimientos de elevación, el abogado Rodolfo Yanzón formuló dos pedidos: que se permita el ingreso a la sala de los querellantes que son al mismo tiempo sobrevivientes, y que durante el transcurso del juicio se informe a las partes, día a día, quiénes visitan a los imputados. "Para evitar un deceso no deseado, un segundo (Héctor) Febres", explicó, en referencia al prefecto de la ESMA envenenado en su dúplex de Prefectura días antes de escuchar la sentencia. Hoy se conocerá la respuesta del tribunal.

El resto de la jornada estuvo dedicado a la lectura del requerimiento de elevación a juicio del fiscal Federico Delgado, un documento de casi cuatrocientas páginas con el detalle de imputados, víctimas, pruebas y estructura del aparato terrorista. Los datos de los policías sirvieron para recordar que la mayoría pertenecía formalmente a la Superintendencia de Seguridad Federal, que hasta el momento tiene sólo dos condenados por la Masacre de Fátima, y que los dos jefes del circuito Atlético-Banco-Olimpo murieron impunes: el entonces mayor Guillermo Antonio Minicucci y el comisario Antonio Benito Fioravanti. El juicio continuará hoy, desde las 14, con la lectura de los requerimientos de las querellas, y luego se interrumpirá hasta el lunes a las 9.

Postergan para febrero el juicio por torturas y desapariciones en la Unidad 9 de La Plata

2009-11-24T23:25:00.001-03:00

La Justicia Federal de La Plata postergó para el próximo 15 de febrero el juicio a 14 agentes del Servicio Penitenciario por delitos de lesa humanidad cometidos en la Unidad 9 de La Plata, en el primer juicio oral que por esta clase de delitos se instruirá en la provincia contra personal penitenciario. Entre los detenidos políticos y torturados por los agentes estuvieron el intendente de Quilmes, Francisco "Barba" Gutiérrez y el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que integran Carlos Rozanski, Horacio Insaurralde y Pablo Bertuzzi, debía comenzar el juicio el próximo 3 de diciembre pero "debido a recusaciones pendientes", el inicio de las audiencias orales y públicas se postergó para el 15 de febrero próximo.

En el juicio, que se estima durará unos 4 meses, se presentarán unos 240 testigos para el juzgamiento de 5 homicidios, un caso de tortura seguida de muerte y más de 70 casos de tortura y privaciones ilegales de la libertad.

Catorce agentes penitenciarios, encabezados por el ex Director de la Unidad, Abel Dupuy, serán juzgados por delitos de lesa humanidad ocurridos entre 1976 y 1979, durante la última dictadura militar.

Además de Dupuy, serán sometidos a juicio oral Isabelino Vega, Víctor Ríos, Elvio Cosso, Catalino Morel, Ramón Manchado Fernández, Jorge Luis Peratta, Segundo Andrés Basualdo, Valentín Romero, Héctor Acuña, Raúl Aníbal Rebaynera.

Además están procesados y serán juzgados Carlos Domingo Jurio, Enrique Leandro Corsi y Luis Domingo Favole, tres médicos que en ese momento se desempeñaban en la Unidad 9 de La Plata.

Dupuy está acusado de 59 casos de tortura, 5 homicidios, 7 privaciones ilegales de la libertad y un caso de tortura seguida de muerte.

La unidad penal número 9 fue una de las cárceles que recibió más presos políticos durante la última dictadura cívico militar.

Los detenidos provenían de otros centros clandestinos de detención y al llegar al penal eran "blanqueados", aunque las torturas continuaban.

Los detenidos eran liberados y asesinados a la salida del penal, con el fin que quedara asentada su salida formal de esa unidad carcelaria.

Durante las audiencias, el Tribunal que condenó a prisión perpetua a Miguel Etchecolatz y Christian Von Wernich, juzgará los homicidios de Horacio Rapaport, Juan Carlos Deghi, ængel Georgiavis, Rufino Pirles y Dardo Cabo y el caso de tortura seguida de muerte contra Alberto Pinto.

Los penitenciarios están acusados además de torturar y privar de la libertad ilegalmente a más de 80 ex detenidos políticos entre los que se encuentran el intendente de Quilmes, Francisco "Barba" Gutiérrez y el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

En la causa, también están como víctimas el ex presidente de Racing y ex funcionario del gobierno provincial, Juan Destefano; el escritor Eduardo Anguita: el ex legislador porteño, Eduardo Jozami, Juan Scatolini y el abogado Carlos Slepoy, entre otros. (Télam)

Comienza el megajuicio por Club Atlético, El Banco y El Olimpo

2009-11-22T23:25:00.001-03:00

Hay 15 imputados, entre los que se destacan el Turco Julián y el subcomisario Miara

Buenos Aires, 22 de noviembre (Télam)- Quince acusados, en su mayoría ex comisarios de la Policía Federal pero también algunos gendarmes y agentes de inteligencia militar, comenzarán a ser juzgados el próximo martes por el Tribunal Oral Federal 2, imputados por 158 delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar en el circuito de centros clandestinos de detención Club Atlético, Banco y Olimpo, conocido como 'ABO'.

En el banquillo de los acusados estarán, entre otros, el ex agente de inteligencia Raúl Guglielminetti, que en democracia logró infiltrarse en la custodia presidencial de Raúl Alfonsín.

También estarán los ex policías Julio Simón, apodado 'Turco Julián' y ya condenado a 25 años de prisión por la desaparición y tormentos al matrimonio Poblete-Hlaczik, y el subcomisario Samuel Miara, condenado por la apropiación de los mellizos recuperados Reggiardo-Tolosa.

En el tribunal se estima que durante los 8 meses que durará el juicio declararán unos 400 testigos, muchos de ellos sobrevivientes de un circuito de tres centros clandestinos de detención por los que pasaron no menos de 1.500 personas, muchas de ellas mujeres embarazadas que dieron a luz en cautiverio y fueron despojadas de sus bebés.

De ese calvario quedan registros de todo tipo, entre ellos el film 'Garage Olimpo', el depósito de automotores de la Federal en Lacarra y Olivera, del barrio de Flores, dirigido por el director chileno Marco Bechis, en base a sus propias vivencias en el lugar donde permaneció desaparecido.

Del Club Atlético, sótano de un viejo depósito de suministros de la Federal, quedan incluso rastros en el paisaje urbano de la Ciudad, ya que los cimientos de celdas y algunos objetos aún pueden verse en una excavación arqueológica al pie de la autopista 25 de Mayo, sobre la avenida Paseo Colón.

Recién en abril, cuando al juicio se añada una segunda causa, comenzará a ser juzgado el coronel Carlos Alberto Tepedino, ex jefe del servicio de inteligencia del Ejército que en estos mismos días está siendo juzgado por el TOF 1 de San Martín junto al ex dictador Reynaldo Bignone, por 56 delitos cometidos en Campo de Mayo.

El auditorio de los tribunales federales de Retiro ha sido habilitado para las audiencias del juicio ABO los días lunes y martes, más miércoles por medio, ya que compartirá sala con el juicio por la ESMA, que debía empezar el jueves pasado y se reprogramó para el 11 de diciembre.

Ambos juicios sufrieron demoras por la composición de sus tribunales aunque de diferente naturaleza, ya que en el TOF 5 de la ESMA hubo un enroque para que saliera Guillermo Gordo rumbo al TOF 3, mientras que el TOF 2 debió reconstituirse tras una denuncia contra uno de los dos jueces subrogantes designados por la Corte Suprema para este juicio.

Finalmente, el TOF 2 quedó integrado por Jorge Tassara; la subrogante Ana D`Alessio, del TOF de Ushuaia, y la jueza de la cámara del crimen María Carrigós de Rébori, que reemplaza al renunciante Alberto Pravia, del tribunal oral federal de Santiago del Estero.

El tribunal delegó el manejo de las 35 acreditaciones de prensa disponibles -por el tamaño reducido de la sala- en el equipo de la Corte Suprema, que habitualmente cumple esta función en estos juicios.

La nomina completa de imputados es: Samuel Miara, Julio Héctor Simón, Raúl Guglielminetti, Raúl González, Eufemio Jorge Uballes, Eduardo Emilio Kalinec, Roberto Antonio Rosa, Juan Carlos Falcón, Luis Juan Donocik y Oscar Augusto Isidoro Rolón, Guillermo Víctor Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui, Juan Carlos Avena, Ricardo Taddei, Enrique José Del Pino, Carlos Alberto Tepedino y Alberto Gómez Arenas. (Télam)

Piden indagatoria a 125 represores de La Cacha

2009-11-20T18:37:00.001-03:00

Lo solicitó Justicia Ya! ante el juez Humberto Blanco, reiterando un pedido de junio pasado.

El conglomerado de organismos de Derechos Humanos y organizaciones sociales nucleadas en Justicia Ya! reiteraron hoy el pedido de indagatoria para 125 represores implicados en la represión ilegal desatada en el Centro Clandestino de Detención conocido como La Cacha, durante la última dictadura militar.

En un comunicado, la organización informó que "en la lista de represores se incluyen miembros de la cadena de mandos militar, del Ejército, la Marina, del Servicio de Inteligencia del Estado (SIE) y de la Policía bonaerense, responsables de los delitos descriptos por el cargo que ocupaban durante la dictadura en ese CCD, o bien reconocidos como actuantes" en ese centro clandestino.

A los represores se les imputan privaciones ilegales de la libertad, torturas y desapariciones, sumado a los casos de maternidades clandestinas que allí se registraron.

Justicia Ya! ya había presentado pedido de indagatoria en junio de este año y el juez Manuel Blanco, titular del Juzgado Federal Nº1 de La Plata, "todavía no citó para declaraciones indagatorias a los represores individualizados por esta querella, ni tampoco a quienes figuran en la querella presentada por Abuelas de Plaza de Mayo", consignó la entidad.

En la presentación de Justicia ya! se agregaron nuevos elementos de prueba y un pedido de "No Innovar" en el predio donde funcionó La Cacha, dado que en las últimas semanas se registraron cambios significativos en la zona, que, según denunciaron, "incluyeron la tala de un árbol que era el último indicio para señalar la ubicación del CCD, cuya edificación se demolió en el año 1982".

La Cacha funcionó como CCD en la localidad de Olmos, partido de La Plata, en un predio del Servicio Penitenciario ubicado entre las calles 197 y ruta 36, entre 47 y 52, en las antiguas instalaciones de "L.S. Radio Provincia", emisora radial estatal de la provincia de Buenos Aires.

"Exigimos que el juez Blanco actúe con celeridad, entendiendo que si se dilata la citación a indagatorias se está cometiendo denegación de justicia para los casi 200 compañeros detenidos desaparecidos en dicho CCD; así como pedimos que no se modifiquen las escasas pruebas que quedan en el predio donde funcionó La Cacha, porque esto impide una correcta investigación de los hechos", añadió la entidad.

Cambio de jueces suspende el juicio por la ESMA

2009-11-17T13:32:00.001-03:00

BUENOS AIRES, nov 16 (DyN) - El Tribunal Oral Federal 5 suspendió hoy por segunda vez el inicio del juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la Ðltima dictadura militar que iba a comenzar este jueves, informaron fuentes judiciales.

La decisión fue tomada por la designación en el tribunal de un nuevo integrante, el juez Oscar Hergott.

El tribunal todavía no fijó una nueva fecha de juicio, lo que hará luego que las partes de la causa se notifiquen mañana de la resolución y puedan plantear excepciones a la decisión. Los acusados por los delitos en la ESMA son 19 ex marinos integrantes del grupo de tareas 3.3.2 de la Armada, entre los que se encuentran Alfredo Astiz, Jorge 'El Tigre' Acosta, Antonio Pernías, Jorge Rádice, Juan Carlos Rolón, Carlos Capdevilla y Ricardo Miguel Cavallo, entre otros.

Serán juzgados por 86 casos, entre ellos el secuestro y desaparición del periodista y escritor Rodolfo Walsh y de las monjas francesas Leonie Duquet y Alice Domon.

Hergott fue designado en el TOF 5 en reemplazo del juez Guillermo Gordo, que pasó a desempeñarse en el TOF 3 donde estaba Hergott. El cambio de tribunal fue solicitado por los mismos jueces y aceptado por el Consejo de la Magistratura y el Gobierno Nacional.

El nuevo juez ya fue recusado por las partes del juicio y el planteo deberá ser resuelto junto al resto de los integrantes del TOF 5, Daniel Obligado y Ricardo Farías.

La primera fecha de inicio era el 6 de octubre pero se postergó por el retraso en la finalización del juicio por los delitos cometidos en la jurisdicción de Campo de Mayo en el que fueron condenados a prisión perpetua ex subcomandante Jorge Olivera Rovere y el ex coronel Bernardo Menéndez y absueltos tres jefes de área.

Condenados 23 agentes de la CIA por torturadores

2009-11-05T12:58:00.001-03:00

El imán Abu Omar fue raptado en Italia y llevado a Egipto para ser torturado

Darío Menor / La Razón de Madrid

Las violaciones de los Derechos Humanos cometidas a cuenta de la guerra contra el terrorismo islamista no quedan impunes. Se ha encargado de demostrarlo un tribunal de Milán, que condenó ayer a 23 antiguos miembros de la CIA y a dos agentes del Sismi (los servicios secretos italianos) a penas de entre tres y ocho años de cárcel. El juez Magi consideró que los culpables participaron en el secuestro del imán Abu Omar en febrero de 2003 en las calles de Milán y le trasladaron a continuación a Egipto, donde fue torturado.

Es la primera vez que una corte europea juzga un caso de los «vuelos de la CIA», en los que se trasladó a sospechosos de pertenecer a la red terrorista Al Qaida a países árabes donde se les interrogó y encarceló violando sus derechos fundamentales.

Pese a que se trata de una decisión histórica, la sentencia no ha conseguido condenar a los responsables de los vuelos de la tortura en Italia. Niccolo Pollari, entonces director del Sismi, y su «número dos», Marco Mancini, se han librado de ser enjuiciados debido al secreto de Estado. Sobre el primero pendía una petición de 13 años de cárcel y sobre el segundo de 10. Igual de intocable ha resultado Jeffrey Castelli, jefe de las operaciones de la agencia estadounidense en Italia.

Los 23 estadounidenses considerados culpables, entre los que se halla el responsable de la agencia en Milán, fueron condenados en rebeldía debido a que Washington ha negado su extradición a Italia. A las penas de prisión tendrán que añadir el pago de un millón de euros a Abu Omar y de otro medio millón a su esposa como compensación por su secuestro y posterior encarcelación durante cuatro años.

Desde Washington, el Gobierno de Estados Unidos mostró su contrariedad frente a la sentencia por medio del portavoz Ian Kelly, quien afirmó que estaban «desilusionados con el veredicto». En cambio, las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos tuvieron una reacción opuesta y calificaron la decisión de «valiente».

Seis policías presos por encubrir el crimen de un imputado

2009-11-04T10:06:00.001-03:00

Un joven que había atropellado a dos ciclistas en City Bell apareció muerto, presuntamente en un accidente de tren, después de declarar en la comisaría. Sospechan de un asesinato

El fiscal platense Tomás Morán comenzó ayer la rueda de indagatorias a los cinco policías en actividad y un comisario exonerado de la fuerza que fueron detenidos el lunes a la noche, acusados de encubrimiento agravado, en el marco de una causa que se inició por un accidente y terminó con un homicidio en el año 2002.
Según fuentes del ministerio de Seguridad bonaerense, los cinco policías en actividad, entre ellos una mujer, ya fueron desafectados de sus cargos por orden del ministro Carlos Stornelli.
Tal como anticipó ayer Trama Urbana, los allanamientos y las detenciones fueron ordenadas por el juez de Garantías n° 2 de La Plata, César Melazo, a pedido del fiscal Morán.
El episodio que originó la causa que investiga el fiscal se produjo en octubre de 2002, cuando un joven de 18 años llamado Cristian Pérez atropelló con su vehículo a dos ciclistas que circulaban por la zona de City Bell.
Si bien Pérez huyó del lugar sin prestar asistencia a las víctimas, luego fue detenido por vecinos que lo golpearon y lo llevaron por la fuerza hasta la comisaría 10° de City Bell.
Allí, según la investigación, Pérez fue interrogado y luego dejado en libertad, pero pocas horas más tarde fue encontrado muerto en proximidades de las vías del tren en City Bell.
Uno de los detenidos por orden del juez Melazo es quien por entonces era el jefe de turno de esa seccional policial, el comisario Pedro Djurasek.
Fuentes del ministerio de Seguridad provincial aseguraron que Djurasek fue exonerado de la fuerza cuatro años más tarde por estar vinculado en una causa por apremios ilegales.
Además, fueron detenidos dos subtenientes, un teniente primero, un principal y un oficial inspector.
Cuatro de los efectivos apresados y el comisario exonerado quedaron alojados en el destacamento de Arana y ayer a la mañana comenzaron a ser indagados por el fiscal.
En tanto, la mujer policía fue derivada a la comisaría de la Mujer y la Familia y también será interrogada por el fiscal.
Fuentes judiciales precisaron ayer que los familiares de Cristian Pérez lucharon durante todos estos años para que la causa produjera este inesperado giro. Siempre afirmaron que Cristian no se había quitado la vida ni había sufrido un accidente, sino que lo arrojaron muerto al paso del tren para borrar las huellas de un crimen.
Para la Policía, en los primeros pasos de la instrucción que se realizó llamativamente en la comisaría 10° de City Bell, el caso fue "investigado" como "suicidio".
Desde el primer momento, el hecho a todas luces se asemejó a los emblemáticos casos Bru, Núñez, Albanese, o los aún más recientes Domínguez o Migone, producidos en los últimos años, respectivamente en las seccionales Primera de Berisso y Novena La Plata.
En todos ellos, hay un suicidio como carátula disfrazada, o una desaparición misteriosa, códigos de silencio, testigos que callan, o el mentado espíritu de cuerpo que aúna a un grupo de efectivos para callar u ocultar la verdad histórica. También se desprenden trabas en las investigaciones, y pruebas que inducen a error, complicidades judiciales y silencios oficiales.

El caso

El crimen del joven Cristian Pérez (18), ocurrido el 14 de octubre de 2002, cuando presuntamente fue arrojado al paso de un tren entre las estaciones de City Bell y Villa Elisa, todavía es motivo de investigación policial y judicial, por cuanto la autoría del hecho continúa siendo el aspecto no dilucidado.

Tal como lo reflejó oportunamente este diario, la muerte del joven se produjo horas después de haberse presentado en la comisaría de esa zona para ser identificado en una causa por un accidente que había protagonizado un día antes en la esquina de 17 y Alvear, de City Bell, cuando manejaba un Ford Falcon, presuntamente preparado para desarrollar altas velocidades.

Fue en esas circunstancias cuando Pérez atropelló a dos ciclistas, Lucas Manuel Pavela (26) y Andrés Ernesto Vera Castro (34), causando heridas de gravedad al primero de los nombrados.

Desde entonces se conjeturó que Pérez, quien antes de ser arrollado por una formación ferroviaria también había sido atacado a golpes, había resultado víctima de una presunta venganza.

Pero lo cierto es que un manto de misterio sigue envolviendo al caso y los pesquisas siguen detrás del posible autor.

Dos condenados y tres absueltos en un juicio larguïsimo

2009-10-24T12:52:00.001-03:00

Durante un año el Tribunal Oral Federal 5 de Buenos Aires trató el juicio del Primer Cuerpo del Ejército. Condenaron al general Olivera Rovere y al coronel Menéndez. Pero absolvieron a tres represores del Regimiento de Patricios. Desilusión en los organismos de DDHH

Por Diego Martínez (Página/12)

Luego de treinta años de espera, de tres meses de audiencias anticipadas y otros nueve de juicio oral, en los que cuatrocientos testigos repitieron los padecimientos propios y de sus seres queridos, la alegría duró apenas segundos. El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) porteño condenó ayer a prisión perpetua al general Jorge Olivera Róvere y al coronel Benardo José Menéndez por secuestros y homicidios en la ciudad de Buenos Aires, pero absolvió de culpa y cargo a tres ex jefes militares que ocuparon altos cargos en la cadena de mandos de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura. Tanto absueltos como condenados seguirán en libertad. El fallo marca un quiebre en el proceso de justicia por los crímenes cometidos al amparo del terrorismo de Estado.

Ex jefe de la subzona Capital Federal y mano derecha del general Carlos Suárez Mason como segundo comandante del Primer Cuerpo de Ejército, Olivera Róvere fue condenado por más de un centenar de privaciones ilegales de la libertad, agravadas por su condición de funcionario público y por haber sido cometidas con violencia, y por los homicidios calificados con alevosía de los uruguayos Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw. El coronel Menéndez, ex jefe del Grupo de Artillería de Defensa Aérea y del área militar 5 en 1977, fue condenado por sólo cinco de los 41 secuestros que le imputaban, más un homicidio agravado.

Los flamantes absueltos son el coronel Humberto José Lobaiza y el general Teófilo Saa, ex jefes del Regimiento de Infantería Patricios en 1976/7 y 1978/9, a quienes distintas instancias de la Justicia federal habían procesado por 83 y 28 secuestros respectivamente, y el coronel Felipe José Alespeiti, ex segundo jefe del Patricios y jefe del área militar 2 durante 1976, imputado por 34 secuestros. Si bien los fundamentos se harán públicos el 10 de diciembre, quienes conocen la causa a fondo descuentan que se condenó sólo por los casos en los que se probó la intervención directa de los imputados.

Con el fallo de ayer suman 23 los imputados que fueron juzgados en 2009. Antes fueron condenados cinco represores en San Luis, el apropiador Víctor Rei, dos carceleros y dos interventores militares de Misiones, el general Pedro Mansilla en Mar del Plata (donde fue absuelto Alejandro Duret) y el general Santiago Riveros y cinco de sus subordinados en Campo de Mayo. La lista de condenados por crímenes de lesa humanidad desde la reapertura de los juicios asciende a 58, de los cuales 26 están en una cárcel, quince gozan de arresto domiciliario, diez están en la unidad de Campo de Mayo –donde ningún juez realizó nunca una inspección ocular– y siete están en libertad, incluidos Olivera Róvere, Menéndez y los ex jefes de Mansión Seré, todos condenados por el TOF 5.

Un paso atrás

La sala explotó cuando el juez Guillermo Gordo, que no preside pero ofició de vocero del tribunal, concluyó la lectura. A los gritos de "¡cómplices!" y "¡asesinos!" siguió una música que ya es marca registrada de los procesos a represores: "Como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar". "Por segunda vez este tribunal absuelve a genocidas", informaba una militante de HIJOS con un megáfono en la vereda de Comodoro Py. "Queremos que los vecinos de Recoleta tengan claro que si el Poder Judicial no hace justicia y estos tipos siguen libres, la condena social seguirá vigente", agregó, como anticipo de nuevos "ataques acústicos" para informar a los vecinos de represores sobre sus labores durante la dictadura.

"Filmen las caras de los genocidas impunes para que todo el mundo las conozca", proponían a los camarógrafos, mientras algunos familiares de desaparecidos alternaban críticas al Poder Judicial y a los medios de comunicación presentes. "¿Dónde estuvieron ustedes durante los nueve meses que duró el juicio?", gritaba un hombre con los ojos llenos de lágrimas. "Vayan a buscar a los genocidas, que siguen libres, y no sigan filmando nuestro dolor, que no sirve de nada", les explicaba a los gritos.

"Se probó la división territorial y la función de las áreas militares como elementos de ejecución, no se entienden las absoluciones", destacó Gerardo Fernández, del CELS. "Había pruebas para condenar a todos. Nos hubiera gustado que la sociedad pudiera tener acceso al debate para comprobarlo. Hay que esperar los fundamentos, pero la absolución de ex jefes de áreas es un paso atrás respecto de los criterios aplicados en el Juicio a las Juntas", agregó.

"De ahora en más se puede esperar cualquier cosa de este tribunal", resumió el fiscal federal Félix Crous, que había pedido una pena de 25 años de prisión para los tres absueltos. "Desde antes del comienzo del juicio, personal del tribunal hizo conocer a terceros la presunción de que los jefes de área eran inocentes. Causa inquietud que haya podido haber un prejuicio sobre la responsabilidad de los imputados y que pueda haber repercutido en el fallo", agregó, y consideró "irónico" que los fundamentos se lean el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

"El fallo implica negar la existencia de un plan sistemático, implica considerar que los jefes de área podían desconocer los secuestros y asesinatos que ocurrían en Capital Federal. Es como pensar que entre Olivera Róvere y las patotas no había nadie en el medio", reflexionaron miembros de HIJOS regional Capital.

"Las condenas se ven opacadas por la absolución a quienes fueron jefes operativos. El tribunal pretende instalar la teoría de la 'obediencia debida' cuando ya en el fallo de la causa 13 se afirmó la existencia de un plan de exterminio de las Fuerzas Armadas y el Estado en su conjunto", consideró la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Página/12 le pidió una opinión sobre el fallo a una decena de familiares de los imputados. Todos prefirieron guardar silencio.

Asesinado a los 15 años

2009-10-23T08:54:00.001-03:00

Dos camioneros denunciaron el robo de unos documentos y alguien les pidió dinero para la devolución. La Policía montó un operativo. Y dos oficiales mataron a un pibe de 15 años al que quisieron acusar por el robo.

Dos policías fueron detenidos en Pergamino acusados de haber asesinado a un adolescente de 15 años al que aparentemente querían detener por una extorsión, cuyo cuerpo dejaron abandonado en un descampado en las afueras de la ciudad con un balazo en el cuello. El ministerio de Seguridad bonaerense informó que los dos uniformados fueron desafectados de su cargo, al igual que el jefe de la seccional Segunda de Pergamino.
El hecho comenzó el lunes pasado, cuando dos camioneros denunciaron que les habían robado sus documentos cuando habían dejado detenido sus transportes en la vía pública.
Horas después, los transportistas recibieron un llamado extorsivo en el cual un hombre les aseguraba que tenía sus documentos y que se los podía devolver a cambio de una suma de dinero. Ante esa situación, los camioneros volvieron a la comisaría y contaron lo que ocurría, y en la seccional policial les dijeron que siguieran adelante con las negociaciones y que iban a organizar un operativo para detener a los extorsionadores. "Todo esto lo hicieron sin contar lo que estaba pasando a la Justicia", explicó la fuente consultada.
Los policías montaron el martes por la tarde un procedimiento en proximidades del club Banco Provincia de Pergamino, donde se había pactado la entrega de dinero. "Pidieron que dejen una suma de dinero en un sobre junto a un poste y que luego se comunicarían y devolverían los documentos", dijo un investigador.
De pronto, un adolescente se acercó al lugar, vio el sobre, lo abrió y, como no había nada, lo tiró al piso, pero en ese momento entraron en acción los policías que comenzaron a interrogar al muchacho, se generó un forcejeo y el chico recibió un balazo que ingresó en el cuello y salió por el omóplato.
La principal sospecha es que no formaba parte de la extorsión, sino que alguien le dijo que busque el sobre a cambio de algunos billetes.
Luego del disparo, los policías abandonaron el lugar y lo dejaron tirado en un descampado. Un vecino que encontró el cuerpo llamó al 911 y el fiscal, en base a distintas declaraciones, ordenó la detención de los dos policías.

Juicio por los crímenes en la Unidad 9 de La Plata

2009-10-20T19:13:00.001-03:00

Comenzará en diciembre y están acusados 11 guardiacárceles y 3 médicos de esa cárcel de detenidos políticos. Les imputan 5 homicidios, 1 caso de tortura seguido de muerte y decenas de torturas

La Plata, 20 de octubre (Télam).- La Justicia Federal de La Plata juzgará a 14 agentes del Servicio Penitenciario por delitos de lesa humanidad cometidos en la Unidad 9 de esta capital, en el primer juicio oral que por esta clase de delitos se instruye en la provincia contra personal penitenciario, informó una fuente judicial.
La medida la adoptó el Tribunal Oral Federal 1 (TOF) de La Plata que integran Carlos Rozanski, Horacio Insaurralde y Pablo Bertuzzi, que fijó para el próximo 3 de diciembre el inicio de las audiencias orales y públicas.
El juicio se extenderá por alrededor de 4 meses en los que se presentarán unos 240 testigos para el juzgamiento de 5 homicidios, un caso de tortura seguida de muerte y más de 70 casos de tortura y privaciones ilegales de la libertad.
Catorce agentes penitenciarios, encabezados por el ex Director de la Unidad, Abel Dupuy, serán juzgados por delitos de lesa humanidad ocurridos entre 1976 y 1979, durante la última dictadura militar.
Además de Dupuy, serán sometidos a juicio oral Isabelino Vega, Víctor Ríos, Elvio Cosso, Catalino Morel, Ramón Manchado Fernández, Jorge Luis Peratta, Segundo Andrés Basualdo, Valentín Romero, Héctor Acuña, Raúl Aníbal Rebaynera.
Además están procesados y serán juzgados Carlos Domingo Jurio, Enrique Leandro Corsi y Luis Domingo Favole, tres médicos que en ese momento se desempeñaban en la Unidad 9 de La Plata.
Dupuy está acusado de 59 casos de tortura, 5 homicidios, 7 privaciones ilegales de la libertad y un caso de tortura seguida de muerte.
La unidad penal número 9 fue una de las cárceles que recibió más presos políticos durante la última dictadura cívico militar.
Los detenidos provenían de otros centros clandestinos de detención y al llegar al penal eran "blanqueados", aunque las torturas continuaban.
En general, los detenidos eran liberados y asesinados a la salida del penal, con el fin que quedara asentada su salida formal de esa unidad carcelaria.
Durante las audiencias, el Tribunal que condenó a prisión perpetua a Miguel Etchecolatz y Christian Von Wernich, juzgará los homicidios de Horacio Rapaport, Juan Carlos Deghi, Ángel Georgiavis, Rufino Pirles y Dardo Cabo y el caso de tortura seguida de muerte contra Alberto Pinto.
Los penitenciarios están acusados además de torturar y privar de la libertad ilegalmente a más de 80 ex detenidos políticos entre los que se encuentran el intendente de Quilmes, Francisco "Barba" Gutiérrez y el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.
En la causa, también están como víctimas el ex presidente de Racing y ex funcionario del gobierno provincial, Juan Destefano; el escritor Eduardo Anguita: el ex legislador porteño, Eduardo Jozami, Juan Scatolini y el abogado Carlos Slepoy, entre otros. (Télam).-

Prisión perpetua para dos represores misioneros

2009-10-17T11:48:00.001-03:00

Juan Antonio Beltrametti y Carlos Humberto Caggiano Tedesco comandaron el área 232 del Ejército desde 1976 y la Justicia los halló responsables del asesinato de dos prisioneros políticos

Misiones On Line

Luego de escuchar la declaración de 94 testigos, 55 de las cuales fueron víctimas de detenciones y torturas, el Tribunal Penal Federal, integrado por los jueces Manuel Moreira, Norma Lampugnani y Carlos Sodá, condenó a prisión perpetua a los ex coroneles Juan Antonio Beltrametti y Carlos Humberto Caggiano Tedesco por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tortura y muerte. Además se investigará por falso testimonio a Miguel Carranza y la conducta de Jorge Gauna.
Luego de más de un mes de debate oral y público, el tribunal condenó a los responsables del área 232 del Ejército, que impartió órdenes en la provincia de Misiones durante la última dictadura militar. Los ex coroneles permanecerán detenidos en el Penal de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires, hasta que la condena quede firme.
Decenas de familiares y amigos llegaron a los estrados exhibiendo fotografías de las víctimas de la dictadura, y tras escuchar los alegatos y las s sentencias festejaron con bombos, cantos, abrazos y lágrimas.

"No torturé a nadie"
Minutos antes de escuchar la sentencia, Caggiano Tedesco rompió el silencio y relató su paso por el Ejército, lo cual provocó abucheos de los presentes y el posterior retiro de la sala de debate.
"Yo no torturé a nadie", fue la respuesta del ex coronel ante la pregunta de un familiar de una de las víctimas. "He sido celoso de los derechos humanos, nunca tuve abuso de la autoridad, no fui autoritario, no podía echar por la borda una formación religiosa", aseguró Caggiano Tedesco.
El ex coronel explicó que al hacerse cargo del área 232 había personas detenidas y las legalizó para que puedan ser juzgados por un consejo de guerra.
"No pongo en tela de juicio lo que declararon porque vi algunos resentidos. Yo repudio todo eso", manifestó Tedesco.
Por su parte, el querellante Juan Bautista Martínez, en su alegato manifestó que Argentina en 1976 "se dividió en tres zonas para facilitar la persecución y detención de los opositores políticos, en Misiones el área 232 fue el responsable".
El abogado recordó que el cuerpo médico forense de la Corte Suprema que realizó la autopsia de los restos de Susana Ferreira aseguró que presentaba "lesiones múltiples por proyectiles de arma de fuego en la cabeza y el tórax; rotura múltiple de todos los huesos del cuerpo. Fue prácticamente destrozada en su cautiverio".
Martínez manifestó que los imputados fueron "los encargados de mantener, sostener y ejecutar en Misiones el plan de naturaleza criminal". Y pidió prisión perpetua para los ex coroneles.
En tanto, el querellante Ramón Enriquez dijo que "Susana Ferreira y Julio Benítez fueron dos de las miles de víctimas del plan sistemático. En Misiones también se instauró la máquina del terror y la muerte".
Manifestó que "Susana Ferreira falleció el 17 de diciembre de 1976 en el área 232 por politraumatismos, fue cobardemente asesinada estando prisionera, sin posibilidad de defenderse".
En tanto, explicó que el certificado de defunción de Julio Benítez decía que falleció en febrero de 1977 en su casa de Candelaria, "cuando vivía en Bonpland. No nos puede caber ninguna duda de que fue golpeado, torturado".
"Mataron a Susana Ferreira y a Julio Benítez pero no mataron sus ideales, sus ejemplos. Destaco las mujeres que volvieron del infierno y contaron lo que le sucedió para buscar justicia", dijo el abogado para luego solicitar prisión perpetua para Beltrametti y Tedesco.
Por su parte, la fiscal Vivian Barboza solicitó igual pena para los imputados, tras considerarlos "autores mediatos", quienes se basaron en "la estructura de poder, porque estaban en la cima del poder, donde estaban las decisiones".
En cuanto a la declaración prestada por Beltrametti el miércoles donde el ex coronel consideró que el "área 232 era una operación de velo y engaño", fue "una excusa ofensiva a nuestro intelecto, pretende hacernos creer este imputado que la policía hizo todo a sus espaldas, que todo este expediente se realizó sin su intervención. Carece de sustento, en una institución tan verticalista donde te dicen hasta cómo lustrar los zapatos".
En tanto la defensora oficial Susana Criado Ayan, pidió el sobreseimiento definitivo de Beltrametti considerando que "durante todo el proceso se ha violado el principio de legalidad".
Además manifestó que el Tribunal no tomó juramento a los testigos "para que dijeran todo cuanto supieran".
En tanto, el defensor de Caggiano pidió su absolución por el principio de legalidad.

Sospechas de un crimen político

2009-10-07T11:49:00.001-03:00

No había rastros de pólvora en las manos del periodista "suicidado"

(Agencias)

El abogado Marcos Maidana, representante de la familia de Hernán González Moreno, el empresario correntino que fue hallado muerto, confirmó ayer que "no se encontraron rastros de pólvora" en las manos de la víctima, lo que permite afirmar que "no se suicidó". También cabe la posibilidad de que se haya realizado mal la prueba de parafina o que la piel del empresario no haya retenido los estos de la deflagración, aunque esto suma más dudas a un caso de por sí extraño.
A la luz de esta revelación, el fiscal general del Poder Judicial provincial, César Sotelo, designó a dos nuevos fiscales para colaborar con la investigación de la muerte de este joven de 28 años, dueño de una agencia de noticias vinculada al gobierno de Arturo Colombi. Los fiscales Buenaventura Duarte y Alejandro Chain se sumarán al trabajo que lleva adelante el fiscal de Goya, Guillermo Barri.
González Moreno era el propietario de Negocios Correntinos, firma a la que pertenece la Agencia Corrientes, un portal de noticias afín al oficialismo, que apareció muerto el viernes pasado en un campo de su padre, en proximidades de Goya. Esto sucedió 48 horas antes del balotaje en el que el radical Ricardo Colombi se impuso a su primo Arturo Colombi, que no logró
la reelección. El abogado de la familia del empresario remarcó que era "un emprendedor con una potencialidad enorme, muy activo" y destacó que "sus características personales no encajaban en el perfil de una persona que quería suicidarse". Maidana negó que exista una carta del muchacho explicando su final, pero remarcó que "lo que existen son llamados telefónicos
de cuatro celulares que se encontraron en el auto".
Esto es importante porque desde el oficialismo dejaron trascender el mismo viernes que el empresario se había suicidado cercado por las amenazas de que iban a lastimar a sus dos pequeños hijos. No se descarta que a esos funcionarios se los llame a declarar.

“Yo nunca quise callarme, por nada, por nada”

2009-10-05T18:17:00.001-03:00

En la primera semana del año 2000, Martín Caparrós y Mercedes Sosa se encontraron para hablar tranquilos de varios temas. La militancia comunista, la experiencia personal del aborto y las expectativas con la Alianza de aquel momento en esta conversación originalmente publicada por la revista Veintidós.

(Crítica de la Argentina)

La pregunta era de ésas que nadie querría hacer:

–¿Es cierto que me van a matar?

Preguntó la señora, aquella tarde de 1975, tras recibir la amenaza de la Triple A, a un militar que alguien le había presentado.

–No, ¿quién la va a querer matar a usted, señora?

Le contestó el oficial, pero las amenazas siguieron llegando. Entonces Mercedes Sosa empezó a cantar custodiada por militantes de variadas izquierdas, y a viajar con "un compañero del partido, pero él lo único que tenía era una 22. ¿Qué podías hacer contra ellos con una 22?", dice, ahora, la señora, y se pasa una mano por la cara, como quien espanta. Había muchos, parecía, que querían matarla. O, al menos, eso decían.

–¿Y mientras cantabas qué pensabas, qué te imaginabas?

–Nada, ahí no te podés imaginar nada, porque si te imaginás, con el miedo, no te sale la voz. Y lo mío es cantar, yo nunca quise callarme, por nada, por nada.

Yo no se lo había preguntado. Ella sola empezó a hablarme de esos años: me estaba mostrando premios, diplomas, discos de oro, martínfierros, konex y otras estatuas que pululan en un departamento muy coqueto que usa para recibir periodistas y alojar a amigos extranjeros, cuando la mirada se le enturbió frente a un retrato que le hizo, en aquellos días, el maestro Carlos Alonso. En el retrato, Mercedes Sosa tiene los ojos del conejo frente a la escopeta:

–Mirá cómo estoy en ese cuadro. Qué angustia que tenía, qué tremendo. Era cuando acababan de condenarme a muerte...

Me dijo, y empezó a contarme su historia política.

–Yo me afilié al Partido Comunista en el año 64, 65, y estuve hasta el 86, 87, que me desafilié porque siempre andaban cambiando la gente, sacándolos, decían que estaban locos... Entonces yo dije antes que digan que estoy loca yo me voy. Pero no fue por la caída del Muro de Berlín, o el comunismo en Rusia. Yo no sé si en Rusia yo hubiera sido comunista. Acá para nosotros era una ensoñación ser comunista, y en Rusia yo no sé... Alguna gente me odiaba porque yo era comunista. Me acuerdo una vez en París que Paco Ibáñez llegó con una mujer medio borracha que me empezó a atacar por comunista, como si nosotros mandáramos a matar a la gente, algo así. Estaba borracha pero era una pelotuda: mirá si yo voy a mandar matar a alguien... Yo, que no mato ni a un pollo.

Mercedes Sosa empezó a cantar en una época en que era difícil ser artista o intelectual y no ser de izquierda. Y entre los folkloristas había un núcleo comunista importante: Isella, Tejada Gómez, Guarany.

–Yo nunca fui de estar en reuniones del partido, yo soy una cantante nada más: mi misión era cantar. Yo siempre fui a lo libre, era muy difícil ponerme el Lenin por delante: siempre he dicho lo que pensaba sin consultar a nadie, y vos sabés que los partidos se llevan mal con esa gente. Ser comunista a veces se hacía muy difícil, te marginaban mucho. A veces te marginaba tu misma gente, la gente de izquierda. Los montoneros decían que yo no era revolucionaria. Y no. Revolucionaria de matar a la gente, no. Yo creo que las revoluciones son de mucha gente, no de unos pocos que tienen las armas. Hacer la revolución, hacer la guerra es fácil; programar la paz es lo difícil. Pagar la paz es difícil. Porque la paz se paga con muchas vidas, con muchos muertos amados, como acá...

Después del golpe las amenazas siguieron, pero Mercedes Sosa se resistía a dejar el país. No le habían prohibido que se quedara, pero no la dejaban trabajar:

–Los militares no querían que yo cantara, querían que yo me vaya, yo era una molestia para ellos. Y entonces decían que yo era trotskista, y yo no era, no tenía conocimiento del trotskismo... Yo me acuerdo de que cantaba una canción de Tejada Gómez que decía "de este país no se va nadie/ no se va nadie". Yo luchaba por no irme, yo sabía que la iba a pasar muy mal... Y aguanté como tres años, pero en 1979 no me quedó más remedio.

Entonces vinieron los años del exilio, de aprender a ser otra, de arreglárselas sola en lugares que no conocía:

–Fue muy difícil, muy difícil. Mi compañero se acababa de morir, yo no sabía ni hacer un cheque, no sabía...

En esos años vivió en París, cantó, viajó, añoró:

–Las cartas, Martín, las cartas. Yo me acuerdo de que le escribía a gente que casi no la conocía, sólo para tener cartas, para que me escribieran cartas.

Mercedes extrañó, y se extrañó con ciertas defecciones. Como cuando pasó unos días por Buenos Aires y nadie la saludaba por la calle, ya no la reconocían, la ignoraban. O cuando se dio cuenta de que Rusia, la patria del comunismo, no la invitaba a cantar:

–Ha debido ser por las relaciones carnales que tenían los soviéticos con los militares argentinos, me imagino. Yo estaba desesperada. Cuando quise volver, en el 82, estaba en París y fui a consultar a una bruja que tenía el péndulo ése para ver el futuro. Y la bruja me dijo que no tenía que volver, que me quedara. ¡Pero qué le iba a hacer caso a la bruja ésa, si yo lo único que quería era volverme para acá! Estaba desesperada...

–¿Y ahora seguís creyendo en algún tipo de revolución?

–¿Cómo no voy a seguir creyendo que hay que cambiar las cosas? ¿Cómo no vas a creerlo, si ves una mierda de villa miseria, esos niños que han nacido signados por la pobreza, por las desigualdades, por no tener escuelas, hospitales? ¿Cómo no vas a creer? Las cosas deben cambiar, se necesitan los cambios. Y alguien tiene que decirlo. Acá cada 30 minutos muere una mujer antes, durante o después del parto o del aborto. Entonces no puede ser que ésto no se cambie. Hay 94 millones de niños cagados de hambre en este continente latinoamericano. Los de la Unicef me dan un pasaporte diplomático para que haga campaña a favor de los niños. Pero si piensan que yo no voy a hablar, mejor que no me lo den. Yo les dije: espero que no se arrepientan, porque yo no me voy a callar. Yo toda la vida he puesto el dedito en la llaga de los dolores de la gente. Y ahora uno de los problemas más terribles es la hipocresía que hay sobre el aborto.

Mercedes Sosa siempre habla muy intenso, con la mirada perdida en algún punto más allá, distante, y esa voz de la tierra. Pero ahora que se acuerda del aborto se exalta, se encocora:

–Yo sé que el aborto es tremendo. Yo he hecho abortos. Después que tuve a mi hijo, el Fabián, tuve que hacer un aborto porque tenía una enfermedad que cuando me quedé embarazada me mareaba, veía triple, no podía pararme: me sentía muy mal. Y me tuve que hacer un aborto, y el dolor ahí abajo es tremendo, es como si hubieras parido pero encima te vas sin el hijo. Yo no me acuerdo de que me haya dolido tanto cuando tuve a mi hijo. Entonces tenés que hacer un aborto, te sentís una puta, y encima te tratan como a una bestia. Esos dolores me han golpeado, toda la vida. Ver el sufrimiento de una madre tan jovencita... ¿Cómo va a poder criar el hijo sin el compañero, si ya con el compañero es tan difícil...? La vida de la mujer realmente es tremenda.

Dice Mercedes Sosa, y llora. Despacio, sin alardes: un par de lágrimas que se le escurren bajo los lentes coloreados. Pero no se calla:

–Por eso yo les dije a los de la Unicef: yo voy a hablar por los niños, pero también voy a decir que estoy a favor del aborto. El aborto cuidado por médicos y por anestesistas, no con una tipa que te maltrata y te mete fierros ahí adentro y te arranca todo de cuajo...

Dice, y se agarra con las manos el vientre, como quien se protege. Es difícil decirle nada, y es difícil callarse.

–Y encima a estos Estados les encanta llevar la voz del papa, que dice que el aborto está mal. El aborto está mal porque es doloroso, es tremendo. Entonces el Estado lo que debe hacer es cuidar la salud de las chicas jóvenes, darles las píldoras; eso tiene que ser obligatorio en los hospitales. Y hay que explicarles a las madres que se dejen de joder pensando que tienen una hija virgen toda la vida. La sociedad es pacata, hipócrita de mierda... No saber que su hija a los 15 años puede enamorarse y hacer el amor y quedar embarazada es creer que su hija es una santa. Y no hay santas: hay hijas que han nacido del útero de una madre. Es difícil decirles esto a las mamás, y encima a mí me ven cómo santa Mercedes, no se por qué; yo no soy ninguna santa, y les quiero decir que les enseñen a sus hijas a cuidarse, a tomar la pastilla. La gente que tiene dinero se hace abortos que no duelen tanto, aunque igual duelen terriblemente. Pero imagínate esas chiquitas pobres, solas, que caen en las manos de cualquiera... Por eso el Estado tiene que intervenir, y por eso, por supuesto que yo siempre voy a estar en contra de esas injusticias contra las mujeres, contra todos nosotros.
Mercedes Sosa tiene un vestido de algodón liviano, un collarcito de perlas, un anillo de brillantes y los anteojos de marco dorado: todo sencillo y las uñas de los pies pintadas de rojo juguetón. Está sentada en una silla de respaldo duro, muy derecha, para evitar los dolores de la espalda. Por momentos le cuesta moverse, levantarse, inclinarse, pero cuando habla irradia una especie de fuerza extraña, indescifrable:

–Claro que hay que hacer cambios, pero yo creo que los cambios en esta América nuestra, con tantas democracias falsas como hay...

–¿Por qué falsas?

–Falsas porque acá los amigos de los gobernantes se han hecho ricos, y la democracia es para que se reparta, para que todos vivan mejor, no para que unos se hagan ricos y los otros se mueran de pobreza. La democracia es para que haya hospitales, buenos maestros, no para hacer países como éstos. Son tremendos: a lo mejor, en otros países, a los 12 años las niñas hacen la calle por la heroína, y en los nuestros hacen la calle por la comida... ¿Y cómo se puede cambiar esta situación, este sistema tan mal hecho, con tanta pobreza? Eso tiene que saberlo la gente como ustedes, los estudiosos, la gente culta... Yo lo único que puedo hacer es cantar: no tengo otro camino.

Dice, y después se pone reflexiva:

–Es difícil hacer estos cambios, pero yo no creo que sea imposible. Lo que pasa es que hubo tantas mentiras desde el poder, tantas falsedades, tanta gente que metió la mano en la lata, que vivían en tres ambientes y se compraron un petit hotel con pileta de natación... Mucha gente de ésa se ha acostumbrado a robar, y ahora hay que desacostumbrarlos: yo creo que el trabajo de la Alianza va a ser muy difícil.

Mercedes Sosa me cuenta que estuvo en Tucumán y que ahí sí la pobreza se ve en las calles, y que aunque hayan ganado una elección eso no significa que vaya a cambiar nada de un día para el otro. Yo le pregunto cómo le fue: había pasado mucho tiempo sin volver a su provincia como protesta por la elección de Bussi.

–Yo tenía mis dudas, porque aquella vez que hablé de la bronca que tenía con los tucumanos por haber votado a ese hijo de puta, estuve muy fuerte. Pero la gente me volvió a recibir con mucho amor...

–¿Y cómo entendés que la gente vote a tipos como Bussi, o ahora a Ruckauf, si...?

–Mirá, Ruckauf es un bandido. El otro día estuve en un show de Telecom en Pinamar. Y antes de que yo saliera a cantar él se fue, y ni siquiera me quiso saludar. Y apenas subió Ruckauf yo tenía que cantar la Misa Criolla frente a la catedral de La Plata y la sacaron también. En general, yo no puedo entender que lo hayan votado a Ruckauf. Yo creo que se ha votado mal. Y que encima lo ponga a Rico. A mí me da la sensación de que este es un país de locos, directamente. O sacarla a la señora Meijide, negarla. ¿Por qué, porque es mujer? ¿Todavía no hemos aprendido que la inteligencia no es sólo masculina? Ella jamás lo habría puesto a Rico en la policía.

–¿Y a veces se te ocurre pensar que esos que votaron a Ruckauf, que aceptan a Rico, quizás te escuchan con gusto...?

–¡Y a mí qué me importa! A mí me escuchan porque canto bien. Es lo mismo que pasa en Europa: qué saben lo que yo canto. Pero en la provincia de Buenos Aires tampoco me escuchan. Yo casi no trabajo ahí.

Dice Mercedes Sosa y hablamos de su trabajo, de sus posibilidades de elegir dónde canta, para quién:

–Ahora acabo de rechazar una oferta de Israel para ir a cantar la Misa Criolla. No me querían pagar lo que yo pedía, y no fui. Yo elijo para quién canto gratis. Yo gratis voy a cantar para la Fundación Huésped, para el padre Farinello, en quien creo, para la hermana Pelloni, que tiene esos ojos de una bondad, de un brillo... Se ve que son personas que están bien con ellos mismos. Estoy harta de cantar para gente que no sirve.

–¿Cómo quién?

Le pregunto, y Mercedes Sosa empieza a contarme un concierto en Lausanne para suizos ricos vestidos de gala, y que cuando empezó a cantar "líbranos de aquel que nos domina/ en la miseria" los miró y pensó en eso que decía John Lennon, que los de adelante podían aplaudir con sus joyas, me cuenta, y siguió cantando "venga a nos tu reino de justicia/ y de igualdad", me cuenta, y canta: su voz sale de la nada y se eleva de pronto y es muy impresionante, su voz cantando hace que cualquier otra manera de la voz parezca torpe, pobre.

–Y entonces me vine para atrás y lo miré a Colacho, que tocaba conmigo y le dije: hijos de puta, yo no quiero cantar para éstos...

Me cuenta Mercedes Sosa y que después se fueron al hotel y ella dijo: ahora nos vamos a cobrar.

–Entonces nos fuimos al restorán y nos pedimos un Punt e'Mes, un whisky, un buen vino francés, buena carne, un champaña... La borrachera que nos agarramos, mirá, la curda... Yo me acuerdo de que estaba en el suelo de mi habitación y cantaba: rara, como encendida... Al otro día, cuando tuve que bajar al lobby del hotel, me miré en el espejo y me di cuenta de que tenía el sombrero verde y las botas y no me había puesto el vestido...

–No, el 31 a la noche Charly me invitó al Divino, pero ahí yo no voy... ¿Qué voy a hacer ahí, yo?

Mercedes Sosa tiene una memoria increíble. A veces se va de un tema, pero siempre vuelve: sabe de qué está hablando todo el tiempo, y puede dedicarles un rato a los detalles más pequeños de un choque de hace 20 años: es una narradora nata. Si esto sigue así voy a empezar a cantar, para vengarme. Pero, mientras, me cuenta que el día de Año Nuevo se fue a Rodizio y bailó un par de cumbias y la pasó muy bien, hasta que la empezaron a joder con los autógrafos, dice, y le pregunto si cuando era chica se le ocurría que su vida podía llegar a ser lo que es.

–No, no, yo nunca... Yo siempre canté, pero nunca pensé que iba a ser artista. Yo pensé que iba a ser ama de casa, que cuando me case no iba a cantar más. Para mejor mi papá en todas las fiestas familiares me quería hacer cantar, y yo lo odiaba a mi papá por eso, pobre. Sí, mi hija canta, canta muy bien. ¡Cantá, Marta! Ay no, papá, por favor, no.

–¿Por qué no querías cantar?

–Porque yo cantaba y se me iban todos los novios que tenía... Los chicos no quieren estar con una persona que es distinta. Yo de jovencita era delgadita y todo, pero cantaba y no querían saber más nada. Así que yo le decía mamá, por favor, digalé que no me haga cantar en los casamientos...

Es curioso: su mejor arma empezó por ser un handicap, una desventaja. A veces es así. Ahora, con 64 años, llena de distinciones y respeto, le pregunto cómo usa el poder que ha conseguido.

–¿Qué poder tengo yo? Yo no tengo ningún poder. Mi único poder es poder llenar una cancha, poder trabajar con mis compañeros, que vivamos de esto, que no hayamos recibido medallas de gente que no nos gusta.

Dice, y me cuenta que el año pasado, cuando su madre estuvo internada, Ramón Hernández la llamó para preguntarle cómo estaba todo y le pidió que esperara un rato porque el presidente quería hablar con ella.

–¿Cuánto?

–Veinte minutos.

–No, no puedo, porque me voy a la carpa de los docentes.

Dice Mercedes que le dijo, y que entonces Menem la llamó enseguida y ella le agradeció su atención y le dijo que se iba a la carpa blanca, me cuenta ahora y se ríe, y yo le digo que eso es poder, una manera del poder. Pero ya estamos hablando de enfermedades, y Mercedes Sosa recuerda la suya: fue hace tres años, y se pasó muchos días en la cama, muy débil, sin saber qué tenía. Sólo sabía que quería dormir, que cada vez que se despertaba se sentía mal, mareada, dolorida, y no quería despertarse: que había llegado al fondo.

–Un día le dije a María mire, no me traiga más nada. Y ella me preguntó por qué. No, porque ahora ya quiero morirme, no quiero que me dé nada, no voy a comer más.

Dice, con la voz muy baja, y le pregunto cómo salió. Entonces me habla de un par de remedios, de una boliviana que le cantó, desde Oruro, unas mamitas que ella escuchó en la voz de un pájaro muy extraordinario que llegó a su ventana, y de una pareja de palomos que se instaló bajo su balcón, en una palmera, empollando sus huevos. Que la paloma la miraba con sus ojos rojos, que sabía que ella la cuidaba, que cuando tuvo sus palomitos se fue, porque la rama no alcanzaba para todos:

–Y me sentí muy triste cuando se fue, me dolió mucho. Pero ahí vi que había muchos pájaros, que antes yo no les hacía caso. Yo todo esto de las plantas, los pájaros lo descubrí cuando estuve por morirme: quizás yo antes no tenía esa sensibilidad que me dio la enfermedad. A mí el campo nunca me importó, yo era como Charly: no me banco las hormigas, por favor pasame el raid.

Dice, y se ríe: es un cambio de clima.

Pero yo quiero saber si en esos momentos de enfermedad pensaba en Dios, y Mercedes me dice que sí, que cómo no pensar.

–¡Madre mía, cómo no pensar en Dios en ese momento! Tanta soledad, tanta soledad... Lo que la gente no sabe es que el enfermo está solo, aunque esté acompañado. Es tan duro... y el momento en que me pude levantar y bañarme, sentir el agua sobre la cabeza, fue un momento tan único, tan hermoso, que ahí uno dice gracias Dios mío, gracias...

Dice Mercedes Sosa: de nuevo habla bajito, despacio, con palabras que pesan y le pesan. Y me cuenta de su necesidad de creer, de su madre tan católica, de cuando fue a llevarle flores a la virgen de Luján y a la del Valle, dice, y canta una canción al niño Jesús y todo se detiene, se suspende.

–Ahí me di cuenta de que yo nunca me fui del todo de Dios. Yo nunca tuve actitudes despectivas con la Iglesia... Algunos curas no me gustaban, algunos obispos: hay gente muy desagradable en la Iglesia. Pero cómo no vas a amar al obispo de Neuquén, a monseñor de Nevares, que luchó tanto por los obreros de allá. No se puede ser tan rígido en algunas cosas. En lo único que se debe ser rígido es en el comportamiento con los demás: no robar, no engañar a la gente...

–¿Y vos dirías que sos católica, ahora?

–No sé si católica; creo en Dios. No me preocupa no ser católica practicante, porque si fuera yo no te hablaría del aborto. Yo creo que Dios debe saber cuánto está sufriendo una madre mientras le hacen un aborto. Mirá, no había pensado en eso. Vos me preguntás si soy católica ahora, y yo te digo: ¿habré sido católica alguna vez? ¿O por qué dejé de ser católica? ¿En qué momento me alejé de la grey cristiana? Quizás yo no fui, pero... he creído mucho más que ellos, porque he hecho más cosas que ellos contra las injusticias, contra las desigualdades. Realmente, yo he creído mucho más que ellos.

Dice, y me dice que se nos hizo tarde, que ya ha pasado mucho tiempo. Yo no lo había notado: ése es su arte.

Un suicidio con tintes políticos

2009-10-02T09:45:00.001-03:00

Amenazado y angustiado, se suicidó un periodista de Corrientes después de denunciar corrupción política

El director del periódico Agencia Corrientes, Hernán González Moreno quien denunció por corrupción al candidato a gobernador por el radicalismo correntino Ricardo Colombi, se suicidó esta madrugada
El empresario de 28 años se quitó la vida disparándose un tiro en la cabeza en una estancia cercana a la ciudad de Goya, tras de recibir amenazas de muerte contra su familia. La noticia fue confirmada a medios nacionales por el jefe de la custodia del actual gobernador Arturo Colombi, quien indicó que 'extrañamente, un hombre de la máxima confianza' del primer mandatario 'termina de esta manera trágica'.
El cuerpo de González Moreno fue encontrado en su automóvil Toyota Camry estacionado en la Estancia del Rincón, perteneciente al padre del joven empresario que en las últimas horas 'había recibido graves amenazas de muerte contra sus dos pequeños hijos de cuatro y un año y medio de edad', indicaron fuentes policiales.
Según informó hoy el portal de Agencia Corrientes, a lo largo de toda la tarde de ayer González Moreno había recibido mensajes mafiosos y fotografías de uno de sus hijos que en ese momento viajaba hacia Buenos Aires, con la amenaza de que "si no se pegaba un tiro, el niño pagaría con su vida".
El medio periodístico había sido allanado el pasado lunes por parte del fiscal Gustavo Robineau y una veintena de efectivos de Delitos Complejos de la Policía de Corrientes, sólo cinco días después que se hiciera pública una grave denuncia contra el ex gobernador Ricardo Colombi.
Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que "esta es la segunda muerte cuya sospecha pesa sobre Ricardo Colombi, ya que el 10 de diciembre de 2001, horas antes de asumir a la gobernación correntina, apareció muerto Santiago Prado", por entonces intendente electo de Mercedes.
Prado también apareció con un tiro en la cabeza en una estancia que tenía en las afueras de la ciudad de Mercedes y si bien la causa fue caratulada como suicidio, periodistas que investigaron el caso recordaron que el intendente electo "tenía mucha información sobre el estado patrimonial de Ricardo".

Agencia Corrientes:
Tras denunciar a Ricardo Colombi y recibir amenazas contra sus hijos, se suicidó Hernán González Moreno

(ver nota completa)

¿Lo mataron por un reclamo?

2009-09-28T09:52:00.002-03:00

Estaba desarmado y murió fusilado en un local de celulares de Berisso, en febrero de 2007. Según la familia, fue a reclamar por un teléfono que no funcionaba. Para la Policía, había ido a robar. El acusado llega libre a juicio oral

(DIARIO HOY)

El juicio oral por el crimen de Martín Osvaldo Yacod (21), ocurrido el 3 de febrero de 2007 en el barrio Villa Argüello de Berisso tras un violento incidente dentro de un local de telefonía celular, comenzará a ventilarse hoy a partir de las 8.30 en los tribunales penales de 8, 56 y 57.
Fuentes judiciales informaron que las audiencias estarán a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal I integrado por Patricia de la Serna, Guillermo Labombarda y Samuel Saraví Paz, y tendrán una duración de 5 días.
Por el ministerio Público actuará el fiscal Rubén Sarlo. El acusado, de 23 años, llegará libre a esta instancia judicial, ya que durante la instrucción de la causa fue beneficiado por una resolución de Cámara de Apelaciones y Garantías, considerando que el imputado actuó con exceso en la legítima defensa.
El fatídico hecho se produjo en un local de 122 entre 66 y 67. De la causa surgen diversas versiones acerca de
lo ocurrido. Mientras algunos testigos esgrimen que la víctima intentó cometer un robo en el lugar, otros aseguran que sólo fue a reclamar por un celular que no le funcionaba, pese a que lo había comprado recientemente, lo que originó una discusión y su posterior homicidio al recibir un disparo mortal en la cabeza.
El padre de la víctima, Miguel Yacod, desde hace dos años y medio viene realizando junto a su familia y varios amigos pedidos de justicia a través de marchas, pegando afiches y distribuyendo volantes.
Yacod contó que los asesinos les tiraban papeles con mensajes mafiosos y escribían con aerosol, "ensuciando la memoria de Martín".
"A Martín lo mataron innecesariamente, sin darle la posibilidad de nada. Le dispararon cuando estaba indefenso y tirado en el piso. Hablan de legítima defensa, cuando no lo es", explicó el padre de la víctima.
Yacod también sostuvo que "toda la vida soñé despierto con tener un hijo varón y que se llame Martín".
"Dentro del local había dos personas, podían contenerlo y llamar a la Policía -expresó-; así hoy estaría con nosotros. Daría diez veces mi vida porque fuera una pesadilla, y decirle a mi señora, Vilma (51), mi amor, acá lo tenés a Martín".

23feb07: "Fusiló a mi hijo" (DIARIO HOY)

28nov06: En Villa Argüello, la familia del joven baleado desmiente hipótesis del robo (DIARIO EL DIA)

"Señora, su hijo falleció"

2009-09-15T12:52:00.001-03:00

Ese fue el aviso que le hicieron a la madre de un detenido en la Unidad 34 de Melchor Romero, en La Plata. Después, colgaron el teléfono. La familia reclama que se investigue la muerte

DIARIO EL DIA

"Basta de impunidad. Basta de muerte y tortura". Con esa consigna en común, familiares y amigos de Maximiliano Godoy Avellaneda, quien murió en la Unidad 34 de Melchor Romero, se movilizaron ayer junto con distintas organizaciones sociales y, de Derechos Humanos, hacia la Jefatura del Servicio Penitenciario bonaerense para protestar por denuncias no investigadas por supuestos malos tratos en ese establecimiento carcelario.

La marcha fue convocada por los padres de Godoy y, participaron familiares de otras víctimas, al cumplirse seis meses de la muerte que "nunca fue explicada por las autoridades penitenciarias y pretenden cerrar la causa sin investigar nada, tal como ocurre con otros hechos al interior de ese penal", según declaraciones de los organizadores a la prensa.

En diálogo con este medio, Adrián Morales, abogado de Godoy, aseguró que uno de los motivos de la movilización es exigir la renuncia del jefe del Servicio Penitenciario.

Decenas de personas, portando pancartas, se acercaron, alrededor de las 10.30, hasta la sede de la calle 6 entre 35 y 36, donde reclamaron que se investigue la muerte de Godoy, a quien encontraron sin vida el pasado 14 de marzo en el penal de Melchor Romero.

Cabe destacar que para las autoridades penitenciarias se trató de un suicidio.

Sin embargo, los familiares descreen de esa versión y aseguran que se trató de una "causa armada", ya que el joven habría padecido depresión paranoica y, a pesar de contar con un dictamen médico para que se lo traslade a un centro asistencial, Godoy permaneció preso, contaron ayer sus allegados.

Según distintos trascendidos, ese 14 de marzo, a las 02.30, su madre habría recibido un llamado telefónico desde la Unidad 34 en el que se le habría informado escuetamente: "Señora, su hijo falleció", y luego colgaron.

Pero, al parecer, horas antes, Godoy se había comunicado telefónicamente con su familia para pedir alimentos y regalos para festejar el cumpleaños de su compañero de celda.

Ahora la causa, caratulada como "averiguación de causales de muerte", está en manos de la UFI Nº 11, a cargo de la fiscal Graciela Rivero, quien habría solicitado una pericia caligráfica sobre una presunta nota que habría dejado Godoy explicando su determinación de quitarse la vida.

70 años del poema imborrable de Neruda

2009-09-12T01:00:00.001-03:00

España y Chile recuerdan la llegada a Valparaíso del barco con 2.500 republicanos enviado por el poeta

DIARIO EL PAIS, Madrid
Natalia Junquera

"Que la crítica borre toda mi poesía, si le parece. Pero este poema, que hoy recuerdo, no podrá borrarlo nadie", escribió Pablo Neruda. El poema tenía nombre de barco, Winnipeg, el que él mismo envió a Chile en septiembre de 1939 con 2.500 republicanos rescatados de campos de concentración franceses. Acaban de cumplirse 70 años de la proeza. La pasajera más joven, Elena Castedo, y el embajador chileno en España, Gonzalo Martner, compartieron con EL PAÍS los recuerdos de aquella gran operación de rescate.

"Cumplí dos años el día que vimos Valparaíso", recuerda Castedo, de 72 años. "Fui la más pasajera más joven hasta que nacieron dos niños durante la travesía. Uno murió. Las condiciones higiénicas no eran muy buenas..."

El Winnipeg era un barco preparado para llevar a 78 personas. Subieron 2.500. El propio Neruda eligió por orden del presidente chileno, Pedro Aguirre Cerda, a los pasajeros con dos criterios. El primero, las habilidades de cada uno, porque la selección se llevó a cabo como una masiva entrevista de trabajo. "Necesitábamos especialistas. El mar chileno me había pedido pescadores. Las minas me pedían ingenieros. Los campos, tractoristas", escribió Neruda. "A veces, entrevistaba a algún escritor y le ponía que era abogado. Hubo una campaña de presión muy fuerte en Chile contra la llegada de 'los rojos españoles", explica Martner. "Por eso Neruda le dio aquel formato: se trataba de buscar a los españoles que pudieran contribuir con su oficio al desarrollo de Chile".

El segundo filtro eran las antipatías y simpatías políticas del propio poeta. "Neruda no fue muy generoso con los anarquistas", explica Marther. En cambio, fue benevolente con algunos de los republicanos cuyos oficios no encajaban en aquella gran operación de recursos humanos. "A uno que decía ser escritor, le inscribia como abogado. Y tiene una anécdota muy bonita con un trabajador del corcho. Neruda le dijo: 'En Chile no hay alcornoques'. Y él le contestó: 'Pues los habrá' y sólo por eso le dejó subir".

Deshechos por la guerra -"venían de la angustia, de la derrota", describió Neruda- los republicanos llegaban en trenes para subir al barco. "Las mujeres reconocían a sus maridos por las ventanillas de los vagones. Habían estado separados desde el fin de la guerra. Y allí se veían por primera vez frente al barco que los esperaba. Nunca me tocó presenciar abrazos, sollozos, besos, apretones, carcajadas de dramatismo tan delirantes", confesó el poeta.

Heridas imborrables

El padre de Elena llevaba consigo la humillación de haber perdido y heridas graves hechas en el frente de Madrid. Leopoldo Castedo, que luego se convirtiría en el historiador de referencia de Chile, y su padre, el abuelo de Elena, habían estado recluidos en el campo de concentración de Argèles sur Mer, al sur de Francia. Elena y su madre, en un centro de detención. Por eso, cuando años más tarde, Elena Castedo se reencontró con Neruda le saludó diciendo: "Estoy viva gracias a ti".

Estuvo a punto de no viajar en aquel barco. "No dejaban subir a nadie con infecciones y yo tenía tosferina. Mi madre temblaba mientras nos entrevistaban porque pensaban que no nos iban a dejar subir. Cada vez que yo tosía, ella me ponía la cabeza contra su falda y un señor que estaba detrás de nosotros en la cola y se dio cuenta de lo que pasaba, hablaba en voz alta para disimular".

Elena no lo recuerda. Olvidó toda la travesía porque cuando subió al Winnipeg aún no tenía edad para tener memoria. Los recuerdos que conserva se los han contado otros: su madre, su padre, su abuelo. De la misma manera, cuando regresó a España, en los años 70, no reconocía a aquellas personas que decían ser sur primos o sus tíos.

"Perdimos nuestro país, nuestra familia, nuestra casa, todo. El exilio es un descalabro. Yo le achaco a la guerra mi carácter nómada. Soy de donde vivo y vivo en muchos sitios: EE UU, Chile, España....", explica Castedo. Con ese sentimiento, el del desarraigo, escribió ya siendo abuela una novela que le valió una nominación a uno de los premios literarios más importantes de EE UU, el National Book Award y quen tituló El Paraíso.

La operación del Winnipeg fue financiada por el Gobierno Republicano en el Exilio, con Juan Negrín a la cabeza, y por los cuáqueros, una sociedad religiosa que pudió el anominato de su generosidad. Preguntado por si cree que hoy, cuando se cierran las fronteras a los inmigrantes, sería posible repetir un acto de solidaridad igual, el embajador de Chile responde: "Yo creo que sí. España ya nos devolvió aquel gesto acogiendo a los chilenos que huían de la dictadura de Pinochet".

Adiós a un joven periodista

2009-09-07T10:33:00.002-03:00

Falleció en La Plata Luciano "Coqui" Gravellone

Luciano "Coqui" Gravellone, de jóvenes 32 años, falleció en la madrugada del viernes 4 de septiembre. Actualmente se desempeñaba como jefe de la edición de Internet del Diario Hoy (www.diariohoy.net), luego de una extensa carrera en ese matutino, en el que escribió en las secciones de Información General, Política, Deportes y Policiales.

Según pudo saber este portal, Coqui fue víctima de un paro cardíaco mientras jugaba un partido de fútbol, el jueves por la noche, en una cancha de la capital provincial.

En la imagen reproducimos aquí el texto aparecido en la edición del diario "Diagonales".

Más información:

Pesar por la muerte de un periodista (DIARIO EL DIA)
Dolor por la partida de Coqui (DIARIO HOY)
Tristísima despedida a Coqui (LA ROSCA)

Aviones de la muerte

2009-09-07T00:21:00.001-03:00

Una de las aeronaves que la Armada Argentina utilizaba para arrojar detenidos-desaparecidos al mar está en el museo de un base de Bahía Blanca. La otra, en un predio de una empresa privada en Esteban Echeverría.

Por Diego Martínez / Página/12

Dos de los aviones usados por la Armada para desaparecer de la tierra a sus enemigos secuestrados en la ESMA permanecen en exposición. Se trata de modelos Lockheed L-188 AF Electra, el mismo que el ex capitán Adolfo Scilingo utilizó en su segundo vuelo, confesado hace ya catorce años. Ambos integraron durante la dictadura la 1ª Escuadrilla Aeronaval de Sostén Logístico Móvil, con base en el sector militar del aeropuerto de Ezeiza, última escala antes de la muerte. Mientras, la Justicia no esboza ninguna estrategia para identificar a los pilotos y tripulantes que participaron de los vuelos de la muerte.

El Electra mejor preservado, matrícula 5-T-2, bautizado Ushuaia, está en el museo de la base aeronaval Comandante Espora, en Bahía Blanca, y luce un "esquema de colores de baja visibilidad": gris oscuro, descolorido por los años, con la bandera argentina en la cola. El segundo, matrícula 5-T-3 Río Grande, está desde 1997 en un predio de la firma Astilleros Irupé de Marina del Sur SRL, en Camino de Cintura al 8300 de la localidad de 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría. Conserva los colores originales de la Armada, blanco con líneas celestes, aunque los emblemas de la fuerza fueron tapados.

La 1ª Escuadrilla Aeronaval de Sostén Logístico Móvil, que participó de los últimos eslabones del proceso de secuestro, tortura, muerte y desaparición, dependía de la 5ª Escuadra Aeronaval. Sus comandantes fueron los capitanes de corbeta César Enrique Avila en 1976 y José Roberto Fernández en 1977. La certeza sobre el uso de ambos aparatos para arrojar personas al mar surge de combinar la confesión de Scilingo con un dato originado en la burocracia naval: hasta 1982 la Armada tenía sólo tres Electra, todos "con portalón trasero con capacidad de ser abierto en vuelo", según explicó una fuente con acceso a registros de la Marina al periodista Roberto Leiva, del diario Crónica. El tercero, matrícula 5-T-1, Antártida Argentina, habría sido desguazado y convertido en chatarra.

El piloto y blogger Carlos Abella, en su artículo "El Electra del Camino de Cintura", detalló que el decreto de compra de la flota lo firmó el dictador Agustín Lanusse, pero que ingresaron al país tras el retorno del peronismo al poder. La fuente naval precisó la fecha: diciembre de 1973. Durante la guerra de Malvinas los Electra "prestaron servicio con el Grupo de Tareas 80.4 bajo el mando del capitán de navío Jorge Vildoza", torturador de la ESMA prófugo desde 1986. "Los amplios interiores de los Electra" sirvieron para trasladar material bélico, personal y carga, apuntó Abella, que no mencionó el relato de Scilingo.

El empresario Jorge Ramírez compró el aparato con la idea de "conseguir un sponsor para pintarlo y obtener algún tipo de ingreso desde lo publicitario, ofreciendo la posibilidad de ganar un aerocartel de 36 metros de largo sobre el Camino de Cintura, vista obligada para los transeúntes", contó el piloto. El proyecto incluía "una confitería con asientos enfrentados delante de un parque de recreación, con lago artificial destinado a actividades náuticas, situación que hasta el presente no prosperó".

El abogado y periodista Pablo Llonto, que patrocina al padre de Norma Arrostito, asesinada y desaparecida luego de un año de cautiverio en la ESMA, solicitó al juez Sergio Torres que dicte una medida de no innovar sobre los dos Electra en exposición y que disponga su custodia con vistas a futuras inspecciones oculares y reconocimientos. Aún no obtuvo respuesta.

"El nivel de los subversivos"

La cita es un bar de Bahía Blanca. Roberto Venancio Del Valle, 62 años, suboficial de la Armada, integró en 1976 la 2ª Escuadrilla de Sostén Logístico Móvil de mecánicos de Ezeiza, que no operaba con los Electra sino con los más antiguos Douglas DC3, utilizados también para arrojar personas al mar. La 2ª Escuadrilla fue comandada por los capitanes de corbeta Norberto Horacio Dazzi en 1976 y Adolfo Guillermo Videla en 1977.

La cita es para hablar sobre la muerte de su hijo, cabo segundo Eduardo Del Valle, el 27 de agosto de 2007 en la base Espora. La versión oficial dice que se suicidó de un disparo en la cabeza. "Lo mataron", afirma el padre. "No tenía ningún motivo. Algo escuchó o vio", sugiere, y enumera: robo de accesorios de aviones, drogas, prófugos con protección. Agrega que tenía signos de violencia en la cabeza y que no confía en la Justicia. "A cinco días de la muerte, la secretaria del fiscal, sobrina del almirante Carlos Marrón, dijo que esperaban los resultados de las pericias para archivar la causa. Logramos la calificación de 'muerte dudosa' pero hasta ahí llegamos", concluye. Consciente de que el hombre de manos curtidas ha hablado sobre los vuelos, Página/12 propone el tema:

Un día vi manchas de sangre en el patín de cola de un DC3. Abrí la puerta y vi restos de sogas, de unos cuarenta centímetros, y restos de ropas, pedacitos de telas como de camisas arrancadas. Pensé "hijos de puta, están matando gente". Se corrió la bola, hubo malestar y, como a la semana, el comandante juntó a toda la Escuadrilla.

–¿Quién era el comandante?

–Capitán Dazzi.

–¿Qué les dijo?

–Que estábamos en guerra y que había que rebajarse al nivel de los subversivos para poder combatirlos. Ahí empiezan a involucrar a todos.

–¿A todos?

–A mí no me tocó, no sé por qué –responde. El hijo que lo acompaña escucha casi sin respirar–. "Muchos quedaron locos", continúa. "¿Te acordás del que salía a correr desnudo?", le pregunta al hijo, que sigue en silencio. "Creo que se suicidó. Otro quedó mudo", agrega.

–¿Por qué había sangre?

–Les pegaban con una estaca de hierro en la cabeza. Me lo contó un muchacho que después gritaba cuando dormía, un mecánico que era soltero y vivía en Ezeiza.

"Nunca vi cuando traían a los secuestrados", afirma Del Valle, aunque sabe que "había pendejitas chiquitas" y, para graficar, coloca sus manos casi pegadas al pecho. Agrega que los vuelos "se hacían siempre de noche", que "ponían como operadores de tierra a civiles amigos" y que "no se registraba nada: esos vuelos salían sin comunicación".

Página/12 se comunicó con el capitán Dazzi. El ex jefe de la Escuadrilla confirmó su destino de 1976 pero no respondió preguntas y sugirió que las debe responder la Armada. Consultado sobre la orden de "rebajarse al nivel de los subversivos", cortó la comunicación.

El Colorado Ormello

Rubén Ricardo Ormello era en 1976 cabo segundo de la Armada. Tenía 21 años, era mecánico motorista y también prestaba servicios en el área militar de Ezeiza. Su recuerdo de los vuelos lo escucharon sus compañeros del hangar de aeroparque de Aerolíneas Argentinas, empresa a la que ingresó durante la dictadura. Página/12 confirmó el dato con dos fuentes que lo escucharon en lugares y momentos distintos. Ambos están dispuestos a declarar ante la Justicia.

"Escuché el relato en el hangar 2 de Ezeiza. Sería 1984 o 1985. Habíamos ido a reparar un Fokker F-28. El jefe de turno conocía la historia y le pidió que la repitiera", recuerda el primer testigo. "Contaba que colocaban un DC3 en la plataforma y llegaba un colectivo. Venía un 'tordo' con un maletín y se paraba en el portón del avión. Se los bajaba 'medio en bolas y como en pedo' y con los ojos tapados. 'Los sentábamos en el portón y el tordo les daba un jeringazo de Pentonaval. Los apilábamos adelante y cuando ya estaba listo salíamos a volar. Cuando nos avisaban empezábamos a arrastrarlos y los tirábamos por el portón', contaba Ormello" y reconstruye el operario, ya jubilado.

"Yo lo escuché una madrugada en el hangar de aeroparque. El turno noche era el más distendido, se charlaba mucho. Eramos cuatro o cinco", recuerda el segundo testigo, que reitera un relato similar. "Lo contó con frialdad, con naturalidad, como quien se limitó a cumplir una orden", agrega.

Las dos fuentes citan un detalle que los paralizó. "Una vez trajeron a una gorda que pesaba como cien kilos y la droga no le había hecho el efecto suficiente –contaba Ormello–. Cuando la íbamos arrastrando se despertó y se agarró del parante. La hija de puta no se soltaba. Tuvimos que cagarla a patadas hasta que se fue a la mierda", recordaba el joven suboficial, ya retirado y sin remordimientos.

Página/12 buscó a Ormello para darle la palabra. El encuentro debió concretarse el jueves 13 de agosto en su lugar de trabajo, el aeropuerto de Mendoza. No pudo ser: el ex marino viajó a Buenos Aires minutos después del arribo del cronista para embarcarse hacia Colombia. Por la tarde, en su caserón de Godoy Cruz, su esposa confirmó que "está de viaje" y "por mucho tiempo". No facilitó ningún teléfono y tomó nota de los de Página/12. Ormello nunca se comunicó.

El mes pasado la Unión de Promociones Navales renegó desde las páginas del diario La Nueva Provincia por lo que llama "presos políticos". Lamentó que Astiz, Acosta & Cía. "sean juzgados individualmente, como si hubieran cometido delitos en forma personal", y aseguró que durante la dictadura existió una "participación integral" de la Armada. Tal vez los vuelos sean el mejor ejemplo.